Este narcotraficante y asesino permanece fugitivo
Washington – El día de hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) perteneciente al Departamento del Tesoro designó al mexicano Lucio Rodríguez Serrano bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin). Rodríguez Serrano opera diversas actividades a nombre de Rafael Caro Quintero, importante narcotraficante mexicano. Caro Quintero es fugitivo de la justicia estadounidense y fue autor intelectual de la muerte del Agente Especial de la Agencia Antidrogas (DEA) “Kiki” Camarena en 1985. Caro Quintero continua fugitivo de la justicia estadounidense.
“Cualquiera que ayude a Rafael Caro Quintero enfrentará serias consecuencias, ya que en sus años como narcotraficante puso en peligro numerosas vidas estadounidenses”, dijo el Secretario Steven T. Mnuchin. “El Tesoro, en coordinación con la DEA y otras agencias, está comprometido a focalizar esfuerzos contra Caro Quintero hasta que sea traído ante la justicia”.
“Traer a Rafael Caro Quintero ante la justicia es una prioridad máxima para la DEA. Él fue responsable de la tortura y muerte del Agente Especial de la DEA en 1985, y no descansaremos hasta que sea aprehendido. Él continúa dirigiendo un importante cártel narcotraficante. Designar a sus asociados y la estructura de apoyo es crucial para sofocar su empresa criminal de una vez por todas”, dijo el Administrador interino de la Agencia Anti-Drogas Timothy J. Shea. “La acción del Tesoro de hoy es un paso importante en nuestra misión conjunta de interrumpir, desmantelar, y destruir a las violentas organizaciones de tráfico de drogas y traer a Caro Quintero ante la justicia”.
Caro Quintero y Rodríguez Serrano, ambos nacidos de Badiraguato, Sinaloa, han sido amigos de toda la vida. En el trascurso de muchos años, Rodríguez Serrano ha estado involucrado en varias actividades en representación de Caro Quintero, incluyendo ayuda a Caro Quintero a evadir su captura.
Adicionalmente, Caro Quintero ha instruido a Rodríguez Serrano a estar envuelto en operaciones inmobiliarias en benéfico de Caro Quintero.
El Presidente identificó a Caro Quintero como un importante narcotraficante extranjero bajo la Ley Kingpin en el año 2000. Caro Quintero empezó su carrera criminal a fínales de la década de 1970 cuando fue cofundador del cártel de Guadalajara y amasó una fortuna ilegitima. Fue condenado en México por su involucramiento en la muerte del Agente Especial Camarena y recibió una sentencia de 40 años de prisión. Mientras estaba en prisión, Caro Quintero mantuvo sus relaciones con organizaciones mexicanas de narcotráfico y utilizó una red de familiares y testaferros para invertir su fortuna ilícita en empresas y proyectos inmobiliarios aparentemente legítimos en Guadalajara. El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue liberado de una prisión mexicana con 12 años restantes de condena. Caro Quintero ha seguido participando en actividades de tráfico de drogas desde su liberación.
En abril de 2018, el nombre de Caro Quintero se agregó a la lista de los “Diez fugitivos más buscados” del FBI, donde permanece hasta el día de hoy. También en abril de 2018, el Departamento de Estado anunció una recompensa bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos de 20 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Caro Quintero. Una investigación de la DEA condujo a una acusación formal en 2017 en el Tribunal de Distrito de E.U. para el Distrito Este de Nueva York. Esta acusación formal alega el papel de Caro Quintero en el asesinato del agente especial Camarena y su desempeño como cabecilla de una empresa criminal continua que traficaba metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana a los Estados Unidos. Anteriormente, en 1992, Caro Quintero fue acusado de delitos relacionados con el asesinato de Camarena en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses de las propiedades de las entidades designadas que estén dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben toda transacción entre estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Desde junio de 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido designados conforme la Ley Kingpin por sus participaciones en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por las violaciones de la ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1,503,470 millones de dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.
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