México (Nivel 2)
El Gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas; sin embargo, se empeña en lograrlo. Demostró haber tomado más iniciativas en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, México permanece en el Nivel 2. Las iniciativas incluyeron la investigación y el enjuiciamiento de más tratantes, como el logro del procesamiento de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual, conforme al nuevo sistema acusatorio; la identificación de más víctimas en México y en el extranjero; la investigación y el enjuiciamiento de autoridades presuntamente corruptas o cómplices, y la condena de un funcionario gubernamental a 39 años de prisión; el mantenimiento de la cooperación de las fuerzas del orden con los Estados Unidos; el aumento de los recursos suministrados a los servicios para las víctimas; y el inicio de más investigaciones debido a las remisiones recibidas en las líneas telefónicas directas. No obstante, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varios ámbitos clave; impuso condenas a menos tratantes que en el año anterior, aun cuando esas personas recibieron penas de prisión considerables; prestó servicios especializados deficientes a las víctimas de la trata, e inexistentes en la mayor parte del país; y mantuvo un número insuficiente de albergues dada la gravedad del problema. En ocasiones, el gobierno detuvo equivocadamente a las víctimas de la trata durante las operaciones, e investigó y llevó a juicio pocas denuncias de trabajo forzoso.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES:
Intensificar las labores para investigar y enjuiciar a los acusados de los delitos de trata y trabajo forzoso, a nivel federal y estatal, y sentenciar a los tratantes condenados a períodos de prisión considerables. • Reactivar los protocolos vigentes para ampliar la capacidad de identificación y remisión de víctimas, en especial entre las poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes, las poblaciones indígenas y las personas dedicadas al sexo con fines comerciales. • Impulsar las gestiones para proteger a las víctimas y a los testigos que declaran contra tratantes, y garantizar además que no se les obligue a declarar contra los acusados, que no se les identifique equivocadamente como tratantes ni se les detenga de manera ilícita. • Incrementar las iniciativas encaminadas a responsabilizar a los servidores públicos corruptos o cómplices de este delito por medio de enjuiciamientos efectivos, y sentenciar a los funcionarios condenados a largas penas de prisión. • Formular y ejecutar un plan nacional de acción estratégica dirigido a los servicios para las víctimas y financiado por el Estado, en consulta con organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG), que incluya servicios y albergues especializados para todas las víctimas de la trata, sean hombres o mujeres. • Aumentar el financiamiento federal destinado a las actividades de las fuerzas del orden y los servicios para las víctimas. • Ampliar, a nivel federal y estatal, la capacidad de las fiscalías o las unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas para que respondan competentemente a los casos de trata, por medio de más financiamiento y capacitación del personal. • Dar mejor protección y atención a las víctimas durante los procedimientos judiciales para garantizar su seguridad, evitar que revivan el trauma e impedir su detención ilícita. • Capacitar a las autoridades para que soliciten u ordenen el resarcimiento de las víctimas con el fondo establecido para ese fin según lo dispuesto por la ley. • Desarrollar la capacidad y fortalecer el sistema de inspección laboral, particularmente en el sector agrícola, y hacer cumplir las leyes para responsabilizar a los reclutadores fraudulentos de mano de obra extranjera. • Establecer, asignar y emplear recursos suficientes para un plan nacional de acción contra la trata de personas, que esté coordinado por autoridades locales, estatales y federales. • Potenciar las actividades de recopilación de datos.
ENJUICIAMIENTO
El Gobierno de México aumentó sus iniciativas de aplicación de la ley en las investigaciones y los enjuiciamientos, pero obtuvo muy pocas condenas. La ley de 2012 para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas penalizó la trata sexual y la trata laboral, con imposición de penas de cinco a 30 años de prisión y multas por delitos de trata con fines de explotación sexual, y de cinco a 20 años de prisión y multas por delitos de trata con fines de trabajo forzoso. Estas penas fueron suficientemente severas y, en lo referente a la trata sexual, acordes con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. En términos generales, la ley definió la trata de personas como un delito que incluye la adopción ilegal sin fines de explotación. Las autoridades federales tuvieron jurisdicción sobre todos los casos de trata internacionales, todos los casos de trata que tuvieron lugar en territorio administrado por el gobierno federal y relacionados con la delincuencia organizada, y todos los casos derivados de acusaciones contra funcionarios gubernamentales. Los estados investigaron otros casos internos de trata. En 28 estados, se aprobaron leyes sobre la trata de personas. La ley de 2012 obligó a los estados a tener un fiscal dedicado a los casos de trata de personas, y 30 de los 32 estados habían establecido fiscalías o unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas.
Las autoridades iniciaron 133 investigaciones federales (así como un caso de trabajo forzoso) y al menos 545 investigaciones estatales por trata en 2019, en comparación con 112 federales y 304 estatales en 2018, 127 federales y 298 estatales en 2017, 188 federales y 288 estatales en 2016, y 250 federales y 415 estatales en 2015. Asimismo, iniciaron los enjuiciamientos de al menos 522 personas en casos federales y estatales en 2019, con respecto a 510 en 2018, 609 en 2017, 479 en 2016 y 578 en 2015. El gobierno citó además que otras 30 personas se encontraban en detención preventiva por delitos de trata; estos casos están en espera de enjuiciamiento. Los expertos señalaron que el aumento de enjuiciamientos se debió en parte al impulso de las iniciativas procesales a nivel estatal en la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua. Las autoridades condenaron a 29 tratantes involucrados en casos estatales y federales en 2019, en comparación con el total de casos estatales y federales que fue de 60 tratantes en 2018, 95 tratantes en 2017, 228 tratantes en 2016, y 86 tratantes en 2015. Según informes del gobierno, las penas variaron de dos a 53 años de prisión y, en algunas de las condenas logradas por tribunales estatales, se impusieron penas de 22 a 53 años de prisión, en comparación con los períodos de prisión impuestos en 2018, que variaron de cinco a 32 años, con un promedio de 10,5 años de reclusión. Los casos notables incluyeron el proceso penal de julio de 2019 en el que el gobierno logró el enjuiciamiento de varios miembros de una familia de Tlaxcala por cargos de trata de personas con fines de explotación sexual. Este fue el primer caso llevado a la justicia en el nuevo sistema acusatorio, y en el que estuvo involucrada una compleja red de trata que operaba desde el sur de México hasta la frontera de los EE. UU. En el Estado de México, los jueces condenaron a una madre por la trata sexual de sus dos hijos y por forzarlos a la mendicidad, y le impusieron 53 años y cinco meses de prisión, además del pago de multas y resarcimiento. En Michoacán, los fiscales estatales condenaron a una mujer por trata sexual de menores indígenas de Querétaro, y le impusieron 30 años de prisión, además del pago de multas y resarcimiento.
Las autoridades mexicanas mantuvieron la cooperación de las fuerzas del orden con los Estados Unidos, entre otra, para la extradición de dos tratantes a los EE. UU.; el enjuiciamiento de una red de Tlaxcala dedicada a la trata sexual; la capacitación en materia de procesamiento que llevó a la condena de tres tratantes del Estado de México, con la imposición de penas de 15, 18 y 43 años de prisión; y la ayuda con información sobre otros tres casos de trata de personas. El Gobierno de México brindó cooperación internacional y solicitó la ayuda de los gobiernos de Colombia, Venezuela y Perú para entrevistar a las víctimas de tres casos de trata de personas, e informó haber recibido seis solicitudes de asistencia jurídica de otros países en relación con casos de trata. El gobierno también participó en la redacción de un memorando de entendimiento con las Bahamas para facilitar el intercambio de información y la ejecución de las investigaciones de casos de trata de personas. Además, impartió 13 cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios de las fuerzas del orden sobre las investigaciones del delito de trata. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió 364 denuncias de transacciones financieras sospechosas, relacionadas supuestamente con la trata de personas, el número más elevado desde su creación en 2004. También llevó a cabo su primera capacitación acerca de la trata y su relación con el lavado de dinero; abrió 10 investigaciones sobre trata en 2019; celebró reuniones en Washington D.C. sobre el tema de las redes financieras involucradas en el combate de la trata; y amplió la colaboración con la Organización de los Estados Americanos en las investigaciones de los casos de trata de personas. Una organización internacional organizó un taller acerca de la trata de personas, dirigido a 60 jueces en el Estado de México. En 2019, el gobierno federal destinó 74 millones de pesos (US $3,92 millones) a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la entidad encargada de investigar y llevar ante la justicia los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, en comparación con los 65 millones de pesos (US $3,44 millones) asignados en 2018. En 2019, el gobierno dedicó además 15,53 millones de pesos (US $822.040) a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en comparación con los 21 millones de pesos (US $1,11 millones) asignados en 2018. La fiscalía general de Nuevo León publicó un Manual para la Atención y Detección de Trata de Personas. En agosto de 2019, el gobierno aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio que permite a las autoridades incautar los activos de los tratantes.
Con excepción del Estado de México, el Estado de Chihuahua y la Ciudad de México, las autoridades estatales llevaron a cabo investigaciones limitadas y, a veces, las investigaciones y los enjuiciamientos fueron pospuestos mientras las autoridades determinaban los fiscales que tenían la debida jurisdicción o se coordinaban con los funcionarios de otros lugares del país. Las autoridades señalaron que hubo problemas con los enjuiciamientos y las condenas federales a causa de la falta de tribunales judiciales especializados en casos de trata de personas. Los expertos expresaron preocupación por los recortes presupuestarios y la limitación de personal, especialmente en las comunidades rurales e indígenas, lo que afectó la capacidad del gobierno para combatir la trata, y citaron que la respuesta del gobierno se vio obstaculizada por el conocimiento limitado del problema de la trata de personas, en particular, del trabajo forzoso. Varias ONG también indicaron que hubo factores que limitaron la eficacia del gobierno, entre otros, deficiencias al aplicar la ley; uso indebido o mala interpretación de las leyes; una definición legal excesivamente amplia de la trata; incumplimiento de las funciones oficiales; e identificación insuficiente de las víctimas, en particular en lo que se refiere al trabajo forzoso.
La corrupción relacionada con la trata de personas siguió siendo una preocupación. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) informó que había cuatro investigaciones en curso de empleados del gobierno involucrados en delitos de trata junto con funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes recibieron pagos monetarios por facilitar la entrada y la residencia ilegal de migrantes víctimas de la trata de personas. En septiembre de 2019, los fiscales obtuvieron una condena de 39 años de prisión para un exoficial de las fuerzas del orden federales, por la trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres venezolanas en México. En octubre de 2019, fuentes de los medios de comunicación denunciaron que la policía de Tlaxcala forzó a una periodista a abandonar la ciudad durante sus investigaciones de asuntos relacionados con la trata. En enero de 2020, un senador del Partido del Trabajo presentó una iniciativa al Senado mexicano para sancionar e imponer penas más estrictas a los servidores públicos del INM que cometen delitos de trata.
PROTECCIÓN
El gobierno continuó las actividades de protección; sin embargo, hubo problemas con la identificación de las víctimas de trabajo forzoso, y muchas de ellas no recibieron albergue adecuado ni servicios especializados. El gobierno informó haber identificado 658 víctimas de trata de personas en 2019, en comparación con 706 víctimas en 2018, 667 víctimas en 2017, 740 víctimas en 2016 y 1.814 víctimas en 2015. De las 658 víctimas de trata identificadas, cerca del 18% eran hombres, el 58% eran mujeres y el 24% eran personas cuyo género no se especificó, en comparación con el 21%, 54% y 25%, respectivamente, en 2018. El gobierno federal identificó 113 del total de las víctimas en comparación con 146 en 2018, 140 en 2017, 194 en 2016 y 876 en 2015. Los gobiernos estatales identificaron 545 de las víctimas, en comparación con 560 en 2018, 527 en 2017, 691 en 2016 y 938 en 2015. El gobierno identificó y brindó ayuda a otras 933 víctimas mexicanas de trata de personas en el extranjero, entre ellas, 912 en los Estados Unidos y 21 en otros países, en comparación con 860 víctimas mexicanas en el exterior en 2018, 196 víctimas mexicanas de trabajo forzoso en el extranjero en 2017 y 20 en 2016.
Los agentes de inmigración y otras autoridades federales contaron con protocolos formales para la identificación de víctimas. El INM, en colaboración con una organización internacional, estableció un protocolo para detectar y remitir a las víctimas de la trata a los servicios de ayuda; en 2019, el gobierno preparó y capacitó personal para seguir este protocolo. No obstante, el proceso para remitir a las víctimas mexicanas a los albergues seguía los fines específicos de cada estado y variaba de uno a otro. Los expertos pidieron al gobierno que aumentara los recursos y la capacitación para identificar con precisión y remitir a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes y las personas dedicadas al sexo con fines comerciales. Aun cuando los servicios para las víctimas fueron diversos e inexistentes en algunas partes del país, en general, los organismos federales y estatales ofrecieron servicios de emergencia a las víctimas, por ejemplo, cuidados médicos, alimentos y alojamiento en residencias temporales o de transición, y servicios a plazo más largo, como atención médica, psicológica y jurídica, a menudo en asociación con las ONG. La atención especializada e integrada siguió siendo insuficiente para las víctimas de la trata, en especial, para los hombres, los adolescentes y las víctimas del trabajo forzoso y las víctimas en las zonas rurales. Los observadores indicaron que faltó el financiamiento del gobierno destinado a los servicios para las víctimas, y subrayaron que, con frecuencia, losmenores víctimas de trata con fines de trabajo forzoso carecieron de servicios sociales adecuados. Las ONG, muchas de ellas con financiamiento privado o de donantes extranjeros, proporcionaron asistencia y albergues especializados a algunas víctimas que, en algunos caos, fueron remitidas por las autoridades. Algunas ONG mencionaron que hubo mayor colaboración con el gobierno en lo relacionado con la atención a las víctimas. El gobierno comenzó las gestiones para centralizar sus servicios de asistencia con el fin de mejorar la atención a las víctimas; sin embargo, todavía no se habían asignado ni recursos económicos ni personal a esa estrategia. El Instituto Nacional de Desarrollo Social destinó 4,39 millones de pesos (US $232.370) en 2019 a los servicios para las víctimas, en comparación con 3,02 millones de pesos (US $159.860) en 2018. En 2019, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes creó la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, que coordina la prevención, protección y atención de los menores y los adolescentes que fueron víctimas de la trata de personas. También en 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas creó una unidad dedicada a la prevención y las cuestiones de género, en coordinación con la comisión intersecretarial contra la trata de personas. El Gobierno de México adoptó medidas de austeridad en respuesta a la contracción de la economía y a la priorización de las iniciativas de desarrollo, lo cual afectó a los programas de todas las secretarías e instituciones, entre estas, las que hacen frente a la trata de personas. Las medidas de austeridad establecidas en respuesta a la pandemia de COVID-19 también influyeron en el financiamiento federal de esos programas.
Los expertos señalaron una falta general de albergues y residencias para las víctimas. La FEVIMTRA siguió dirigiendo un albergue de alta seguridad en la Ciudad de México, e informó que gastó el 49% de su presupuesto total para 2019, 263.960 pesos (US $13.970), en el albergue y los gastos de atención relacionados con 34 víctimas (32 mujeres y dos hombres, entre los que había 20 adultos, 13 menores y una persona no especificada) de las siguientes nacionalidades: 17 mexicanos, 11 colombianos, cuatro venezolanos, un guatemalteco y un nicaragüense. El albergue permitía que las mujeres tuvieran a sus hijos consigo, pero no las dejaba salir solas como medida de precaución para su seguridad. Las ONG mostraron inquietud por esta disposición que podía traumatizar de nuevo a algunas víctimas. El Estado de México, el Estado de Chiapas y la Ciudad de México siguieron dirigiendo seis albergues financiados por el gobierno para víctimas de la trata de personas. No obstante, en los albergues estatales y federales, residían normalmente las víctimas de trata solo durante un enjuiciamiento penal. Una ONG en el Estado de Puebla siguió al frente del único albergue públicoprivado del país, el cual prestó servicios completos a 100 víctimas en 2019, en comparación con 77 víctimas en 2018. Además de estos dos albergues, dos Centros de Justicia para las Mujeres en los estados de Hidalgo y Guanajuato, financiados con recursos públicos, colaboraron con las fiscalías estatales especializadas en los casos de trata de personas para dar refugio temporal a las víctimas de la trata. No hubo albergues para las víctimas varones mayores de 13 años. Los centros del gobierno para las víctimas de delitos prestaron algunos servicios de emergencia a las víctimas de la trata, al igual que las entidades estatales de servicios procesales, sociales y derechos humanos. En 2019, el gobierno firmó seis memorandos de entendimiento dirigidos a la red de consulados mexicanos en los Estados Unidos y las entidades locales de ese país especializadas en el delito de trata de personas para prestar atención a las víctimas mexicanas en los EE. UU. Los funcionarios consulares mexicanos en el exterior atendieron ventanillas especiales en los Estados Unidos para detectar las situaciones de riesgo de trata entre los niños, las mujeres y las personas indígenas migrantes.
También en 2019, el INM ofreció exención inmigratoria temporal por medio de visas humanitarias a 60 víctimas de la trata y el tráfico ilícito de personas, y no informó del número de víctimas de esos delitos que fueron repatriadas. En 2018, el número de visas humanitarias fue de 241, y hubo 399 víctimas repatriadas. Las visas humanitarias permitieron que las víctimas extranjeras de la trata permanecieran en el país hasta por un año, con posibilidad de prórroga. Algunos funcionarios gubernamentales y ONG expresaron preocupación acerca de que las autoridades no concedían visas humanitarias con la debida frecuencia por los siguientes motivos: la imposibilidad de identificar las víctimas extranjeras de la trata que reunían los requisitos para esas visas; el desconocimiento de las víctimas del proceso que deben seguir para obtener esa exención; el deseo de las víctimas de regresar a sus respectivos países de origen; la duración de los procedimientos legales; y el tiempo de espera para tramitar las solicitudes de exención inmigratoria. La comisión intersecretarial contra la trata de personas proporcionó financiamiento a una organización internacional para organizar un sistema de información nacional y llevar el registro del número de víctimas identificadas, remitidas y asistidas en todo el país. El gobierno concluyó la primera fase de la instalación en 2017, introdujo más datos en 2018 y planificaba empezar a usar el sistema en 2020. La ley concede a las víctimas protección contra penas por los actos ilícitos que los tratantes las forzaron a cometer; sin embargo, las ONG informaron que, en ocasiones, el gobierno detuvo equivocadamente a las víctimas de la trata por esos cargos. Algunos funcionarios transferían a las víctimas a los albergues, los cuales funcionaban como centros de detención hasta la conclusión de los casos. Muchas víctimas denunciaron que temían identificarse como víctimas de la trata de personas o, si se identificaban como tales, temían testificar contra los tratantes en un tribunal conforme al sistema acusatorio. Algunas víctimas no presentaron denuncias ni ayudaron en las investigaciones y enjuiciamientos por temor a las represalias de los tratantes, la falta de seguridad y servicios especializados, o la desconfianza en las autoridades. Las ONG también indicaron que las autoridades solían traumatizar de nuevo a las víctimas de la trata debido a la falta de sensibilidad hacia ellas y de protección suficiente durante los procedimientos penales. Los expertos expresaron preocupación debido a que los fiscales obligaron a algunas víctimas a testificar durante los procesos judiciales. Los observadores señalaron que las víctimas indígenas sufrieron discriminación en el sistema judicial. La legislación nacional contra la trata de personas concede a las víctimas resarcimiento proveniente de un fondo en el que no hubo dinero, y ninguna víctima recibió restitución, en comparación con dos víctimas en 2018 que sí la recibieron.
PREVENCIÓN
El gobierno continuó las labores de prevención. La comisión intersecretarial contra la trata de personas, en coordinación con 45 entidades gubernamentales e institutos, se reunió dos veces en 2019, y su subcomité se reunió cuatro veces para preparar el programa de trabajo anual y presentar los resultados de las iniciativas en curso. La comisión actualizó el programa nacional de capacitación; enmendó los reglamentos internos; revisó y mejoró su sistema nacional de información sobre la trata de personas; y organizó campañas de prevención y estrategias de difusión de estas. Con la terminación del plan nacional de acción contra la trata de personas en 2018, la comisión estableció seis grupos de trabajo integrados por personas del gobierno, la sociedad civil y profesores universitarios, que participaron en mesas redondas en todo el país para redactar un plan nuevo para el período 2020-2024. No obstante, a finales del período del informe, el gobierno no había terminado la elaboración del plan.
Los expertos indicaron que México careció de un método integral para planificar y evaluar las actividades del gobierno contra la trata de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó su evaluación de la trata de personas en México en un período de cinco años, en la que señaló la necesidad de: mejorar la identificación proactiva de las víctimas; coordinar, investigar y analizar interinstitucionalmente las tendencias locales, regionales y nacionales de la trata de personas; dar más atención a las vulnerabilidades de las comunidades rurales e indígenas a la trata; aumentar la asignación de recursos a las ONG para mejorar los servicios y albergues de las víctimas; abastecer el fondo para resarcimiento de las víctimas; modernizar la recopilación de datos sobre tratantes y la administración de casos de las víctimas; impulsar las campañas para concientizar al público sobre el riesgo de la trata para los mexicanos en el extranjero, los menores en edad escolar y las comunidades rurales e indígenas; y evaluar los protocolos de identificación. Veintinueve de 31 estados tenían comités estatales contra la trata de personas. En 31 de los 32 estados, el gobierno aprobó la prohibición del matrimonio de los menores de 18 años para protegerlos y evitar los matrimonios forzosos.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) puso en marcha el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 para consolidar la política nacional sobre derechos humanos y la trata de personas. En la primera fase de este programa, la SEGOB llevó a cabo 14 foros en 11 estados, con la participación de 2.383 servidores públicos; en la segunda fase, la SEGOB organizó 31 sesiones de grupos de trabajo con participantes de las ONG y el gobierno, así como profesores universitarios y expertos. La SEGOB estableció un grupo de trabajo dentro de la comisión contra la trata de personas para aumentar su capacidad, y el grupo impartió a las autoridades varios cursos de capacitación en materia de la trata. El gobierno facilitó varios programas de concientización y capacitación sobre la lucha contra la trata de personas dirigidos a funcionarios y al público en general con el fin de mejorar las investigaciones de este delito. Varios gobiernos estatales se asociaron con una organización internacional para ofrecer a los funcionarios gubernamentales, a las ONG y a las autoridades de las poblaciones indígenas talleres acerca de la lucha contra la trata de personas, la identificación de víctimas y el suministro de asistencia a estas. El gobierno forjó alianzas con otras ONG para llevar a cabo campañas de concientización del público en universidades y escuelas, y con organizaciones de la sociedad civil. Además, lanzó campañas de esa índole en plataformas de medios sociales. En octubre de 2018, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Gobierno de Canadá y una organización internacional anunciaron un proyecto para detectar y prevenir la trata de personas en las comunidades indígenas mexicanas y, durante el período del informe, se estaban preparando recursos para concientizar sobre este problema. Las ONG comentaron que el gobierno podía hacer más para aclarar la definición de trata de personas (principalmente la trata con fines de trabajo forzoso), intensificar sus empeños y llevar a cabo más evaluaciones de sus campañas de concientización del público. Los expertos también indicaron que las campañas de prevención no se dirigían a los niños o los adolescentes, ni a las comunidades rurales e indígenas, ni a las personas que necesitaban la traducción o interpretación de esas campañas a su propio idioma.
La línea telefónica directa dirigida por ONG contra la trata de personas recibió 3.526 llamadas en 2019, en comparación con 1.389 llamadas en 2018. Se determinó que 316 de esas llamadas fueron acerca de posibles casos de trata de personas (el 77% sobre trata sexual y el 14% sobre trabajo forzoso), en comparación con 131 llamadas de posibles casos de trata identificados en 2018 y 103 llamadas en 2017. Del total de 3.526 llamadas, el gobierno abrió 88 investigaciones. Los encargados de la línea telefónica directa informaron que aumentaron las investigaciones abiertas por el gobierno de las denuncias recibidas en la línea: 17 investigaciones abiertas en 2019, en comparación con dos en 2018. El gobierno puso a disposición del público otras líneas telefónicas directas, entre estas, una de la fiscalía general y una para los delitos cometidos contra las mujeres y los relacionados con la trata de personas. El gobierno abrió dos investigaciones de trata de personas a raíz de las llamadas recibidas en la línea telefónica directa de la fiscalía general. Las líneas telefónicas directas a cargo de la fiscalía general de la Ciudad de México y las de las ONG identificaron 229 víctimas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contaba con un requisito y un protocolo para identificar víctimas de trabajo forzoso en los negocios y las granjas registradas, así como para denunciar esos delitos a las autoridades de las fuerzas del orden; sin embargo, en 2019, el gobierno no informó haber identificado víctimas de trabajo forzoso haciendo uso de este protocolo. Los observadores indicaron que las restricciones de recursos, el número limitado de inspectores e inspecciones, los requisitos de aviso de inspección con 24 horas de antelación, el desconocimiento del problema de la trata con fines de trabajo forzoso, la falta de claridad entre las jurisdicciones estatales y federales, y la ausencia de supervisión de la economía informal obstaculizaron la aplicación sistemática de las leyes laborales y la detección del trabajo forzoso, en particular, entre los menores, las poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables. Las autoridades arrestaron a presuntos tratantes que explotaban supuestamente a las personas sometiéndolas a trabajo forzoso, pero llevaron a cabo muy pocas inspecciones en los principales estados agrícolas, investigaron pocas denuncias y no informaron haber llevado esos delitos ante la justicia. Los inspectores carecieron de recursos y afrontaron problemas técnicos y de seguridad al hacer las inspecciones. El gobierno llevó a cabo campañas de divulgación para informar a los trabajadores migrantes extranjeros de sus derechos y responsabilidades. Las leyes mexicanas penalizan la contratación fraudulenta de mano de obra y prohíben el cobro de cuotas de reclutamiento a los trabajadores; sin embargo, las autoridades no informaron de iniciativas para inspeccionar, reglamentar o responsabilizar a los reclutadores infractores. Las ONG indicaron que las autoridades no hicieron cumplir estas leyes ni los reglamentos y, en consecuencia, se cobraron a los trabajadores cuotas exorbitantes de reclutamiento, un factor que suele dar lugar a servidumbre por deudas al reclutador o al empleador; empleadores que retienen salarios ilícitamente y que amenazan a los trabajadores con violencia o impago si se van; y registro escaso de los reclutadores y las inspecciones correspondientes hechas a sus operaciones.
El gobierno estableció un programa piloto para inscribir a los empleados domésticos en la seguridad social, después de la aprobación de una ley que obliga a los empleadores a formalizar la situación de los trabajadores y a concederles otras protecciones prescritas para el sector del empleo formal. Según los funcionarios de las ONG y los industriales, fueron insuficientes las iniciativas del Gobierno de México para combatir el trabajo forzoso en las cadenas de suministro públicas y privadas debido a la limitación de la capacidad y los recursos. El gobierno ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual garantiza la promoción y la protección de los derechos humanos de los empleados domésticos. En colaboración con la OIT, la STPS se unió a la estrategia Alianza 8.7, dirigida por un grupo voluntario de estados miembros comprometidos con el logro de la Meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, cuyo fin es erradicar el trabajo forzoso, las nuevas formas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil. Con ayuda económica y técnica de las ONG y de un gobierno extranjero, la STPS puso en marcha un proyecto nuevo para promover y proteger los derechos laborales en los sectores del cultivo de la caña de azúcar y el tabaco en los estados de Jalisco y Nayarit; mejorar la capacidad del gobierno para hacer cumplir el derecho laboral y llevar a cabo inspecciones del trabajo; establecer sistemas nuevos para la administración de casos y los informes de presentación de quejas; y organizar campañas de concientización dirigidas a los agricultores mexicanos y el público en general.
Varias ONG informaron que funcionarios del turismo llevaron a cabo campañas de concientización en Mérida, Yucatán, y en los estados de Zacatecas y Campeche. Con el apoyo de una ONG, el gobierno impartió capacitación sobre su código de conducta a las agencias de viaje, hoteles, restaurantes, guías de turistas, centros de capacitación y proveedores de transporte en cinco estados. El gobierno contaba con leyes para facilitar la investigación, el enjuiciamiento o la condena de turistas involucrados en la explotación sexual de menores, pero no denunció ningún caso de ese tipo. En colaboración con los Estados Unidos, el gobierno siguió adelante con el programa Angel Watch, para cotejar la lista de delincuentes sexuales registrados en ese país con la información de viajes. Asimismo, impartió a sus diplomáticos un curso en línea sobre la lucha contra la trata de personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó a los 50 consulados de México en los Estados Unidos que aplicaran mecanismos de colaboración más estrictos contra la trata de personas. El gobierno no tomó medidas para reducir la demanda del sexo con fines comerciales.
PERFIL DE LA TRATA
Como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en México y a víctimas mexicanas en el exterior. Los grupos que se consideran más expuestos a la trata en México son las mujeres, los niños y los menores no acompañados, los indígenas, los migrantes, las personas LGBTQI y las que tienen discapacidades físicas e intelectuales. Los tratantes reclutan y explotan a mujeres y niños mexicanos y, en menor medida, a hombres y personas transgénero para la trata sexual en México y en los Estados Unidos, haciéndoles falsas promesas de empleo o de relaciones románticas, o mediante extorsión. Los tratantes explotan a hombres, mujeres y niños mexicanos y los someten a trabajo forzoso en la agricultura, el servicio doméstico, los cuidados infantiles, el sector de manufactura, la minería, la elaboración de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad y la venta callejera, tanto en México como en los Estados Unidos. Los tratantes explotan también a los jornaleros y a sus hijos por medio de trabajo forzoso en el sector agrícola de México. Esos trabajadores migran de los estados más pobres a las regiones agrícolas para cosechar verduras, café, caña de azúcar y tabaco; reciben poca o ninguna remuneración, atención médica y tiempo libre; se alojan en viviendas en condiciones ínfimas y, en el caso de los niños, se les niega la educación escolar. Según los observadores, algunos ciudadanos mexicanos son sometidos, por los reclutadores o por la compañía misma, a servidumbre por deudas en el trabajo agrícola. Las ONG estimaron que los tratantes explotan cada vez a más personas en México por medio de trabajo forzoso; sin embargo, las estadísticas del gobierno y de esas organizaciones mostraron que hubo menos de 1.500 víctimas de trabajo forzoso en el período de 2013 a 2019. Los observadores denunciaron posibles casos de trata en los centros de rehabilitación por toxicomanía, los albergues para mujeres y las instituciones del gobierno destinadas a personas con discapacidades, incluso a manos de grupos de la delincuencia organizada y de empleados de esos establecimientos. La gran mayoría de las víctimas extranjeras sometidas a trabajo forzoso y a la trata con fines de explotación sexual en México provienen de Centro y Sudamérica, principalmente de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Los tratantes explotan a algunas de estas víctimas a lo largo de la frontera sur de México. De acuerdo con los informes de las ONG y los medios de comunicación, también se han identificado en México víctimas provenientes del Caribe, Sudamérica, el este de Europa, Asia y África, algunas de ellas cuando se dirigían a los Estados Unidos, quienes podrían ser refugiados y solicitantes de asilo. Los observadores indicaron que, en los últimos tres años, aumentó el número de migrantes venezolanos expuestos a la trata de personas, y expresaron preocupación por los migrantes en general como población vulnerable.
La delincuencia organizada lucra con la trata sexual y obliga a hombres, mujeres y niños, mexicanos y extranjeros, a participar en actividades ilícitas, incluso como asesinos o vigilantes y en la producción, el transporte y la venta de drogas. Los observadores y legisladores mexicanos señalaron los vínculos que existen entre la violencia contra las mujeres y niñas y la desaparición, el asesinato y la trata de mujeres a manos de grupos de la delincuencia organizada. Los expertos expresaron preocupación por el reclutamiento, la tortura y el asesinato de niños y jóvenes indígenas perpetrados por grupos de la delincuencia organizada para explotarlos y obligarlos a delinquir. Los observadores también expresaron preocupación por los ciudadanos mexicanos y extranjeros recién deportados que son reclutados por grupos de la delincuencia organizada para forzarlos a cometer delitos. Las autoridades afirmaron que la vulnerabilidad económica de los migrantes los dejó expuestos a diversas formas de trata de personas. La corrupción relacionada con la trata siguió siendo motivo de preocupación. Según algunas ONG, el turismo relacionado con la explotación sexual de menores sigue siendo un problema creciente, especialmente en las zonas turísticas y las ciudades de la frontera norte. Muchos turistas involucrados en la explotación sexual de menores proceden de los Estados Unidos, Canadá, y el oeste de Europa; los mexicanos también participan en el comercio sexual con menores víctimas de la trata. Las autoridades denunciaron el uso del bitcóin para lavar dinero proveniente de los delitos de trata de personas. Con el cierre de bares y clubes nocturnos debido a la COVID-19, los informes del gobierno, las ONG y los medios de comunicación señalaron que había tratantes en Tlaxcala que estaban usando casas de particulares para la trata sexual de mujeres.