INFORME INTERNACIONAL DE LIBERTAD RELIGIOSA – MÉXICO 2022
Resumen Ejecutivo
La Constitución otorga a todas las personas el derecho a la libertad religiosa, incluido el derecho a participar en ceremonias religiosas y actos de culto. La Constitución declara al país como un Estado laico. En virtud de la Constitución, las comunidades indígenas gozan de una estructura jurídica protegida, que les permite cierto grado de autogobierno para practicar sus “usos y costumbres” particulares, con la disposición de que la ley debe aplicarse en consonancia con las garantías de derechos humanos recogidas en la Constitución y en los convenios internacionales de los que el país es parte.
La Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) colaboró durante el año con funcionarios estatales y locales en las investigaciones penales que involucran a grupos religiosos. Según la SEGOB, durante el año, la DGAR investigó cinco casos relacionados con la libertad religiosa, el mismo número que en 2021. A lo largo del año, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) abrió dos casos de discriminación religiosa, en comparación con los tres de 2021. En mayo, el CONAPRED colaboró con la comunidad judía para denunciar una boda de temática nazi celebrada en una iglesia católica e instó a la Conferencia del Episcopado de México (CEM), que representa a la Iglesia católica en el país, a dar instrucciones a los obispos católicos para que prohibieran la simbología antisemita o discriminatoria. En abril, las autoridades del gobierno local amenazaron a un pastor y a tres familias protestantes que no participaron en las festividades católicas del estado de Guerrero, obligando a las familias a trasladarse a otra localidad del estado. La DGAR registró 149 nuevas asociaciones religiosas durante el año, frente a las 61 de 2021.
A lo largo del año, se denunciaron tres homicidios de sacerdotes, así como múltiples agresiones, amenazas y secuestros de sacerdotes y pastores. Funcionarios del gobierno y líderes de la Iglesia católica siguieron afirmando que las agresiones reflejaban altos niveles de violencia generalizada en todo el país y no ataques basados en la religión. La organización no gubernamental (ONG) Centro Católico Multimedial (CMC) denunció 800 incidentes de extorsión y amenazas contra sacerdotes a nivel nacional entre octubre de 2021 y octubre de 2022. El CMC informó haber recibido unas 850 denuncias anuales en los últimos cinco años. Según CMC, es probable que la cifra se subestimara ya que no incluía los casos de extorsión digital, que según los sacerdotes han aumentado desde 2020. Los líderes religiosos estaban a menudo involucrados en la política y el activismo social, por lo que eran más vulnerables a la violencia generalizada. Los incidentes de violencia contra líderes religiosos no parecían basarse solamente en la identidad religiosa. El CMC identificó a México como el país más violento para los sacerdotes en América Latina por decimocuarto año consecutivo, registrando los homicidios de más de 39 sacerdotes en la última década. Algunas ONG manifestaron que los grupos delictivos continuaban seguían señalando a sacerdotes católicos y otros líderes religiosos por su condena de las actividades delictivas y porque las comunidades los consideraban figuras de autoridad moral.
Representantes de la Embajada y del Consulado General de Estados Unidos se reunieron regularmente con funcionarios del gobierno responsables de asuntos religiosos e indígenas, tanto a nivel federal como estatal. El embajador se reunió con líderes indígenas, entre ellos representantes de la comunidad católica llamados mayordomos, que ejercen influencia religiosa, política y cultural a nivel local, para hablar de libertad de expresión y libertad religiosa. Representantes de la Embajada se reunieron con miembros de grupos religiosos y organizaciones basadas en la fe, entre ellas el Comité Central de la Comunidad Judía, el CMC y CSW (antes conocido como Solidaridad Cristiana Mundial), centrándose en la seguridad de trabajadores religiosos, las cuestiones humanitarias y expresando su apoyo a la tolerancia religiosa. La embajada publicó varios posts en redes sociales en conmemoración de la libertad religiosa o de culto, entre ellos la condena de Estados Unidos a las violaciones de libertad religiosa, la celebración de la unidad interreligiosa y la conmemoración de las víctimas perseguidas por sus creencias religiosas.
Sección I. Demografía Religiosa
El gobierno de Estados Unidos estima que la población total es de 129 millones (mediados de 2022) Según el censo del gobierno de México de 2020 (el más reciente), aproximadamente el 78 por ciento de la población se identifica como católica romana (en comparación con un 83 por ciento en 2010); el 10 por ciento como protestante o protestante evangélica; y el 1.5 por ciento como otros grupos religiosos, incluidos el judaísmo, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo) y el islam. Más del 2.5 por ciento de la población declara practicar una religión no especificada (en comparación con más del 2 por ciento en 2010) y cerca del 8.1 por ciento declara no practicar ninguna religión (en comparación con el 5 por ciento en 2010) Algunos indígenas practican las tradiciones religiosas sincréticas, como la mezcla del catolicismo con las creencias indígenas.
Los funcionarios de la Iglesia de Jesucristo indicaron que sus miembros son aproximadamente 1.5 millones (1.2 por ciento), mientras que aproximadamente 338,000 personas (0.3 por ciento de la población) se identifican a sí mismas como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Hay grandes comunidades protestantes en los estados sureños de Chiapas y Tabasco. En Chiapas, los líderes protestantes evangélicos estiman que casi la mitad de los 2.4 millones de habitantes del estado (1.6 por ciento de la población total del país) son miembros de grupos protestantes evangélicos y otros grupos cristianos, entre ellos los adventistas del séptimo día. Sin embargo, menos del 20 por ciento de los encuestados del censo de 2020 en Chiapas, se autoidentifican como protestantes evangélicos. Existen también grupos pequeños de seguidores de la Luz del Mundo (LLDM), la Iglesia Católica Antigua (Veterocatólica), y la iglesia de la Cienciología, así como anglicanos, luteranos, metodistas, bahá’ís y budistas. Según informes de los medios de comunicación, hay 1.5 millones de seguidores de LLDM (1.2 por ciento de la población total), mientras que el censo de 2020 habla de 190,000 seguidores. En el censo de 2020 figuran 29,985 miembros de religiones de Asia Oriental, como el budismo y el hinduismo. De acuerdo con un informe de 2015 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el país hay 50 mil metodistas y 30 mil anglicanos. El sitio web de la fe bahá’í calcula que hay 12,000 bahá’ís en el país, muchos de los cuales viven en más de 200 pequeñas comunidades en todo el país.
Se calcula que la mitad de los aproximadamente 100 mil menonitas del país están concentrados en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el censo de 2020, la comunidad judía asciende a un aproximado de 58,800 personas, con un 67 por ciento viviendo en la Ciudad de México y el Estado de México. Según el censo de 2020, la comunidad musulmana contaba con 7,982 personas. Según la Según SEGOB, casi la mitad de los musulmanes del país se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México y 170 están en el estado de Chiapas; esto no incluye a la población musulmana Ahmadiyya de varios cientos que viven en el estado de Chiapas, la mayoría de los cuales son conversos de origen étnico maya tzotzil. También hay seguidores de las creencias afrodescendientes de los orishas, originarias de la religión africana yoruba y denominadas por algunos “santería” en español.
Sección II. Situación del Respeto Gubernamental a la Libertad Religiosa
Marco Legal
La Constitución establece que todas las personas tienen derecho a seguir o adoptar la religión de su elección, o bien, no seguir ninguna religión. Esta libertad incluye el derecho a participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en ceremonias, devociones, y actos de culto si no constituyen un delito prohibido por la ley. La Constitución declara al país como un Estado laico. El laicismo se menciona en otros tres artículos, entre ellos uno dedicado a la educación. Las libertades filosóficas de conciencia y religión reciben el mismo trato por parte del estado. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban ninguna religión. Los actos religiosos de culto público deben celebrarse en lugares de culto. Las personas que realicen ceremonias religiosas fuera de los lugares de culto, que requieren un permiso, están sujetas a la ley reglamentaria. El clero activo no puede ocupar cargos públicos, defender opiniones políticas partidistas, ni oponerse de forma pública a las leyes o instituciones del Estado.
Para establecer una asociación religiosa, los solicitantes deben certificar que la iglesia u otro grupo religioso observa, practica, propaga, o instruye una doctrina religiosa o un cuerpo de creencias religiosas; que ha llevado a cabo actividades religiosas en el país durante al menos cinco años; que ha establecido su domicilio en el país; y que muestra los activos suficientes para lograr su propósito. Las asociaciones registradas pueden organizar libremente sus estructuras internas y adoptar estatutos o normas relacionadas con su gobierno y funcionamiento, incluyendo la formación y la designación de su clero. Podrán ejercer el culto público y celebrar actos para el cumplimiento de objetivos de la asociación de forma lícita y sin fines de lucro. Podrán propagar su doctrina de acuerdo con la legislación aplicable y participar en la creación, la gestión, el mantenimiento, y el funcionamiento de instituciones privadas de bienestar, educativas, y de salud, siempre que las instituciones no persigan un fin de lucro.
Los grupos religiosos no están obligados a registrarse en la DGAR para operar, pero es necesario registrarse para negociar contratos, comprar o alquilar terrenos, solicitar permisos oficiales de construcción, recibir exenciones fiscales, o celebrar reuniones religiosas fuera de los lugares de culto habituales. A partir del 5 de diciembre, los grupos religiosos que se inscriban por primera vez podrán comenzar su registro en línea, sin embargo, los representantes deberán concluir el proceso en persona. Los grupos religiosos deben solicitar permisos para la construcción de nuevos edificios o convertir los existentes en lugares de culto.
Todo edificio religioso construido después del 27 de enero de 1992 es propiedad del grupo religioso que lo construyó y está sujeto a los impuestos correspondientes. Todo edificio religioso construido antes de esa fecha se considera parte del patrimonio nacional y es propiedad del estado.
Las asociaciones religiosas deben notificar al gobierno de su intención de celebrar reuniones religiosas fuera de su lugar o lugares de culto autorizados. Las asociaciones religiosas no podrán celebrar reuniones políticas de ningún tipo, ni poseer o gestionar emisoras de radio o televisión. Es necesario el permiso del gobierno para que la radio o televisión comerciales transmitan programas religiosos.
El gobierno federal coordina los asuntos religiosos a través de la SEGOB. Dentro de la SEGOB, la DGAR promueve la tolerancia religiosa, lleva a cabo la mediación de conflictos, e investiga los casos de intolerancia religiosa. Si una parte presenta un recurso basado en acusaciones de intolerancia religiosa, la DGAR puede mediar para encontrar una solución. Cada uno de los 32 estados cuenta con oficinas responsables de los asuntos religiosos. El CONAPRED es un organismo federal autónomo responsable de velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades, incluso para los grupos religiosos minoritarios.
La ley establece que las personas privadas de libertad reciban un trato digno e igualitario por parte del personal penitenciario, sin distinción de preferencias religiosas.
La Constitución exige que la educación pública sea laica y que no incluya doctrinas religiosas. Los grupos religiosos pueden operar colegios privados que impartan clases de religión y que celebren ceremonias religiosas en sus centros. Los colegios privados afiliados a un grupo religioso están abiertos a todos los alumnos, sin importar sus creencias religiosas. Los alumnos de colegios privados están exentos de participar en cursos y actividades religiosas si no están afiliados al grupo religioso del colegio. La educación en casa está permitida a nivel secundaria después de completar la educación primaria en una escuela acreditada.
Existe una categoría de visado para que los clérigos y asociados religiosos extranjeros obtengan una visa de residencia temporal o de visitante sin permiso para desempeñar actividades religiosas remuneradas.
La Constitución reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la autonomía, codificando su derecho a utilizar sus propios sistemas jurídicos para la resolución de conflictos dentro de sus comunidades. La autonomía indígena está subordinada a las disposiciones sobre derechos humanos definidas en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país. La Constitución también protege el derecho de los líderes indígenas de practicar sus propios “usos y costumbres”, con la disposición de que la ley debe aplicarse en consonancia con las garantías de los derechos humanos recogidas en la Constitución y en los convenios internacionales de los que el país es parte.
El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Prácticas Gubernamentales
La DGAR siguió trabajando con los funcionarios estatales y locales para mediar en los conflictos que implican la intolerancia religiosa. La DGAR investigó cinco nuevos casos relacionados con la libertad religiosa, la misma cifra que la investigada en 2021. La mayoría de estos casos involucraba a los miembros de grupos religiosos minoritarios que declararon que los miembros de la comunidad religiosa mayoritaria en la que vivían les habían privado del derecho a los servicios básicos y denunciaron haber sufrido amenazas psicológicas. Los casos ocurrieron en Oaxaca, Chiapas y Querétaro. Según la DGAR, los gobiernos estatales recibieron la mayoría de incidentes de discriminación religiosa debido a que el gobierno federal no tenía jurisdicción sobre ellos. Algunas ONG afirmaron que funcionarios municipales y estatales mediaban en las disputas entre grupos religiosos, pero los funcionarios del gobierno dijeron que esto no era una práctica oficial. Las ONG señalaron que los funcionarios municipales y estatales se ponían a menudo del lado de los líderes locales a expensas de los miembros de las religiones minoritarias. Algunos grupos también dijeron que los funcionarios rara vez aplican sanciones legales contra los líderes locales infractores, prefiriendo en vez de ello llegar a soluciones informales mediadas. Según CSW, las comunidades religiosas vulnerables describieron altos niveles de impunidad de funcionarios estatales y la falta de protecciones otorgadas por estos funcionarios, quienes, dijeron, a menudo se ponían del lado de los miembros de los grupos religiosos mayoritarios.
De acuerdo con CSW, una mujer indígena bautista fue hospitalizada en estado crítico con graves lesiones internas después que líderes comunitarios que se identificaban como católicos la ataran a un árbol el 21 de diciembre y la golpearon públicamente en la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Huejutla de los Reyes, Hidalgo. CSW declaró que las autoridades locales no habían tomado ninguna medida a finales del año en contra de los autores del incidente violento a quienes miembros de la comunidad identificaron por su nombre y que CSW documentó en su informe. Según CSW, las “violaciones de derechos humanos” vinculadas a la libertad de culto fueron “continuas y graves en Rancho Nuevo desde 2015”. CSW declaró que las autoridades locales intentaron en repetidas ocasiones obligar a los miembros de la minoría religiosa a participar en festivales religiosos católicos romanos y que los miembros de la minoría religiosa fueron detenidos arbitrariamente, golpeados, se les prohibió el acceso a la atención médica, fueron despedidos de sus trabajos, se les impidió enterrar a sus muertos y se les confiscaron arbitrariamente sus tierras y propiedades. CSW denunció también que un caso que involucraba a dos familias bautistas amenazadas de ser expulsadas del mismo municipio de Hidalgo seguía sin resolverse a finales del año. En 2021, los funcionarios de Hidalgo informaron que estaban trabajando con las familias de la comunidad local para resolver el conflicto. Según CSW, en 2021, miembros del municipio de Huejutla de los Reyes amenazaron con interrumpir los servicios esenciales y expulsar a dos familias pertenecientes a la Primera Iglesia Bautista si continuaban celebrando servicios religiosos y no pagaban el resto de una multa impuesta por la comunidad a partir de 2020 por celebrar ceremonias religiosas en sus hogares. Las familias pagaron la multa durante el año. En 2021, las autoridades del estado de Hidalgo declararon que las personas amenazadas permanecieron en la comunidad, con acceso a los servicios esenciales y que pudieron practicar su religión, pero dijeron que el caso caía dentro de las “Leyes de Usos y Costumbres” de la comunidad. Este derecho de autogobierno de las comunidades indígenas entra a veces en conflicto con otros derechos constitucionales, incluido el de la libertad de religión para los miembros de esas comunidades.
En junio, el estudiante católico Christian Cortez pronunció un discurso de graduación sobre lo que él denominó “ideología de género radical” y sobre los esfuerzos de algunas personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales (LGBTQI+) y grupos de mujeres del país por “redefinir los valores familiares” en la Universidad Autónoma de Baja California, de titularidad pública. Un grupo de profesores pidió a la universidad que acusara a Cortez de “incitación al odio” y le retirara el título académico y la cédula, anulara su premio al mérito e informara a las asociaciones psicológicas de todo el país. Los católicos y protestantes evangélicos denunciaron que era inaceptable censurar a Cortez. La abogada de la organización estadounidense Alliance Defending Freedom, Kristina Hjelkrem, dijo que, si se retenía el título académico de Cortez, “se violarían las leyes internacionales de derechos humanos, que recuerdan a las dictaduras, no a las democracias”. En septiembre, el consejo de la universidad desestimó la denuncia.
En noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia revisó una demanda de amparo que se oponía a la colocación de “signos que aludan a una determinada convicción religiosa” en lugares públicos. En 2020, la ONG Kanan Derechos Humanos interpuso una medida precautoria contra el municipio de Chocholá, Yucatán, por exhibir un nacimiento que, según Kanan Derechos Humanos, violaba los derechos a la igualdad, no discriminación y libertad religiosa de quienes no se identifican como cristianos. De acuerdo con algunos líderes religiosos, la sentencia podría prohibir la exhibición de símbolos religiosos en lugares públicos de todo el país. El 6 de noviembre, los obispos católicos emitieron un comunicado en el que solicitaban a los jueces de la Suprema Corte que evaluaran los efectos que una sentencia favorable a la demanda tendría sobre el derecho a la libertad religiosa. En su comunicado, los obispos señalaron que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad religiosa y su expresión “tanto en público como en privado”.
Durante el año, la DGAR registró 149 asociaciones religiosas nuevas, mientras que en 2021 sólo registró 61. A finales de año, la DGAR tenía registradas 9,764 asociaciones religiosas, entre las que había 9,718 grupos cristianos, 14 budistas, 10 judíos, tres islámicos, dos hindúes y tres de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, así como 14 nuevos grupos de expresión religiosa. Según la DGAR, los nuevos grupos de expresiones religiosas se definen como comunidades filosóficas o espirituales nacidas de nuevas creencias o que forman parte de una religión más amplia, como la Cienciología o la Iglesia de los Orishas.
Las ONG y algunas organizaciones religiosas siguieron informando que las autoridades de algunas comunidades rurales e indígenas esperaban que los residentes, independientemente de su fe, participaran y financiaran las reuniones religiosas tradicionales de la comunidad y, en algunos casos, se adhirieran a la religión mayoritaria. En enero, en San Pedro Chimaltepec, Oaxaca, las autoridades locales liberaron a 15 miembros de una iglesia evangélica protestante encarcelados en diciembre de 2021 por negarse a contribuir económicamente a las celebraciones religiosas católicas y a participar en ellas. Los 15 miembros de la iglesia pertenecían a seis familias diferentes. Las autoridades obligaron a cada individuo a pagar una multa de 5,000 pesos (260 dólares) y expulsaron a las seis familias completas y a veinte personas de la comunidad, incluidos los niños. En respuesta, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que estaba llevando a cabo una mediación con las autoridades locales para determinar si el acto constituía una violación de los derechos humanos.
El 11 de enero, El Heraldo de Chiapas, un medio de comunicación privado, publicó un vídeo del cristiano evangélico Alejandro Jiménez Jiménez, quien es parte del pueblo tzotzil, suplicando ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Jiménez, católicos tzotziles de la comunidad indígena de Mitzitón de San Cristóbal, Chiapas, quemaron una casa que estaba construyendo para su familia y lo expulsaron de la comunidad en enero de 2021. En julio de 2021, según Solidaridad Cristiana Mundial (CSW), las autoridades de la comunidad mayoritariamente católica de Ahuacachahue, Guerrero, encarcelaron al Pastor Severiano Vázquez quien, argumentando sus creencias religiosas, se negó a participar en una fiesta católica. Las autoridades municipales amenazaron con quemar la iglesia de Vázquez. En abril, las autoridades del gobierno local amenazaron a un pastor y a tres familias protestantes que no participaban en las festividades católicas de Ahuacachahue, Guerrero, obligando al pastor y a una familia a trasladarse a Ayutla de los Libres, Guerrero. Según las fuentes, las dos familias religiosas minoritarias de la comunidad estaban recaudando dinero para trasladarse.
El 27 de julio, El Heraldo de Chiapas informó que las autoridades locales expulsaron a dos familias evangélicas del municipio de San Andrés Larráinzar por negarse a pagar una festividad católica y fueron multadas con 20,000 pesos (1,000 dólares). Las familias denunciaron que el “Consejo de Vigilancia” local, presidido por Pedro Pérez, impedía el acceso de sus hijos a las escuelas.
Según CSW, las autoridades católicas locales siguieron cultivando las tierras de una de las cuatro familias evangélicas protestantes desplazadas a la fuerza por las autoridades locales de Cuamontax en el municipio de Huazalingo, en el estado de Hidalgo, en 2019. En febrero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo pidió a las autoridades municipales que entablaran un diálogo con la comunidad de Cuamontax, pero, hasta finales de año, el ayuntamiento no había atendido la recomendación. El 29 de septiembre, las familias desplazadas recibieron el título de propiedad de sus tierras tras meses de trámites en el registro agrario, pero CSW informó de que la comunidad religiosa católica mayoritaria y las autoridades locales seguían bloqueando el regreso de las familias a sus hogares por no acatar la aplicación de la “Ley de Usos y Costumbres” impuesta por los líderes de la comunidad.
Según el sitio de noticias cristiano Evangelical Focus, seis de cada diez familias de Chiapas que abandonaron sus hogares lo hicieron para evitar el conflicto religioso.
En mayo, CSW publicó su informe Let Her be Heard, el cual se enfoca en las mujeres afectadas de forma desproporcionada por la discriminación religiosa. El informe documentó las experiencias de 25 mujeres indígenas de los estados de Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Oaxaca en 2021. Según el informe, los tipos de discriminación que las mujeres de minorías religiosas sufrían de forma desproporcionada o exclusiva incluían obstáculos para beneficiarse de los programas gubernamentales para mujeres, así como la denegación de servicios de atención sanitaria prenatal para mujeres embarazadas debido a sus creencias religiosas.
El 26 de abril, la SEGOB emitió un comunicado en el que advertía que acusaría a las asociaciones religiosas que intervinieran en política partidista (proselitismo político) de violar los derechos constitucionales de separación entre Iglesia y Estado de cara a las elecciones legislativas de junio. El 19 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la SEGOB debía acusar al arzobispo Carlos Aguiar, al cardenal Juan Sandoval Íñiguez y al sacerdote Mario Ángel Flores Ramos por lo anterior. La CEM emitió un comunicado diciendo que Aguiar, Sandoval y Flores no favorecían a ningún partido o candidato específico y que la decisión del tribunal violaba su libertad de expresión.
El 24 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arrestó y puso en prisión preventiva al pastor evangélico protestante, y ex director de la Sociedad Bíblica de México, Abner López Pérez por el delito de fraude. En febrero, un juez ordenó la puesta en libertad de López, y le permitió permanecer en su residencia mientras se dictaba sentencia, ya que los cargos no eran lo suficientemente graves como para mantenerlo preso sin sentencia. La familia de López presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el personal de la Fiscalía General de la República por uso excesivo de la fuerza durante su detención.
Religiones por la Inclusión, un grupo de trabajo inter-religioso dirigido por el gobierno, siguió invitando a expertos para debatir sobre la discriminación y la intolerancia religiosas. En diciembre, el grupo celebró su foro anual sobre derechos humanos y religión. El grupo debatió trimestralmente sus experiencias con la intolerancia religiosa y la discriminación. Entre los miembros del grupo se encontraban líderes de las comunidades protestante, protestante evangélica, católica romana, judía, musulmana, sij, bahá’í, budista, de la Iglesia de Jesucristo, de la Luz del Mundo (LLDM), de la Iglesia Católica Antigua (Veterocatólica), de la Iglesia de la Cienciología y un representante del gobierno de la DGAR. Un representante wiccano (seguidor de la religión neopagana Wicca) se unió al grupo en junio. A lo largo del año, el CONAPRED impartió un curso sobre diversidad religiosa y acompañó a grupos religiosos en sus ceremonias, como la conmemoración judía del Holocausto, el Eid al-Fitr y el Eid al Adha, y el Año Nuevo Baháʼí.
En julio, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió un comunicado en el que pedía a las autoridades que cesaran la persecución, represión e intimidación de sus sacerdotes, tras las detenciones de siete sacerdotes y representantes eclesiásticos. Según las diócesis, las autoridades acusaron a los sacerdotes de cometer actos de violencia relacionados con su labor de consolidación de la paz en comunidades indígenas. En el mismo comunicado, las diócesis afirmaron que el crimen organizado se había infiltrado tanto en la policía local como en los sistemas judicial y político. Los medios de comunicación locales informaron de que la Fiscalía intentó culpar falsamente a sacerdotes de la desaparición de 19 personas en 2021. Al parecer, las desapariciones fueron cometidas por un grupo de autodefensa llamado “El Machete”, cuyo objetivo declarado es defenderse de las acciones de los cárteles de la droga y los grupos delictivos.
Sección III. Situación del Respeto Social a la Libertad Religiosa
Los líderes religiosos estuvieron a menudo implicados en la política y el activismo social y, por tanto, fueron más vulnerables a la violencia generalizada. Los incidentes de violencia contra líderes religiosos no parece que estuvieran basados únicamente en la identidad religiosa. El CMC identificó al país como el más violento para los sacerdotes católicos en América Latina por decimocuarto año consecutivo, afirmando que más de dos docenas de sacerdotes fueron asesinados en la última década y destacando que la situación reflejaba los altos niveles de violencia generalizada en el país. Según algunas ONG e informes de los medios de comunicación, los grupos de la delincuencia organizada siguieron señalando a algunos sacerdotes católicos y otros líderes religiosos y sometiéndolos a asesinatos, intentos de extorsión, amenazas de muerte, secuestros e intimidación, al parecer debido a su supuesto acceso a recursos económicos o a su labor de ayuda a los migrantes. Los funcionarios del gobierno federal y las autoridades de la Iglesia Católica siguieron afirmando que estos incidentes no eran resultado de creencias religiosas, sino que eran incidentes relacionados con la situación general de seguridad y la delincuencia. Según fuentes de las ONG, los delincuentes atacaron a sacerdotes católicos y otras figuras religiosas para crear miedo en la comunidad y una cultura del silencio, lo que permitió que el tráfico ilícito de drogas y armas continuara sin obstáculos.
A lo largo del año, el CMC informó de los asesinatos de al menos tres sacerdotes católicos. En mayo, en Tecate, Baja California, las autoridades encontraron el cadáver del sacerdote José Guadalupe Rivas, quien dirigía el albergue para migrantes Nuestra Señora de Guadalupe, y el de una persona no identificada, después de que desaparecieran durante dos días. La CNDH pidió a las autoridades que dictaran medidas cautelares para proteger a sus familias. En noviembre, cinco agresores no identificados mataron a puñaladas a un pastor cristiano, golpearon a su esposa y, presuntamente, violaron a su hija adulta en lo que, según los medios de comunicación, fue un atraco, aunque los agresores se marcharon sin llevarse dinero.
El 20 de junio, agresores no identificados mataron a dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, en el interior de una iglesia de Cerocahui, Chihuahua, después de que el guía turístico Pedro Palma buscara refugio de unos pistoleros que le perseguían. Al parecer, los agresores no identificados mataron a los dos sacerdotes por ofrecer refugio a un blanco del cártel. Los agresores se llevaron los tres cadáveres del lugar del crimen, los que las autoridades encontraron abandonados en las montañas cercanas dos días después. Los asesinatos provocaron la indignación internacional y el Presidente López Obrador lamentó públicamente el incidente y se comprometió a poner en marcha una investigación exhaustiva. La CEM hizo público un comunicado en el que exigía justicia y seguridad para todos en el país. A raíz de la gran repercusión mediática de los homicidios, grupos de la sociedad civil y líderes religiosos, en representación de 4,600 iglesias, organizaron en julio una oración nacional por la paz de un mes de duración. El secretario general de la CEM, monseñor Ramón Castro, pidió al gobierno que diseñara e implementara una nueva estrategia de seguridad, así como que las autoridades detuvieran al principal sospechoso de los homicidios, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, narcotraficante local presuntamente asociado con la célula “Los Salazar” del cártel de Sinaloa. La Fiscalía de Chihuahua abrió una investigación sobre el incidente y proporcionó protección a los testigos y a sus familiares. En agosto, según los informes, El Chueco amenazó al padre Jesús Reyes, testigo de los asesinatos, y advirtió que quemaría la comunidad y mataría a cualquiera que colaborara en los procesos de justicia para los sacerdotes. A finales de año, la Fiscalía había detenido a 31 personas relacionadas con los asesinatos, pero los sacerdotes locales seguían denunciando un clima de miedo en la comunidad.
El CMC reportó 800 incidentes de extorsión y amenazas dirigidas contra sacerdotes en todo el país entre octubre de 2021 y octubre de 2022; el CMC informó que estos incidentes representaron aproximadamente 850 denuncias anuales desde 2017. Según el CMC, es probable que los incidentes se subestimaran porque, desde 2020, los sacerdotes habían denunciado un aumento de las extorsiones digitales, un fenómeno que el CMC no vigilaba anteriormente.
A lo largo del año, el CONAPRED recibió tres denuncias por discriminación religiosa, mientras que en 2021 solo recibió dos. Una persona LGBTQI+ afirmó que no se le permitió recibir los sacramentos en la Iglesia de Jesucristo debido a su orientación sexual.
Durante el año, el CONAPRED siguió documentando la discriminación religiosa contra miembros de LLDM. Los seguidores de LLDM denunciaron que sus compañeros de colegio y trabajo les intimidaban y que los transeúntes que pasaban por delante de los templos atacaban verbalmente a los miembros llamándoles “secta”. Según CONAPRED, la discriminación contra los miembros de LLDM estaba posiblemente relacionada con la detención de su líder religioso, Joaquín García, acusado de violación y trata de menores.
En mayo, el CONAPRED colaboró con miembros de la comunidad judía para denunciar una boda de temática nazi oficiada por un sacerdote católico en el aniversario de boda de Hitler en Tlaxcala, el 29 de abril. El CONAPRED habló con la CEM para que instruyera a sus obispos a prohibir la simbología antisemita o discriminatoria. El 4 de mayo, el CONAPRED tuiteó: “La ley mexicana prohíbe el antisemitismo, por eso nos pronunciamos contra esta manifestación de intolerancia y toda forma de discriminación.” El 5 de mayo, la Diócesis de Tlaxcala denunció el uso de simbología nazi durante la boda, y ACI Prensa informó que la diócesis investigaría por qué se permitió la boda y educaría a los sacerdotes para evitar nuevos incidentes.
Según algunas fuentes, a menudo no se denunciaron los casos de discriminación religiosa debido al desconocimiento del proceso de denuncia.
El 4 de septiembre, unos 15,000 protestantes evangélicos participaron en una protesta contra el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las nuevas directrices educativas federales que, según los protestantes evangélicos, “promueven conceptos de sexualidad” para los niños.
Los representantes de la comunidad judía que evaluaron los mensajes, símbolos y lenguaje antisemitas en Internet desde enero hasta el 30 de septiembre descubrieron que Twitter representaba el 93 por ciento del contenido antisemita, Facebook el 3 por ciento, las fuentes de noticias el 2 por ciento y los blogs el 2 por ciento. Los tuits antisemitas solían hacer referencia al conflicto entre Israel y los Territorios Palestinos. El Comité Central de la Comunidad Judía de México detectó un aumento de las declaraciones antisemitas en mayo, tras las noticias de que las fuerzas israelíes habían matado a la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, y en agosto, después de que las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaran la Operación Amanecer.
Los medios de comunicación informaron que, después de que la profesora del Centro de Estudios Superiores de México de la Universidad de San Ángel, Irene García Méndez, contara un chiste antisemita durante una clase virtual en enero, la universidad la despidió poco después. En un comunicado, la universidad dijo: “Ofrecemos una disculpa a nuestros estudiantes, ex-alumnos, profesores y colaboradores, así como a la comunidad judía y a todas las personas ofendidas por estos comentarios fuera de lugar. El respeto es la base de nuestras acciones”.
El 24 de enero, los medios de comunicación informaron del despido de la profesora de historia de preparatoria, Ana Luisa Nevárez, quien en 2016 se había disfrazado de Adolf Hitler y había dividido a su clase en judíos y nazis como actividad educativa para enseñar acerca del Holocausto.
De acuerdo con StopAntisemitism.org, la administración y Nevárez hicieron caso omiso de las quejas de los estudiantes judíos, y no se tomaron medidas hasta que el incidente fue puesto en conocimiento de StopAntisemitism.org en enero.
El informe acerca del país de Lista Mundial de Persecución de 2022 de la ONG cristiana Open Doors volvió a denunciar que los grupos criminales perseguían a los cristianos por manifestarse abiertamente contra la violencia. Según CSW, en las comunidades indígenas, las mayorías religiosas seguían castigando o expulsando a los miembros de la comunidad que abandonaban el grupo religioso dominante de la misma.
En noviembre, en respuesta a una demanda de Derechos Humanos de parte de Kanan Derechos Humanos para prohibir las exhibiciones religiosas en los espacios públicos, la plataforma digital Falsas Máximas y Verdades Claras, dirigida por el padre cristiano apostólico Pablo Patrito, promovió un concurso (Sí a Nacimientos) para llenar de nacimientos los espacios públicos de todo el país. El concurso proponía a los participantes “colocar nacimientos en lugares públicos y enviar fotografías a nuestras redes sociales”. Además, el concurso incluía una categoría escrita para que los participantes presentaran “un ensayo de entre 2,000 a 5,000 palabras en el que expongan por qué los nacimientos y los símbolos religiosos tienen cabida en los espacios públicos”.
Sección IV Política y Compromiso del Gobierno de los Estados Unidos
Los representantes de la Embajada y del Consulado General se reunieron regularmente con los funcionarios gubernamentales responsables de los asuntos religiosos e indígenas, tanto a nivel federal como estatal. Los representantes de la embajada plantearon periódicamente cuestiones de libertad religiosa y libertad de expresión a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación.
El embajador se reunió individualmente con varios líderes religiosos e indígenas, entre ellos representantes de la Iglesia católica, el Comité Judío Estadounidense y mayordomos de comunidades católicas indígenas, que ejercen influencia religiosa, política y cultural a nivel local, para hablar de seguridad, migración, libertad de expresión y libertad religiosa.
Representantes de la Embajada se reunieron con miembros de grupos religiosos y organizaciones religiosas, entre ellos el Comité Central Menonita, el Comité Central de la Comunidad Judía, el CMC y CSW, centrándose en la seguridad de los trabajadores religiosos, las cuestiones humanitarias, la situación de la libertad religiosa y el apoyo a la tolerancia religiosa. Los funcionarios del Consulado General se reunieron con el Centro Social Israelita para hablar de la tolerancia hacia la diversidad religiosa.
La embajada publicó varios mensajes en las redes sociales para conmemorar la libertad religiosa, incluyendo la condena de Estados Unidos a las violaciones de la libertad religiosa, una celebración de la unidad interreligiosa y una conmemoración de las víctimas perseguidas por sus creencias religiosas.