MEXICO 2019 – INFORME INTERNACIONAL DE LIBERTAD RELIGIOSA
RESUMEN
La constitución concede a todas las personas el derecho a la libertad de culto, que incluye el derecho de participar en ceremonias y actos de culto. El artículo 40 de la constitución declara que el país es un Estado laico. Según la constitución, las comunidades indígenas gozan de una estructura legal protegida que les permite cierta autonomía de gobierno y la práctica de sus propios “usos y costumbres”. La Dirección General de Asociaciones Religiosas (DGAR), adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), siguió trabajando con los funcionarios estatales y locales en las investigaciones penales relacionadas con grupos religiosos. Durante el año, la DGAR investigó siete casos vinculados con la libertad de culto a nivel federal, en comparación con 11 en 2018. Una vez más, las autoridades gubernamentales afirmaron que los ataques y asesinatos de sacerdotes católicos y pastores protestantes evangélicos demostraban los altos niveles de violencia generalizada en el país, y que no eran motivados por sus creencias religiosas. La prensa informó que representantes del gobierno federal, estatal y municipal colaboraron con miembros de las comunidades indígenas en Altamirano, Chiapas, para solucionar un conflicto que data de 2018, en el que las familias protestantes evangélicas fueron expulsadas del pueblo por no practicar la religión católica romana y rehusarse a participar en los eventos culturales tradicionales. Conforme a las condiciones del acuerdo firmado, los miembros de las familias desplazadas habían vuelto, pero vivían en una comunidad aparte. La DGAR informó que, durante el año, se inscribieron 182 asociaciones religiosas nuevas, de las cuales 28 eran católicas y 154 representaban a otros grupos, principalmente pentecostales evangélicos.
Los líderes religiosos participan a menudo en activismo político y social, por lo que suelen estar expuestos a la violencia generalizada. En consecuencia, fue difícil clasificar que el motivo de muchos incidentes fuera exclusivamente la identidad religiosa. Continuaron los asesinatos y secuestros de sacerdotes y pastores. La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) denunció el asesinato de cinco líderes religiosos y el secuestro de otros tres, perpetrados por personas no identificadas. Por undécimo año consecutivo, el Centro Católico Multimedial (CCM) consideró a México el país de América Latina más violento para los sacerdotes, y manifestó que esto era representativo de los altos niveles de violencia generalizada en el país. Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) siguieron afirmando que grupos delictivos dirigían sus atentados a los sacerdotes católicos y otros líderes religiosos debido a que estas personas denunciaban la criminalidad y porque las comunidades las consideraban figuras de autoridad moral. De acuerdo con la CSW, las 28 familias que las autoridades locales expulsaron de Yashtinin, Chiapas, en 2015 seguían sin poder regresar a sus casas porque se rehusaban a participar en los eventos culturales indígenas tradicionales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) informó que las personas ateas y no católicas estaban más expuestas a la discriminación en la educación, la salud y el lugar de trabajo. El informe concluyó que las tasas promedio de asistencia escolar, contratos de trabajo y acceso a beneficios médicos tendían a ser ligeramente inferiores para las minorías religiosas. Las personas pertenecientes a estos grupos manifestaron que sus índices de analfabetismo eran algo más altos que el promedio nacional.
Los funcionarios de la Embajada y los Consulados de los Estados Unidos se reunieron con sus homólogos del Gobierno de México, organizaciones religiosas y ONG de todo el país para tratar el problema de la violencia contra los líderes religiosos y los informes de discriminación de minorías religiosas en algunas comunidades. Asimismo, los funcionarios de la embajada se reunieron con los miembros de grupos religiosos y ONG para obtener detalles de casos específicos, entre otros, el de la comunidad protestante de Cuamontax, municipio de Huazalingo, en el estado de Hidalgo.
Sección I. Demografía religiosa
El Gobierno de los Estados Unidos calcula que la población total de México asciende a 127,3 millones de habitantes (según cifras a mediados de 2019). El censo de 2010 indicó que cerca del 83% de la población se define como católica; el 5%, como protestante evangélica; el 1,6%, como pentecostal; el 1,4%, como testigos de Jehová; y el 0,5%, como judía. Otros grupos religiosos son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo) y los musulmanes. Más del 2% de la población señala que practica una religión no especifica de otra forma, y casi el 5% manifiesta que no profesa ninguna religión. Algunas personas indígenas siguen una religión sincrética basada en creencias indígenas.
Las estadísticas oficiales obtenidas de la autoidentificación expresada en el censo de 2010 difieren a veces de las cifras de afiliación declaradas por los grupos religiosos. Unas 315.000 personas se identificaron como miembros de la Iglesia de Jesucristo; no obstante, las autoridades mormonas afirmaron que su afiliación asciende a 1,3 millones aproximadamente. Hay grandes comunidades protestantes en los estados de Chiapas y Tabasco al sur del país. En Chiapas, los líderes protestantes evangélicos afirman que casi la mitad de los 2,4 millones de habitantes del estado son miembros de grupos evangélicos, entre ellos los adventistas del séptimo día; sin embargo, menos del 5% de los encuestados en Chiapas en el censo de 2010 se definieron como protestantes evangélicos.
De acuerdo con el censo de 2010, el total de la comunidad judía es de unos 67.500 miembros, de los cuales, casi 42.000 viven en la Ciudad de México y en el estado de México. Los datos de la SEGOB indican que alrededor de la mitad de los 4.000 musulmanes del país se concentran también en la Ciudad de México y en el estado de México. Según un estudio de 2017 de la Fundación Pew, la comunidad musulmana está integrada por menos de 10.000 personas. En el estado de Chiapas, también hay una población musulmana ahmadí integrada por varios centenares de personas, las cuales son en su mayoría convertidas y de origen étnico tzotzil maya. Además, existen pequeñas comunidades indígenas bahaíes con cientos de seguidores. Se estima que casi la mitad de los 100.000 menonitas del país se concentran en el estado de Chihuahua.
Sección II. Situación del respeto del gobierno hacia la libertad de culto
Marco jurídico
La constitución establece que todas las personas tienen el derecho de profesar o adoptar la religión que elijan, o de no seguir ninguna religión. Esta libertad incluye el derecho a participar de manera individual o colectiva, en público o en privado, en ceremonias, oraciones y actos de culto religiosos que no constituyan una infracción que la ley prohíba de alguna manera. El artículo 40 de la constitución declara que el país es un Estado laico. La condición de laico se menciona en otros tres artículos, entre estos, uno dedicado a la educación. El estado concede un trato equitativo a las libertades filosóficas de conciencia y religión. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban alguna religión. Los actos públicos de culto religioso deberían celebrarse en los lugares de culto. Las personas que celebran ceremonias religiosas fuera de los lugares de culto (para lo cual se exige un permiso) quedan sujetas al derecho reglamentario. El clero en activo no puede desempeñar cargos públicos, defender opiniones políticas partidistas, apoyar a candidatos políticos ni oponerse públicamente a las leyes o a las instituciones del Estado.
Para establecer una asociación religiosa, los solicitantes deben certificar que la iglesia u otro grupo religioso cumple, practica, propaga o imparte una doctrina religiosa o un cuerpo de creencias religiosas; ha llevado a cabo actividades religiosas en el país durante al menos cinco años; cuenta con un domicilio establecido en el país; y demuestra tener recursos suficientes para lograr su propósito. Las asociaciones inscritas pueden organizar libremente sus estructuras internas y adoptar estatutos o normas referentes a su autoridad y sus operaciones, lo que incluye la capacitación y el nombramiento de su clero. Pueden practicar el culto público y celebrar actos para el cumplimiento del propósito de la asociación de manera lícita y sin fines de lucro. Asimismo, pueden propagar su doctrina de acuerdo con los reglamentos aplicables y participar en el establecimiento, la administración, el mantenimiento y la dirección de instituciones privadas para la educación, el bienestar y la salud, siempre que estas no tengan fines de lucro.
No es necesario que los grupos religiosos estén inscritos en la DGAR para realizar sus actividades. La inscripción se exige para negociar contratos, comprar o alquilar terrenos, solicitar permisos oficiales de construcción, recibir exenciones de impuestos o celebrar reuniones religiosas fuera de los lugares de culto habituales. Los grupos religiosos deben solicitar permiso para construir edificios nuevos o para convertir edificios existentes en lugares de culto. Todos los edificios religiosos construidos después del 27 de enero de 1992 son propiedad del grupo religioso que los edificó y están sujetos al pago de los impuestos correspondientes. Todos los edificios religiosos construidos antes de esa fecha se consideran parte del patrimonio nacional y son propiedad del Estado.
Las asociaciones religiosas deben informar al gobierno de su intención de celebrar una reunión religiosa fuera de sus lugares de culto autorizados; sin embargo, no pueden llevar a cabo reuniones políticas de ningún tipo, ni ser propietarias o dirigir estaciones de radio o televisión. Las estaciones comerciales de radio o de televisión necesitan obtener permiso del gobierno para poder transmitir programación religiosa.
El gobierno federal coordina los asuntos religiosos por medio de la SEGOB y, dentro de esa secretaría, la DGAR promueve la tolerancia religiosa, lleva a cabo la mediación de conflictos e investiga los casos de intolerancia religiosa. Si una parte presenta una controversia basada en afirmaciones de intolerancia religiosa, la DGAR puede mediar para lograr una solución. Cada uno de los 32 estados tiene oficinas a cargo de los asuntos religiosos. El CONAPRED es una entidad federal autónoma responsable de garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades, incluso para los grupos religiosos minoritarios.
La ley dispone que el personal carcelario dé a los prisioneros un trato digno y equitativo, sin distinción por motivo de preferencias religiosas.
La constitución exige que la educación pública sea laica y excluye la enseñanza religiosa. Los grupos religiosos pueden dirigir escuelas privadas que imparten educación religiosa y celebran ceremonias de culto en sus centros. Las escuelas privadas afiliadas a un grupo religioso están abiertas a todos los estudiantes independientemente de sus creencias religiosas. Los estudiantes de las escuelas privadas están exentos de participar en los cursos y las actividades religiosas si no están afiliados al grupo religioso de la escuela. La educación en el hogar se permite en el nivel secundario después de concluir los estudios en una escuela primaria acreditada.
Una categoría de visado para miembros del clero y asociados religiosos de origen extranjero les permite obtener una visa de residente temporal, o bien de visitante sin permiso para llevar a cabo actividades religiosas remuneradas.
La constitución reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la autonomía y codifica su derecho de usar sus propios sistemas jurídicos para la resolución de conflictos en el interior de sus comunidades, al mismo tiempo que se respetan los derechos humanos según se definen en la constitución y en los tratados internacionales de los cuales el país es signatario. Además, la constitución protege el derecho de los líderes indígenas de practicar sus propios “usos y costumbres”. En ocasiones, el derecho a la autonomía de gobierno de las comunidades indígenas contradice otros derechos que determina la constitución, entre otros, la libertad de culto de los miembros de esas comunidades.
El país forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), y en este, afirma una declaración interpretativa y una reserva relacionadas con la libertad de culto. El artículo 18 del ICCPR indica que los países pueden limitar la libertad de culto solo cuando sea necesario “para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. La declaración interpretativa del país establece que los actos religiosos deben llevarse a cabo en los lugares de culto (a menos que se conceda permiso previo) y que no se reconoce la validez oficial de la educación profesional de los ministros religiosos.
Prácticas del gobierno
La DGAR siguió colaborando con las autoridades estatales y locales para mediar en los conflictos relacionados con la intolerancia religiosa y, durante el año, investigó siete casos vinculados con la libertad de culto a nivel federal, en comparación con 11 en 2018. En la mayoría de estos casos, estaban implicadas las minorías religiosas, por lo general, familias que afirmaban que miembros de la comunidad religiosa mayoritaria de su lugar de residencia los habían privado de sus derechos y servicios básicos, como agua y electricidad. Al terminar el año, todos los casos estaban pendientes en los siguientes estados: tres en Hidalgo, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Chiapas y uno en el Estado de México. Según la DGAR, la mayoría de los incidentes de discriminación religiosa se deberían haber presentado al gobierno estatal porque el gobierno federal no tenía jurisdicción. Las autoridades estatales y municipales mediaron con frecuencia en los conflictos entre grupos religiosos. Algunos grupos insistieron en que las autoridades casi nunca procuraban obtener penas judiciales para los líderes locales infractores, y que preferían llegar a soluciones mediadas informales. CSW indicó que las soluciones mediadas informales casi nunca lograban cambiar la situación imperante. Por ejemplo, la comunidad protestante de Cuamontax, Hidalgo, firmó un acuerdo de solución de conflicto en febrero que ordenaba su participación en los festivales católicos y su contribución económica a estos. Los grupos siguieron denunciando que eran insuficientes los recursos asignados a las dependencias federales y estatales dedicadas a la libertad de culto.
Durante el año, el CONAPRED recibió cuatro denuncias de discriminación religiosa, en comparación con cinco denuncias en 2018. Hubo tres denuncias de discriminación religiosa presentadas contra funcionarios públicos, y una persona presentó una denuncia de discriminación en un lugar de trabajo del sector privado.
La prensa informó que, en agosto, las autoridades locales expulsaron a 10 personas de una familia indígena de la aldea de Tajlovijho, Chiapas, por haberse convertido al protestantismo evangélico.
Representantes del gobierno federal, estatal y municipal colaboraron con miembros de una comunidad indígena en Altamirano, Chiapas, para solucionar un conflicto que data de 2018 entre la comunidad y las familias protestantes evangélicas que fueron expulsadas del pueblo por no practicar la religión católica. Según las condiciones de un acuerdo firmado, los miembros de las familias desplazadas habían vuelto, pero vivían aisladas de la comunidad principal.
En abril, la CSW publicó un informe de seguimiento sobre un caso ocurrido en 2012 en la comunidad de Yashtinin, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En 2012, las autoridades del pueblo detuvieron a 16 personas y las expulsaron por haberse convertido del catolicismo al protestantismo evangélico. Hacia 2015, 28 familias se habían visto forzadas a dejar Yashtinin debido a sus creencias religiosas. Durante el año, los representantes de la CSW se reunieron con algunas de las personas desplazadas y descubrieron que, aunque se informó a las autoridades de la situación y estas habían prometido una solución, seguía impidiéndose que estas personas volvieran.
A 7 de noviembre, la DGAR tenía inscritas a 9.464 asociaciones religiosas, un aumento de 48 con respecto a las 9.416 asociaciones que estaban inscritas en 2018, entre estas, 9.421 eran cristianas (un aumento de 315 con respecto a 2018), 12 budistas, 10 judías, tres islámicas, dos hinduistas y dos grupos de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Los musulmanes bahaíes y ahmadíes seguían sin inscribirse. La DGAR informó que, durante el año, se inscribieron 182 asociaciones religiosas nuevas, de las cuales 28 eran católicas y 154 representaban a otros grupos, pentecostales evangélicos principalmente. El aumento total de asociaciones fue de solo 48 más con respecto a 2018 porque algunos de los grupos ya inscritos cancelaron su registro.
Las ONG y algunas organizaciones religiosas siguieron afirmando que varias comunidades rurales e indígenas esperaban que sus residentes, independientemente de su religión, participaran en las reuniones religiosas comunitarias tradicionales y contribuyeran económicamente a ellas y, en algunos casos, se unieran a la religión de la mayoría. En abril, las autoridades locales detuvieron a 12 cristianos evangélicos en la comunidad de Chiquinivalvo, municipio de Zinacantán, Chiapas, por rehusarse a participar en una celebración católica. Las autoridades dejaron en libertad a los detenidos después de la intervención del gobierno federal en el ayuntamiento de la ciudad de Zinacantán. Cuando los detenidos volvieron a sus casas después de ser liberados, las autoridades locales habían desconectado de estas los servicios de agua y electricidad.
La DGAR informó que el gobierno federal siguió fomentando el diálogo con los actores religiosos con el objetivo específico de facilitar el ejercicio de la libertad de culto y resolver los conflictos relacionados con la intolerancia religiosa. El 20 de septiembre, la SEGOB presentó la “Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa: Creamos la Paz”. Las autoridades gubernamentales reiteraron que la nueva estrategia no influiría en la separación de la iglesia y el estado. Según Jorge Lee Galindo, director general adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la SEGOB, la estrategia era una iniciativa de colaboración concertada de elementos del gobierno para promover la libertad de culto. La estrategia comprende tres bases destinadas a crear conciencia acerca de la diversidad religiosa del país, mejorar el diálogo entre los grupos religiosos y establecer redes a nivel estatal y municipal dedicadas a la libertad de culto. Las iniciativas incluyen convocar mesas redondas y talleres, e impartir cursos a las autoridades estatales y los alumnos de las escuelas primarias acerca de los problemas de la libertad de culto.
En mayo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró la “Primera Jornada por la Diversidad Cultural” centrada en la diversidad religiosa. En ella, estuvieron presentes representantes del CONAPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y del Departamento de Educación federal. Durante el evento, la presidenta del CONAPRED, Alexandra Haas Pacuic, reconoció que las minorías religiosas del país afrontan prejuicios y obstáculos, incluso a niveles institucionales. También precisó que la religión es una de las principales causas de discriminación en el país, especialmente en los ambientes públicos, el transporte público, la escuela y el trabajo. La presidenta Haas Pacuic señaló además que la discriminación por motivos de religión solía coincidir con otras formas de discriminación, por ejemplo, racial y étnica, y que los conflictos religiosos también estaban relacionados frecuentemente con los conflictos por problemas políticos o de recursos naturales. En la reunión, participaron representantes de las religiones anglicana, bautista, budista, hinduista, judía, luterana, musulmana y sij.
Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad de culto
Los líderes religiosos participan a menudo en activismo político y social, por lo que suelen estar expuestos a la violencia generalizada. En consecuencia, fue difícil clasificar que el motivo de muchos incidentes haya sido exclusivamente la identidad religiosa. El Centro Católico Multimedial afirmó que, por undécimo año consecutivo, consideraba a México el país de América Latina más violento para los sacerdotes. De acuerdo con algunas ONG e informes de los medios de comunicación, los grupos delictivos organizados seguían haciendo a los sacerdotes católicos y otros líderes religiosos víctimas de asesinatos, intentos de extorsión, amenazas de muerte, secuestros e intimidación porque, según dijeron, consideraban que estas personas tenían acceso a recursos económicos, o bien por su trabajo de ayuda a los migrantes. Las autoridades del gobierno federal y de la Iglesia católica indicaron que las víctimas de estos incidentes no eran seleccionadas por sus creencias religiosas, sino que se trataba de incidentes relacionados con la situación general de la seguridad y la delincuencia. Algunas ONG afirmaron que los sacerdotes católicos eran víctimas de los delincuentes porque las comunidades los consideraban figuras de autoridad moral.
La prensa informó que, en junio, el pastor Aarón Bosques Montes de la Iglesia cristiana gitana fue asesinado en Cuernavaca, Morelos. Según se sabe, Bosques Montes se resistió a los intentos de extorsión de un grupo de delincuentes, y logró evadir un intento de secuestro de ese mismo grupo. El pastor había presentado ante la fiscalía una denuncia formal contra los líderes de la pandilla local de los hermanos Ortega Vélez y, supuestamente, el contenido de esa denuncia se filtró.
La CSW informó que el pastor Alfrery Líctor Cruz Canseco fue asesinado en su automóvil después de un servicio religioso el 19 de agosto en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Los miembros de la congregación impidieron la fuga del atacante, quien fue detenido más tarde por las autoridades; sin embargo, no se dio a conocer el posible motivo del delito. Los sitios de los medios de comunicación insinuaron que el ataque podía estar relacionado con los grupos delictivos que consideran a los líderes religiosos como una amenaza contra su autoridad.
De acuerdo con los informes de los medios de comunicación y con una declaración oficial publicada por la diócesis de Matamoros, el 22 de agosto, fue encontrado muerto a puñaladas el sacerdote católico José Martín Guzmán Vega dentro de su parroquia, Cristo Rey de la Paz, en las afueras de Matamoros, Tamaulipas. Los vecinos dijeron que habían oído gritos de ayuda y que encontraron al sacerdote cerca de la entrada de la iglesia. Al finalizar el año, la Procuraduría General del estado de Tamaulipas estaba investigando el asesinato, pero no había realizado ninguna detención.
En noviembre, nueve miembros de una familia perteneciente a una rama de los mormones asociada con la Iglesia de Jesucristo, que vivía en el rancho La Mora, Sonora, fueron emboscados y asesinados por personas vinculadas a un cartel de narcotraficantes. Las investigaciones de México y del FBI de los asesinatos indicaron que el motivo no estaba relacionado con la religión de las víctimas ni con su pertenencia a un grupo religioso, ya que ni estas personas ni el grupo mormón eran los blancos previstos del ataque.
La CSW expresó especial preocupación por las infracciones de la libertad de culto en el estado de Hidalgo debido a problemas constantes relacionados con el desplazamiento de grupos religiosos minoritarios y a la falta de avance en la solución de estos desplazamientos. En septiembre, el pastor protestante evangélico Omar Romero Cruz y otra persona fueron asesinados en el barrio de San Miguel de Ixmiquilpan, Hidalgo. La CSW informó que se creía que los perpetradores eran miembros de la delincuencia organizada, pero las autoridades indicaron que no habían establecido el motivo y, al finalizar el año, continuaban las investigaciones. La CSW denunció también que, el 3 de agosto, un grupo de delincuentes, que ya había intentado secuestrar a migrantes cubanos para pedir rescate, secuestró al pastor evangélico Aarón Méndez Ruiz, director de un albergue para migrantes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los medios de comunicación afirmaron que el responsable del secuestro era el Cartel del Noreste. A fines del año, se desconocía aún el paradero del pastor. Las cuentas de medios sociales y los medios de comunicación informaron que ese mismo cartel era responsable de la desaparición el 15 de septiembre del pastor Ricardo Alcaraz en Nuevo Laredo. Hacia fines del año, el pastor no había sido encontrado ni liberado.
Los representantes de la comunidad judía comunicaron que, de enero a junio, realizaron una evaluación en línea de mensajes, símbolos y lenguaje antisemitas, y descubrieron que Twitter contenía el 87,1%; fuentes de noticias, el 8,5%; los foros en línea; el 3,5%; y los blogs, el 0,9%. También mencionaron que el número de ataques antisemitas fue aproximadamente el mismo que en 2018. Por lo general, los tuits antisemitas hacían referencia al Holocausto y a Hitler, además de otro lenguaje despectivo.
El 28 de septiembre, los manifestantes en favor de la legalización del aborto prendieron fuego a la puerta de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Los feligreses se concentraron frente a la puerta para proteger el edificio. La prensa informó que, durante la manifestación, también se causaron daños a negocios y edificios públicos.
El grupo interreligioso de trabajo Religiones por la Paz siguió activo en el país y llevó a cabo mesas redondas interconfesionales y actividades de difusión. El grupo estuvo integrado por la Comunidad Judía de México, la Comunidad Budista de México, la Comunidad Sufí Nur Ashki al Yerrahi de México, la Comunidad Sikh Dharma de México, la Iglesia anglicana, la Iglesia luterana y la Iglesia de Jesucristo.
Sección IV. Política e interacción del Gobierno de los Estados Unidos
Representantes de la Embajada y de los Consulados de los Estados Unidos se reunieron periódicamente con las autoridades gubernamentales encargadas de los asuntos religiosos e indígenas a nivel federal y estatal. Los funcionarios a cargo de los derechos humanos en la embajada y los consulados plantearon repetidamente estos problemas a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación. Los funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por los continuos asesinatos de sacerdotes católicos y abusos contra las minorías religiosas, en especial contra los protestantes evangélicos, cometidos por los grupos de las mayorías religiosas y las autoridades locales.
El embajador y un funcionario de alto nivel de la embajada se reunieron con líderes religiosos y de la sociedad civil durante un viaje por todo el país para enfatizar la importancia del problema y reiterar el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos con la libertad de culto.
La embajada hizo varias publicaciones en los medios sociales con la etiqueta #LibertadReligiosa, así como las publicaciones del exembajador en los días de conmemoración de Rosh Hashanah, Hanukkah y la Virgen de Guadalupe.
Los representantes de la embajada se reunieron con miembros de grupos religiosos y de las ONG de afiliación religiosa, entre ellos, el Comité Central de la Comunidad Judía de México, la Tribuna Israelita, el Centro Católico Multimedial y la organización CSW, para hablar de la seguridad de los religiosos que trabajan en causas humanitarias, evaluar la situación de la libertad de culto y expresar apoyo a la tolerancia religiosa.