Procuradora General Loretta E. Lynch, y Fiscal Preet Bharara anuncian acusación formal de siete personas y seis detenciones en los Estados Unidos y Mé

WASHINGTON, D.C. – En el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York hoy se hizo pública la acusación formal contra siete personas por 21 cargos relativos a trata sexual, conspiración y otros delitos relacionados. La acusación alega que estos individuos son miembros de una organización internacional de tráfico sexual que operó en México y los Estados Unidos entre los años 2000 y 2016.  La acusación identifica a 14 víctimas.

Seis de los acusados fueron detenidos el 26 y 27 de octubre de 2016. Como parte de una acción policiaca coordinada, Raúl Romero Granados, alias “Chicarcas” o “El Negro”, de 32 años de edad, e Isaac Lomelí Rivera, alias “Giro”, de 34 años de edad fueron arrestados en los Estados Unidos. Efraín Granados Corona, alias “Chavito” o “Cepillo”, de 41 años; Alan Romero Granados, alias “El Flaco” de 24 años; Pedro Rojas Romero, de 37, y Emilio Rojas Romero, de 34, fueron detenidos en México. Juan Romero Granados, alias “Chegoya” o “El Güero”, aún está prófugo.  Autoridades mexicanas detuvieron a los presuntos delincuentes con base en las órdenes de arresto provisional presentados por los Estados Unidos en agosto de 2016.  Los delincuentes arrestados en los Estados Unidos fueron presentados al Juez Magistrado Kevin Nathaniel Fox del Distrito Sur de NuevaYork, y hoy fueron llevados ante el Juez Andrew L. Carter, Jr. del mismo distrito.

La Procuradora General Loretta E. Lynch, la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Preet Bharara, la Directora de la Oficina de Investigación e Inmigración y Aduanas (ICE) Sarah R. Saldaña, la Subprocuradora General Vanita Gupta, quien también encabeza la División de Derechos Civiles, y el Agente Especial a cargo Angel M. Melendez de la oficina de ICE en Nueva York anunciaron los cargos.

“La trata de seres humanos es una práctica corrosiva y degradante que va contra el estado de derecho y las normas más básicas de la dignidad humana”, dijo la Procuradora General Lynch. “Esta acusación es otra muestra de la firme determinación de hacer que los tratantes respondan por sus crímenes abominables, y de nuestra sólida determinación por ayudar a que las víctimas sobrevivientes reclamen su futuro y reinicien una nueva vida. Quiero felicitar a nuestros socios mexicanos en el área de procuración de justicia por su compromiso en combatir la trata de personas.  Agradecemos su colaboración continua en nuestros esfuerzos compartidos por acabar con la trata de personas en nuestras naciones”.

“La acusación indica que la supuesta conducta de los delincuentes detenidos es brutal y depredadora”, dijo la Fiscal Bharara. “Ellos presuntamente violaron, golpearon, torturaron y esclavizaron a sus víctimas, con frecuencia menores de edad, a quienes separaron de sus familias por la fuerza. Las acciones coordinadas de agencias de procuración de justicia de los Estados Unidos y de México, que hicieron posible presentar estos cargos reflejan nuestro compromiso conjunto de proteger a las víctimas de estos depredadores que tratan a seres humanos como objetos”.

 

“La explotación sexual de seres humanos es uno de los delitos más viles contra la humanidad, dijo la Directora del ICE Saldaña. “Esta operación refleja nuestro compromiso de llevar ante la justicia a los tratantes que no tienen ninguna consideración por la vida humana. Cada arresto es testimonio de la sobresaliente relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Estamos enviando el mensaje claro a los tratantes de que están en la mira de las agencias de procuración de justicia en ambos lados de la frontera”.

“A través de esfuerzos vigorosos de aplicar la ley y de asociaciones internacionales de colaboración, el Departamento de Justicia trabaja sin descanso para llevar a los tratantes ante la justicia y proteger a las víctimas de esta esclavitud moderna”, dijo la Subprocuradora General Gupta.  “Los culpables de la trata de personas degradan la humanidad de las víctimas vulnerables que son su blanco. Felicito a nuestros socios mexicanos por su dedicación en combatir el crimen atroz de la trata de personas, por su cooperación sostenida en promover los esfuerzos bilaterales de procuración de justicia, y por el papel crucial que desempeñaron en este caso”.

La trata de personas no es más que una forma moderna de esclavitud y a nadie se le debe forzar a vivir en un mundo de miedo y de servidumbre involuntaria”, dijo el agente especial a cargo del caso, Meléndez.  “Nuestra oficina seguirá firme en su compromiso de trabajar con socios en la procuración de justicia para desmantelar las organizaciones criminales internacionales involucradas en la trata de personas”.

Lo siguiente es el recuento de la acusación dada a conocer el 27 de octubre de este año en una corte federal en Manhattan:

Efraín Granados Corona, Raúl Romero Granados, Isaac Lomelí Rivera, Juan Romero Granados,  Alan Romero Granados, Pedro Rojas Romero y Emilio Rojas Romero son miembros de una organización internacional de trata sexual de personas. Muchos de los miembros son parientes.  Efraín Granados Corona es tío de Raúl Romero Granados, de Isaac Lomelí Rivera (por su relación con la sobrina de Granados Corona), de Juan Romero Granados y de Alan Romero Granados. Pedro y Emilio Rojas Romero son hermanos, al igual que Juan y Alan Romero Granados. Isaac Lomelí Rivera es cuñado de Raúl Romero Granados.

Por lo menos desde el año 2000 hasta ahora, esta banda utilizó promesas de romance, violencia física y sexual, amenazas, mentiras y presiones para forzar y obligar a mujeres menores y mayores de edad a prostituirse en México y en los Estados Unidos

La organización utilizó un enfoque similar en muchos casos. Con frecuencia un miembro se involucraría románticamente con la víctima, frecuentemente menor de edad – en México.  El tratante utilizaría entonces múltiples recursos para aislar a la víctima de su familia. En algunos casos, se valdría de promesas románticas para inducir a que la víctima dejara a su familia y viviera con él. En otros casos, violaría a la víctima, haciendo difícil que ésta regresara a su familia por el estigma de la violación. Una vez que la víctima era separada de su familia, el tratante monitorearía sus comunicación la mantendría encerrada en un departamento la dejaría sin alimentos y abusaría de ella física o sexualmente. Los tratantes también solían decir en ocasiones a sus víctimas que ellos debían grandes cantidades de dinero y que la víctima tendría que prostituirse para ayudar a pagar la deuda.  Típicamente, los tratantes obligarían a las víctimas a prostituirse en México, con frecuencia en el barrio conocido como “La Merced” en la ciudad de México. Frecuentemente se requeriría que las víctimas vieran por lo menos entre 20 y 40 clientes al día. Los tratantes monitorearían el número de clientes vigilando a la víctima, comunicándose con trabajadores de los prostíbulos y contando el número de condones proporcionados a la víctima. Los tratantes casi siempre requerirían que las víctimas les dieran todo el dinero obtenido de su actividad.

Luego de que una víctima hubiera trabajado prostituyéndose en México por algún tiempo, los tratantes arreglarían que fuera llevada ilegalmente a los Estados Unidos. Los miembros de la banda con frecuencia se ayudaban mutuamente en cuanto a los arreglos para llevar a las víctimas. En muchos casos, se introducían juntos ilegalmente en los Estados Unidos a múltiples tratantes y a múltiples víctimas. En otros casos, un tratante podía permanecer en México mientras arreglaba que una víctima fuera llevada ilegalmente por otro tratante y otras víctimas.

Una vez en los Estados Unidos, los miembros de STO mantenían por lo general a sus víctimas en uno o varios departamentos en la ciudad de Nueva York.  Con frecuencia se prohibía las víctimas que vivían en el mismo departamento que se comunicaran entre sí.  Una vez en los Estados Unidos, los tratantes seguirían ejerciendo violencia física y sexual, amenazas, mentiras y presiones para forzar a las víctimas a trabajar como prostitutas.

En la mayoría de los casos, el tratante u otro miembro daría a la víctima información de contactos para “buscar trabajo”.  Las víctimas trabajarían por lo general turnos en un prostíbulo o en “servicios de entrega”.  En este último, un chofer entregaría a la víctima en la casa de un cliente. Las casas de cita y servicios de entrega se ubican tanto dentro de Nueva York como en estados vecinos que incluyen pero no se limitan a Connecticut, Maryland, Virginia, Nueva Jersey y Delaware.

Por lo general cada cliente pagaba 30 o 35 dólares por 15 minutos de sexo.  El chofer del servicio de entrega o el prostíbulo se llevaría la mitad.  La cantidad restante se dría a la víctima quien sería obligada a entregarla toda al tratante.

Los tratantes con frecuencia enviaban o hacían que las víctimas enviaran electrónicamente parte de las ganancias de la prostitución a familiares y socios de los tratantes en México. Estas transferencias darían asistencia financiera a las familias de los tratantes y apoyo financiero a ellos mismos si regresaban a México.

Desde 2009, el Departamento de Justicia, a través de la Unidad Contra la Trata de Personas de la División de Derechos Civiles y la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Interna han colaborado con socios mexicanos de procuración de justicia en la Iniciativa Bilateral contra la Trata de Personas, que tiene por objeto fortalecer el alto impacto de juicios relacionados bajo las leyes de los Estados Unidos y de México.  La iniciativa busca desmantelar redes de trata de personas que operan a través de la frontera entre los dos países, llevar a los tratantes a la justicia, reunir a las víctimas con sus hijos y restaurar los derechos y la dignidad de las víctimas que estaban bajo control de las redes de tratantes.  Estos esfuerzos han resultado en juicios exitosos tanto en México como en los Estados Unidos, incluido el juicio de más de 50 delincuentes en casos múltiples en Nueva York, Georgia, Florida y Texas desde 2009, al igual que numerosos juicios federales y estatales en México de tratantes sexuales asociados.

El 23 de junio de este año, la Procuradora General Lynch anunció la extradición a los Estados Unidos de 5 delincuentes detenidos en México mediante una acción bilateral contra la trata de personas, la cual resultó en el arresto de ocho delincuentes que operaban una banda de trata sexual y que fueron acusados de 27 con cargos en el Distrito Este de Nueva York.  Al anunciar los cargos dados a conocer el 27 de octubre, la Procuradora Lynch felicitó a los socios mexicanos y estadounidenses por su compromiso compartido por mantener el impulso de estos esfuerzos coordinados y bilaterales contra la trata de personas.

Los cargos en esta acusación son aún alegatos y se presume que los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

Los siete acusados enfrentan cargos de conspiración para llevar a cabo la trata sexual, que tiene una sentencia máxima de cadena perpetua. Raúl Romero Granados y Efraín Granados Corona fueron acusados con dos cargos de trata sexual forzada contra  una menor utilizando fraude o presión, lo que también tiene una pena máxima de cadena perpetua. Emilio Rojas Romero, Pedro Rojas Romero e Isaac Lomelí Rivera fueron acusados con un cargo de trata sexual forzada, mediante fraude o presión, que tiene la misma condena máxima. A Raúl Romero Granados se le acusó de dos cargos de transportar a una menor de edad con fines de prostitución, y a Efrain Granados Corona se le acusó de transportar a una menor para prostituirla—cargo que también tiene una pena máxima de cadena perpetua.  Isaac Lomelí Rivera enfrenta dos cargos por transportar con fines de prostitución y Efraín Granados Corona, Juan Romero Granados, Alan Romero Granados, Pedro Rojas Romero y Emilio Rojas Romero enfrentan la acusación de transportar a personas con el fin de prostituirlas.  Esta acusación tiene una sentencia máxima de 10 años de prisión.

Al anunciar la acusación, la Procuradora Loretta E. Lynch, la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Preet Bharara, la Directora de la Oficina de Investigación e Inmigración y Aduanas (ICE) Sarah R. Saldaña y la Subprocuradora General Vanita Gupta felicitaron a la Oficina de Investigaciones Especiales de Nueva York del Departamento de Seguridad Interna, a la Agregaduría de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Interna en México, al Departamento de Estado y al Departamento de la Policía de Nueva York por su ayuda.  Elogiaron también al gobierno de México por el papel que desempeñó en esta acción bilateral para aplicar la ley. El Departamento de Justicia también reconoció a organizaciones no gubernamentales e individuos que proporcionan servicios a las víctimas y elogió sus esfuerzos dedicados para restaurar y mejorar la vida de los sobrevivientes de la trata, al igual que de sus familias, tanto en esto como en otros casos.

El caso contra los presuntos delincuentes está siendo llevado por los Fiscales Adjuntos Kristy J. Greenberg, Jane Kim y Rebecca G. Mermelstein del Distrito Sur de Nueva York con el apoyo de la Unidad Contra la Trata de Personas de la División de Derechos Civiles y la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal.