Palabras de la Subsecretaria Mandelker de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera
Quiero comenzar expresando mi profunda gratitud al gobierno mexicano, especialmente al Secretario Urzúa y al Director Nieto por su vital cooperación con la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en asuntos que son de la mayor importancia para ambos países. El anuncio conjunto de hoy no tiene precedentes. Me complace abrir un nuevo capítulo en nuestros esfuerzos bilaterales por identificar e interrumpir actividades que amenazan la integridad de nuestros sistemas financieros e instituciones democráticas.
Hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Tesoro publicó acciones de designación contra dos redes distintas perpetradoras de actos de corrupción en México. Estas acciones, que coordinamos estrechamente con la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Federal Mexicana, sancionan a un magistrado y a un ex gobernador mexicanos, así como a sus redes, debido a su participación en actos de corrupción.
La OFAC designó específicamente al magistrado mexicano Isidro Avelar Gutiérrez, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por sus acciones a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante de Los Cuinis, ambas organizaciones narcotraficantes previamente designadas de conformidad con la Ley Kingpin en 2015, que están estrechamente aliadas e involucradas en actividades de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Avelar Gutiérrez ha recibido sobornos de estas organizaciones criminales a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus cabecillas.
Hoy, la OFAC también designó a Roberto Sandoval Castañeda, el ex gobernador del estado de Nayarit, de conformidad con la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos, la cual combate a los autores de graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Sandoval Castañeda ha participado en una amplia gama de actos de corrupción, incluyendo el desvío de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, como el CJNG.
Como sabemos, el CJNG es una poderosa organización narcotraficante internacional que ha causado mucho dolor y sufrimiento en ambos lados de la frontera. El CJNG es responsable de gran parte del aumento de la violencia en México, al tiempo que envía muchas toneladas de drogas a los Estados Unidos, incluyendo la heroína con fentanilo. La corrupción de funcionarios, como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda, es clave para la letal estrategia de crecimiento del CJNG y otras organizaciones narcotraficantes, y con frecuencia permite que sus miembros operen con impunidad.
El CJNG y sus afiliados también participan en otras actividades criminales, incluyendo secuestro, asesinato, extorsión y prostitución. De hecho, el año pasado sancionamos a un fotógrafo venezolano llamado Miguel Leone, vinculado al CJNG, quien reclutaba modelos y participantes de concursos de belleza para prostituirlas en México y en otros lugares. Muchas de estas jóvenes eran de Venezuela, y estaban siendo explotadas por organizaciones criminales transnacionales. Esta situación es otro ejemplo de cómo la crisis en Venezuela puede tener un efecto dominó en todo el Hemisferio Occidental.
Desde el 2000, la OFAC ha designado múltiples organizaciones de narcotráfico bajo la Ley Kingpin, junto con numerosas personas que han sido responsables de la espantosa violencia aquí en México. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos continuará utilizando la Ley Kingpin para complementar los esfuerzos incesantes del gobierno mexicano y de la procuración de justicia de los Estados Unidos por frenar y desmantelar a los carteles mexicanos de la droga, incluso señalando a funcionarios corruptos que faciliten y permitan sus actividades.
Además del magistrado mexicano Isidro Avelar Gutiérrez, otras personas designadas hoy de conformidad con la Ley Kingpin incluyen a los hermanos Erika González Valencia e Ulises Jovani González Valencia, Víctor Francisco Beltrán García, un abogado con sede en Guadalajara, y Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises Jovani González Valencia, quienes han ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales, y a lavar dinero procedente del narcotráfico a nombre del CJNG y Los Cuinis.
La OFAC también designó hoy bajo la Ley Kingpin al socio principal del CJNG Gonzalo Mendoza Gaytán, también conocido como “El Sapo”, responsable de secuestros y numerosos asesinatos a nombre del CJNG. Su esposa Liliana Rosas Camba también fue designada por lavar las ganancias del CJNG procedentes del narcotráfico.
También seis empresas mexicanas fueron designadas hoy de conformidad con la Ley Kingpin, todas ellas ubicadas en el área de Guadalajara, Jalisco, incluyendo: despachos arquitectónicos, de bienes raíces, una tienda de ropa para mujer y una compañía administradora de restaurantes.
Hoy es nuestra primera aplicación de la Ley Global Magnitsky en México. Esta poderosa herramienta nos permite aplicar sanciones económicas contra los autores de graves abusos a los derechos humanos y hechos de corrupción. A la fecha, hemos utilizado esta herramienta más de 100 veces en todo el mundo. Desde el inicio de esta Administración, hemos sancionado a más de 600 personas y entidades que están involucradas con el abuso a los derechos humanos y/o la corrupción en todo el mundo.
Bajo nuestra Ley Global Magnitsky, la OFAC también designó hoy a tres de los parientes como cómplices de Sandoval Castañeda: Ana Lilia López Torres, su esposa; y sus hijos adultos Lidy Alejandra Sandoval López y Pablo Roberto Sandoval López. Sandoval Castañeda y estos familiares continúan disfrutando de los beneficios ilícitos de su esquema de corrupción.
Cuatro empresas mexicanas también fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de Sandoval o un pariente designado, incluyendo un negocio de carnicería, un comercio de ropa y accesorios, y una empresa de inversión inmobiliaria.
Las sanciones coordinadas con nuestros homólogos del gobierno mexicano, y con socios del gobierno de los E.U. muestra nuestro compromiso conjunto de combatir la corrupción, en México y el mundo, utilizando toda herramienta a nuestra disposición. Funcionarios corruptos se enriquecen despiadadamente a expensas de sus conciudadanos, y las sanciones económicas imponen un costo grave a estas personas, limitando su capacidad de disfrutar sus ganancias mal habidas. En la OFAC utilizamos un enfoque basado en redes para presionar a diferentes partes de organizaciones criminales extranjeras simultáneamente a fin de potenciar su interrupción. Nuestras sanciones sacan a estos actores corruptos del sistema financiero estadounidense, bloquean sus activos, interrumpen sus actividades aquí en México y brindan nuevas pistas para la aplicación de la ley en México y Estados Unidos.
Ya sea que los funcionarios corruptos reciban sobornos de una organización narcotraficante en particular o que participen en una variedad de otras actividades ilícitas, continuaremos utilizando nuestras sanciones u otras medidas para frenar y cambiar este comportamiento. Y por supuesto que continuaremos trabajando con nuestras contrapartes del gobierno mexicano para lograr nuestros objetivos compartidos de seguridad transfronteriza.
Una vez más, me gustaría agradecer a los dedicados profesionales de carrera en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del gobierno mexicano y otros socios del gobierno estadounidense que trabajamos juntos día a día para combatir la corrupción y el narcotráfico. Finalmente, quiero reiterar el compromiso del Tesoro de los Estados Unidos de trabajar con la administración del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador para identificar y combatir estas amenazas, incluyendo la financiación ilícita y la corrupción, que nuestros países enfrentan.