Reportes de Derechos Humanos – México 2017

RESUMEN

México, tiene 32 estados, es una república federal multipartidaria con un Presidente elegido y una legislatura bicameral. En 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó las elecciones para un mandato de un sexenio sin posibilidad de reelección que los observadores consideraron libres e imparciales. Los ciudadanos eligieron miembros del Senado en 2012 y miembros de la Cámara de Diputados en 2015. Los observadores consideraron libres e imparciales las elecciones para gobernadores de junio de 2016.

En general, las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad.

Los problemas más importantes relacionados con los derechos humanos comprendieron la participación de la policía, los militares y otros funcionarios públicos, a veces en coordinación con organizaciones delictivas, en homicidios ilegítimos, desapariciones y torturas; condiciones carcelarias difíciles y que ponían en peligro la vida en algunas prisiones; arresto y detención arbitrarios; intimidación y corrupción de jueces; actos de violencia contra periodistas por el gobierno y grupos delictivos organizados; violencia contra migrantes por funcionarios públicos y grupos delictivos organizados; corrupción; violencia letal y agresión sexual contra personas institucionalizadas con discapacidades; violencia letal contra miembros de la población indígena y contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, y violencia letal contra sacerdotes por organizaciones delictivas.

La impunidad en materia de abusos a los derechos humanos persistió en todo el país, con tasas de enjuiciamiento extremadamente bajas para todos los delitos.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

 

a. Privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilícitos o motivados por cuestiones políticas

Hubo numerosos informes de que el gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, con frecuencia impunemente. Los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, con frecuencia actuaron con impunidad y a veces en complicidad con funcionarios corruptos de los gobiernos estatales y locales y de seguridad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de 24 denuncias de “privación de la vida” desde enero hasta el 15 de diciembre.

En mayo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) arrestó y acto seguido transfirió a las autoridades civiles a un policía militar acusado de la ejecución ilícita el 3 de mayo durante la confrontación en Puebla entre soldados y una pandilla de ladrones de combustible. La fecha del juicio no se había fijado a fines de año.

Continuó el juicio civil que comenzó en 2016 del comandante del 97º Batallón de Infantería y otros tres oficiales militares acusados en 2016 de la detención ilícita y el asesinato extrajudicial en 2015 de siete presuntos miembros de un grupo delictivo organizado en Calera, Zacatecas.

Continuó la investigación federal a fines de año del tiroteo en 2015 en Tanhuato, Michoacán, en el que se acusaba a la policía federal de ejecutar a 22 personas tras una balacera y de alterar las pruebas. Una recomendación de la CNDH en agosto de 2016 afirmaba que el uso excesivo de la fuerza provocó la ejecución de por lo menos 22 personas. Además, la CNDH informó que dos personas habían sido torturadas, la policía proporcionó informes falsos acerca de lo acontecido y la escena del crimen había sido alterada. El Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales aseguró que el uso de la fuerza por la policía de Tanhuato fue justificado y proporcional a la amenaza que enfrentaban y negó que las ejecuciones hubieran sido arbitrarias. La CNDH pidió una investigación de la Fiscalía General y amplió la capacitación en derechos humanos de la policía e indemnización monetaria a las familias de las 22 víctimas. No se acusó a los agentes de la policía federal.

Las autoridades no hicieron más arrestos relacionados con los asesinatos de 10 personas ni por las detenciones ilícitas y lesiones sufridas por varios ciudadanos de Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015.

El 1 de agosto, un juez ordenó a las autoridades federales investigar si los comandantes del ejército participaron en 2014 en el asesinato de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México. En su fallo, el juez observó que la Procuraduría General de la República (PGR) no había investigado una supuesta orden militar emitida antes del incidente en la que se instaba a los soldados a “matar a los criminales bajo la sombra de la oscuridad”. En enero, un tribunal civil condenó a cuatro investigadores de la oficina del fiscal general del Estado de México bajo cargos de tortura, también relacionados con el caso Tlatlaya. En 2016, un tribunal federal civil absolvió a siete militares de los cargos de homicidio, citando pruebas insuficientes. En 2015, el Sexto Tribunal Militar condenó a un soldado y absolvió a otros seis por cargos de desobediencia militar relacionados con el mismo incidente. Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su inquietud por la falta de condenas en el caso y la ausencia aparente de una investigación de la jerarquía de mando.

El 17 de octubre, la Policía Federal alistó un protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza. El protocolo instruye a la policía federal a hacer uso de la fuerza “de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos”.

Las organizaciones delictivas llevaron a cabo abusos contra los derechos humanos y asesinatos generalizados en todo el país, a veces en coordinación con agentes estatales.

Al 20 de noviembre, según informes de los medios de comunicación, las familias de las personas desaparecidas y las autoridades habían descubierto más de 1,588 fosas clandestinas en 23 estados. Por ejemplo, en marzo, localizaron 252 cráneos humanos en una fosa común en Colinas de Santa Fe, Veracruz. Desde enero de 2006 hasta septiembre de 2016, la CNDH informó que se identificaron más de 850 fosas comunes en todo el país. Los grupos de la sociedad civil señalaron que había pocos esfuerzos de antropología forense en curso para identificar restos.

b. Desaparición

Hubo denuncias de desapariciones forzadas, como la sustracción o el encarcelamiento de una persona, por fuerzas de seguridad y muchas desapariciones forzadas relacionadas con grupos delictivos organizados, a veces con acusaciones de desapariciones forzadas en colusión con el Estado. Al recabar datos, el gobierno a menudo mezclaba estadísticas de las personas desaparecidas a la fuerza con las extraviadas que no se sospechaba habían sido víctimas de desapariciones forzadas y por lo tanto se dificultaba el acopio de estadísticas precisas sobre el alcance del problema.

Si bien en la ley federal se prohíben las desapariciones forzadas, las leyes relativas a las desapariciones forzadas difieren en gran medida en los 32 estados y no todas tipifican la “desaparición forzada” como distinta del homicidio o el secuestro.

La investigación, el enjuiciamiento y la sentencia por el delito de desaparición siguen siendo inusuales. La CNDH registró 19 casos de presuntas desapariciones forzadas al 15 de diciembre.

Hubo informes fidedignos de implicación de la policía en secuestros extorsivos, y en ocasiones se acusó a funcionarios federales o miembros de las fuerzas de defensa nacionales de perpetrar este delito. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del gobierno estimó que 94% de los delitos no se denunciaron o no se investigaron y que puede que sea mayor el porcentaje de secuestros que no se denunciaron.

En enero, fiscales civiles acusaron a cinco marinos de la detención ilegal de un hombre en el Estado de México. La fecha del juicio no se había fijado a fines de año. En julio, la Secretaría de Marina (SEMAR) arrestó y transfirió a las autoridades civiles a siete marineros por su presunta participación en una serie de secuestros.

El 16 de noviembre, el Presidente promulgó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas que terminó su proceso legislativo en el Congreso luego de tres años. El ordenamiento prevé entre 40 y 90 años de prisión para quien sea encontrado culpable del delito de desaparición forzada, y dispone la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, un Banco Nacional de Datos Forenses, un Sistema de Datos de Alerta Amber y una Comisión Nacional de Búsqueda.

La CNDH registró 19 casos de presuntas desapariciones forzadas al 15 de diciembre. Según un informe de abril sobre desaparecidos, la CNDH denunció 32,236 casos registrados de personas desaparecidas a septiembre de 2016. La CNDH informó que 83% de los casos se habían concentrado en los estados siguientes: Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán.

Al 30 de abril, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas registró 31,053 personas extraviadas o desaparecidas. Tamaulipas fue el estado en que más personas estaban extraviadas o desaparecidas, 5,657, seguido del Estado de México, que registró 3,754, y luego Jalisco, con 2,754 casos. Los varones representaron 74% de las personas desaparecidas, según la base de datos.

Para el mes de agosto, el Subprocurador General de Derechos Humanos investigaba 943 casos de personas desaparecidas. La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR había abierto 747 casos de víctimas; la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes había abierto casos de 143 víctimas; la Oficina de Investigación del Caso Iguala investigaba 43 casos y la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas había abierto casos de 10 víctimas.

En el nivel estatal, en marzo, las autoridades del estado de Jalisco anunciaron la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la PGR. Al 31 de mayo, el sistema de Alerta AMBER para menores desaparecidos se había usado 964 veces (desde su creación en 2013). Al 31 de mayo, otro sistema de alerta para anunciar la desaparición de una mujer o una niña, el Protocolo Alba para Jalisco, se había usado más de 1,200 veces desde su creación en abril de 2016.

En junio, las autoridades del estado de Chihuahua anunciaron la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos de la PGR entre otras, las desapariciones forzadas. Según una ONG local, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua era uno de los estados con el mayor número de desapariciones forzadas, más de 1,870 víctimas a mayo de 2016. Durante el año, el estado también suscribió un memorando de entendimiento con un grupo de expertos forenses independientes de Argentina para analizar los restos humanos encontrados en los municipios de Cuauhtémoc, Carichí y Cusihuiriachi y tomar muestras de ADN.

La gubernatura y la fiscalía general de Coahuila formaron un grupo de trabajo conjunto a principios de año para mejorar la unidad para desapariciones del estado en colaboración con la ONG local Fray Juan de Larios a fin de crear el primer registro de personas desaparecidas de Coahuila. El gobernador se reunió mensualmente con las familias de las personas desaparecidas. Los fiscales del estado de Coahuila continuaron investigando las desapariciones forzadas en manos de la organización delictiva transnacional los Zetas registradas entre 2009 y 2012. Estas desapariciones, realizadas en colusión con algunas autoridades estatales y la policía municipal, ocurrieron en las ciudades fronterizas de Piedras Negras, Allende y Nava. Los fiscales generales del estado ejecutaron 18 órdenes de detención en la masacre de Allende; entre los detenidos se encontraban 10 ex-policías. Por separado, se emitieron 19 órdenes de detención de oficiales de la prisión estatal de Piedras Negras acusados de permitir a una organización delictiva transnacional usar la prisión como base para matar e incinerar víctimas.

Algunas ONG de derechos humanos locales criticaron la respuesta del estado, aduciendo que los tribunales dejaron en libertad a la mayoría de las personas arrestadas luego de que el estado presentó cargos de secuestro contra los acusados en lugar de los cargos por desaparición forzada. Una coalición de ONG de derechos humanos radicadas en Coahuila, muchas de estas respaldadas por la Diócesis de la Iglesia Católica Romana de Saltillo, presentaron un comunicado ante la Corte Internacional de la Haya denunciado que el gobierno estatal estaba coludido con organizaciones delictivas transnacionales responsables de la pérdida masiva de vidas de civiles entre 2009 and 2012, durante la administración del entonces gobernador Humberto Moreira. Agregaron que entre 2012 y 2016, durante la administración del entonces gobernador Rubén Moreira (hermano de Humberto), las autoridades de seguridad del estado cometieron crímenes de lesa humanidad en la lucha contra los Zetas, por ejemplo, detenciones injustas y tortura. En julio, el gobierno estatal disputó estos fallos y presentó evidencia de sus investigaciones en estos casos.

En un estudio de desapariciones forzadas en Nuevo León publicado en junio, investigadores del profesorado de América Latina del Observatorio de Desapariciones e Impunidad de la Universidad de Minnesota, junto con la Universidad de Oxford, hallaron que las 548 desapariciones forzadas documentadas en el estado entre 2005 y 2015 se dividían casi por igual entre las ordenadas por agentes estatales (47%) y las ordenadas por organizaciones delictivas (46%). De los agentes estatales que se presume que estaban detrás de las desapariciones, 35 eran oficiales federales o militares, 30 eran oficiales estatales y 65, oficiales municipales. El estudio dependió principalmente de entrevistas con miembros de pandillas encarcelados y familiares de las personas desaparecidas.

En mayo, el gobierno estatal de Veracruz estableció una base de datos en línea de desapariciones en la que se documentaban 2,500 víctimas, y comenzó una campaña para que se recogieran muestras para una base de datos de ADN con el fin de prestar asistencia en las identificaciones.

En 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso en marcha un mecanismo de seguimiento acordado por el gobierno, la CIDH y las familias de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. El gobierno proporcionó fondos para financiar el mecanismo de seguimiento del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que apoyaron la investigación de las desapariciones y asistieron a las familias de las víctimas durante su mandato de 2015 a 2016. Al término de este, en abril de 2016, los expertos publicaron su informe final, en el que critican duramente la manera como el gobierno manejó el caso. El gobierno federal informó haber cumplido 923 recomendaciones de los expertos, de las 973. En diciembre, el gobierno prolongó el mandato un año más.

Según información proporcionada por el Procurador General en agosto, las autoridades acusaron a 168 personas y arrestaron a 128, entre ellas, 73 oficiales de la policía, de las ciudades de Cocula e Iguala, y a 55 presuntos miembros de una organización de narcotraficantes, Guerreros Unidos, que radica en Guerrero, involucrados en el caso de Iguala. Las autoridades detuvieron a muchas de las personas arrestadas acusadas de delitos relacionados con la delincuencia organizada en lugar de cargos relacionados con la desaparición de los estudiantes, según el GIEI. En 2016, las autoridades arrestaron al exjefe de la policía de Iguala Felipe Flores quien se había estado ocultando desde las desapariciones, ocurridas en 2014. Un informe de la CNDH de 2016 implicó en los asesinatos a oficiales de la policía local y federal de la ciudad vecina de Huitzuco. Representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación se reunieron con regularidad con las familias de las víctimas para ponerlas al día sobre el progreso alcanzado en el caso. Tanto las autoridades federales como las estatales seguían investigando el caso a fines de año, incluso el paradero de los estudiantes extraviados o de sus restos.

En abril, el Mecanismo de Seguimiento “expresó su preocupación ante la falta de celeridad en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”. La Comisión constató que, “a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación”. La Comisión señaló el progreso de “las gestiones administrativas efectuadas para la contratación de la tecnología del sistema de medición y detección de objetos mediante láser (LIDAR) para ser utilizada en la búsqueda de los estudiantes, los avances en la investigación de la telefonía y el establecimiento de un cronograma para tomar declaraciones de detenidos y otras personas. Asimismo, valora los avances en las investigaciones sobre posible involucramiento de policías de Huitzuco”. En julio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifiesto preocupación ante las denuncias sobre supuesto espionaje ilegal contra “al menos un integrante del GIEI”, junto con periodistas y defensores de derechos humanos.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La ley prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las confesiones obtenidas por medios ilícitos no son admisibles como pruebas en los tribunales. Pese a estas prohibiciones, hubo informes de tortura y otras penas ilícitas.

Al 30 de noviembre, la CNDH registró 85 denuncias de tortura. Las ONG declararon que en algunos casos la CNDH clasificó erróneamente la tortura como un trato inhumano o degradante.

Menos de 1% de las investigaciones federales de tortura resultó en enjuiciamiento y condena, según datos del gobierno. La PGR llevó a cabo 13,850 investigaciones de tortura entre 2006 y 2016, y las autoridades informaron de 31 condenas federales por tortura durante ese período. El Congreso aprobó y el Presidente firmó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio. Grupos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) elogiaron la ley, que establece una “prohibición absoluta” del uso de la tortura “en cualquier circunstancia”, asigna responsabilidad de mando, establece una sentencia de hasta 20 años de prisión para funcionarios del gobierno condenados y de hasta 12 años de prisión para condenados no oficiales, estipula medidas para prevenir la obstrucción de investigaciones internas, y prevé un mecanismo nacional para prevenir la tortura y un registro nacional a cargo de la PGR.

La ley también elimina el requisito de que las denuncias penales formales se presenten antes de que se pueda inscribir una denuncia de tortura en el registro nacional, añade penas mayores para la condena de tortura de clases de víctimas “en mayor grado de vulnerabilidad” (mujeres y personas con discapacidades), permite la investigación federal de casos de tortura estatales cuando un organismo internacional haya emitido un fallo en el caso o la víctima así lo solicite, y elimina el requisito que previamente impedía que los jueces ordenaran investigaciones de casos de tortura.

En 2015 la PGR creó la página del Sistema de Consulta de Detenidos para permitir al público dar seguimiento a la situación de las personas detenidas dentro del sistema penitenciario federal, incluso su ubicación física, en tiempo real. La Procuraduría colaboró con los 32 estados en la implementación del sistema en los niveles estatal y federal y el promedio de visitas diarias fue de 476. Los estados que habían avanzado más en la implementación del sistema fueron Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

El 30 de marzo, la fiscalía general de Quintana Roo se disculpó con Héctor Casique, quien fue torturado y condenado injustamente por múltiples cargos de homicidio en 2013 durante una administración estatal anterior. En septiembre de 2016, Casique fue liberado de la prisión. El 9 de junio, fue asesinado por asaltantes desconocidos.

El 22 de agosto, un juez estatal absolvió y ordenó la liberación de María del Sol Vázquez Reyes después de casi cinco años de prisión por condenas por crímenes que el tribunal encontró que se había visto obligada a confesar bajo tortura por la ex agencia de investigación de la policía estatal de Veracruz. Los agentes que la torturaron no habían sido acusados antes de fin de año.

En mayo, en Chihuahua, el fiscal Miguel Ángel Luna López fue suspendido luego de que se hiciera público un video del 2012 que lo mostraba interrogando a dos sospechosos con caras vendadas. Luna fue reintegrado como agente de la policía mientras la investigación continuaba. También en Chihuahua, en enero, un ex-agente de la policía municipal, Erick Hernández Mendoza, fue acusado formalmente de torturar a un ama de llaves bajo sospecha de robarle a su empleador. Otros dos agentes de la policía que supuestamente tomaron parte en su tortura no fueron acusados.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Las condiciones en las cárceles y centros de detención podían ser muy duras y poner en riesgo la vida debido a la corrupción, el hacinamiento, el maltrato de los presos, la violencia de los reclusos, el alcoholismo y la adicción a drogas, la asistencia médica inadecuada, las condiciones de higiene y la alimentación deficientes, la mezcla de los reclusos en prisión preventiva con los condenados, así como la falta de seguridad y control.

Condiciones físicas: En un informe que publicó la CIDH, se señaló que los centros de detención estatales adolecían de “autogobierno descontrolado en ámbitos tales como seguridad y acceso a servicios básicos, violencia entre los reclusos, falta de atención médica, falta de oportunidades de reinserción social, falta de atención diferenciada a grupos de interés particular, abuso por personal de la prisión y falta de mecanismos eficaces de reclamo”. En algunas de las cárceles más hacinadas proliferaban los amotinamientos, homicidios motivados por la venganza y fugas.

Las pandillas delictivas a menudo tenían el control de hecho al interior de las prisiones.

Las condiciones de salud y sanitarias eran malas, y la mayoría de las cárceles no ofrecieron atención psiquiátrica. Con frecuencia, algunas cárceles se encontraron dotadas de funcionarios correccionales mal capacitados, mal pagos y corruptos, y ocasionalmente las autoridades dejaron a los reclusos en confinamiento solitario indefinidamente. Las autoridades alojaron a los detenidos en prisión preventiva junto con los reclusos condenados. La CNDH señaló la falta de acceso a la atención sanitaria adecuada como un problema grave. La calidad y cantidad de alimentos, la calefacción, ventilación e iluminación variaron entre las distintas instalaciones, y en general las cárceles que han recibido acreditaciones internacionales presentaron las mejores condiciones.

Un informe de junio de la CNDH señalaba que muchas prisiones, en particular correccionales administradas por el estado, adolecían de inseguridad, hacinamiento e insuficiencia de personal. Dicha Comisión inspeccionó las condiciones de más de 190 prisiones estatales, locales y federales y encontró que los reclusos a menudo controlaban algunas áreas de las cárceles o se dedicaban al contrabando dentro de ellas. El informe señalaba la insuficiencia de personal, los procedimientos inseguros y la atención médica deficiente en muchos establecimientos. Los reclusos organizaban escapes masivos, se peleaban y participaban en tiroteos usando las armas que los policías y guardias introducían de contrabando a la prisión. Un informe publicado en marzo por la Comisión de Seguridad Nacional afirmaba que 150 prisiones federales y estatales estaban hacinadas y excedían la capacidad por 17,575 presos.

El 31 de julio, el INEGI publicó su primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, basada en 211,000 presos encuestados en las 338 penitenciarías estatales y federales del país. La encuesta reveló que 87% de las personas recluidas en las prisiones notificaron sobornar guardias para conseguir alimentos, hacer llamadas telefónicas u obtener cobijas y colchones. Otra encuesta de 64,000 prisioneros indicó que 36% informaron pagar sobornos a otros reclusos, que con frecuencia controlaban partes de las penitenciarías, y 50% dijeron que pagaban sobornos para que se les permitiera tener electrodomésticos en sus celdas y otro 26%, para tener dispositivos electrónicos de comunicaciones, entre otros, teléfonos celulares, que estaban prohibidos en muchas prisiones.

La CNDH informó que las condiciones de las cárceles de mujeres fueron peores que las observadas en las cárceles de hombres debido a la falta de instalaciones habitacionales apropiadas y de atención médica especializada. La CNDH encontró denuncias de abuso sexual de internas en el Centro de Detención de Nezahualcoyotl, Bordo de Xochiaca en el estado de México. También hubo denuncias de explotación sexual de reclusas en la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

La CNDH notificó 86 homicidios y 26 suicidios en las prisiones estatales y distritales en 2016. Esta Comisión no recibió información de 14 estados acerca de homicidios y suicidios. La CNDH señaló en su informe de 2016 sobre las cárceles que, en general, no estaban preparadas para prevenir o enfrentar situaciones violentas como suicidios, homicidios, riñas, lesiones, amotinamientos y fugas.

El gobierno del estado de Tamaulipas luchó para recuperar el control de sus prisiones tras décadas de ceder la autoridad a las pandillas, según los medios de comunicación e informes de ONG. Organizaciones delictivas peleaban constantemente por el control de los centros penitenciarios y varios motines dejaron un saldo de más de una docena de reclusos muertos, entre las víctimas, tres prisioneros extranjeros, en los últimos dos años (dos en Nuevo Laredo y uno en Ciudad Victoria). El 18 de abril, durante una inspección de la prisión de Ciudad Victoria se descubrieron cuatro armas cortas, dos AK-47, una granada de mano y 108 armas blancas. El 6 de junio, el saldo de un amotinamiento en el mismo centro fue de tres vidas de policías estatales y cuatro reclusos. El 31 de julio, el funcionario a cargo de los penales de Tamaulipas, Felipe Javier Téllez Ramírez, fue asesinado en Ciudad Victoria presuntamente como represalia por las amenazas contra las pandillas delictivas en el sistema carcelario estatal.

Los estallidos de violencia y los conatos de fuga también asediaron el sistema carcelario de Tamaulipas. El 22 de marzo, se fugaron 29 reos que escaparon por un túnel cavado en una prisión en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El 19 de junio, se fugaron ocho reos del centro tutelar de Güémez, en Tamaulipas. El 10 de agosto, nueve internos murieron y 11 salieron heridos en un enfrentamiento en un penal de Reynosa donde previamente se había descubierto un túnel. Custodios dispararon munición viva para controlar la situación, que se desató en horas de visita de familiares.

El 28 de junio, fueron asesinados 28 reos por sus rivales en una prisión en Acapulco. Tres guardias penitenciarios fueron arrestados por haber permitido a los atacantes salirse de sus celdas para matar a sus rivales.

El 9 de octubre, se contuvieron los primeros disturbios en el penal estatal de Cadereyta, Nuevo León, que resurgieron al día siguiente cuando un grupo de internos provocó incendios. Según informes de prensa, un prisionero murió en esos incendios. Después de que tres guardias fueron tomados como rehenes se envió a la policía estatal para que controlara la situación. Fuentes oficiales aseguraron en sus informes que al menos 16 reos murieron durante el amotinamiento, algunos a causa de la acción policial para recuperar el control del penal. Se trató del quinto amotinamiento en una prisión de Nuevo León desde 2016.

Grupos de la sociedad civil informaron de abusos de migrantes en algunos centros de detención. Grupos de derechos humanos informaron que muchas veces los solicitantes de asilo del Triángulo Norte de Centroamérica recluidos en centros de detención y de migrantes transitorios fueron objeto de abuso cuando se mezclaron con otros migrantes de la región, como miembros de la Mara Salvatrucha MS-13. Además, oficiales de servicios migratorios presuntamente desalentaron a personas que pudieran necesitar asistencia internacional de solicitar asilo, arguyendo la probabilidad de que no se aprobaran sus solicitudes. Como consecuencia de estas condiciones, muchas personas que podrían haber solicitado asilo y que necesitaban protección internacional abandonaron sus solicitudes (véase también la sección 2.d.).

Administración: Si bien reclusos y detenidos podían denunciar violaciones de los derechos humanos, el acceso a la justicia fue irregular, y en general, las autoridades no divulgaron al público los resultados de las investigaciones.

Vigilancia independiente: El gobierno permitió la vigilancia independiente de las condiciones carcelarias por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos. Generalmente, quienes efectuaron la vigilancia independiente se encontraron limitados a hacer recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones carcelarias.

Mejoras: Las instalaciones estatales siguieron tratando de obtener la acreditación internacional de la Asociación Americana de Prisiones, que requiere el cumplimiento demostrado de una serie de normas internacionales. Al 20 de agosto otros 12 establecimientos correccionales habían obtenido la acreditación de la asociación, con lo que ascendió a 70 el total de los establecimientos federales y estatales acreditados.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, y establece el derecho de cualquier persona de impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal, pero el gobierno en ocasiones no respetó estas prohibiciones.

Función de la policía y del aparato de seguridad

La policía federal, así como también la estatal y municipal, tiene la responsabilidad primordial de hacer cumplir las leyes y mantener el orden. La policía federal está bajo la autoridad del Secretario de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad; la policía estatal está bajo la autoridad de cada uno de los 32 gobernadores, y las fuerzas de la policía municipal están bajo la autoridad de los alcaldes locales. La SEDENA, que supervisa al ejército y la fuerza aérea, y la SEMAR, que supervisa a la fuerza naval y la infantería de marina, también desempeñan un papel en la seguridad interna, en particular respecto de la lucha contra los grupos delictivos organizados. El Articulo 89 de la Constitución concede al Presidente la autoridad para disponer de las fuerzas armadas para proteger la seguridad interior y nacional, y los tribunales han afirmado la legalidad de la función de las fuerzas armadas de asumir estas actividades para apoyar a las autoridades civiles. El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), es el órgano administrativo que aplica las leyes migratorias y protege a los migrantes.

El 21 de diciembre, el Presidente firmó la Ley de Seguridad Interior, que provee un marco jurídico más explícito para la actuación que han tenido las fuerzas armadas por muchos años en tareas de seguridad pública. La ley autoriza al Presidente a desplegar las fuerzas militares a cualquier estado a solicitud de las autoridades civiles para asistir en la vigilancia policial. La ley subordina las operaciones de aplicación del derecho civil en algunas instancias a las autoridades militares y habilita al Presidente a ampliar indefinidamente el despliegue de fuerzas militares en casos de “grave peligro.” Luego de firmar la ley, el Presidente Peña Nieto afirmó públicamente que no implementaría la ley hasta que la Suprema Corte de Justicia hubiera tenido la oportunidad de revisar cualquier impugnación de la constitucionalidad de la nueva ley. A fines de año no se habían sometido impugnaciones a la Suprema Corte. La ley fue aprobada pese a las objeciones de la CNDH, la Arquidiócesis Católica, organizaciones de la sociedad civil, la CIDH y varios organismos y funcionarios de las Naciones Unidas, entre ellos el ACNUDH, que argumentaban que podía militarizar más la seguridad ciudadana y exacerbar los abusos de derechos humanos. El gobierno alegó que la ley serviría de hecho para limitar la función de las fuerzas militares en la aplicación del derecho civil mediante el establecimiento de estructuras de mando y criterios para las intervenciones. Los militares buscaban desde hace tiempo reforzar el marco jurídico para las operaciones nacionales que les han ordenado realizar las autoridades civiles. Los proponentes de la ley también sostenían que, puesto que muchas organizaciones policiales civiles eran incapaces de hacer frente a los retos de seguridad pública por sí mismos, la ley únicamente esclarecía y fortalecía el marco jurídico para lo que es una necesidad práctica. Muchos interlocutores de ambas partes que argumentaban sobre la ley sostuvieron que el país aún no había creado instituciones para la aplicación del derecho civil capaces de garantizar la seguridad ciudadana.

La ley estipula que las instituciones militares transfieran los casos relacionados con víctimas civiles, incluidos los casos de derechos humanos, al sistema de justicia civil. Hay excepciones, como cuando la víctima y el autor son miembros de las fuerzas militares, en cuyo caso son juzgados en el sistema de justicia militar. La SEDENA, la SEMAR, la policía federal y la PGR cuentan con protocolos de seguridad en cuanto al traslado de detenidos, a la cadena de custodia y al uso de la fuerza. Los protocolos, diseñados para reducir el tiempo que los detenidos permanecen en custodia militar, describen procedimientos específicos para el trato de los detenidos.

Para el mes de agosto, la PGR estaba investigando 138 casos de oficiales de la SEDENA o la SEMAR acusados de abuso de autoridad, tortura, homicidio y detención arbitraria. Los tribunales militares no tienen jurisdicción para el enjuiciamiento de casos de víctimas civiles, que son de la jurisdicción exclusiva de los tribunales civiles.

Si bien las autoridades mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad y la policía, la impunidad, especialmente en materia de abusos a los derechos humanos, siguió siendo un problema grave. La frecuencia del enjuiciamiento por abusos a los derechos humanos fue extremadamente baja.

Oficiales militares ocultaron evidencia proveniente de autoridades civiles, en algunos casos. Las investigaciones paralelas por oficiales militares y civiles de violaciones de los derechos humanos complicaron los enjuiciamientos debido a lagunas en una ley de 2014 que otorgaba a las autoridades civiles la jurisdicción para investigar violaciones cometidas por fuerzas de seguridad. De 505 procedimientos penales examinados entre 2012 y 2016, la PGR consiguió solo 16 sentencias, según un informe de noviembre de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos en el que se citan cifras oficiales, que también indicaban que las violaciones a los derechos humanos habían aumentado en tándem con la militarización de la seguridad interior. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el informe, declaró que los problemas dimanaban del conflicto con las organizaciones de narcotraficantes, así como de la proliferación de armas ilegales, e hizo hincapié en que la función de las fuerzas militares en la seguridad interior era solo una medida temporal.

El 16 de noviembre, mujeres del caso de Atenco dieron testimonio ante la CIDH y pidieron a la Corte que llevara a cabo una investigación en el caso. En la confrontación en San Salvador Atenco en 2006 entre vendedores ambulantes y agentes de la policía federal y estatal en el Estado de México, dos personas murieron y más de 47 mujeres fueron detenidas y muchas presuntamente sometidas a tortura sexual por oficiales de la policía. En 2009, un tribunal de apelaciones revocó la única sentencia de un acusado en el caso.

La Dirección General de Derechos Humanos de la SEDENA investiga al personal militar por violaciones de derechos humanos detectadas por la CNDH y tiene la tarea de promover una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la institución. No obstante, la dirección no tiene facultades para garantizar que las denuncias deriven en un juicio ni para iniciar una acción judicial independiente.

Procedimientos de arresto y trato de los detenidos

La constitución permite que toda persona arreste a otra que cometa un delito en su presencia. No es necesario contar con una orden de arresto si un oficial tiene una prueba directa respecto de la participación de una persona en la comisión del delito, como haber sido testigo de ella. Esta autoridad del arresto, no obstante, se aplica solo en casos de delitos graves en los que hay un riesgo de fuga. Se permite la fianza en la mayoría de los delitos, excepto en casos de delincuencia organizada y un número limitado de otros delitos menores. En la mayor parte de los casos, la ley establece el derecho de los detenidos a una audiencia de custodia dentro de un plazo de 48 horas del arresto, durante la cual las autoridades están obligadas a presentar evidencia suficiente para justificar que continúe la detención, pero este requisito no se siguió en todos los casos, en particular en zonas remotas del país. En casos de delincuencia organizada, la ley permite a las autoridades detener a los sospechosos hasta 96 horas antes de que puedan pedir una revisión judicial.

En virtud del procedimiento de arraigo (forma de detención constitucionalmente aceptada, empleada durante la fase investigativa de un caso penal antes del pleno establecimiento de la causa probable), ciertos sospechosos pueden, con la venia de un juez, ser detenidos por hasta 80 días antes de la presentación de cargos formales. Bajo el nuevo sistema acusatorio, el arraigo se ha abandonado en gran medida.

Algunos detenidos denunciaron la falta de acceso a familiares y abogados después de que la policía los mantuviera incomunicados por varios días e hiciera arrestos arbitrarios sin órdenes judiciales. La policía en ocasiones no brindó a los detenidos en situación de pobreza acceso a un abogado durante el arresto y la investigación, como lo establece la ley, a pesar de que el derecho a defensores públicos durante el juicio, en general, se respetaba. Las autoridades mantuvieron a algunos detenidos bajo arresto domiciliario.

Arresto arbitrario: Las alegaciones de detenciones arbitrarias persistieron durante el año. La CIDH, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y las ONG expresaron su inquietud acerca de la detención arbitraria y la posibilidad de que la detención arbitraria lleve a otros abusos de los derechos humanos.

Un informe de julio de Amnistía Internacional denunció el uso generalizado de la detención arbitraria por fuerzas de seguridad.

Detención preventiva: La detención preventiva prolongada constituía un problema, a pesar de que algunas ONG, como el Instituto para la Economía y la Paz, atribuyeron a la transición al sistema de justicia acusatorio (que concluyó en 2016) la reducción de su prevalencia. Un informe de la CIDH de 2015 indicaba que 42% de las personas detenidas estaban en detención preventiva. La ley dispone los plazos de la detención preventiva, pero las autoridades algunas veces no los respetaron debido a que el número de casos excedió con creces la capacidad del sistema judicial federal. Las violaciones de los plazos de la detención preventiva también fueron endémicas en los sistemas de justicia estatales.

Aptitud de un detenido de impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal: Las personas que son arrestadas o detenidas, ya sea por motivos legales o por otras razones, pueden impugnar la detención por medio del Juicio de Amparo. La defensa puede argüir, entre otras cosas, que el acusado no recibió el debido proceso; padeció un abuso de los derechos humanos, o que las autoridades infringieron derechos constitucionales básicos. En virtud de la ley, las personas deben obtener su liberación inmediata y compensación si se determina que fueron detenidas ilegalmente, pero las autoridades no siempre pusieron en libertad de inmediato a los detenidos ilegalmente. Además, conforme al sistema de justicia penal, los acusados aprehendidos durante la comisión del delito pueden imputar la legalidad de su detención durante su audiencia ante el tribunal.

e. Denegación de juicio público imparcial

Si bien la constitución y la legislación consagran la independencia del poder judicial, los fallos de los tribunales fueron susceptibles a influencia indebida por parte de entidades tanto privadas como públicas, en particular en las esferas de gobierno estatal y local, así como las organizaciones delictivas transnacionales. Las autoridades no siempre respetaron las órdenes judiciales y en ocasiones hicieron caso omiso de la orden de detención. En todo el sistema de justicia penal, muchos actores carecían de la capacitación y los recursos necesarios para cumplir con sus deberes de manera imparcial y uniforme, en armonía con el principio de justicia igualitaria.

Procedimientos judiciales

En 2016, los tribunales civiles y militares oficialmente hicieron la transición del sistema jurídico basado primordialmente en la revisión judicial de documentos escritos a un sistema jurídico acusatorio que depende de testimonios orales presentados en audiencias. En algunos estados que adoptaron el sistema acusatorio, los centros de justicia alternativa emplearon mecanismos tales como la mediación, la negociación y la justicia restaurativa para sancionar a los autores de delitos menores fuera del sistema judicial.

Conforme al nuevo sistema, todas las audiencias y los juicios los realiza un juez de acuerdo con los principios de acceso público y contrainterrogatorio. El acusado tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio imparcial y público sin excesiva demora. También tiene derecho a asistir a las audiencias y a impugnar las pruebas o el testimonio presentados. La ley estipula que no se puede obligar a los acusados a declarar ni a confesar su culpabilidad. La ley también establece los derechos a apelación y a fianza en muchas categorías de delitos. La ley establece el derecho de los acusados a un abogado en todas las etapas del proceso penal. Se exige a los abogados que tengan las calificaciones jurídicas para representar a un acusado. Sin embargo, no todos los defensores públicos estaban calificados y a menudo el sistema estatal de defensores públicos no contaba con personal o fondos suficientes. La administración de los servicios de los defensores públicos era responsabilidad bien de la rama judicial o de la ejecutiva, dependiendo de la jurisdicción. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la mayoría de los sospechosos de algún delito no tuvieron representación hasta encontrarse en manos de la autoridad judicial, con lo cual eran vulnerables a ser coaccionados a firmar declaraciones falsas antes de comparecer ante un juez.

Los imputados tienen el derecho a servicios gratuitos de interpretación, de ser necesarios, aunque los servicios de interpretación y traducción a lenguas indígenas en todas las etapas de los procesos penales no siempre estaban disponibles. Algunos acusados indígenas que no hablaban español no estuvieron al tanto de la situación de sus casos, y algunos fueron condenados sin entender plenamente los documentos que se les exigió firmar.

La falta de normas federales sobre las pruebas causó confusión y condujo a diferentes mandamientos judiciales.

Presos y detenidos políticos

No hubo denuncias de detenidos o presos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los ciudadanos tienen acceso a un poder judicial independiente en materia civil para solicitar reparación en casos de violaciones de derechos humanos. Para que un demandante pueda obtener del demandado una indemnización por daños y perjuicios, este último debe haber sido declarado culpable en una causa penal, lo que resulta difícil de lograr habida cuenta de la relativamente baja cantidad de condenas por infracción de derechos civiles.

f. Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe tales prácticas y requiere órdenes de allanamiento. Hubo algunas denuncias de allanamientos ilegales o destrucción ilegal de propiedad privada.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

 

a. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa

La ley establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno generalmente respetó este derecho. La mayoría de los periódicos, la televisión y las estaciones de radio son de propiedad privada. El gobierno tiene una presencia mínima en la propiedad de los medios de comunicación, pero sigue siendo la principal fuente de ingresos publicitarios, lo que a veces influye en la cobertura. Los monopolios de los medios, especialmente en los mercados pequeños, pueden limitar la libertad de expresión.

Violencia y acoso: Hubo casos de periodistas que se vieron sometidos a ataques físicos, acoso e intimidación (especialmente por agencias oficiales y organizaciones delictivas transnacionales) debido a sus reportajes. Esto creó un efecto intimidatorio que limitó la capacidad de los medios de comunicación de investigar e informar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían la delincuencia, la corrupción y la política local. Durante el año, más periodistas fueron asesinados debido a sus reportajes que en cualquier año anterior. La Oficina del ACNUDH informó el asesinato de 15 periodistas y Reporteros sin Fronteras recogieron evidencia de que el asesinato de al menos 11 periodistas estaba directamente relacionado con su trabajo.

Los actores de la violencia contra periodistas actuaron con impunidad, lo que alimentó nuevos ataques, hostigamiento e intimidación. Según Article 19, una ONG de libertad de prensa, la tasa de impunidad por crímenes contra periodistas era de 99,7%. Los 276 ataques contra periodistas en los primeros seis meses del año representaron un aumento de 23% con respecto al mismo período en 2016. Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), una unidad de la Procuraduría General, consiguió solo dos condenas en más de 800 casos que persiguió. Durante el año, solo hubo una condena por el asesinato de un periodista a nivel local. En febrero, un tribunal de Oaxaca condenó y sentenció a un ex policía a 30 años de prisión por el asesinato en 2016 del periodista Marcos Hernández Bautista. La Oficina del ACNUDH en México condenó públicamente la falta de enjuiciamiento de crímenes contra periodistas.

Aunque se presumía que la delincuencia organizada estaba detrás de algunos de estos casos, ciertas ONG consideraron que, en gran parte, las autoridades de gobierno locales habían participado en esos actos o los habían aceptado tácitamente. Un informe de abril de Article 19 observó que en 53% de los casos de agresión contra periodistas durante 2016, el acto de violencia procedía de funcionarios públicos. Aunque 75% de estos provinieron de oficiales estatales o locales, oficiales federales y miembros de las fuerzas armadas también fueron sospechosos de estar detrás de los ataques.

En abril, el gobierno de Quintana Roo ofreció una disculpa pública al periodista Pedro Canché, acusado falsamente de sabotaje por las autoridades estatales y detenido durante nueve meses en prisión.

Según Article 19, 11 periodistas fueron asesinados entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2017. Por ejemplo, el 23 de marzo, Miroslava Breach, corresponsal de los diarios La Jornada y El Norte de Chihuahua, recibió ocho disparos y murió mientras se preparaba para llevar a su hijo a la escuela en la ciudad de Chihuahua. Muchas de sus publicaciones se centraron en la corrupción política, los abusos de los derechos humanos, los ataques contra las comunidades indígenas y el crimen organizado. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ella era la única corresponsal nacional que cubría la agitada región indígena de la Sierra Tarahumara. El 25 de diciembre, la policía federal hizo un arrestó en el caso de una persona vinculada a una célula del cartel de Sinaloa que, declararon, fue quien ordenó la comisión del delito. Los familiares de Breach dijeron al diario La Jornada que no creían que el sospechoso bajo custodia estuviera detrás de los asesinatos, que atribuyeron a políticos locales que anteriormente habían amenazado a la reportera.

El 15 de mayo, Javier Valdez, fundador del periódico Riodoce en Sinaloa, ganador de un premio del CPJ en 2011 por su heroico periodismo y defensa abierta de la libertad de prensa, fue asesinado a tiros cerca de su oficina en Culiacán, Sinaloa.

Durante los primeros seis meses del año, el Mecanismo Nacional para Proteger a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas recibió 214 solicitudes de protección, un aumento de 143% desde 2016. Desde su creación en 2012 hasta julio, el mecanismo aceptó 589 solicitudes de protección. El 22 de agosto, un periodista bajo la protección del mecanismo, Cándido Ríos, fue asesinado a tiros en el estado de Veracruz. Luego de la ola de asesinatos a principios de mayo, el Presidente reemplazó al fiscal especial por delitos contra la libertad de expresión en la Procuraduría General y sostuvo una reunión televisada con gobernadores estatales y fiscales generales para solicitar medidas en casos de violencia contra periodistas. Las ONG acogieron la medida, pero expresaron su preocupación por las deficiencias, incluida la falta de un protocolo oficial para manejar los asesinatos de periodistas a pesar del nombramiento del fiscal especial. Las ONG sostuvieron que el fiscal especial no había utilizado las autoridades de su oficina para hacerse cargo de casos en los que los fiscales estatales no habían producido resultados.

Censura o restricción del contenido: Grupos de derechos humanos informaron que los gobiernos estatales y locales en ciertas partes del país actuaron para censurar a los medios de comunicación y amenazar a periodistas. En junio, el diario New York Times informó que 10 periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos fueron blanco de un intento de infiltración de sus teléfonos celulares mediante un programa informático antivirus avanzado de espionaje de origen israelí llamado Pegasus, que se vende solo a gobiernos, según una investigación forense realizada por Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Funcionarios de la PGR reconocieron haber comprado el Pegasus, pero afirmaron que lo había usado exclusivamente para vigilar delincuentes.

Se dio el caso de periodistas que tuvieron que modificar su cobertura en respuesta a la falta de protección por parte del gobierno, ataques contra miembros y sedes de medios de comunicación, cargos espurios por publicar noticias indeseables y amenazas o represalias contra sus familias, entre otros motivos. Hubo informes de periodistas que ejercieron la autocensura como resultado de amenazas de grupos delincuentes y de funcionarios públicos deseosos de influir en la prensa o presionarla, en particular en los estados de Tamaulipas y Sinaloa.

Leyes sobre difamación: No existen leyes federales sobre difamación y calumnia, sin embargo, leyes locales todavía están vigentes en ocho estados. Cinco estados tienen leyes que limitan el uso de caricaturas políticas o “memes”. Estas leyes rara vez se aplicaron.

Repercusiones no gubernamentales: Grupos delictivos organizados ejercieron una grave y creciente influencia sobre medios de comunicación y periodistas y amenazaron a quienes publicaban opiniones críticas de grupos delictivos. Persistió la inquietud sobre el uso de la violencia física y digital por parte de grupos de la delincuencia organizada como represalia por la información publicada en internet; periodistas, blogueros y usuarios de las redes sociales estuvieron expuestos al mismo nivel de violencia que los periodistas tradicionales.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a internet ni bloqueó o filtró el contenido en línea. En el informe Freedom on the Net de 2016, Freedom House clasificó la internet del país como parcialmente libre, señalando que aumentaron las solicitudes del gobierno a las compañías de medios sociales para que eliminaran contenido.

Según algunas organizaciones de la sociedad civil, varias dependencias federales y estatales hicieron un intento por vigilar las comunicaciones privadas en internet.

Hubo ONG que sostuvieron que ciertas disposiciones de leyes secundarias amenazaban la privacidad de los usuarios de internet porque obligaban a las compañías de telecomunicaciones a retener datos por dos años, proporcionaban datos de geolocalización en tiempo real a la policía y permitían que agentes de seguridad obtuvieran metadatos que estaban en manos de compañías de telecomunicaciones privadas sin una orden judicial. Es más, la ley no define plenamente la “autoridad competente” para llevar a cabo esas actividades. A pesar de la presión de la sociedad civil para que se nulifiquen los requisitos de la retención de datos y las disposiciones sobre la geolocalización en tiempo real que se aprobaron en 2014, la Suprema Corte confirmó el uso de estos mecanismos. Empero, señaló la necesidad de que las autoridades obtuvieran una orden judicial para tener acceso a los metadatos de los usuarios

En junio el gobierno declaró que estaba abriendo una investigación criminal para establecer si periodistas prominentes, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción eran objeto de vigilancia ilegal por medio de programas maliciosos avanzados de vigilancia.

El INEGI estimó que 59% de los ciudadanos mayores de cinco años tenían acceso a internet.

Libertad académica y actos culturales

No hubo restricciones del gobierno a la libertad académica ni a los actos culturales.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La ley dispone las libertades de reunión y de asociación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. Hubo informes de casos en que las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes. Doce estados tienen leyes que restringen las manifestaciones públicas.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (International Religious Freedom Report) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación

Las leyes establecen la libertad de circular libremente dentro del país, viajar al extranjero, emigrar y repatriarse y, en general, el gobierno respetó esos derechos.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, los refugiados que regresan, los solicitantes de asilo, los apátridas u otras personas de interés.

Según el gobierno e informes de prensa, se registró un aumento considerable en las solicitudes de refugio y asilo frente al año pasado. El ACNUR proyectó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibiría 20,000 solicitudes de asilo a fines de año, en comparación con 8,788 en 2016. COMAR proyectó cifras más bajas, indicando que al 30 de junio había recibido a 6,816 solicitudes.

En el centro de detención Siglo XXI de Iztapalapa cerca de la Ciudad de México y en otros centros de detención, los hombres estaban recluidos aparte de las mujeres y los niños, y se disponía de alojamiento independiente para las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI). Los migrantes tenían acceso a servicios médicos, psicológicos y dentales, y el centro de detención de Iztapalapa tenía un acuerdo con los hospitales locales para la atención gratuita de emergencia. Aquellos que provenían de países con representación consular también tenían acceso a servicios consulares. Representantes de la COMAR y la CNDH hacían visitas diarias, y otros grupos establecidos de la sociedad civil lograron recorrer las instalaciones de detención en determinados días en horarios específicos. Las víctimas de la trata y otros delitos fueron alojadas en albergues designados especialmente. Se disponía de folletos sobre derechos humanos en varios idiomas. Además, aproximadamente 35 centros cooperaron con la Oficina del ACNUR y le permitieron exhibir carteles y proporcionar información sobre el proceso para acceder al asilo a quienes necesitaban protección internacional.

Maltrato de migrantes, refugiados y personas apátridas: La prensa y algunas ONG informaron de la victimización de migrantes por parte de grupos delincuentes y, en menor medida, de la policía y funcionarios de inmigración y aduanas. Según fuentes del gobierno y la sociedad civil, la presencia de las maras centroamericanas se siguió extendiendo en el país; amenazaban a los migrantes que huían de las mismas maras en sus países de origen. Un informe de agosto del Consejo de Ciudadanos, independiente del INM, halló incidentes en los que se supo que agentes de inmigración amenazaban a los migrantes y abusaban de ellos para obligarlos a aceptar la deportación voluntaria y desalentarlos a solicitar asilo. El equipo del Consejo visitó 17 centros de detención en todo el país e informó que hay amenazas, violencia y fuerza excesiva contra los migrantes indocumentados. El INM respondió a estas declaraciones afirmando que trataba a todos los migrantes con “absoluto respeto.”

Continuaron las denuncias de secuestros de migrantes indocumentados perpetrados por grupos criminales para obtener dinero de sus parientes o para forzarlos a cometer actos delictivos en nombre de estos grupos.

En marzo, el gobierno puso en operación la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación. La Organización Internacional para las Migraciones colaboró con los gobiernos municipales para establecer oficinas a lo largo de la frontera con Guatemala y dar seguimiento y asistencia a los migrantes.

Circulación en el país: Hubo numerosas oportunidades en que grupos armados limitaron la circulación de los migrantes, incluso mediante secuestros y homicidios.

Desplazados internos

El Centro de Vigilancia de Desplazados lnternos estimó que a 2016, había por lo menos 311,000 desplazados internos principalmente como consecuencia de varios incidentes que obligaron a las personas a huir de sus casas y comunidades en respuesta a la violencia delictiva, política y religiosa, así como a los desastres naturales. En 2016, la CNDH publicó un informe en el que aducía que se había registrado el desplazamiento interno de 35,433 personas por violencia relacionada con el narcotráfico, conflictos religiosos y disputas de tierra. Con aproximadamente 20,000 desplazados internos, presuntamente Tamaulipas tenía el mayor número de desplazados internos, seguido de Guerrero con 2,165 y Chihuahua con 2,008. Algunas ONG estiman que el número de desplazados internos es superior: cientos de miles de ciudadanos, muchos en huida de zonas de conflicto armado entre grupos delictivos organizados o entre estos y el gobierno, fueron desplazados internamente. El gobierno, junto con organizaciones internacionales, se esforzó por promover el retorno seguro y voluntario de los desplazados internos, su reasentamiento o su integración local.

Protección de refugiados

Acceso a asilo: La ley contempla la concesión de asilo o la condición de refugiado y protección complementaria, y el gobierno ha establecido procedimientos para determinar la condición de refugiado y darles protección a quienes se les conceda esa condición. A agosto, la COMAR había recibido 8,703 solicitudes, de las cuales 1,007 se habían aceptado para revisión, 1,433 se habían marcado como abandonadas, 1,084 no fueron aceptadas porque no reunían los criterios y 385 fueron aceptadas para protección. Según las ONG, solo se dio la aprobación a la tercera parte de los solicitantes y las otras dos terceras partes fueron solicitantes que se clasificaron como migrantes económicos que no reunían los requisitos legales de asilo; los solicitantes abandonaron algunas peticiones. Las ONG informaron que los sobornos a veces ejercían influencia en la adjudicación de solicitudes de asilo y de visas de tránsito.

El gobierno colaboró con la Oficina del ACNUR para mejorar el acceso al asilo y al procedimiento de asilo, condiciones de acogida para migrantes y solicitantes de asilo en situaciones vulnerables y la integración (acceso a la escuela y el trabajo) para quienes eran aprobados para la condición de refugiado y la protección complementaria. La Oficina del ACNUR también duplicó la capacidad de COMAR por medio del financiamiento de 36 puestos de personal.

Sección 3. Libertad de participar en el proceso político

La ley dota a los ciudadanos de la capacidad de escoger su gobierno a través de elecciones periódicas, libres e imparciales celebradas por voto secreto y basadas en el sufragio universal y equitativo.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: Los observadores consideraron libres e imparciales las campañas electorales de junio para gobernadores en 12 estados y para dirigentes locales en 13 estados, las elecciones legislativas de 2016 y de 2015, y las elecciones presidenciales de 2012.

Participación de la mujer y de las minorías: Ninguna ley restringe la participación de las mujeres y los miembros de minorías en el proceso político, y las mujeres y las minorías participaron efectivamente. La ley dispone el derecho de los pueblos indígenas a elegir representantes para los cargos locales de acuerdo con la ley de “usos y costumbres”, en lugar de las leyes electorales federales y estatales.

Ninguna ley restringe la participación de las mujeres y los miembros de minorías en el proceso, y las mujeres y las minorías participaron efectivamente. No se establecieron cuotas para una mayor participación de grupos indígenas en el órgano legislativo, y no hubo estadísticas fiables respecto de la participación de las minorías en el gobierno. La ley dispone el derecho de los pueblos indígenas a elegir representantes para los cargos locales de acuerdo con la ley de “usos y costumbres”, en lugar de las leyes electorales federales y estatales.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales por corrupción de las autoridades, pero el gobierno no aplicó la ley de forma eficaz. Durante el año hubo numerosas denuncias de corrupción en el gobierno. La corrupción al nivel más básico implicó el pago de sobornos a funcionarios administrativos y a las fuerzas de seguridad por servicios rutinarios o para evitar las multas. Las formas de corrupción más complejas y menos visibles incluyeron pagar de más por bienes y servicios para poner el excedente en manos de funcionarios elegidos y partidos políticos.

Aunque los funcionarios elegidos gozan de inmunidad de enjuiciamiento mientras ocupen un cargo público, las legislaturas federal y estatales tienen la autoridad para revocarles la inmunidad. Para agosto, más de la mitad de los 32 estados siguieron este procedimiento legal para el despojo de la inmunidad, y casi todos los demás estados estaban tomando medidas similares.

En virtud de la ley, todos los nuevos postulantes a trabajos en fuerzas del orden federales (y otros cargos de confianza) deben someterse a un proceso de investigación al ingresar al servicio y posteriormente cada dos años durante sus carreras. Según la SEGOB y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la mayoría de los oficiales de policía de los ámbitos nacional, estatal y municipal se sometieron como mínimo a la investigación inicial. La prensa y las ONG informaron que los policías que no aprobaron la investigación siguieron desempeñando sus funciones. La CNDH informó que policías, en particular de los gobiernos estatales y locales, participaron en secuestros y extorsiones, y brindaron protección a delincuentes organizados y narcotraficantes o actuaron directamente en su nombre.

El 19 de julio, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que promulgó el Presidente en 2016, entró en vigor. La ley concede autonomía a los tribunales administrativos federales para investigar y sancionar los actos administrativos de corrupción, establece sanciones más rigurosas para los funcionarios corruptos del gobierno, provee a las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) facultad de auditoría en tiempo real y establece una comisión de supervisión con participación de la sociedad civil. Los observadores encomiaron la ley como un logro importante en la lucha contra la corrupción, a pesar de que algunas ONG criticaron la cláusula de exclusión que permite a los servidores públicos optar por no declarar sus bienes. Una característica clave del sistema es la creación de un fiscal y un tribunal anticorrupción independientes. El Senado aún no había nombrado al fiscal especial a fines de año.

Corrupción: En julio, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte quedó bajo la custodia de la PGR. Se había escondido en Guatemala y se le acusaba de corrupción. El gobierno también pedía la extradición desde Panamá del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y expidió una orden de arresto del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. A mediados de año, la ASF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra 14 gobiernos estatales por la malversación de miles de millones de dólares en fondos federales. La ASF estaba investigando a varios gobernadores estatales, incluidos los ex gobernadores de Sonora (Guillermo Padres) y de Nuevo León (Rodrigo Medina), quienes enfrentaban cargos de corrupción. La PGR abrió además una investigación contra el gobernador de Nayarit, Sandoval, por enriquecimiento ilícito que denunciaba un grupo de ciudadanos, entre ellos algunos partidos políticos de oposición.

La ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el medio de información Animal Político publicaron informes acusando al Procurador General Raúl Cervantes de fraude y revelando el registro vehicular de un Ferrari, valuado en más de casi cuatro millones de pesos (US $200,000) inscrito en la dirección de una casa desocupada, con la intención de evadir impuestos. El abogado de Cervantes atribuyó el registro inapropiado a un error administrativo. El 16 de octubre, Cervantes renunció, afirmando que la razón de su renuncia era preservar la independencia política de una nueva procuraduría que reemplazaría a la PGR como parte de una reforma constitucional.

Divulgación de información financiera: En 2016, el Congreso aprobó una ley que exige que todos los funcionarios federales y estatales nombrados o elegidos divulguen sus ingresos y bienes y presenten declaraciones sobre cualquier posible conflicto de interés y sus impuestos al público, aunque la ley dispone que los funcionarios pueden optar por no divulgar públicamente la información. La Secretaría de la Función Pública verifica la información divulgada con apoyo de cada organismo. Conforme a las normas, es necesario presentar las declaraciones al comienzo y al final de la tenencia del cargo, y también es necesario presentar actualizaciones anuales. La ley exige que las declaraciones estén disponibles al público, a menos que el funcionario pida una dispensa para mantenerlas en privado. Se aplican sanciones penales y administrativas por abusos. En junio, la Suprema Corte rechazó una petición de los partidos políticos de oposición de revocar la dispensa por motivos de privacidad.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

En general, diversos grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron sin restricciones por parte del gobierno, e investigaron y publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales por lo general cooperaron y se mostraron receptivos de sus opiniones, y el Presidente o miembros de su gabinete se reunieron con organizaciones de derechos humanos tales como la Oficina del ACNUDH, la CIDH y la CNDH. Hubo ONG que arguyeron que algunas personas que organizaron campañas para desacreditar a defensores de los derechos humanos a veces contaron con el apoyo tácito de funcionarios públicos.

Organismos de derechos humanos gubernamentales: La CNDH es un organismo federal semiautónomo creado por el gobierno y financiado por la legislatura con el propósito de vigilar y actuar en materia de violaciones y abusos de los derechos humanos. Tiene la potestad de recurrir a las autoridades del gobierno para que impongan sanciones administrativas o inicien causas penales contra funcionarios, pero no puede penalizar o imponer sanciones legales por sí misma. Cuando la autoridad pertinente acepta una recomendación de la CNDH, esta última debe hacer un seguimiento a fin de verificar con dicha autoridad la adopción de la recomendación. La CNDH envía una solicitud a la autoridad para que esta dé pruebas de su cumplimiento e incorpora esta información de seguimiento en su informe anual. Cuando las autoridades no acatan una recomendación, la CNDH da a conocer esta información al público y puede ejercer su facultad de llevar ante el Senado a las autoridades gubernamentales que se rehúsan a aceptar o a poner en práctica sus recomendaciones.

Los 32 estados del país cuentan con su propia comisión de derechos humanos. Las comisiones de los estados son financiadas por las asambleas legislativas y son organismos autónomos. Estas comisiones estatales no tienen que cumplir con los mismos requisitos en materia de preparación de informes, lo cual dificulta la comparación de estadísticas y recopilar estadísticas a nivel nacional. La CNDH puede asumir responsabilidad por casos de las comisiones de los estados si recibe una denuncia de que una comisión no está investigando un caso de modo adecuado.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley federal penaliza la violación, inclusive la violación conyugal, e impone penas de hasta 20 años de cárcel. Veinticuatro estados cuentan con leyes que penalizan la violación conyugal.

El código penal federal prohíbe la violencia doméstica y estipula sanciones que van de seis meses a cuatro años de cárcel. Si bien 29 estados tienen penas similares, en la práctica con frecuencia las condenas impuestas fueron menos severas. La ley federal no penaliza el maltrato conyugal. Las leyes estatales y municipales sobre violencia doméstica en gran medida no cumplieron con las exigencias federales y con frecuencia no se exigió su aplicación.

Según la ley, el feminicidio es el asesinato de una mujer debido a su condición de mujer y es un delito federal con una pena de entre 40 y 60 años de cárcel; también es un delito que figura en los códigos penales de todos los estados. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR tiene la responsabilidad de dirigir los programas gubernamentales para combatir la violencia doméstica y perseguir ante la justicia el delito federal de trata de personas cuando están implicados tres o menos sospechosos. La oficina contaba con 12 fiscales federales dedicados a casos federales de violencia contra las mujeres.

Además de albergues, hubo Centros de Justicia para las Mujeres que proporcionaron más servicios que albergue temporal, entre ellos asistencia legal y protección; no obstante, el número de casos sobrepasó con creces la capacidad institucional.

Acoso sexual: La ley federal del trabajo prohíbe el acoso sexual e impone multas que van de 250 a 5,000 veces el salario mínimo diario. Dieciséis estados tipifican el acoso sexual, y todos los estados prevén sanciones cuando el infractor ocupa un cargo de autoridad. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el organismo del gobierno federal a cargo de las políticas nacionales para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el acoso sexual laboral fue un problema muy grave.

Coacción en el control de la población: Hubo pocos informes de coacción al aborto, esterilización involuntaria u otros métodos coercitivos para el control de la población; sin embargo, se denunció la esterilización forzada, coercitiva o involuntaria a madres infectadas por el VIH. Véanse las estimaciones de la mortalidad materna y la prevalencia de la anticoncepción:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/es/

Discriminación: La ley estipula para la mujer la misma personalidad jurídica y los mismos derechos que para el hombre e “igual paga por igual trabajo realizado en igual cargo, por la misma cantidad de horas de trabajo y con iguales condiciones de eficiencia”. Las mujeres por lo regular ganaban bastante menos que los hombres. Era más probable que las mujeres experimentaran discriminación en cuanto a salarios, horario de trabajo y prestaciones.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el país o a través de los padres. Por lo general, los ciudadanos registraron a los recién nacidos ante las autoridades locales. La falta de registro de un nacimiento puede dar lugar a la denegación de servicios públicos, como la educación o la atención de la salud.

Maltrato de menores: Hubo numerosas denuncias de maltrato de menores. El Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo marca la ley, que es responsable de coordinar la protección de los derechos de los menores en todos los niveles de gobierno.

Matrimonio a edad temprana y forzoso: La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años. Sin embargo, en la práctica, esta edad no se respetó de manera uniforme en las entidades federativas pues en algunos códigos civiles la edad mínima para el matrimonio es de 14 años para las niñas y 16 para los niños con el consentimiento de los padres. Con el consentimiento de un juez, los menores pueden casarse incluso a edades más tempranas.

Explotación sexual de menores: La ley prohíbe la explotación sexual comercial de los menores, y las autoridades, por regla general, aplicaron la ley. No obstante, hubo informes de ONG de la explotación sexual de menores y el turismo sexual con menores en destinos turísticos y regiones de la frontera norte.

El estupro es considerado un delito en el código penal federal. Si un adulto mantiene relaciones sexuales con un menor de entre 15 y 18 años, la pena varía entre tres meses y cuatro años de cárcel. Un adulto que mantiene relaciones sexuales con un menor de 15 años puede ser sancionado con entre ocho y 30 años de cárcel. Las leyes contra la corrupción de menores y la pornografía infantil se aplican con respecto a las víctimas menores de 18 años. Para los delitos de venta, distribución y promoción de pornografía a menores, la ley estipula penas de seis meses a cinco años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario. En el caso de delitos con menores en actos de exhibicionismo sexual o la producción, facilitación, reproducción, distribución, venta y compra de pornografía infantil, la ley impone entre siete y 12 años de cárcel y una multa que varía entre 800 y 2,500 veces el salario mínimo diario.

Quienes promuevan, publiciten o faciliten el turismo sexual con menores serán castigados con penas de siete a 12 años de prisión y una multa de entre 800 y 2,000 veces el salario mínimo diario. Para las personas involucradas en el turismo sexual que tienen relaciones sexuales con un menor, la ley exige sentencias de 12 a 16 años de prisión y multas de 2,000 a 3,000 veces el salario mínimo diario. El delito de explotación sexual de un menor conlleva una sentencia de ocho a 15 años de prisión y una multa de 1,000 a 2,500 veces el salario mínimo diario.

Menores en instituciones: Grupos de la sociedad civil expresaron inquietud respecto del maltrato de los menores con discapacidades mentales y físicas en orfanatos, centros de migrantes e instalaciones de salud.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Véase el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por uno de sus padres (Annual Report on International Parental Child Abduction) en travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html.

Antisemitismo

La comunidad judía de 67,000 personas experimentó niveles bajos de antisemitismo. A pesar de que un informe de la Liga Antidifamación describió un aumento en las actitudes antisemíticas en el país de 24% de la población en 2014 a 35% en 2017, representantes de la comunidad judía informaron niveles bajos de actos de antisemitismo y buena cooperación interreligiosa tanto del gobierno como de las organizaciones de la sociedad civil para resolver los casos aislados de antisemitismo.0

Trata de personas

Véase también el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. El gobierno no hizo cumplir eficazmente las leyes. En virtud de la ley, la Secretaría de Salud debe promover la creación de instituciones a largo plazo para personas con discapacidades en dificultades y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) debe establecer instituciones especializadas para atender, proteger y albergar a personas con discapacidades en situación de pobreza, abandono o marginación. Algunas ONG informaron que las autoridades no habían creado programas para la integración social. Asimismo, informaron que no hubo cambios en el sistema de salud mental a favor de la creación de servicios extra-hospitalarios ni ningún esfuerzo por parte de las autoridades por tener expertos independientes que verificaran la existencia de violaciones de los derechos humanos en instituciones psiquiátricas.

Los edificios e instalaciones públicas no acataron la ley que requiere acceso para personas con discapacidades. El sistema educativo proveyó educación especial para estudiantes con discapacidades en todo el país. La asistencia a la escuela de los menores con discapacidades fue menor que la asistencia de los menores sin discapacidades. ONG informaron que hay discriminación en el empleo.

Los abusos de los derechos humanos en instituciones de salud mental y centros de atención, incluso las instituciones que tratan a menores fueron un problema. Los maltratos a personas con discapacidades incluyeron la falta de acceso a la justicia, el uso de elementos físicos o químicos de control, maltrato físico, trabajo forzoso y abuso sexual, desapariciones y la adopción ilegal de menores internados en instituciones. Con frecuencia, las personas con discapacidades que estaban institucionalizadas carecían de privacidad y ropa suficientes, y a menudo comían, dormían y se bañaban en condiciones antihigiénicas. Fueron vulnerables a maltratos por parte de miembros del personal, otros pacientes o visitantes en centros donde había supervisión inadecuada. Se registraron irregularidades en materia de documentación acerca de la identidad y el origen de las personas, y hubo casos de desapariciones.

Al 25 de octubre, la ONG Disability Rights International (DRI, por sus siglas en inglés) informó que la mayoría de los residentes de la institución bajo administración privada Casa Esperanza habían sido trasladados a otras instituciones, pues presuntamente fueron víctimas de abuso sexual generalizado por parte del personal de dicha institución, y en algunos casos fueron víctimas de trata de personas. Dos de las víctimas murieron durante los seis meses posteriores a su traslado a otros establecimientos y la tercera fue víctima de abuso sexual. La DRI afirmó que la víctima fue violada durante un período de siete meses en la nueva institución conocida como Fundación PARLAS I.A.P. y otra mujer fue maltratada físicamente en una institución a la que fue transferida en otro estado.

Los centros de votación para las elecciones federales en general fueron accesibles para las personas con discapacidades, y hubo disponibilidad de plantillas braille para las papeletas de voto en las elecciones federales. Hubo informes de que en la Ciudad de México los centros de votación fueron accesibles y que incluso ofrecieron plantillas braille; sin embargo, la disponibilidad de estos servicios no fue uniforme en las elecciones locales en otras partes del país.

Indígenas

La constitución contempla el derecho a la autodeterminación, autonomía y educación de todos los indígenas. Surgieron controversias de la interpretación de las leyes de “usos y costumbres” para el autogobierno de las comunidades indígenas. Estas leyes aplican prácticas tradicionales para solucionar controversias, elegir funcionarios locales y recaudar impuestos con injerencia limitada de los gobiernos federal y estatales. Comunidades y ONG que representan a grupos indígenas informaron que el gobierno a menudo no consultó a comunidades indígenas adecuadamente al tomar decisiones sobre la implementación de proyectos de desarrollo dirigidos a explotar la energía, los minerales, la madera y otros recursos naturales en tierras indígenas. La CNDH mantiene un programa formal de derechos humanos para informar y ayudar a miembros de las comunidades indígenas.

La CNDH informó que las mujeres indígenas se encontraban entre los grupos más vulnerables de la sociedad. A menudo experimentaban racismo y discriminación y con frecuencia eran víctimas de la violencia. En general, los indígenas tuvieron acceso limitado a servicios de salud y educativos.

Miles de personas pertenecientes a cuatro grupos indígenas de la Sierra Tarahumara (los Rarámuri, Pima, Guarojío y Tepehuán) fueron desplazadas y varios líderes indígenas fueron asesinados o amenazados, según informes de periodistas locales, ONG y funcionarios estatales.

Por ejemplo, el 15 de enero, Isidro Baldenegro López fue asesinado en Chihuahua. López era un líder comunitario del pueblo indígena Rarámuri y un activista ambientalista quien había sido galardonado con el Premio Medioambiental Goldman de 2005.

El 26 de junio, Mario Luna, un líder indígena de la tribu Yaqui en el estado de Sonora, fue atacado con su familia por asaltantes desconocidos en un incidente que se cree que fue intimidación en represalia por su activismo en oposición a un acueducto que amenazaba el acceso de la tribu al agua. Luna comenzó a recibir protección official de las autoridades federales y estatales después de que fue atacado.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La ley prohíbe la discriminación motivada por la orientación sexual y contra personas LGBTI.

En la Ciudad de México la ley penaliza la comisión de delitos motivados por el odio basados en la orientación sexual y la identidad de género. Grupos de la sociedad civil manifestaron que la policía con regularidad sometía a las personas LGBTI a maltrato mientras estaban en custodia.

La discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de género fue frecuente, pese a una creciente aceptación pública de las personas LGBTI, según sondeos de opinión pública. Hubo informes de que el gobierno no siempre investigó o sancionó a aquellos actores que fueron cómplices, especialmente fuera de la Ciudad de México.

El 18 de abril, los medios informaron que el activista Juan José Roldán Ávila, quien defendía los derechos de las personas LGBTI, fue asesinado a golpes el 16 de abril en Calpulalpan, Tlaxcala. Su cuerpo mostraba señales de tortura.

Otro tipo de violencia social o discriminación

El Centro Católico Multimedial denunció a grupos delictivos que dirigían sus ataques a los sacerdotes y otros líderes religiosos en algunas zonas del país y los sometían a extorsión, amenazas de muerte e intimidación. A agosto, el centro informó sobre cuatro sacerdotes asesinados, dos secuestros frustrados y dos ataques, uno en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y otro en las oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

 

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley estipula el derecho de los trabajadores a establecer sindicatos y unirse a ellos, a la negociación colectiva y a la huelga, tanto en el sector público como privado; sin embargo, las leyes, los reglamentos y las prácticas contrapuestas limitaron estos derechos.

La ley requiere un mínimo de 20 trabajadores para formar un sindicato. Para obtener el reconocimiento oficial del gobierno, los sindicatos deben presentar formalmente la solicitud de inscripción ante la junta de conciliación y arbitraje correspondiente o ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para que el sindicato pueda desempeñar sus funciones determinadas legalmente, sus dirigentes también deben estar registrados ante las juntas de conciliación y arbitraje correspondientes o ante la STPS. Las juntas de conciliación y arbitraje funcionaron en el marco de un sistema tripartito con participación de representantes del gobierno, los trabajadores y los empleadores. Observadores externos expresaron sus inquietudes porque las juntas no garantizaron adecuadamente la representación inclusiva de los trabajadores y con frecuencia perpetuaron un prejuicio contra los sindicatos independientes en parte debido a conflictos de intereses intrínsecos en la estructura de las juntas, exacerbados por la prevalencia de representantes de los sindicatos de “protección” (no representativos y corporativistas).

Conforme a la ley, un sindicato puede convocar a una huelga y realizar negociaciones colectivas de acuerdo con sus propios estatutos. Sin embargo, para que una huelga sea considerada legal, el sindicato debe presentar un “aviso de huelga” ante la junta de conciliación y arbitraje pertinente, que puede considerar que la huelga es “inexistente” o, en otras palabras, que es legalmente improcedente. La ley prohíbe al empleador intervenir en cuestiones sindicales o tener injerencia en las actividades del sindicato, lo que incluye represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. La ley permite la reincorporación de trabajadores si la junta de conciliación y arbitraje determina que el despido fue injusto y el trabajador solicita su reincorporación; no obstante, la ley también establece excepciones amplias para los empleadores respecto de dicha reincorporación, entre ellos para los empleados de confianza o los trabajadores con menos de un año en su puesto.

Si bien la ley permite la coexistencia de varios sindicatos en un mismo lugar de trabajo, la negociación colectiva se limita al sindicato que cuente con el liderazgo o “la titularidad” sobre el acuerdo de negociación colectiva. Cuando solo está presente un sindicato, automáticamente tiene el derecho exclusivo de negociar con el empleador. Cuando un contrato colectivo de trabajo está firmado con una empresa y otro sindicato quiere negociar con el empleador, este otro sindicato debe competir por los derechos de negociación en un “recuento” (una votación por los derechos de negociación) administrado por la junta de conciliación y arbitraje. El sindicato con el mayor número de votos “gana” los derechos de negociación colectiva. No es obligatorio que el sindicato consulte con los trabajadores o cuente con su apoyo para firmar un primer contrato colectivo de trabajo con el empleador. La ley estipula que los votos internos para la elección de dirigentes sindicales se emitan en forma secreta, ya sea directa o indirectamente.

El gobierno, que comprende las juntas de conciliación y arbitraje, no fue consecuente a la hora de proteger los derechos de los trabajadores. Por no garantizar en general el cumplimiento de las leyes laborales y de otra índole, el gobierno dejó a los trabajadores con pocos recursos ante las violaciones de la libertad de asociación, malas condiciones de trabajo y otros problemas laborales. Las juntas de conciliación y arbitraje a menudo no administraron ni supervisaron de forma imparcial y transparente los procedimientos relativos a la actividad sindical, tales como las elecciones y las huelgas, y socavaron los esfuerzos para que los sindicatos ejercieran libremente sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva.

El 24 de febrero, las reformas a la Constitución en el ámbito de la justicia laboral fueron promulgadas con fuerza de ley. Las reformas constitucionales reemplazan las Juntas de Conciliación y Arbitraje con órganos judiciales independientes que aspiran a racionalizar el proceso de la justicia laboral. Los observadores sostuvieron que se necesitaban más cambios a la ley laboral para contemplar lo siguiente: los trabajadores pueden elegir representantes sindicales libre e independientemente; hay un proceso agilizado de recuento; los sindicatos demuestran la representatividad sindical antes de registrar un acuerdo de negociación colectiva y los trabajadores cubiertos por el acuerdo reciben una copia antes del registro, eliminando de esta forma los sindicatos no representativos y los contratos de “protección”.

Por disposición legal, las penas por infringir la libertad de asociación y negociación colectiva varían entre 16,160 pesos (US $960) y 161,600 pesos (US $9,640). Tales penas rara vez se aplicaron y fueron insuficientes para impedir que se cometieran violaciones. Los procedimientos administrativos y judiciales se vieron sujetos a prolongadas demoras y apelaciones.

Los trabajadores ejercieron su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva con dificultad. El proceso de registro de los sindicatos se ha politizado, y en muchas ocasiones el gobierno, incluidas las juntas de conciliación y arbitraje, empleó el proceso para recompensar a aliados políticos o castigar a opositores. Por ejemplo, por tecnicismos se rechazaron solicitudes de registro de nuevas secciones de sindicatos independientes y de nuevos sindicatos.

Los sindicatos independientes del país y sus asesores legales, así como sindicatos mundiales y norteamericanos, continuaron alentando al gobierno a que ratificara el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre negociación colectiva, que el Gobierno aplazaba a pesar de la eliminación del obstáculo principal al cumplimiento de la reforma aprobada en 2012 a la ley laboral, la cláusula de exclusión por separación. Al ratificar el Convenio, el Gobierno mismo se sometería a los procedimientos de supervisión y presentación de memorias contenidos en el Convenio. La ratificación también contribuiría, según los sindicatos independientes, a asegurar que las instituciones que se establezcan como consecuencia de la reforma de justicia laboral sean de hecho y de derecho independientes, transparentes, objetivas e imparciales, y que los trabajadores tengan recurso a los órganos de supervisión de la OIT para presentar una denuncia de cualquier incumplimiento.

Las compañías y los sindicatos de protección (entes no representativos y corporativistas) se valieron de divisiones complejas y falta de coordinación entre las jurisdicciones federal y estatales para manipular los procesos de conciliación y arbitraje laborales. Por ejemplo, una compañía puede inscribir en el registro un acuerdo colectivo de trabajo tanto al nivel federal como al estatal y luego alternar las jurisdicciones cuando se presentan quejas y apelaciones para salir beneficiados. Además, los organizadores sindicales de varios sectores mostraron su inquietud respecto de la manifiesta y usualmente hostil injerencia de las juntas de conciliación y arbitraje cuando los organizadores procuraron crear sindicatos independientes.

Los sindicatos de protección y los “contratos de protección” (acuerdos de negociación colectiva firmados por los empleadores y estos sindicatos para evadir negociaciones importantes y prohibir las disputas laborales) fue un problema en todos los sectores. La prevalencia de los contratos de protección se debió, en parte, a la falta de obligaciones de los trabajadores de demostrar apoyo a la negociación colectiva de acuerdos antes de que entraran en vigor.

Los sindicatos independientes, unas cuantas empresas multinacionales, algunos abogados laboralistas y ciertos académicos hicieron un llamado al gobierno para que instituyera reformas legales que prohibieran el registro de contratos colectivos de trabajo cuando los sindicatos no pudieran demostrar el aval de la mayoría de los trabajadores o cuando los trabajadores no hubieran ratificado el contenido de los acuerdos. Muchos observadores indicaron que las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores estaban controladas por estos contratos y los sindicatos no representativos que los negociaban, y que los sindicatos y contratos de protección solían impedir que los trabajadores ejercieran plenamente sus derechos laborales definidos por ley. Estos mismos grupos abogaron por que los trabajadores recibieran copias impresas de los contratos colectivos de trabajo vigentes en el momento de ser contratados.

Según varias ONG y sindicatos, muchos trabajadores enfrentaron obstáculos en los procedimientos, violencia e intimidación por parte de los líderes de los sindicatos de protección y los empleadores que los apoyaban, así como otros trabajadores, líderes sindicales y justicieros contratados por la compañía que favorecían a un sindicato en particular. Algunos empleadores procuraron influir en las elecciones por los derechos de negociación contratando ilegalmente empleados falsos justo antes de la elección para que votaran por el sindicato controlado por la compañía.

Otras prácticas de intimidación y manipulación persistían, entre otras, el despido de trabajadores por activismo laboral. Por ejemplo, hubo informes de que en una fábrica de prendas de vestir en Morelos no se detuvieron el acoso sexual ni la violencia sexual laboral y, en cambio, despidieron a los denunciantes que informaron del problema a la gerencia.

Activistas de sindicatos independientes afirmaron que el requisito de que las juntas de conciliación y arbitraje aprueben las huelgas de antemano las facultaba para favorecer a las compañías de su preferencia protegiéndolas de las huelgas. Como consecuencia, hubo pocas huelgas formales, pero fueron usuales las protestas y los paros informales.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, pero el gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia. Las penas por violaciones referidas al trabajo forzoso varían de cinco a 30 años de cárcel; en general, tales penas fueron consideradas como suficientes para prevenir violaciones.

Persistió el trabajo forzoso en los sectores agrícola e industrial, así como en el sector informal. Mujeres y menores fueron objeto de servidumbre doméstica. Las mujeres, los menores, los indígenas y los migrantes (hombres, mujeres y menores) fueron los más vulnerables al trabajo forzoso. En noviembre, las autoridades liberaron a 81 trabajadores de una situación de trabajo forzoso en una granja comercial en Coahuila. En junio, las autoridades federales acusaron al propietario de una granja de cebolla y chile en Chihuahua por trabajo forzoso y explotación laboral de 80 trabajadores indígenas. Las víctimas, que desaparecieron tras la denuncia inicial a las autoridades estatales, vivían en condiciones insalubres y presuntamente ganaban la cuarta parte del salario mínimo.

Véase también el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La Constitución prohíbe que los menores de 15 años trabajen y permite a aquellos entre 15 y 17 años trabajar hasta seis horas diurnas en condiciones no peligrosas, y solo con el consentimiento de los padres. La ley exige que los menores de 18 años tengan un certificado médico para poder trabajar. La edad mínima para trabajar en condiciones peligrosas es 18 años. La ley cita una amplia lista de ocupaciones peligrosas e insalubres prohibidas para los menores.

El gobierno fue razonablemente eficaz a la hora de garantizar el cumplimiento de las leyes sobre el trabajo infantil en compañías grandes y medianas, en especial del sector maquilador y otras industrias bajo la autoridad federal. El cumplimiento fue inadecuado en muchas compañías pequeñas y en los sectores agrícola y de la construcción, y prácticamente inexistente en el sector informal, en donde se encontraba la mayoría de los menores que trabajaban.

A nivel federal, SEDESOL, la PGR y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia comparten la responsabilidad de realizar inspecciones para vigilar la observancia de las leyes laborales e intervenir en aquellos casos en que los empleadores violaron dichas leyes. La STPS es responsable de llevar a cabo inspecciones del trabajo de menores. Las penas por violar estas disposiciones varían entre 16,780 pesos (US $1,000) y 335,850 pesos (US $20,000), pero no fueron aplicadas suficientemente como para tener un efecto disuasivo.

En diciembre de 2016, la CNDH alertó a las autoridades nacionales acerca de 240 trabajadores agrícolas, entre ellos docenas de menores trabajadores, que trabajaban en condiciones inhumanas en una granja de pepino y chiles en San Luis Potosí, luego de que las autoridades estatales no respondieron a sus denuncias.

Según la encuesta del INEGI de 2015 sobre trabajo infantil, que contiene los datos disponibles más recientes, la cantidad de menores entre cinco y 17 años que trabajan se mantuvo en 2,5 millones, o aproximadamente el 8,4% de los 29 millones de menores en el país. De estos menores, 90% trabajaban a edades o en condiciones que violaban las leyes laborales federales. De los menores empleados, el 30% trabajaba en el sector agrícola en la cosecha de melón, cebolla, pepino, berenjena, chile, ejote, caña de azúcar, tabaco, café y tomate. Otros sectores con una importante presencia de trabajo infantil fueron los servicios (25%), las ventas minoristas (23%), la manufactura (14%) y la construcción (7%).

d. Discriminación con respecto al empleo y a la profesión

La ley prohíbe la discriminación con respecto a empleo u ocupación por motivo de “raza, nacionalidad, edad, religión, sexo, opinión política, condición social, discapacidad (o capacidad diferente), condición económica, salud, embarazo, idioma, preferencia sexual o estado civil”.

El gobierno no aplicó estas leyes y reglamentaciones de forma eficaz. Las sanciones por violaciones a la ley son, entre otras, los recursos administrativos, como la reincorporación; el pago de salarios atrasados, y las multas (cuyo cálculo frecuentemente se basa en el salario del empleado), y en general no se consideran suficientes para prevenir las violaciones. Hubo discriminación en el empleo u ocupación de mujeres, grupos indígenas, personas con discapacidades, personas LGBTI y trabajadores migrantes.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El 21 de noviembre, el salario mínimo general único aumentó de 80.04 pesos diarios (US $4.76) a 88.36 pesos diarios (US $5.26), inferior a la línea de pobreza oficial de 95.24 pesos diarios (US $5.67). La mayoría de los trabajadores del sector formal percibieron entre una y tres veces el salario mínimo. La comisión tripartita del salario mínimo nacional, que es responsable de establecer los salarios mínimos y cuyos representantes laborales representaban en gran parte a los sindicatos de protección y sus intereses, siguió bloqueando los aumentos para mantenerse al ritmo de la inflación.

La ley estipula seis días de ocho horas y 48 horas por semana como la semana legal de trabajo. Cualquier trabajo de más de ocho horas al día se considera con horas extra, por las cuales el trabajador ha de recibir doble paga. Después de acumular nueve horas extras en una semana, el trabajador percibe tres veces el salario por hora. La ley prohíbe que se obligue a trabajar horas extras. La ley contempla ocho días feriados pagados y, después del primer año de trabajo, una semana de vacaciones pagadas al año. La ley estipula que los empleadores observen el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, expedido conjuntamente por la STPS y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las comisiones conjuntas de administración y trabajo dispuestas por ley establecen las normas y están a cargo de supervisar las normas del lugar de trabajo en fábricas y oficinas. Tanto los empleados como los sindicatos pueden presentar quejas directamente a los inspectores o a los funcionarios de salud y seguridad. La ley dispone que los trabajadores pueden apartarse de situaciones que pongan en peligro su salud o seguridad sin poner en riesgo su trabajo.

La STPS es responsable de hacer cumplir las leyes laborales y de efectuar inspecciones en los lugares de trabajo. En 2015, el año más reciente del que se cuenta con datos, había 946 inspectores en todo el país. Este número era suficiente para asegurar el cumplimiento, y la STPS efectuó inspecciones frecuentes de lugares de trabajo durante el año, en las que se emplearon un cuestionario y otras acciones a fin de identificar a víctimas de explotación laboral. Las penas por infringir leyes referidas a salario, horas de trabajo o seguridad y salud ocupacionales varían entre 17,330 pesos (US $1,030) y 335,940 pesos (US $20,020), pero en general no fueron suficientes para impedir que se cometieran infracciones. Mediante su herramienta de autoevaluación DECLARALAB, la STPS había prestado asistencia técnica a casi 4,000 sitios de trabajo registrados a fin de ayudarlos a cumplir con las normas de seguridad ocupacional y sanitaria.

Según distintas ONG de derechos laborales, en todos los sectores los empleadores a veces emplearon el método ilegal del “banco de horas” (exigir horas extras cuando la carga de trabajo es pesada y reducir las horas cuando es liviana) para evitar compensar a los trabajadores por las horas extras trabajadas. Esta práctica siguió siendo usual en el sector de la maquila, en el que los empleadores forzaban a los trabajadores a tomar licencia en momentos del ciclo cuando la producción era baja y los obligaban a trabajar, por ejemplo, durante las vacaciones de Navidad, sin la paga triple correspondiente, como lo dicta la ley, cuando los trabajadores optaban por las horas extras voluntarias durante los feriados nacionales. Además, muchas compañías evadieron el pago de impuestos y seguridad social dando a los trabajadores empleo informal, o presentando registros de nómina falsificados al IMSS. En 2013, el último año para el cual se dispone de esos datos, el INEGI estimó que el 59% de la fuerza laboral era parte de la economía informal.

Observadores de grupos comunitarios de derechos laborales, ONG internacionales y marcas de prendas de vestir multinacionales informaron que los empleadores a lo largo de todas las cadenas de abastecimiento enfocadas en la exportación usaban con frecuencia creciente métodos de contratación que agudizaban la precariedad del trabajo de los empleados. La práctica más común denunciada era que los fabricantes contrataban a los trabajadores con contratos de uno a tres meses y luego esperaban un período de varios días antes de recontratarlos con otro contrato a corto plazo para no pagarles indemnización y evitar que acumularan antigüedad, al mismo tiempo que mantenían el número exacto de trabajadores necesarios conforme a los niveles fluctuantes de producción. Esta práctica viola la Ley Federal del Trabajo y repercutió considerablemente en los derechos económicos y sociales de los trabajadores, entre otros, la eliminación de beneficios y protecciones sociales, restricciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva y la capacidad mínima de manejar sus responsabilidades familiares, especialmente de las mujeres. Algunos observadores señalaron que también aumentó la probabilidad de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. En combinación con prácticas de tercerización que planteaba dificultades para los trabajadores de identificar a su empleador legalmente registrado, había más probabilidades de que se negara el acceso a la justicia a los trabajadores.

Agencias privadas de contratación y contratantes individuales violaron los derechos de gran cantidad de trabajadores migrantes temporales que fueron contratados para trabajar fuera de México, mayoritariamente en Estados Unidos. A pesar de que la ley exige que estas agencias se registren, con frecuencia, no se encontraban inscritas. El registro de la Secretaría del Trabajo era obsoleto y su alcance, limitado. Aunque unas cuantas firmas de contratación estaban inscritas, el registro contenía muchas empresas medianas que habían desaparecido o no existían, y pocos o ninguno de los contratantes independientes pequeños. El gobierno no supervisó ni controló activamente el proceso de contratación; no obstante, se presume que fue sensible al atender reclamaciones. Hubo informes de que las agencias registradas defraudaron a los trabajadores con impunidad. Los trabajadores migrantes temporales con regularidad debieron pagar comisiones ilegales de contratación. Según un estudio de 2013 que llevó a cabo el Migrant Worker Rights Center, el 58% de los 220 solicitantes entrevistados había pagado comisiones de contratación; la mitad no había recibido una copia de su contrato laboral y había obtenido préstamos para cubrir los costos de contratación, y el 10% había pagado tales comisiones para empleos que no existían. Las agencias de contratación ponían en listas de exclusión a quienes exigían que se respetaran sus derechos y los dejaban fuera de futuras oportunidades de empleo.

Hubo informes de prensa que indicaron que las condiciones de trabajo en algunas maquiladoras eran deficientes y se caracterizaban por bajos salarios, malas relaciones laborales, largas horas de trabajo, despidos injustificados, falta de prestaciones de la seguridad social, lugares de trabajo inseguros y falta de libertad de asociación. Muchas mujeres que trabajaban en la industria padecieron alguna forma de maltrato. La mayoría de las maquiladoras contrataron a empleados por medio de la tercerización, con pocos beneficios sociales.