México: Reporte Internacional Sobre la Libertad de Culto 2014

México

Resumen Ejecutivo

La Constitución declara que todas las personas son libres de profesar la creencia religiosa de su elección y que lleven a cabo ceremonias y actos de alabanza. El poder legislativo no puede aprobar leyes que establezcan o prohíban ninguna religión. La Constitución también establece la separación iglesia – estado. Algunos miembros de comunidades indígenas reportaron que las autoridades locales les negaron beneficios gubernamentales debido a su afiliación y creencia religiosa. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), una agencia federal autónoma, que mediante esfuerzos con el público, promueve  la tolerancia religiosa,   llevó a cabo una encuesta sobre discriminación,  incluyendo aquella por creencias religiosas.

Cinco sacerdotes o seminaristas católicos fueron asesinados durante el año, y en todos los casos se presume que fueron asesinados por el crimen organizado, uno en el Estado de México, otro en Chihuahua y tres en Guerrero. Dos pastores protestantes también fueron asesinados durante el mismo periodo, uno en Guanajuato y otro en el Estado de México. De acuerdo con el Centro Multimedios Católico, México continúa siendo el país más peligroso para sacerdotes en América Latina por sexto año consecutivo. Grupos evangélicos denunciaron frecuentes abusos religiosos y discriminación en pequeñas comunidades rurales del sur.

Representantes de la embajada y consulados de los Estados Unidos se reunieron regularmente con funcionarios de gobierno responsables de asuntos religiosos e indígenas a nivel estatal y federal. Los funcionarios de la Embajada también se reunieron con miembros de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales con tintes religiosos.

Sección I. Demografía Religiosa

 

El gobierno de los Estados Unidos calcula la población de México (para julio de 2014) en 120.3 millones de personas. De acuerdo con el censo gubernamental de 2010, aproximadamente 83 por ciento de la población se identificó como católico y 5 por ciento como protestante evangélico. Grupos religiosos que representan menos del 5 por ciento de la población incluyen a otras denominaciones de protestantes, testigos de Jehová, judíos y musulmanes. Más del 2 por ciento de la población reportó practicar una religión no especificada y casi 5 por ciento reportó no practicar ninguna religión.

Las estadísticas oficiales a veces difieren de los números de miembros que reportan los grupos religiosos. Aproximadamente 315 mil individuos se identificaron como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días (mormones) en el censo de 2010. Sin embargo, los jerarcas mormones en México dicen que sus miembros suman más de 1.3 millones. Existen grandes comunidades protestantes en los estados de Chiapas y Tabasco. En Chiapas, los líderes evangélicos alegan que casi la mitad de los 2.4 millones de ciudadanos en el estado son miembros de grupos evangélicos, pero menos del 5 por ciento de los que respondieron el censo de 2010 en Chiapas se identificaron como evangélicos.

De acuerdo con el censo de 2010, la comunidad judía es de aproximadamente 67 mil 500, de los cuales unos 42 mil viven en la Ciudad de México y el Estado de México; también hay una pequeña comunidad de judíos en Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Casi la mitad de los 4 mil musulmanes del país se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de México. Casi la mitad de los cien mil menonitas en el país se encuentran concentrados en el estado de Chihuahua. Algunos indígenas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán practican una religión sincrética que combina elementos católicos con creencias mayas prehispánicas.

 

Sección II. Estado del Respeto del Gobierno a la Libertad Religiosa

Marco Legal

 

La Constitución declara que todas las personas son libres de profesar la creencia religiosa de su elección y participar en ceremonias y actos de alabanza. El Congreso no puede aprobar leyes que establezcan o prohíban ninguna religión. La Constitución también establece la separación de iglesia y estado. Prohíbe cualquier forma de discriminación, incluyendo aquella con base en creencias religiosas. Una enmienda constitucional que se llevó a cabo en 2013 específicamente prohíbe el uso de actos de alabanza con fines políticos. La enmienda permite que los servicios religiosos se lleven a cabo en lugares públicos y privados y agregó la libertad de convicciones éticas a la constitución, lo que busca garantizar la libertad de no tener creencias religiosas. En 2012, el legislativo aprobó una enmienda constitucional que agregó el adjetivo “secular” a la definición de la República Mexicana.

La ley establece que los grupos religiosos pueden operar de manera informal sin registrarse ante el gobierno. De acuerdo con la constitución, sin embargo, los grupos religiosos deben registrarse para negociar contratos o comprar o rentar bienes raíces, solicitar permisos de construcción, recibir exenciones fiscales y llevar a cabo reuniones religiosas fuera de sus lugares de alabanza tradicionales.

Para establecer una asociación religiosa, los solicitantes deben certificar que la iglesia o grupo religioso se dedica a la observancia, práctica, propagación o instrucción de alguna doctrina religiosa o conjunto de creencias religiosas; que ha llevado a cabo actividades religiosas en México por lo menos durante un periodo de  cinco años, se ha enraizado entre la población, y cuenta con un domicilio establecido en la república; tiene los medios suficientes para lograr su propósito; tiene estatutos establecidos, y cumple con la Constitución. Las asociaciones registradas tienen el derecho de utilizar un nombre único, pueden organizar libremente sus estructuras internas y adoptar las normas o reglas que gobiernan su autoridad y sistema operativo, incluyendo la capacitación y selección de su clero; llevan a cabo actos públicos de alabanza y propagan su doctrina dentro de los reglamentos aplicables; celebran los actos para el cumplimiento del propósito de la asociación de manera legal y no con el propósito de generar ingresos, y participan de manera individual o asociada con personas físicas o morales en la creación, manejo, mantenimiento y operación de bienes privados, educativos, y de salud, mientras sean legales y no con fines de lucro. La ley también define remedios administrativos para proteger el derecho a la libertad de culto.

La ley requiere a los grupos religiosos solicitar un permiso para construir nuevos edificios o convertir edificios existentes en lugares de culto. Cualquier edificio religioso erigido después de 1992 es propiedad del grupo religioso que lo construyó. Todo edificio religioso erigido antes de 1992 se clasifica como patrimonio de la nación, es propiedad del estado y queda libre de impuestos.

La ley estipula que las asociaciones religiosas deben notificar al gobierno de su intención de llevar a cabo reuniones religiosas fuera de un lugar de culto. Las asociaciones religiosas no pueden llevar a cabo mítines políticos de ningún tipo.

El gobierno federal coordina asuntos religiosos mediante la Secretaría de Gobernación. Dentro de la SEGOB, la Dirección General para Asociaciones Religiosas (DGAR) promueve la tolerancia religiosa, lleva a cabo mediación de conflictos e investiga los casos de intolerancia religiosa.

Además de las oficinas del gobierno federal, cada una de las 32 entidades federativas tiene oficinas administrativas responsables de asuntos religiosos. Chiapas, Guerrero, Yucatán y Oaxaca tienen subsecretarías de asuntos religiosos.

Si las partes tienen una disputa con base en alegatos de intolerancia religiosa, la DGAR trabaja para mediar una solución. Si la mediación falla, las partes pueden presentar nuevamente el caso a la DGAR para arbitraje vinculante. Si las partes no llegan a un acuerdo con este procedimiento, una o la otra pueden buscar medios judiciales.

La Constitución declara que la educación púbica debe ser secular, pero los grupos religiosos pueden operar escuelas privadas. La ley no tiene posición respecto a la educación primaria llevada a cabo en casa por motivos religiosos, sin embargo, para entrar a educación secundaria, se debe de haber asistido a una escuela primaria acreditada. Se permite estudiar el nivel secundario en casa tras haber completado la educación primaria en una escuela acreditada.

La Constitución prohíbe a miembros del clero ostentar cargos públicos, promover puntos de vista políticos, apoyar a candidatos o públicamente oponerse a leyes o instituciones del estado.

La ley establece que los grupos religiosos no pueden ser propietarios o administradores de estaciones de radio o televisión. Se requiere de permiso gubernamental para que la radio o televisión comercial transmita programación religiosa.

Prácticas Gubernamentales

 

Algunos miembros de las comunidades indígenas indicaron que autoridades locales les negaron beneficios y servicios por su afiliación religiosa. Ya que la etnicidad y la religión con frecuencia están estrechamente vinculadas, es difícil categorizar muchos incidentes como incidentes exclusivamente basados en identidad religiosa. De acuerdo con el informe anual presidencial, el gobierno trabajó para resolver seis conflictos motivados por intolerancia religiosa, mismos que ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014, y llevaron cada uno de ellos a la mediación y resolución.

De acuerdo con la Coordinación de Organizaciones Cristianas de Chiapas, algunos pueblos colocaron señales alrededor de los pueblos prohibiendo la entrada a protestantes. En junio, en uno de esos pueblos un pastor presbiteriano fue detenido arbitrariamente y golpeado mientras visitaba a familiares. En diciembre, de acuerdo con un reporte por una organización local, habitantes de San Juan Chamula fueron atacados y golpeados y sus servicios fueron bloqueados al rehusarse a hacer contribuciones financieras para las festividades católicas del pueblo.

De acuerdo con algunas organizaciones no gubernamentales y líderes religiosos, hubo instancias en que autoridades locales negaron el acceso a cementerios públicos a miembros no católicos de la comunidad. En enero el consejo de la iglesia del pueblo en Comachuen, Michoacán, dijo que un protestante no podía ser enterrado en el cementerio del pueblo porque su familia no había participado en eventos católicos locales. El gobierno municipal negoció una resolución temporal a través de la cual las familias protestantes pagarían una contribución semestral que no sería utilizada para eventos católicos.

CONAPRED llevó a cabo esfuerzos de enlace, incluyendo capacitación y publicación de materiales diseñados para combatir la discriminación con base en creencias religiosas. CONAPRED también recibió quejas de discriminación religiosa y llevó a cabo mediación en conflictos. CONAPRED fue nombrada a cargo de implementar los objetivos establecidos en el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018, que fue hecho público el 30 de marzo. CONAPRED, junto con otras agencias federales y la Universidad Nacional Autónoma de México preparó la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en 2010. De acuerdo con tal encuesta, 78 por ciento de los individuos que se identifican como católicos, y 68 por ciento de los individuos que se identifican con otros credos dijeron nunca haber experimentado discriminación religiosa.

El gobierno llevó a cabo eventos de capacitación y diseminó información para promover la tolerancia religiosa. Funcionarios de SEGOB llevaron a cabo 52 talleres en varias instituciones estatales y en el Distrito Federal con la meta de explicar el marco legal y regulatorio a organizaciones religiosas.

Mientras que la DGAR trabajó estrechamente con funcionarios estatales y locales en investigaciones criminales en casos que involucran a grupos religiosos, el progreso fue lento. Funcionarios municipales y estatales comúnmente mediaron disputas entre grupos religiosos; sin embargo, los funcionarios rara vez buscaron proceder legalmente contra la parte acusada. Hubo pocas investigaciones y procesos judiciales relacionados a los crímenes o abusos motivados por la profesión de fe de un individuo.

Para el 5 de diciembre, la DGAR había registrado un total de 8,054 asociaciones religiosas en el país. La mayoría era de corte cristiano (8,024), seguido de asociaciones budistas (13), judías (10), expresiones nuevas (4), hindú (2), islámicas (2) y krishna (2).

Sección III. Estatus de Respeto Social a la Libertad Religiosa

 

Cinco sacerdotes o seminaristas católicos fueron asesinados durante el año. Se asume que todos fueron asesinados por organizaciones criminales, uno en el Estado de México, otro en Chihuahua y tres en Guerrero. Tras la muerte del Padre López Gorostieta, cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de diciembre, varios líderes católicos emitieron declaraciones instando al gobierno mexicano a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo el clero. El obispo de Ciudad Victoria continuó la investigación de la desaparición en noviembre de 2013 de un sacerdote de Jiménez, Tamaulipas. De acuerdo con el Centro Católico Multimedios, México continúa siendo el país más peligroso para sacerdotes en América Latina por el sexto año consecutivo. Además, se reporta que sacerdotes enfrentaron intentos de extorsión, amenazas de muerte e intimidación.

Por lo menos dos pastores protestantes fueron asesinados durante el año, uno en Guanajuato y otro en el Estado de México. Líderes protestantes reportaron haber sufrido amenazas e intimidación.

Varios grupos evangélicos denunciaron frecuentes abusos religiosos y discriminación. Estos incidentes ocurrieron principalmente en pequeñas comunidades rurales en el sur. Por ejemplo, en enero la Oficina del Defensor de Derechos Humanos de Oaxaca emitió una recomendación al munícipe de San Juan Ozoltepec en Miahuatlán, Oaxaca, instruyendo a la ciudad a garantizar la aprobación de permisos de construcción para que la Congregación de la Iglesia Cristiana Pentecostal Evangélica culminara la construcción de un templo que detuvo el gobierno municipal en 2011. En las regiones centro y sur, algunas comunidades percibían a los grupos evangélicos como influencias externas no bienvenidas y amenazas económicas y políticas.

 

Sección IV. Política del Gobierno Estadounidense

Representantes de la embajada y los consulados se reunieron regularmente con funcionarios de gobierno a cargo de asuntos religiosos e indígenas a nivel federal y estatal, y hablaron sobre las preocupaciones alrededor de la muerte de sacerdotes católicos, presuntos abusos de los cristianos evangélicos y otros temas de libertad de credo.

Los funcionarios de la embajada también se reunieron con miembros de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales de corte religioso para dialogar sobre la percepción sobre la seguridad de los sacerdotes que trabajan en México y para evaluar el estatus de la libertad religiosa, así como para expresar apoyo para la tolerancia religiosa.

Más información en:http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper