México: Reporte de Trata de Personas 2015

México es un país emisor, de tránsito y de destino para hombres, mujeres y niños sujetos a la trata sexual y a labores forzadas. Los grupos considerados como los más vulnerables a la trata de personas en México incluyen mujeres, menores, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, migrantes y mexicanos LGBT. Mujeres y menores mexicanos, y en menor rango hombres y mexicanos transgénero, son explotados sexualmente en México y en los Estados Unidos. Hombres, mujeres y niños mexicanos son explotados en labores forzadas de agricultura, servicio doméstico, manufactura, proceso de alimentos, construcción, economía informal, mendicidad, y venta callejera tanto en los Estados Unidos como en México. La prensa reporta que a algunos ciudadanos mexicanos sistemáticamente se les retiene el salario, se les retiene en esclavitud por deuda en el sector agrícola, y quedan en deuda con los reclutadores o con empresas.  Residentes en algunos centros de rehabilitación de adicciones, refugios para mujeres han sido sujetos a labores y prostitución forzadas.

La inmensa mayoría de las victimas extranjeras en labores forzadas y servicios sexuales en México, provienen de Centro y Sudamérica. Víctimas de otras regiones también han sido identificadas en México, algunos en ruta hacia los Estados Unidos. El turismo sexual infantil persiste en México, especialmente en áreas turísticas, así como en las ciudades fronterizas del norte. Muchos turistas pederastas provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental.

Los grupos del crimen organizado lucran con la trata sexual, y fuerzan a hombres, mujeres y niños mexicanos y extranjeros a cometer actividades ilícitas, incluyendo fungir como sicarios o halcones, y trabajar en la producción, transporte y venta de drogas.  La corrupción entre funcionarios públicos encargados de combatir la trata, especialmente entre policías y el sector judicial a nivel local, así como oficiales migratorios es una seria preocupación.  Algunos funcionarios extorsionan a adultos y menores que se dedican a la prostitución solicitando sobornos o servicios sexuales.  Otros extorsionan a migrantes indocumentados, incluyendo a víctimas de trata; falsifican los documentos de las víctimas; amenazan a las víctimas con ser enjuiciados si no denuncian a sus tratantes; otros más aceptan sobornos de los tratantes y facilitan el movimiento de las víctimas entre las fronteras, o bien, operan o se hacen clientes de burdeles donde las víctimas son explotadas o, simplemente, fallan en su responsabilidad de responder ante los crímenes de trata incluyendo en los sitios de comercio sexual.

El gobierno de México no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, hace esfuerzos significativos para lograrlo.  Las autoridades se abocaron a una variedad de actividades de prevención y, por primera vez, emitieron un plan de acción nacional contra la trata, así como un reporte nacional sobre este fenómeno.  Once estados y el Distrito Federal crearon o reformaron sus comisiones contra la trata con el fin de dar mayor fuerza a los esfuerzos de las diversas dependencias.  El gobierno reportó un incremento en condenas y sentencias relacionadas a la trata; sin embargo, las estadísticas de identificación de víctimas y operativos no son confiables.  No queda claro cuántas de estas sentencias se dieron por el delito de trata como lo define la ley internacional.  La complicidad de autoridades continuó siendo un serio problema al que se le da poca atención. Los esfuerzos contra la trata fueron insuficientes para lidiar con la gran escala del problema, particularmente en lo que se refiere a labores forzadas, y las autoridades no reportaron si hubo sentencias por esta variante del crimen.  Los fondos del gobierno para servicios especializados y refugios para las víctimas permanecieron inadecuados, y estos servicios son prácticamente inexistentes en gran parte del país, lo que deja a un número importante de víctimas ya identificadas en situación vulnerable, y propensas a mayor victimización.

Recomendaciones para México:

Incrementar los fondos para proveer servicios especializados y refugios para las víctimas en asociación con la sociedad civil, y enviar a las víctimas de todo tipo de trata a los servicios disponibles, así como ofrecerles protección adecuada; dar mayor énfasis a los esfuerzos por investigar y proceder judicialmente contra los delitos de trata, y llegar hasta la sentencia para castigar a los criminales, especialmente en lo que refiere a la trata laboral; incrementar esfuerzos para que los funcionarios públicos que sean cómplices de la trata rindan cuentas mediante procesos judiciales y condenas; mejorar los procedimientos formales para identificar a las víctimas de la trata entre poblaciones vulnerables, tales como las personas que ejercen la prostitución y los migrantes indocumentados, y orientarlos a los servicios de atención apropiados; modificar las leyes contra la trata a nivel federal y estatal para armonizarlas con las leyes internacionales; incrementar la habilidad de las coaliciones regionales y estatales, y las unidades especiales para responder de manera más eficaz a los casos de trata humana mediante mayores presupuestos y personal mejor capacitado; verificar mediante mayor capacitación y monitoreo que a las víctimas no se les obligue a testificar contra los tratantes, ni que se les trate a ellos mismos como tratantes; fortalecer los esfuerzos de recolección de información; ofrecer protección eficaz para testigos y víctimas que testifiquen contra tratantes; incrementar la capacitación de funcionarios de gobierno en identificación y tratamiento de víctimas; y mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales.

Proceso Judicial

El gobierno continúa con esfuerzos disparejos en la aplicación de la ley. Las autoridades reportaron un incremento en el número de sentencias por delitos de trata a nivel federal y estatal, pero no queda claro cuántas de estas sentencias se dan por la trata tal cual es definida por el protocolo de la ONU del 2000, y los esfuerzos fueron socavados por la complicidad oficial. La ley general contra la trata de 2012, prohíbe todas las formas de trata humana, y dicta penas de entre 5 y 30 años de prisión; estas penas son lo suficientemente duras y equiparables con aquellas aplicadas a otros crímenes serios como la violación. Sin embargo, la ley es demasiado ambigua, ya que establece el uso de fuerza, el fraude, y la coerción como agravantes, en lugar de situarlos como elementos esenciales del crimen de trata; asimismo, define el facilitar u obtener ganancias por la prostitución de otros, la adopción ilegal, y la posesión y distribución de pornografía infantil como formas de trata.

Los funcionarios federales tienen jurisdicción por sobre todos los casos de trata internacional, y todos los casos que se den en territorio a cargo del gobierno federal, o que involucren al crimen organizado, o incluyan alegatos contra funcionarios de gobierno. Los estados tuvieron la capacidad de investigar casos internos de trata. Si bien la mayoría de los estados tienen leyes contra la trata, tan sólo algunos cuentan con leyes que criminalizan todas las formas de trata, y las inconsistencias entre las leyes estatales complicaron las investigaciones y procesos interestatales. Los casos que involucraron a individuos que pueden haber sido forzados por grupos criminales a ejercer actividades ilícitas no fueron investigados ni manejados como potenciales casos de trata, a pesar de indicaciones de que pudo haber uso de fuerza o coerción.

Los datos parciales a partir de la definición de trata por la ley federal de 2012 indican que las autoridades federales  iniciaron 253 investigaciones, y los estados iniciaron por lo menos 196 investigaciones por trata en 2014, en comparación con las 139 investigaciones federales y 458 estatales en 2013. En 2013 se iniciaron 30 procesos judiciales a nivel federal, y aproximadamente 177 a nivel estatal de acuerdo con información oficial. Las autoridades no reportaron el número de procesos judiciales contra la trata iniciados en 2014.  Las autoridades mexicanas reportaron la sentencia de 3 tratantes a nivel federal, y por lo menos 108 a nivel estatal en 2014.  Esto representa un incremento respecto al número de sentencias reportadas en 2013 en el que no hubo sentencias a nivel federal y sólo hubo 73 a nivel estatal, incluyendo 38 en la Ciudad de México.  No queda claro cuántas de estas condenas se dieron por trata tal cual la define el protocolo de la ONU del 2000, y los funcionarios no reportaron el rango de las sentencias.  De las sentencias de 2014, 78 fueron por trata sexual en la Ciudad de México.

En muchas partes del país los esfuerzos de la ley se enfocaron en investigar los bares y clubes nocturnos por irregularidades administrativas, en lugar de generar operativos con base en inteligencia en contra de los tratantes.  Organizaciones no gubernamentales reportaron que la ambigüedad de la ley ocasionó que  algunos oficiales buscaran a la gente involucrada en la prostitución en lugar de buscar individuos sometidos por medio de la fuerza, el fraude o la coerción.  Algunos funcionarios confunden la trata con el tráfico de migrantes o la prostitución.  Las investigaciones y los procesos judiciales se retrasaron en ocasiones mientras las autoridades determinaban cuál procuraduría tenía la jurisdicción, o mientras se coordinaban con funcionarios en otras partes del país, retraso que afectó adversamente tanto a los casos judiciales como a las víctimas.  La ley de 2012 obliga a los estados a tener a un procurador dedicado al combate a la trata, pero muchos estados no tuvieron el presupuesto para implementar esto.  La falta de comprensión del concepto de trata por parte de algunos funcionarios resultó en que algunos casos judiciales se presentaran en contra de delitos menores, y conllevó declaraciones de inocencia a favor de tratantes.  Las autoridades sostuvieron una sólida cooperación con funcionarios estadounidenses, y se asociaron por lo menos en 15 operativos conjuntos, uno de los cuales resultó en que una víctima fuera reunida con sus dos hijos.  Las autoridades mexicanas mejoraron la cooperación con los Estados Unidos formando un nuevo grupo de trabajo para intercambiar información sobre investigaciones contra la trata de personas y tráfico de migrantes.  Algunas dependencias federales organizaron cursos de capacitación contra la trata con fondos del extranjero, y mucha de la capacitación especializada fue ofrecida por gobiernos extranjeros y la sociedad civil.

Mujeres que ejercen la prostitución en la Ciudad de México declararon que oficiales las forzaron a firmar declaraciones acusando a detenidos por el delito de trata, lo que eleva las preocupaciones sobre las tácticas empleadas por las fuerzas de la ley.  Funcionarios de la Secretaría del Trabajo en la capital certificaron a algunas personas que de manera independiente ejercen la prostitución para evitar que fueran detenidas o extorsionadas por las autoridades.  Las mujeres que trabajan en clubes nocturnos y otros establecimientos protestaron por el uso de la fuerza por parte de autoridades durante operativos contra la trata en la Ciudad de México.  Organizaciones no gubernamentales también reportaron que los oficiales con frecuencia revictimizaron a las víctimas de trata por su falta de sensibilidad.  A pesar de reportes continuos de una extensa complicidad oficial, las autoridades no reportaron procesos o sentencias en contra de empleados de gobierno por complicidad con la trata durante 2014; el gobierno no ha reportado la sentencia de un funcionario por complicidad desde 2010.  Las autoridades aprehendieron a un empleado municipal buscado por trata en Oaxaca, pero no reportaron nuevas investigaciones contra funcionarios en 2014.  El gobierno no reportó actualizaciones sobre la investigación iniciada en el 2013 en contra de dos policías de Tijuana por explotar sexualmente a una víctima, ni reportaron sobre la investigación de 2012 de un funcionario estatal de Chihuahua acusado de explotar laboralmente a una víctima.

Protección

El gobierno mexicano continuó ofreciendo servicios especializados limitados para las víctimas de  trata. Algunas instituciones de gobierno cuentan con procedimientos informales para canalizar a las víctimas, pero la mayoría de los funcionarios gubernamentales carecen de lineamientos claros para identificar y referir a las víctimas a servicios de atención.  Los agentes migratorios continúan la práctica de preguntar a los migrantes si son víctimas de trata, y carecen de mecanismos sólidos para determinarlo.  Las ONG criticaron la habilidad del gobierno de identificar acertadamente a las víctimas de trata de entre poblaciones vulnerables tales como migrantes. Los expertos en el combate a la trata, y las personas en la industria de la prostitución reportan que los funcionarios rara vez diferencian entre las víctimas de trata sexual y las prostitutas, en parte por la ambigüedad de la ley contra la trata.  Esto hace que las estadísticas de identificación de víctimas no sean confiables.  El gobierno reportó haber identificado 1,570 víctimas mexicanas de trata, sin distinguir cuántas lo fueron por labores forzadas y cuántas por trata sexual.  En comparación, en 2013 las dependencias federales reportaron haber identificado y apoyado a más de 1,000 víctimas.  Sin embargo, un reporte gubernamental cita dos números distintos.  Esta contradicción subraya las preocupaciones sobre la confiabilidad de las estadísticas.

No queda claro cuántas de las víctimas identificadas recibieron atención, tal como acceso a refugios, y los servicios para víctimas en la mayor parte del país continúan siendo inadecuados ante los enormes números de víctimas que identifican las ONG y los funcionarios mismos.  La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República recibió 10 millones de pesos como presupuesto en 2014 para brindar asistencia a las víctimas femeninas de violencia extrema, incluyendo víctimas de trata.  Las ONG, muchas de las cuales reciben apoyo del extranjero o de la iniciativa privada, fueron las que ofrecieron la mayoría del apoyo especializado.  La coordinación fue pobre entre funcionarios federales, estatales y locales en temas de servicio a víctimas y administración de casos.  La red consular mexicana en los Estados Unidos ofreció ayuda a 21 víctimas de trata laboral, y a un número no especificado de víctimas de trata sexual en 2014.

FEVIMTRA continuó operando un refugio de alta seguridad en la Ciudad de México dedicado a las víctimas femeninas de la trata sexual y otros tipos de violencia extrema, para quienes participaron en el proceso legal en contra de sus tratantes. El refugio ofreció sustento a un número indeterminado de víctimas por hasta tres meses, tiempo durante el cual no se les permitió abandonar el refugio sin compañía debido a cuestiones de seguridad. Algunas ONG expresaron preocupación de que este procedimiento traumatizó de nuevo a las víctimas, y orilló a algunas de ellas a escapar.

Las dependencias gubernamentales a nivel federal y estatal ofrecieron servicios de emergencia a algunas víctimas de trata; dichos servicios incluyeron atención médica, alimentos y refugio temporal.  Los refugios para menores de 13 años en estado vulnerable, y los refugios para mujeres víctimas de violencia no proporcionaron estadísticas integrales sobre cuántas víctimas apoyaron en 2014.  Los expertos y las víctimas destacaron la necesidad de abrir refugios con servicios especializados para las víctimas de la trata, incluyendo el tener acceso a cuidados psicosociales y servicios de reintegración, particularmente capacitación para el empleo.  Los servicios gubernamentales para las víctimas masculinas y víctimas de trata laboral fueron muy pobres.  La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó casos en que víctimas fueron alojadas en lugares inadecuados, tales como centros de detención migratoria, y destacó asimismo la falta de servicios para las víctimas con necesidades especiales tales como los drogadictos.  Se redactó un protocolo federal de asistencia a víctimas en 2014, pero su aplicación continúa pendiente.  Algunos estados también redactaron protocolos similares.

Muchas víctimas en México temían identificarse como víctimas de trata, y pocos buscaron remedios legales debido a su miedo de represalias por parte de los tratantes, la carencia de servicios especializados, o la falta de confianza en las autoridades.

La ley mexicana tiene elementos para eximir a las víctimas de trata de castigos por actos ilegales que hubieran cometido como resultado directo de su condición, pero hubo reportes de que algunas víctimas sí recibieron castigos en la práctica.  Algunos funcionarios entregaron a víctimas al Instituto Nacional de Migración (INM) para su detención y subsecuente deportación debido a la carencia de estatus legal de la víctima o identificación de ésta como víctima de trata. Las víctimas de nacionalidad extranjera pueden recibir el estatus de refugiados, independientemente de cualquier decisión de testificar en contra de supuestos tratantes. Sin embargo, ONG y organizaciones internacionales reportaron que estas alternativas legales a la deportación generalmente no se ofrecieron en la práctica.  Muchas víctimas de nacionalidad extranjera regresaron a sus países de origen tras dar testimonio, en algunos casos debido a la carencia de refugio adecuado o de información sobre sus derechos. El INM reportó ofrecer alimentos y asistencia migratoria a 29 víctimas de trata en 2014, y emitió 25 autorizaciones para permanecer en el país por motivos humanitarios; estas autorizaciones pueden ser renovadas anualmente dependiendo de las circunstancias específicas de las víctimas.  En comparación, el año anterior el INM asistió a 47 víctimas.  En algunos casos, las autoridades compartieron el nombre de las víctimas y detalles del caso con los medios informativos.  No hubo reportes de que las víctimas de trata recibieran ningún tipo de restitución.

Prevención

Las autoridades federales y estatales se involucraron en una gama de esfuerzos de prevención contra la trata, sin embargo, los esfuerzos de prevención en general fueron inadecuados dada la magnitud del problema. La comisión inter-institucional contra la trata que coordinó los esfuerzos gubernamentales se reunió dos veces, y emitió un reporte en 2013 sobre los esfuerzos nacionales contra la trata.  El gobierno emitió un plan de acción nacional 2014-2018, pero no asignó presupuesto adicional para implementarlo.  Los expertos reportaron que la coordinación interinstitucional a nivel federal y estatal fue dispareja, si bien varias jurisdicciones reportaron un incremento de actividad contra la trata.

Veintidós estados cuentan con comités contra la trata, y doce de ellos fueron presentados o reconfigurados en 2014.  Su eficacia varía.  Los gobiernos federal y estatales iniciaron diversas actividades de concientización, incluyendo distribución de materiales educativos en español y lenguas indígenas, además de versión para sordomudos.  También se publicitaron números telefónicos para denuncias anónimas.  La CNDH llevó a cabo numerosas sesiones de capacitación y concientización contra la trata en todo el país para una amplia gama de audiencias. El gobierno del Distrito Federal aportó fondos para establecer una línea telefónica de denuncia contra la trata para la capital.  Las autoridades eliminaron las cuotas de expedición de permisos de trabajo para los ciudadanos de Guatemala y Belice que trabajan en el sur de México, y establecieron un centro en Guatemala para tramitar dichos permisos.  Las autoridades no reportaron esfuerzos por proceder legalmente contra los reclutadores falsos.  El gobierno continuó con los esfuerzos para prevenir el turismo sexual con menores mediante sesiones de capacitación, asociación con cámaras de la industria del turismo, y distribución de materiales de concientización con el fin de reducir la explotación sexual de menores en los destinos turísticos.  El gobierno investigó algunos casos de turismo sexual, pero no reportó cuántos turistas sexuales procesó o sentenció, si es que los hubo, y algunas ONG alegaron que algunos funcionarios locales corruptos permitieron la explotación sexual comercial de menores. Las autoridades no reportaron esfuerzos por reducir la explotación laboral.  El gobierno ofreció capacitación contra la trata a su personal diplomático.