México: Informe de derechos humanos 2015

RESUMEN

 

México, compuesto de 31 estados y un Distrito Federal, es una república federal multipartidaria con un presidente elegido y una legislatura bicameral. En julio de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó las elecciones para un mandato de un sexenio sin posibilidad de reelección en elecciones que los observadores consideraron libres e imparciales. Los ciudadanos eligieron miembros del Senado en julio de 2012 y miembros de la Cámara de Diputados en junio. Los observadores consideraron libres e imparciales las elecciones legislativas y para gobernadores de junio de 2015. En general, las autoridades civiles mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad.

Los problemas más importantes relacionados con los derechos humanos comprendieron la participación policial y militar en abusos graves, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones. La impunidad y la corrupción de las fuerzas del orden y del sistema de justicia siguieron siendo problemas graves. Grupos delictivos organizados asesinaron, secuestraron e intimidaron a ciudadanos, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Persistieron los siguientes problemas adicionales: condiciones carcelarias deficientes; arresto y detención arbitrarios; amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos y periodistas; amenazas y violencia contra migrantes; violencia contra las mujeres; violencia doméstica; maltrato de personas con discapacidades; amenazas y violencia contra miembros de la población indígena; amenazas a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); trata de personas, y trabajo infantil, incluido el trabajo forzoso de menores.

La impunidad en materia de abusos a los derechos humanos persistió en todo el país, con tasas de enjuiciamiento extremadamente bajas para todos los delitos. El público no tuvo fácil acceso ni a información general sobre investigaciones del gobierno de denuncias de violaciones de los derechos humanos, ni a información sobre casos específicos.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

 

  • Privación arbitraria o ilícita de la vida

Hubo numerosos informes de que el gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, con frecuencia impunemente. Los grupos del crimen organizado también fueron responsables de numerosos asesinatos, con frecuencia actuaron con impunidad y a veces en contubernio con funcionarios corruptos estatales, locales y con cuerpos de seguridad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó haber recibido 32 denuncias de “privación de la vida” desde enero hasta el 31 de octubre.

En noviembre, la CNDH publicó un informe sobre los asesinatos de 10 personas, ocurrido el 6 de enero en Apatzingán, Michoacán. Según el informe de la CNDH, la Policía Federal fue responsable de violaciones graves a derechos humanos en seis de las muertes, de las que por lo menos una se clasificó como ejecución extrajudicial. También miembros del ejército fueron implicados en detenciones ilegales y lesiones de varios ciudadanos. Otra investigación criminal seguía en curso al finalizar el año.

El 22 de mayo, la Policía Federal mató a 42 presuntos delincuentes armados durante un tiroteo cerca de Tanhuato, Michoacán, en el que también fue muerto un agente de dicha dependencia. Las autoridades federales sostuvieron que los delincuentes atacaron cuando los perseguía la policía, la cual abrió fuego para someter al grupo. Sin embargo, los familiares de las víctimas y fuentes de la sociedad civil afirmaron que los cuerpos mostraban señales de tortura. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán abrió una investigación, a la que se sumó en agosto la Procuraduría General de la República (PGR). El 26 de mayo, la CNDH también dio inicio a una investigación. Durante su visita en octubre, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presionó al gobierno para que continuara su investigación del caso. Las investigaciones seguían en curso a finales del año.

El 7 de julio, el comandante del 97º Batallón de Infantería presuntamente ordenó y participó en las detenciones ilícitas y ejecuciones extrajudiciales de siete supuestos miembros de un grupo de la delincuencia organizada de Calera, Zacatecas. El 31 de julio, un juez federal de Zacatecas ordenó el arresto del comandante y de otros tres oficiales militares acusados de desaparición forzada y homicidio con premeditación y circunstancia agravantes. Al finalizar el año, los cuatro permanecían en prisión preventiva en la cárcel militar de Mazatlán, Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que proporcionó asistencia judicial a la investigación dirigida por civiles, transmitió sus conclusiones a la PGR.

Continuaron los procedimientos penales civiles sobre las muertes ocurridas en junio de 2014 de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México. En junio, tanto la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de México como la PGR confirmaron que 11 de las 22 personas fueron ejecutadas; de ellas, por lo menos la mitad se había rendido antes de su muerte. En noviembre de 2014, la PGR acusó a tres soldados, que habían sido asignados al 102º Batallón de Infantería de la SEDENA, de homicidio, alteración de pruebas y abuso de autoridad, y acusó a otros cuatro soldados de delitos menores. A principios de octubre, un juez del Distrito Federal retiró los cargos contra los cuatro soldados por insuficiencia de pruebas. La PGR apeló el fallo. Los acusados permanecían en prisión preventiva, y los cuatro que quedaron libres de cargos civiles todavía están acusados ante el sistema de justicia militar. Asimismo, siete policías del Estado de México fueron acusados en julio de torturar a tres mujeres que atestiguaron las ejecuciones.

Después de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos le ordenara que lo hiciera, la PGR hizo públicos en diciembre de 2014 documentos que revelaban la complicidad de la policía municipal en los homicidios en 2010 de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. En los documentos también constaba la participación de la policía en las muertes de otras 193 víctimas encontradas en fosas comunes en Tamaulipas en 2011.

El 20 de julio, un juez federal de Nuevo León sentenció al ex cabo Juan Ortiz Bermúdez a 18 años de prisión al declararlo culpable del homicidio doloso en 2010 de dos civiles desarmados. Fue la primera vez que un juez civil sentenció a un oficial de las fuerzas armadas en Nuevo León.

El 2 de marzo, un juez federal de Sinaloa sentenció a cuatro soldados a nueve años y cuatro meses de prisión por el homicidio doloso en 2008 de civiles desarmados.

  • Desaparición

Hubo numerosos informes de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad, además de varios casos de desapariciones relacionadas con la delincuencia organizada. Al recabar datos, el gobierno a menudo mezclaba a las personas desaparecidas con las extraviadas y por lo tanto se dificultó el acopio de estadísticas precisas sobre el alcance del problema. Si bien el código penal federal incluye disposiciones sobre “desapariciones forzadas”, las jurisdicciones estatales carecen de leyes para definir este delito de manera uniforme; 15 estados tipificaron la “desaparición forzada” como distinta del homicidio o el secuestro. La investigación, el enjuiciamiento y la sentencia por el delito de desaparición siguen siendo inusuales.

En septiembre, dependencias gubernamentales informaron al Congreso que 25 mil 230 personas estaban registradas como extraviadas o desaparecidas hasta al 31 de diciembre de 2014. Conforme al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 24 mil 812 casos se encontraban bajo la autoridad estatal, en tanto que 418 casos estaban bajo jurisdicción federal. La PGR también informó que 74 personas habían sido localizadas a diciembre de 2014, 70 de las cuales eran ciudadanos mexicanos. Según las autoridades, entre las causas de las desapariciones estaban: la ausencia voluntaria, la migración, la muerte y la reclusión ilegal. La CNDH recibió 12 denuncias de “desapariciones forzadas o involuntarias” desde enero hasta el 31 de octubre.

El 6 de septiembre, un grupo de expertos de la CIDH publicó un informe en el que criticaba la investigación inicial del gobierno de las desapariciones ocurridas en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, y los asesinatos concomitantes de otros seis. La CIDH y la investigación original del gobierno llevaron a la conclusión de que los estudiantes fueron arrestados por la policía local y luego entregados a narcotraficantes en Iguala, Guerrero. En octubre, el gobierno renovó el mandato del grupo de expertos hasta el 30 de abril de 2016 y convino en “reiniciar” la investigación e incorporar recomendaciones del informe de septiembre, entre otras, la creación de un nuevo grupo de investigación que trabajara con los expertos de la CIDH y el gobierno. En septiembre, funcionarios gubernamentales afirmaron que los expertos forenses extranjeros habían identificado los restos de un segundo normalista (además de los restos del primero, identificados en 2014). En noviembre, la PGR anunció la creación de una nueva unidad especial para que investigara la desaparición de los normalistas. En diciembre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aprobó las primeras reparaciones a la familia de una de seis personas asesinadas durante el incidente.

El 18 de agosto, un juez federal de Nuevo León dictó la primera sentencia civil en la historia del país contra un oficial militar por la desaparición de un civil. El tribunal procedió a despojar al subteniente Danny Hernández Sánchez de su rango y lo condenó a 31 años y tres meses en prisión por la desaparición forzada en 2012 de una víctima en el municipio Los Herreras, Nuevo León.

El secuestro de personas de todos los niveles socioeconómicos siguió siendo un problema grave, y hubo informes fiables de incidentes en los que participó la policía, estatal o local, en secuestros para pedir rescate. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del gobierno (INEGI) estimó que el 94 por ciento de los delitos no se denunciaron o no se investigaron, y que la falta de denuncias por secuestro fue aún más alta.

El 7 de mayo, Javier Cano Torre, un periodista de la emisora de radio ABC en el estado de Guerrero fue secuestrado junto con otras tres personas que viajaban con él. El vehículo de Cano Torre fue hallado abandonado en la carretera de Iguala a Teloloapan. Las cuatro personas permanecían desaparecidas y la investigación continuaba a nivel estatal.

El 10 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California anunció que había acusado a cuatro hombres del secuestro de más de 70 migrantes en zonas aledañas a Tijuana y Mexicali. La PGJE declaró que, durante el arresto de los hombres, las autoridades locales habían rescatado a nueve migrantes retenidos contra su voluntad por el grupo. Las nueve víctimas secuestradas fueron objeto de tortura y maltrato, y algunas de abuso sexual, según las autoridades locales.

  • Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes

La ley prohíbe esas prácticas y estipula que las confesiones obtenidas por medios ilícitos no son admisibles como pruebas en los tribunales, pero hubo informes de que funcionarios del gobierno recurrían a las mismas.

No hay un registro nacional de casos de tortura, y hay una falta de datos específicos de casos de tortura a nivel estatal. Desde enero hasta el 31 de octubre, la CNDH recibió 587 denuncias de “tratos inhumanos o degradantes” y 49 denuncias de tortura.

En Jalisco la Comisión de Derechos Humanos del estado informó haber recibido 89 denuncias de tortura desde el 1 de enero hasta el 29 de julio, frente a la notificación de un total de 24 denuncias en 2014. El 26 de abril, Jalisco aprobó una ley que aumenta la pena de quienes sean declarados culpables de tortura. El 25 de septiembre, un juez dictó la primera sentencia por tortura en la historia de Jalisco de dos oficiales de la policía local declarados culpables de torturar hasta la muerte a un hombre durante su arresto en 2014.

El 12 de noviembre, el gobierno del Distrito Federal reconoció que la policía del distrito había cometido “actos de tortura y tratos cueles e inhumanos” contra 90 ciudadanos que participaron en manifestaciones en la Ciudad de México durante 2013 y 2014. El gobierno aceptó todas las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que comprendieron la documentación de incidentes policiacos en violación de leyes federales y estatales. Fue la primera vez que el gobierno del Distrito Federal admitió los actos de tortura y malos tratos.

En junio, un juez sentenció a Omar Rivera Vela, ex inspector de la policía municipal de Ciudad Juárez, a cuatro años y medio en prisión por tortura relacionada con un incidente ocurrido en 2013.

El 2 de diciembre, un juez estatal de Chihuahua desestimó los cargos contra Cristel Fabiola Piña Jasso, Leonardo Gilberto de la O Ramos y José Eduardo Estrada. A los tres se les acusó falsamente de extorsión, y habían estado detenidos desde 2013. El juez también ordenó una investigación de las acusaciones de que policías estatales los habían torturado para obligarlos a confesar. El mismo día, en otro caso, las autoridades liberaron a Adrián Vásquez de una cárcel cerca de Tijuana, más de tres años después de que fue arrestado y presuntamente torturado por la policía estatal y acusado de ser narcotraficante.

El 7 de octubre, la CNDH emitió la Recomendación 33/2015, que manda a la SEDENA y a la PGR cooperar plenamente en la investigación del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas por la detención arbitraria y tortura en 2009 de Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez por las fuerzas militares en el estado de Baja California.

Hubo informes de casos de maltrato en instituciones públicas de salud mental (véase la sección 6, Personas con discapacidades).

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Con frecuencia, las condiciones en las cárceles y centros de detención fueron severas y pusieron en riesgo vidas debido a la corrupción, el hacinamiento, el maltrato de los presos, el alcoholismo y la adicción a drogas, así como a la pérdida de seguridad y control. En un informe de 2015, la CNDH indicó que la ocupación en las cárceles estaba 25 por ciento por encima de su capacidad, y que las condiciones imposibilitan o dificultan que la población interna “accediera a una vida digna, así como a los medios para lograr su rehabilitación y reinserción social con eficacia”. Hubo numerosos casos de corrupción en el sistema penitenciario, inclusive cargos de que el jefe de la prisiones federales y ex director de la prisión del Altiplano permitió la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera. En 2012, la CNDH estimaba que la delincuencia organizada controlaba el 60 por ciento de las cárceles.

Grupos de la sociedad civil informaron sobre abusos contra migrantes en algunos centros de detención.

Condiciones físicas: Las condiciones de salud y sanitarias fueron malas, y la mayoría de las cárceles no ofrecieron atención psiquiátrica. Algunas cárceles con frecuencia contaban con funcionarios correccionales mal capacitados, mal pagos y corruptos, y ocasionalmente las autoridades dejaron a los reclusos en confinamiento solitario indefinidamente. Los reclusos debieron sobornar a los guardias frecuentemente para obtener alimentos, medicamentos y otros artículos necesarios. Según informes, se dio el caso de que algunos presos tuvieran que pagar una suma para que les permitieran la visita de sus familiares. Las autoridades mezclaron a los detenidos en prisión preventiva con los reclusos condenados. La sobrepoblación carcelaria siguió siendo una amenaza para la salud y la vida. La CNDH señaló la falta de acceso a la atención adecuada de la salud como un problema grave. La calidad y cantidad de los alimentos varió entre las distintas instalaciones, y en general las cárceles que han recibido acreditaciones internacionales presentaron las mejores condiciones. La CNDH notificó sobre 49 homicidios y 62 suicidios en las prisiones estatales y distritales en 2014.

La CNDH siguió informando que las condiciones de las cárceles de mujeres fueron peores que las observadas en las cárceles de hombres, en particular para las mujeres que vivían en la cárcel con sus hijos, debido a la falta de instalaciones habitacionales apropiadas y de atención médica especializada. Se informó que las mujeres que vivían con sus hijos en la cárcel no recibían asistencia ni alimentos adicionales. Continuaron los informes sobre el abuso físico y sexual de las internas.

Administración: En algunas cárceles estatales, el mantenimiento de registros siguió siendo inadecuado. Algunos estados establecieron mecanismos de justicia alternativa, que incluyen los tribunales de tratamiento de adicciones para delincuentes no violentos. Si bien reclusos y detenidos podían denunciar violaciones a los derechos humanos, el acceso a la justicia fue irregular, y en general las autoridades no divulgaron al público los resultados de las investigaciones. La CNDH cuenta con un defensor dedicado a problemas carcelarios, pero este no brinda representación legal a los internos.

Monitoreo independiente: El gobierno permitió el monitoreo independiente de las condiciones carcelarias por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos. Generalmente, quienes efectuaron el monitoreo independiente se encontraron limitados a hacer recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones carcelarias.

Mejoras: Varios estados, entre ellos Baja California, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Puebla, establecieron unidades especiales de detención preventiva durante el año para reducir el hacinamiento. Quince tribunales de tratamiento de adicción en Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos y Nuevo León permitieron a los participantes recibir psicoterapia y tratamiento de las adicciones en lugar de cumplir una condena en una institución correccional, lo cual redujo la sobrepoblación carcelaria. Tanto las instalaciones federales como las estatales siguieron tratando de obtener la acreditación internacional de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), que requiere el cumplimiento demostrado de una serie de normas. Al 22 de septiembre, un centro administrativo estatal en Chihuahua y seis cárceles federales, una academia federal de capacitación correccional y 15 cárceles estatales en Baja California, Coahuila, Chihuahua, el Estado de México y el Distrito Federal contaban con la acreditación de la ACA. En febrero, la ACA hizo un reconocimiento al Estado de Chihuahua por haber conseguido la acreditación de la ACA para todos y cada uno de los centros correccionales bajo su control. Desde el inicio del proceso de acreditación, las cárceles de Chihuahua experimentaron una marcada disminución en muertes, fugas y motines. En 2014 hubo una sola muerte violenta y no hubo motines en las instalaciones carcelarias de Chihuahua.

  • Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno con frecuencia no respetó estas prohibiciones.

Función de la policía y del aparato de seguridad

La Policía Federal, así como también la policía estatal y municipal, tiene la responsabilidad primordial de hacer cumplir las leyes y mantener el orden. La Policía Federal está bajo la autoridad del Secretario de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad; la policía estatal está bajo la autoridad de cada uno de los 32 gobernadores, y las fuerzas de la policía municipal están bajo la autoridad de los alcaldes locales.

La SEDENA, que supervisa al ejército y la fuerza aérea, y la Secretaría de Marina (SEMAR), que supervisa la fuerza naval y la infantería de marina, también desempeñan un papel en la seguridad interna, en particular respecto de los grupos del crimen organizado. El Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de Marina son miembros del gabinete que le reportan directamente al presidente. La ley estipula que las instituciones militares transfieran los casos relacionados con víctimas civiles, incluidos los casos de derechos humanos, al sistema de justicia civil bajo la jurisdicción de la PGR. Si la víctima es un militar, el supuesto autor es juzgado en el sistema de justicia militar. La SEDENA, la SEMAR, la Policía Federal y la PGR cuentan con protocolos de seguridad en cuanto a la cadena de custodia y al uso de la fuerza. Los protocolos, diseñados para reducir el tiempo que los detenidos permanecen en custodia militar, describen procedimientos específicos para el trato de los detenidos.

El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), es el órgano administrativo que aplica la legislación migratoria y protege a los migrantes. Los 5 mil 400 agentes del INM trabajan en los puertos de entrada, puestos de control y centros de detención realizando operaciones de aprehensión de migrantes en coordinación con la Policía Federal.

Si bien las autoridades mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad y la policía, la impunidad, especialmente en materia de abusos a los derechos humanos, siguió siendo un problema grave. Las tasas de enjuiciamiento del país fueron extremadamente bajas, y los juicios podían durar años. Por ejemplo, al 25 de agosto, continuaban los procesos penales civiles contra un teniente del ejército y soldados asignados anteriormente al 9º Batallón de Infantería de la SEDENA por la presunta detención ilícita y desaparición de seis civiles en 2010. Los tribunales civiles juzgaron casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por personal militar, y hubo varios de esos procesamientos judiciales durante el año. Por ley, los funcionarios elegidos gozan de fuero, una inmunidad de enjuiciamiento, incluso por corrupción, mientras ocupen un cargo público, pese a que las legislaturas federal y estatales tienen la autoridad para revocarles dicha inmunidad.

La Dirección General de Derechos Humanos de la SEDENA investiga al personal militar por violaciones a derechos humanos identificadas por la CNDH y tiene la tarea de promover una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la institución. No obstante, la dirección no tiene facultades para garantizar que las denuncias deriven en un juicio ni para entablar una acción judicial independiente.

Como parte de la implementación del programa de derechos humanos 2014-2018, de la SEDENA, en diciembre el Secretario de Defensa anunció nuevas medidas de derechos humanos, entre otras, un acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para la creación de un centro para la igualdad y la no discriminación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó nuevas normas de capacitación de la policía en agosto de 2014, incluida la capacitación obligatoria en derechos humanos para todo el personal de las fuerzas del orden. El cumplimiento de las normas de capacitación siguió siendo un desafío, en particular para las fuerzas policiales municipales.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La constitución permite que toda persona pueda arrestar a otra que cometa un delito en su presencia. No es necesario contar con una orden de arresto si un funcionario tiene una sospecha razonable respecto a la participación de una persona en la comisión de un delito. Existe el derecho a fianza, excepto en el caso de quienes sean detenidos en conexión con el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada. En la mayoría de los casos, se debe hacer comparecer a los sospechosos ante un juez antes de que hayan transcurrido 48 horas desde su arresto, con pruebas suficientes para justificar la continuidad de su detención; a pesar de ello, se registraron infracciones en relación con el plazo de 48 horas. En casos que involucran a tres o más personas organizadas para cometer ciertos delitos, los sospechosos pueden ser detenidos por hasta 96 horas antes de su comparecencia ante un juez.

Sólo el sistema judicial federal puede llevar los casos de delincuencia organizada. En virtud del procedimiento de arraigo (una forma de detención constitucionalmente aceptada, empleada durante la fase investigativa de un caso penal antes del pleno establecimiento de la causa probable), ciertos sospechosos pueden, con la venia de un juez, ser detenidos por hasta 80 días antes de la presentación de cargos formales. Algunas ONG de derechos humanos expresaron que el arraigo permite a las autoridades detener a alguien en primer lugar y luego buscar una razón para justificar la detención. Al no haber cargos formales, a las personas así detenidas se les niega representación legal y, de ser condenadas, no pueden recibir crédito por el tiempo que ya han pasado detenidas. Los grupos de derechos humanos afirmaron que las autoridades emplearon el arraigo para obtener confesiones por medio de tortura.

Algunos detenidos denunciaron que se les negó el acceso a familiares y a abogados después de que la policía los mantuviera incomunicados por varios días e hiciera arrestos arbitrarios sin órdenes judiciales. A veces, la policía ofreció abogados a detenidos indigentes sólo durante los juicios, pero no durante los arrestos o investigaciones tal como estipula la ley. Las autoridades mantuvieron a algunos detenidos bajo arresto domiciliario. En junio de 2014, las fuerzas armadas publicaron su primera doctrina conjunta sobre el uso de la fuerza, que ordena la transferencia de detenidos tan pronto como sea posible a autoridades civiles y prohíbe el uso de instalaciones militares como centros de detención o retención.

Arresto arbitrario: Persistieron las acusaciones de detención arbitraria a lo largo del año. Durante la visita de evaluación en octubre, la CIADH indicó que “los arrestos arbitrarios eran la norma y no la excepción.”

Detención preventiva: Las detenciones preventivas prolongadas constituían un problema grave, aunque no hay información pública sobre el porcentaje de reclusos en prisión preventiva ni el promedio de tiempo que permanecieron en esas condiciones. La ley establece los plazos dentro de los cuales un acusado debe ser juzgado. En general, las autoridades no respetaron esos plazos debido a que el número de casos excedió con creces la capacidad del sistema judicial federal.

  • Denegación de juicio público imparcial

Si bien la constitución y la legislación consagran la independencia del poder judicial, los fallos de los tribunales fueron susceptibles a influencia indebida por parte de entidades tanto privadas como públicas, en particular a nivel estatal y local.

Procedimientos judiciales

El sistema judicial civil estaba en proceso de transición de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Hasta hace poco, el país funcionaba en el marco de un sistema judicial de tipo inquisitivo basado primordialmente en el examen judicial a puerta cerrada de los documentos escritos. No obstante, una enmienda constitucional que data de 2008 ordenó que para junio de 2016 los gobiernos federal y estatales reemplazaran dicho sistema por uno acusatorio, que depende de testimonios orales presentados en audiencias públicas. Si bien el gobierno federal y casi todos los estados habían comenzado a adoptar el nuevo sistema de justicia penal, a juicio de los observadores, la transición compleja, en la que coexistirían por unos años el sistema anterior y el nuevo, seguiría dependiendo del apoyo sostenido del gobierno. En algunos estados que adoptaron el sistema acusatorio, los centros de justicia alternativa emplearon mecanismos tales como la mediación, la negociación y la justicia restaurativa para sancionar a los autores de delitos menores fuera del sistema judicial.

Conforme al nuevo sistema de justicia penal, todas las audiencias y los juicios los realiza un juez de acuerdo con los principios de acceso público, inmediatez, enfrentamiento y contrainterrogatorio. Todo acusado goza de la presunción de inocencia y los jueces emiten sus sentencias directamente sin participación de un jurado. El acusado tiene derecho a asistir a las audiencias y a impugnar las pruebas y el testimonio presentados. Además, tiene acceso a las pruebas que se encuentran en poder de la fiscalía, aunque la ley permite que la fiscalía conserve la confidencialidad de los elementos de una investigación hasta que se presenten las pruebas ante el juez. La ley también consagra el derecho de apelación.

Hasta septiembre, las 32 jurisdicciones estatales del país habían comenzado la transición al sistema acusatorio y se encontraban en distintas etapas de capacitación e implementación de las reformas.

La ley establece el derecho de los acusados a un abogado en todas las etapas del proceso penal. Se requiere que los abogados tengan calificaciones jurídicas para representar a un acusado. No todos los defensores de oficio estuvieron preparados y capacitados para representar adecuadamente a los acusados y, con frecuencia, el sistema de defensoría pública del estado no contó con los recursos suficientes para satisfacer la demanda. Los servicios de defensoría pública funcionaron en el poder judicial o en el ejecutivo. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la mayoría de los sospechosos de algún delito no tuvieron representación hasta encontrarse en manos de la autoridad judicial, con lo cual eran vulnerables a ser coaccionados a firmar declaraciones falsas antes de ser presentados ante un juez.

Si bien son obligatorios por ley, con frecuencia no se ofrecieron servicios de traducción del español a las lenguas indígenas en todas las etapas del proceso penal. Algunos acusados indígenas que no hablaban español no estuvieron al tanto de la situación de sus casos, y algunos fueron condenados sin entender plenamente los documentos que debían firmar.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de presos o detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los ciudadanos tienen acceso a un poder judicial independiente en materia civil para solicitar reparación en casos de violaciones de derechos humanos. Para que un demandante pueda obtener una indemnización por daños y perjuicios por parte del demandado, este último debe haber sido declarado culpable en una causa penal, lo que resulta difícil de alcanzar habida cuenta de la relativamente baja cantidad de condenas por infracción de derechos civiles.

  • Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

Si bien la ley prohíbe tales prácticas y requiere el empleo de órdenes de allanamiento, hubo algunas denuncias de allanamientos ilegales o destrucción ilegal de propiedad privada.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

 

  • Libertad de expresión y de prensa

La ley estipula la libertad de expresión y de prensa, y en general el gobierno respetó estos derechos. La mayoría de los diarios, canales de televisión y estaciones de radio son privados, y el gobierno tuvo una presencia mínima en la propiedad de medios de noticias. Los monopolios de los medios de información, especialmente a nivel local, limitaron la libertad de expresión.

Violencia y Acoso: Se presentaron ciertos casos de periodistas que se vieron sometidos a ataques físicos, acoso e intimidación debido a la información que reportaban. Los autores de los actos de violencia contra periodistas siguieron actuando con impunidad y hubo pocos informes de investigación, arresto o enjuiciamiento exitoso de sospechosos. Aunque se cree que la delincuencia organizada estaba detrás de la mayoría de estos casos, algunas ONG consideran que hubo casos en la que las autoridades de gobierno locales participaron en esos actos y los aceptaron tácitamente.

De acuerdo con la ONG Artículo 19, siete periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre, en comparación con un total de cinco durante el 2014. En la última década, por lo menos 370 periodistas fueron asesinados, según informes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que señaló que no se había dictado auto de procesamiento en el 90% de estos casos.

En el transcurso del primer semestre del año, Artículo 19 registró 227 casos de agresión contra periodistas, incluyendo ataques, intimidación, detención arbitraria y amenazas; en 2014 hubo 326 casos de esa índole.

El 31 de julio, un fotoperiodista de Veracruz, Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera Pérez fueron asesinados en la Ciudad de México, donde buscaron refugio después de ser amenazados por su trabajo. El Procurador General del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, dirigió la investigación, la cual dio lugar al arresto de un sospechoso el 4 de agosto y de un ex oficial de la policía el 30 de agosto. Después de ser arrestado, el ex policía alegó que un tercero que simpatizaba con los Zetas, uno de los cárteles de narcotraficantes más poderosos del país, era el autor de los asesinatos. El 13 de septiembre, las autoridades arrestaron a un tercer sospechoso.

En mayo, el periodista independiente Pedro Celestino Canché Herrera, encarcelado por cargos de sabotaje en el estado de Quintana Roo en agosto de 2014, fue puesto en libertad después de pasar 271 días en prisión. Un tribunal local lo declaró inocente de los cargos de contratar a un grupo de manifestantes para obstruir el acceso a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Censura o restricción de Contenido: Grupos de derechos humanos informaron que hubo ocasiones en que los gobiernos estatales y locales actuaron para censurar a los medios de comunicación y amenazar a periodistas. Periodistas informaron haber modificado su cobertura en respuesta a la falta de protección por parte del gobierno, ataques contra miembros y sedes de medios de comunicación, cargos espurios por publicar noticias indeseables y amenazas o represalias contra sus familias, entre otros motivos. Hubo informes de periodistas que ejercieron la autocensura como resultado de amenazas de grupos delincuentes y de funcionarios públicos deseosos de influir en la prensa o presionarla. Según Freedom House, hasta el 80% del financiamiento de la publicidad provenía de los gobiernos estatales y federal.

Repercusión no Gubernamental: Grupos delictivos organizados ejercieron una grave y creciente influencia sobre medios de comunicación y periodistas y, según consta en informes, amenazaron a quienes publicaban opiniones críticas de grupos delictivos. Durante un período de intensas refriegas entre grupos delictivos en el norte de Tamaulipas en febrero, personas armadas secuestraron al editor de un periódico en Matamoros por haber publicado en primera plana noticias sobre la violencia. Amenazaron con matarlo si continuaba publicando noticias relacionadas. Además, en febrero, asaltantes desconocidos tiraron una granada dentro de las oficinas de un canal de televisión en Matamoros por su cobertura de acontecimientos violentos recientes, resultando en dos guardias heridos. No se presentaron cargos con respecto a ninguno de los dos incidentes.

Actividades para ampliar la libertad de prensa: La SEGOB trabajó para fortalecer el mecanismo nacional diseñado para proteger a defensores de los derechos humanos y periodistas. La Dirección de Derechos Humanos de la SEGOB aumentó su personal y mejoró la capacitación sobre el mecanismo, resultando en la agilización de la revisión de los casos. Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que forma parte de la PGR, informó haber capacitado a más de 500.000 servidores públicos y a más de 1.100 periodistas acerca de la importancia de la libertad de expresión. Sin embargo, en un informe publicado en julio por ONGs, se señalaba que el mecanismo adolecía de una carencia persistente de recursos, personal y apoyo político. En el transcurso del año, la FEADLE no persiguió ante la justicia ningún caso de delitos contra periodistas.

Libertad de acceso a Internet

El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a internet ni bloqueó o filtró el contenido en línea. A juicio de Freedom House, no obstante, aumentaron las solicitudes del gobierno a las compañías de redes sociales para que retiraran contenido. Según algunas organizaciones de la sociedad civil, varias dependencias federales y estatales hicieron un intento por vigilar las comunicaciones privadas en internet.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que el 44% de los ciudadanos usaban el internet en 2014. Freedom House, en su informe Freedom on the Net Report de 2015, categorizó al internet del país como parcialmente libre.

Si bien una enmienda constitucional de 2013 garantiza el acceso al internet como derecho civil, ONGs sostuvieron que disposiciones en leyes secundarias amenazaban la privacidad de los usuarios del internet porque obligaban a las compañías de telecomunicaciones a retener datos por dos años y a proporcionar datos de geolocalización en tiempo real a la policía y permitían que agentes de seguridad obtuvieran metadatos de compañías de telecomunicaciones privadas sin una orden judicial. Es más, la ley no define plenamente la “autoridad apropiada” que ha de llevar a cabo esas actividades.

Persistió la preocupación sobre el uso de la violencia física y digital por grupos de la delincuencia organizada como represalia por la información publicada en línea; periodistas y blogueros estuvieron expuestos al mismo nivel de violencia que los periodistas tradicionales. El acceso al internet se volvió más fácil debido a las leyes que diversificaron el mercado de las telecomunicaciones.

Libertad académica y actos culturales

No hubo restricciones por parte del gobierno en cuanto a la libertad académica o los eventos culturales.

  • Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La ley contempla las libertades de reunión y de asociación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. Hubo informes de casos en que las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes.

  • Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (International Religious Freedom Report) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

  • Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley consagra la libertad de circulación interna, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y en general el gobierno respetó estos derechos. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a desplazados internos, refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de las que se encarga esa oficina.

En el centro de detención de Iztapalapa cerca de la Ciudad de México y en otros centros de detención, como en Chiapas, los hombres estaban recluidos aparte de las mujeres y los niños, y se disponía de dependencias separadas para las personas LGBTI. Los migrantes tenían acceso a servicios médicos, psicológicos y dentales, y las instalaciones tenían un acuerdo con los hospitales locales para la atención gratuita de emergencia. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la CNDH hicieron visitas diarias, mientras que el INM y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) llevaron a los albergues designados a las víctimas de la trata, entre otras víctimas. Se disponía de panfletos en varios idiomas. La CNDH informó que la policía y funcionarios de migración y de aduanas violaron los derechos de migrantes indocumentados y no velaron por su seguridad.

Circulación en el país: Hubo numerosas oportunidades en que grupos armados limitaron la circulación de los migrantes, como mediante secuestros y homicidios.

Desplazados internos

En ciertas partes del país, los cárteles de la droga habían vaciado comunidades rurales enteras para hacerse de tierras y recursos naturales. En el transcurso del año pasado, los desplazados internos a causa de la violencia por el narcotráfico sumaban 281.400, según el informe anual del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno. Las ONGs estimaron que cientos de miles de ciudadanos, muchos huyendo de zonas de conflicto armado entre grupos delictivos organizados o entre estos y el gobierno, fueron desplazados internamente. La mayoría de los desplazados internos eran de Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Sinaloa y Michoacán. La CNDH señaló que el gobierno solo asignó recursos mínimos para brindar asistencia a los desplazados internos.

Protección de los refugiados

Acceso a asilo: La ley contempla la concesión de asilo o la condición de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema para dar protección a los refugiados. Sin embargo, algunas ONG señalaron que el gobierno no seleccionó debidamente a los migrantes para concederles la calidad de refugiado. En un intento por atender esta necesidad, la COMAR aumentó la capacidad de adjudicación de asilo en un 60%.

Sección 3. Libertad de participación en el proceso político

 

La ley garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir su gobierno mediante elecciones periódicas libres e imparciales basadas en el sufragio universal y equitativo, y los ciudadanos ejercieron ese derecho.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: Los observadores consideraron las elecciones presidenciales de julio de 2012 y las elecciones legislativas y para gobernadores de junio de 2015 libres e imparciales. Debido a las reformas constitucionales, las elecciones de junio fueron las primeras en las que se podían presentar candidatos independientes. El país tiene requisitos rigurosos para los candidatos independientes, incluido un número mínimo de firmas para la candidatura, restricciones para la financiación de la campaña y el uso limitado de los medios de comunicación en comparación con los candidatos representantes de partidos políticos. Pese a ello, en junio, el Estado de Nuevo León eligió al primer gobernador independiente en la historia del país.

Participación de la mujer y de las minorías: Una reforma constitucional promulgada en 2014 requiere la igualdad entre mujeres y hombres en las candidaturas para las Cámaras de Diputados y Senadores y los congresos estatales. En las elecciones legislativas de junio el número de mujeres elegidas se elevó a 211, comparado con 184 en las elecciones generales de 2012.

No se establecieron cuotas para una mayor participación de grupos indígenas en el órgano legislativo, y no hubo estadísticas fiables respecto de la participación de las minorías en el gobierno. La ley dispone el derecho de los pueblos indígenas a elegir representantes para los cargos locales de acuerdo con la ley de “usos y costumbres”, en lugar de las leyes electorales federales y estatales.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

 

La ley establece sanciones penales por corrupción de las autoridades, pero el gobierno no aplicó la ley de forma eficaz. Durante el año hubo numerosas denuncias de corrupción en el gobierno. La corrupción al nivel más básico implicó el pago de sobornos a funcionarios administrativos y a las fuerzas de seguridad por servicios rutinarios o para evitar las multas. Las formas de corrupción más complejas y menos visibles incluyeron pagar de más por bienes y servicios para poner el excedente en manos de funcionarios electos y partidos políticos.

En virtud de la ley, todos los nuevos postulantes a trabajos de ejecución de lay a nivel federal (y otros cargos de confianza) deben someterse a un proceso de investigación al ingresar al servicio y posteriormente cada dos años durante sus carreras. Según la SEGOB y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la mayor parte de los agentes de la policía a los niveles nacional, estatal y municipal como mínimo se sometieron a la investigación inicial. Sin embargo, la CNDH siguió informando que policías, en particular a los niveles estatal y local, participaron en secuestros y extorsiones, y brindaron protección a delincuentes organizados y narcotraficantes o actuaron directamente en su nombre.

Corrupción: La investigación de abusos delictivos y administrativos cometidos por la Policía Federal es responsabilidad de la PGR o de la Secretaría de la Función Pública (SFP), según el tipo de delito. En 2012 el país aprobó la Ley Federal contra la Corrupción en las Adquisiciones Públicas, que prohíbe a las personas físicas o morales ofrecer dinero o cualquier otra dádiva para obtener una ventaja comercial en la contratación pública con el gobierno. Observadores consideraron que los organismos, en general, eran eficaces y contaban con los recursos adecuados, pero hubo críticas públicas generalizadas de que la corrupción no se investigaba, procesaba ni sancionaba. En noviembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR solicitó una orden de arresto contra el ex presidente del Partido Verde por la distribución de 10.000 tarjetas de descuento a los votantes en las elecciones intermedias de junio. El 25 de noviembre presentó su renuncia como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB. Al finalizar el año, la investigación seguía en curso.

Divulgación de información financiera: La ley dispone que todos los funcionarios federales y estatales designados o elegidos y de rango medio a alto declaren sus ingresos y bienes. La SFP verifica las declaraciones con apoyo de cada organismo. Las declaraciones son necesarias al comienzo y al final del período en el cargo, y también es necesario presentar actualizaciones anuales. Las declaraciones no se ponen a disposición del público a menos que el funcionario brinde su consentimiento. Se aplican sanciones penales y administrativas por abusos.

Acceso público a información: El gobierno aprobó la Ley General de Transparencia en febrero, en virtud de la cual se garantiza el acceso del público a información del gobierno a los niveles federal y estatal. Las autoridades implementaron la ley con eficacia. La ley incluye excepciones a la divulgación de información sobre el gobierno, como datos que puedan poner en peligro la seguridad nacional, afectar las relaciones exteriores, perjudicar la estabilidad financiera del país, poner en peligro la vida de otras personas e informar acerca de investigaciones en curso de las autoridades del orden. La ley también limita la divulgación de información personal a terceros.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

 

Distintos grupos nacionales e internacionales que trabajan en pos de los derechos humanos, en general, pudieron actuar sin que el gobierno impusiera restricciones, e investigaron y publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. En cierta medida, los funcionarios gubernamentales cooperaron y se mostraron receptivos con sus opiniones, y el Presidente y miembros de su gabinete se reunieron con organizaciones de derechos humanos tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial de los Estados Unidos sobre la Tortura, la CIDH, Amnistía Internacional y la CNDH.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: La CNDH es un organismo federal autónomo creado por el gobierno y financiado por la legislatura con el propósito de vigilar y actuar en materia de violaciones y abusos de los derechos humanos. Tiene la potestad de recurrir a las autoridades del gobierno para que impongan sanciones administrativas o inicien causas penales contra funcionarios, pero no puede imponer sanciones legales por sí misma. Cuando la autoridad pertinente acepta una recomendación de la CNDH, esta última debe hacer un seguimiento a fin de verificar la adopción de la recomendación. La CNDH envía una solicitud a la autoridad para que esta dé pruebas de su cumplimiento e incorpora esta información de seguimiento en su informe anual. Cuando las autoridades no cumplen con una recomendación, la CNDH da a conocer esta información al público y puede ejercer su facultad de llevar ante el Senado a las autoridades gubernamentales que se rehúsan a aceptar o a poner en práctica sus recomendaciones.

Los 31 estados del país y el Distrito Federal en conjunto cuentan con su propia comisión de derechos humanos. Las comisiones de los estados son financiadas por las legislaturas y son organismos autónomos. La CNDH puede asumir responsabilidad por casos de las comisiones estatales si recibe una denuncia de que una comisión no está investigando un caso de modo adecuado.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

 

La ley prohíbe la discriminación por raza, género, discapacidad, idioma o condición social. Si bien hubo avances del gobierno en la aplicación de estas disposiciones, los problemas importantes, en particular, de violencia contra las mujeres, persistieron.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley federal penaliza la violación, inclusive la violación conyugal, e impone penas de hasta 20 años de cárcel. Veintitrés estados y el Distrito Federal cuentan con leyes que penalizan la violación conyugal. Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que las autoridades no tomaron con seriedad las denuncias de violación, y que las víctimas siguieron siendo socialmente estigmatizadas y excluidas.

El código penal federal prohíbe la violencia doméstica y estipula sanciones que van de seis meses a cuatro años de cárcel. Si bien 28 estados y el Distrito Federal tienen penas similares, con frecuencia las condenas impuestas fueron menos severas. La ley federal no penaliza el maltrato conyugal. Las leyes estatales y municipales sobre violencia doméstica en gran medida no cumplen con las exigencias federales y con frecuencia no se exigió su aplicación, aunque algunos estados y municipios (especialmente en el norte) estaban empezando a priorizar la capacitación relacionada con la violencia doméstica.

A menudo las víctimas de violencia doméstica de comunidades rurales e indígenas no denunciaron el abuso por temor a las represalias de sus cónyuges y al estigma y por la creencia social de que el maltrato no amerita una denuncia.

El feminicidio (el asesinato de una mujer debido a su condición de mujer) es un delito federal con una pena de entre 40 y 60 años de cárcel; también es un delito que figura en los códigos penales de los 31 estados y el Distrito Federal. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR tiene la responsabilidad de dirigir los programas gubernamentales para combatir la violencia doméstica y perseguir ante la justicia el delito federal de trata de personas cuando están implicados tres o menos sospechosos. La oficina contaba con 40 fiscales federales dedicados a casos federales de violencia contra las mujeres, aproximadamente 15 de los cuales se especializaron en la trata en todo el país.

En colaboración con la sociedad civil, el Estado de México estableció el primer sistema de “alerta de violencia de género” para recabar información en apoyo de las investigaciones sobre la violencia por motivo de género. A nivel nacional, había 72 albergues, de los cuales organizaciones de la sociedad civil se encargaban de 34, instituciones de prestaciones sociales administraban cuatro e instituciones públicas dirigían 34.

Acoso sexual: La ley federal del trabajo prohíbe el acoso sexual e impone multas que van de 250 a 5.000 veces el salario mínimo diario. El acoso sexual está penalizado en 15 de los 31 estados y en el Distrito Federal, y todos los estados prevén sanciones cuando el infractor ocupa un cargo de autoridad. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el organismo del gobierno federal a cargo de las políticas nacionales para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el acoso sexual en el lugar de trabajo fue un problema grave, pero las víctimas se mostraron renuentes a hacer denuncias y los casos fueron difíciles de probar.

Derechos reproductivos: Las parejas y las personas gozan del derecho a decidir la cantidad de hijos, el momento en que los tendrán y el espaciamiento de los nacimientos; decidir sobre su salud reproductiva; y contar con la información y los medios necesarios para hacerlo, libres de discriminación, coacción o violencia. Pese a la existencia de un programa nacional de planificación familiar, la falta de educación sexual integral y de acceso a anticonceptivos en hospitales públicos y zonas rurales siguió socavando el compromiso asumido por el gobierno en pos de los derechos reproductivos. Hubo asistentes con experiencia en partos y atención posparto ampliamente disponibles, salvo en algunas zonas rurales indígenas. La tasa nacional de mortalidad materna fue de 50 por cada 100,000 nacidos vivos.

Discriminación: La ley estipula para la mujer las mismas personalidades jurídicas y los mismos derechos que para el hombre e “igual paga por igual trabajo realizado en igual cargo, por la misma cantidad de horas de trabajo y con iguales condiciones de eficiencia”. Según INMUJERES, las mujeres siguieron ganando entre 5% y 30% menos que los hombres por trabajo comparable, en tanto que el Foro Económico Mundial informó que las mujeres ganaban 43% menos que los hombres por trabajos comparables. Era más probable que las mujeres experimentaran discriminación en cuanto a salarios, horario de trabajo y prestaciones (véase la sección 7.d.).

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía deriva tanto del nacimiento en el territorio del país como de los padres. Por lo general, los ciudadanos registraron a los recién nacidos ante las autoridades locales. En algunos casos, los funcionarios públicos visitaron las instituciones de salud privadas para facilitar el trámite. La falta de registro de un nacimiento puede dar lugar a la denegación de servicios públicos, como la educación o la atención de la salud.

Maltrato de menores: Hubo numerosas denuncias de maltrato de menores. El gobierno se propuso aumentar la protección integral de los menores mediante la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre de 2014. La ley concede atención especial a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes, incluidos los menores migrantes, con discapacidades y que viven en la pobreza. La ley tiene disposiciones para eliminar todas las formas de violencia y explotación de menores, así como para fortalecer su acceso a la justicia. En diciembre el gobierno creó el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo marca la ley, que es responsable de coordinar la protección de los derechos de los menores en todos los niveles del gobierno. El programa abarca el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad es mejorar los datos sobre el trato que se da a los menores.

Matrimonio forzoso y a edad temprana: La edad mínima para el matrimonio es de 18 años. Sin embargo, en la práctica, este derecho no se ejerció de manera uniforme en las entidades federativas, donde en algunos códigos civiles la edad mínima para el matrimonio es de 14 años para las niñas y 16 para los niños con el consentimiento de los padres, y de 18 años sin este. Con el consentimiento de un juez, los menores pueden casarse incluso a edades más tempranas.

Explotación sexual de menores: La ley prohíbe la explotación sexual comercial de los menores, y las autoridades, por regla general, aplicaron la ley. No obstante, las ONGs siguieron informando que la explotación sexual de menores, así como también el turismo sexual con menores en destinos turísticos y regiones de la frontera norte, constituyeron graves problemas.

El estupro es considerado un delito en el código penal federal. Si un adulto mantiene relaciones sexuales con un menor de entre 15 y 18 años de edad, la pena varía entre tres meses y cuatro años de cárcel. Un adulto que mantiene relaciones sexuales con un menor de 15 años de edad puede ser sancionado con entre 8 y 30 años de cárcel. Las leyes contra la corrupción de menores y la pornografía infantil se aplican con respecto a las víctimas menores de 18 años. Para los delitos de venta, distribución y promoción de pornografía a menores, la ley estipula penas de seis meses a cinco años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario. En el caso de delitos con menores en actos de exhibicionismo sexual o la producción, facilitación, reproducción, distribución, venta y compra de pornografía infantil, la ley impone entre 7 y 12 años de cárcel y una multa que varía entre 800 y 2.500 veces el salario mínimo diario.

Quienes promuevan, publiciten o faciliten el turismo sexual con menores son castigados con penas de 7 a 12 años de prisión y una multa de entre 800 y 2.000 veces el salario mínimo diario. Para las personas involucradas en el turismo sexual que tienen relaciones sexuales con un menor, la ley exige sentencias de 12 a 16 años de prisión y multas de 2.000 a 3.000 veces el salario mínimo diario. El delito de explotación sexual de un menor conlleva una sentencia de 8 a 15 años de prisión y una multa de 1.000 a 2.500 veces el salario mínimo diario. El enjuiciamiento de los delitos de turismo sexual infantil y prostitución de menores no requiere que haya una denuncia, y puede basarse en información anónima.

Menores internados en instituciones: Grupos de la sociedad civil expresaron inquietud respecto de abusos y la violación de los derechos de los menores con discapacidades mentales y físicas en orfanatos y establecimientos de atención (véase la sección 7, Personas con discapacidades).

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980. Para mayor información véase el informe del Departamento de Estado sobre cumplimiento en travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html e información específica sobre el país en travel.state.gov/content/childabduction/en/country/mexico.html.

Antisemitismo

Según el censo de 2010, la comunidad judía se compone de aproximadamente 67.000 personas, el 90% de las cuales habitan en la Ciudad de México. No hubo informes de actos antisemitas.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales en el empleo, la educación, el transporte aéreo y demás medios de transporte, el acceso a atención de la salud y la prestación de otros servicios públicos. No obstante, el gobierno no aplicó eficazmente la ley. En virtud de la ley, la Secretaría de Salud debe promover la creación de instituciones a largo plazo para personas con discapacidades en dificultades y la Secretaría de Desarrollo Social debe establecer instituciones especializadas para atender, proteger y albergar a personas con discapacidades en situación de pobreza, abandono o marginación. Organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que no se habían implementado los programas de integración comunitaria. Asimismo, informaron que no hubo cambios en el sistema de salud mental en pos de crear servicios comunitarios ni ningún esfuerzo por parte de las autoridades para que expertos independientes verificaran la existencia de violaciones de los derechos humanos en instituciones psiquiátricas.

Los edificios e instalaciones públicas siguieron incumpliendo la ley que requiere acceso para personas con discapacidades. El sistema educativo proveyó educación especial para estudiantes con discapacidades en todo el país. En general, la asistencia a la escuela de menores con discapacidades fue menor que la asistencia de los menores sin discapacidades. ONG informaron sobre discriminación en el empleo (véase la sección 7.d.).

Los abusos de los derechos humanos en instituciones de salud mental y centros de atención, incluidas las instituciones que tratan a menores, siguieron siendo un problema. Los maltratos a personas con discapacidades incluyeron la falta de acceso a la justicia, el uso de elementos físicos o químicos de control, maltrato físico y abuso sexual, desapariciones y la adopción ilegal de menores internados en instituciones. Con frecuencia, las personas con discapacidades que estaban institucionalizadas carecían de privacidad y ropa suficientes, y a menudo comían, dormían y se bañaban en condiciones no higiénicas. Fueron vulnerables a maltratos por parte de miembros del personal, otros pacientes o visitantes en centros donde había supervisión inadecuada. No se contó con documentación acerca de la identidad y el origen de las personas, y hubo casos de desapariciones.

En julio, la ONG Disability Rights International (DRI) informó sobre la institución bajo dirección privada Casa Hogar Esperanza. DRI señaló que internos, entre ellos algunos que no parecían tener discapacidades, que fueron víctimas de abuso sexual generalizado por parte del personal y en algunos casos de trata de personas, y que fueron controlados con vendajes de cinta adhesiva para ductos o encerrados en jaulas por períodos largos. Consta en informes que ocho residentes estaban confinados permanentemente a sus camas. El 40% de las mujeres entrevistadas (todas ellas con discapacidades psicosociales o psiquiátricas) habían sido esterilizadas quirúrgicamente al amparo de una presunta práctica corriente para prevenir el embarazo como resultado del abuso sexual. Para junio, la mayoría de los residentes habían sido trasladados a otras instituciones, pero no se inició ninguna acción legal, y el personal, incluso la dirección, permanecían en el establecimiento con el resto de los internos.

Las personas con discapacidades tienen derecho a votar y participar en asuntos cívicos. En general, para comicios federales los centros de votación son accesibles para las personas con discapacidades y las boletas electorales se encuentran disponibles con una plantilla braille. En la Ciudad de México, se reportó que los centros de votación también fueron accesibles para las elecciones locales y hubo disponibilidad de plantillas braille; sin embargo, en las elecciones locales en otras partes del país, la accesibilidad de estos servicios fue irregular.

Pueblos indígenas

Si bien la ley reconoce los derechos indígenas, grupos indígenas siguieron informando que el marco legal del país no respetaba los derechos de propiedad de comunidades indígenas ni evitaba violaciones de los derechos humanos. La causa de la mayoría de los conflictos fue la interpretación de las leyes de “usos y costumbres” que usan las comunidades indígenas. Estas leyes aplican prácticas tradicionales para solucionar controversias, elegir funcionarios locales, y recaudar impuestos con injerencia limitada de los gobiernos federal y estatales. Comunidades y ONG que representan a grupos indígenas siguieron informando que el gobierno a menudo no consultó adecuadamente a comunidades indígenas al tomar decisiones sobre la implementación de proyectos de desarrollo para explotar recursos naturales como los energéticos, minerales, madereros y de otra índole en tierras indígenas. La CNDH mantuvo un programa formal de derechos humanos para informar y ayudar a miembros de las comunidades indígenas.

La CNDH informó que las mujeres indígenas se encontraban entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Experimentaron racismo, discriminación y violencia. En general, los indígenas tuvieron acceso limitado a servicios de salud y educativos. La CNDH enfatizó que las acciones de gobiernos anteriores que procuraron mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, a saber, programas sociales especialmente dirigidos a las mujeres, fueron insuficientes para superar la marginación histórica de las poblaciones indígenas.

El 22 de julio, la policía estatal de Colima arrestó a 33 indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, Jalisco, y a su abogado, Eduardo Mosqueda, acusados de secuestro, robo y despojo. El arresto ocurrió cuando protestaban en la mina Peña Colorada, ubicada en la frontera entre Colima y Jalisco, para exigir el pago de regalías, de acuerdo con un amparo de 2013 otorgado por el juez federal, por la extracción de mineral de hierro de sus tierras. Tras la intervención del gobernador de Jalisco, las autoridades redujeron los cargos contra los 33 nahuas a despojo y los dejaron en libertad bajo fianza. El abogado Mosqueda, quien también es defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Instituto de Derecho Ambiental, siguió encarcelado sin derecho a fianza, en espera del juicio por los cargos de robo y secuestro.

La ley estipula la instrucción educativa en el idioma nacional, el español, sin perjuicio de la protección y promoción de las lenguas indígenas, pero muchos menores indígenas solo hablan su lengua nativa. La falta de libros de texto y material didáctico, así como también de docentes calificados que dominaran estas lenguas, limitaron la educación en lenguas indígenas.

Actos de violencia, discriminación y abusos motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La ley prohíbe la discriminación contra personas LGBTI; sin embargo, se informó que el gobierno no siempre investigó ni castigó a los responsables de abusos, especialmente fuera del Distrito Federal. Las personas transgénero pueden cambiar sus datos en cuanto a género en documentos de identidad sólo en la Ciudad de México. La ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, pero sólo en la Ciudad de México la ley prohíbe también la discriminación por razón de género. La discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de género fue frecuente, pese a una creciente aceptación pública de las personas LGBTI.

En la Ciudad de México la ley penaliza la comisión de delitos motivados por el odio basados en la orientación sexual y la identidad de género. Grupos de la sociedad civil manifestaron que la policía con regularidad sometía a las personas LGBTI a maltrato mientras estaban en custodia. Grupos de la sociedad civil informaron que era difícil evaluar el alcance total de los delitos motivados por el odio, como los homicidios de personas LGBTI, porque a menudo estos delitos se caracterizaban como “crímenes pasionales” y, por ello, las autoridades no investigaban, procesaban ni sancionaban adecuadamente estos incidentes. En un acto público el 23 de noviembre, al que asistieron 17 alcaldes de otros países, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Ángel Mancera, declaró a la Ciudad de México ciudad amigable con las personas LGBTI y anunció una serie de eventos y festividades durante la semana dedicada a familiarizar a la población con los problemas que afectan a las personas LGBTI.

El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) en la Ciudad de México es la agencia del gobierno de la ciudad facultada para atender quejas por actos discriminatorios que se cometan en el Distrito Federal. El CONAPRED nacional, por su parte, recibió reclamaciones de actos discriminatorios en los ámbitos laboral, de acceso a establecimientos comerciales, de acceso a la educación y de atención a la salud. Según grupos de la sociedad civil, era difícil determinar si se habían solucionado las quejas individuales.

Otras formas de violencia o de discriminación social

Continuaron las denuncias de secuestros de migrantes indocumentados, perpetrados por grupos criminales para obtener dinero de sus parientes o para forzarlos a cometer actos delictivos en nombre de estos grupos.

Grupos de autodefensa, grupos de civiles armados que dicen combatir la delincuencia ante la inacción de las autoridades gubernamentales, se concentraron en Michoacán y Guerrero, estados del suroeste del país. El gobierno federal requirió que los grupos de autodefensa de Michoacán se inscribieran en la fuerza de defensa rural oficial del país en 2014, pero muchos miembros de los grupos de autodefensa no lo habían hecho para la fecha límite de inscripción en mayo.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

  1. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley estipula el derecho de los trabajadores a establecer sindicatos y unirse a ellos, a la negociación colectiva y a la huelga, tanto en el sector público como privado; sin embargo, las leyes, los reglamentos y las prácticas contrapuestos limitaron estos derechos.

La ley requiere un mínimo de 20 trabajadores para formar un sindicato. Para que un sindicato sea oficialmente reconocido por el gobierno, debe solicitar su inscripción ante la junta de conciliación y arbitraje correspondiente o ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para que el sindicato pueda desempeñar sus funciones determinadas legalmente, sus dirigentes también deben estar registrados ante las juntas de conciliación y arbitraje correspondientes o ante la STPS. Las juntas de conciliación y arbitraje funcionaron en el marco de un sistema tripartito con participación de representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores.

Observadores externos expresaron sus preocupaciones porque las juntas no garantizaron adecuadamente la representación inclusiva de los trabajadores y con frecuencia perpetuaron un prejuicio contra los sindicatos independientes debido a los conflictos de intereses intrínsecos en la estructura de las juntas, exacerbados por la prevalencia de representantes de los sindicatos de “protección” (no representativos y corporativistas).

Un sindicato establecido de acuerdo con sus propios estatutos puede convocar a una huelga y realizar negociaciones colectivas. Sin embargo, para que una huelga sea considerada legal, el sindicato debe presentar un “aviso de huelga” ante la junta de conciliación y arbitraje pertinente, que puede considerar que la huelga es “inexistente”, o en otras palabras que es legalmente improcedente. La ley prohíbe al empleador intervenir en cuestiones sindicales o tener injerencia en las actividades del sindicato, lo que incluye represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. La ley permite la reincorporación de trabajadores si la junta de conciliación y arbitraje determina que el despido fue injusto y el trabajador solicita su reincorporación; no obstante, la ley también establece excepciones amplias para los empleadores respecto de dicha reincorporación, que cubre a los empleados de confianza o los trabajadores con menos de un año en su puesto.

Si bien la ley permite la coexistencia de varios sindicatos en un mismo lugar de trabajo, limita la negociación colectiva al sindicato que cuente con el liderazgo o “la titularidad” sobre el acuerdo de negociación colectiva. Cuando está presente un solo sindicato, automáticamente éste tiene el derecho exclusivo de negociar con el empleador. Cuando un contrato de negociación colectiva está firmado con una empresa, otro sindicato puede estar interesado en negociar con el empleador, entonces éste debe competir por los derechos de negociación en un largo proceso de elección de representación sindical (“recuento”) administrado por las juntas de conciliación y arbitraje. El sindicato con el mayor número de votos “gana” los derechos de negociación colectiva. No es obligatorio que el sindicato consulte con los trabajadores o cuente con su apoyo para firmar un contrato colectivo con el empleador. La ley estipula que los votos internos para la elección de dirigentes sindicales se emitan en forma secreta, ya sea directa o indirectamente.

El gobierno, incluidas las juntas de conciliación y arbitraje, no fue consistente en proteger los derechos de los trabajadores. Por no garantizar en general el cumplimiento de las leyes laborales y de otra índole, el gobierno dejó a los trabajadores con pocos recursos ante las violaciones de la libertad de asociación, malas condiciones de trabajo y otros problemas laborales. Las juntas de conciliación y arbitraje a menudo no administraron ni supervisaron de forma imparcial y transparente los procedimientos relativos a la actividad sindical, tales como las elecciones y las huelgas, socavando los esfuerzos para ejercer libremente sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva. Según un informe encargado por la Oficina de la Presidencia, elaborado por el CIDE y publicado en abril, no se encontraron garantías de justicia laboral imparcial y eficaz de las juntas, por lo cual se recomendaba la incorporación futura de las juntas de conciliación y arbitraje a la rama judicial.

Por disposición legal, las penas por infringir las leyes de libertad de asociación y negociación colectiva varían entre 16,160 pesos (US $960) y 161,600 pesos (US $9,640). Tales penas se aplicaron rara vez y fueron insuficientes para impedir que se cometieran violaciones. Los procedimientos administrativos y judiciales se vieron sujetos a prolongadas demoras y apelaciones. A fin de reducir la cantidad de casos pendientes y el tiempo para emitir un fallo de un año a 90 días, algunos estados empezaron a implementar juicios orales en sus juntas de trabajo. El gobierno anunció en julio de 2014 la creación de 66 juzgados de proceso oral. A marzo, había 19 juzgados en cuatro estados. En el Estado de México, el nuevo proceso redujo el número de casos pendientes de 35,000 a 27,000.

Los trabajadores ejercieron su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva con dificultad. El proceso de registro de los sindicatos estuvo politizado, y en algunas ocasiones el gobierno, incluidas las juntas de conciliación y arbitraje, empleó el proceso para recompensar a aliados políticos o castigar a opositores. Según organizadores sindicales, con frecuencia las juntas de trabajo del gobierno rechazaron solicitudes de inscripción de nuevas secciones de sindicatos independientes y de nuevos sindicatos por tecnicismos.

Las compañías y los sindicatos de protección se valieron de divisiones complejas y falta de coordinación entre las jurisdicciones federal y estatal para manipular los procesos de conciliación y arbitraje laborales. Por ejemplo, una compañía puede inscribir un acuerdo de negociación colectiva tanto al nivel federal como al estatal y luego alternar las jurisdicciones cuando se presentan quejas y apelaciones para conseguir resultados positivos. Además, los organizadores sindicales de varios sectores denunciaron la manifiesta y usualmente hostil injerencia de las juntas de conciliación y arbitraje cuando los organizadores procuraron crear sindicatos independientes.

Los sindicatos de protección (no representativos y corporativistas) y los “contratos de protección” (convenios de negociación colectiva firmados por los empleadores y estos sindicatos para evitar la negociación cabal y asegurar la paz laboral) continuaron siendo un problema en todos los sectores. La combinación de la exclusividad en la negociación y la falta de exigencia de que los trabajadores demostraran su apoyo a un acuerdo de negociación colectiva o al sindicato que lo negoció antes de que dicho acuerdo pudiera entrar en vigor facilitó la existencia de estos contratos. Los contratos de protección usualmente fueron elaborados antes de que la compañía contratara a los trabajadores y sin la intervención directa o el conocimiento de los trabajadores amparados. Por ejemplo, en agosto, un líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), un sindicato de protección conocido, afirmó que estaba negociando un acuerdo para cubrir a los trabajadores de una fábrica de llantas en San Luis Potosí, que no estaba lista para comenzar la producción sino hasta 2017.

Muchos observadores indicaron que las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores estaban controladas por estos contratos y por los sindicatos no representativos que los negociaban, y que los sindicatos y contratos de protección solían impedir que los trabajadores ejercieran plenamente sus derechos laborales definidos por ley. Sindicatos independientes, unas cuantas empresas multinacionales y algunos abogados laborales y académicos hicieron un llamado al gobierno para que instituyera reformas legales que prohibieran la inscripción de contratos de negociación colectiva cuando los sindicatos no pudieran demostrar el aval de la mayoría de los trabajadores o cuando los trabajadores no hubieran ratificado el contenido de los acuerdos. Estos mismos grupos abogaron por que los trabajadores recibieran copias impresas de acuerdos de negociación colectiva en el momento de ser contratados.

Según varias ONG y sindicatos, muchos trabajadores siguieron enfrentando obstáculos de procedimientos y diversas formas de intimidación (incluso violencia física) por parte de los líderes de los sindicatos de protección o de los empleadores que apoyaban a un sindicato de protección, y también al acercarse las elecciones por los derechos de negociación, así como durante y después de las mismas, por parte de otros trabajadores, líderes sindicales, personas violentas contratadas por una compañía o empleadores que favorecían a un sindicato en particular. Algunos empleadores procuraron influir en las elecciones por los derechos de negociación contratando ilegalmente empleados falsos justo antes de la elección para que votaran por el sindicato controlado por la compañía.

En marzo, matones a sueldo con cascos que llevaban la insignia de la CTM, la confederación más grande de sindicatos laborales, amenazaron y atacaron físicamente a un líder laboral de Coahuila que había expresado su deseo de unirse al sindicato independiente Los Mineros a principios de 2011. Las compañías ya habían firmado los acuerdos colectivos con la CTM sin el conocimiento ni la ratificación de los trabajadores. Si bien la mayoría de los trabajadores en cada fábrica completó tarjetas de afiliación para unirse a Los Mineros, la junta de trabajo de Coahuila se negó a fijar una fecha para elecciones por los derechos de negociación y a brindar copias de los acuerdos de negociación colectiva vigentes entre las compañías y la CTM. A noviembre no se había fijado una fecha para las elecciones.

Las elecciones sindicales con frecuencia se aplazaron por muchos años, lo que dio lugar a serias irregularidades. Por ejemplo, en noviembre, un sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz en Jalisco fue derrotado por escaso margen en una elección muy competida que se caracterizó por irregularidades. Más de cinco años después de que la compañía despidiera a 12 líderes sindicales por formar un sindicato independiente, 2,500 trabajadores finalmente han podido elegir entre el sindicato independiente y el de la CTM. Unos días antes del proceso de recuento, la junta electoral no entregó una lista fiable de electores y convocó a elecciones con un aviso con sólo días de anticipación. Se negó el acceso a un grupo de observadores internacionales a las mesas de votación y a los trabajadores. Los trabajadores informaron que la lista de electores contenía nombres de candidatos inelegibles, como de trabajadores fallecidos, de la gerencia en Japón y personal de seguridad.

Otras prácticas de intimidación y manipulación persistieron, entre otras, el despido de trabajadores por activismo laboral. Por ejemplo, durante el año, fueron despedidos todos los trabajadores que participaron en una interrupción informal del trabajo en septiembre de 2014 en una fábrica en Torreón por presunto robo de salarios. Los trabajadores despedidos por activismo laboral con frecuencia tuvieron dificultades para reincorporarse. En abril, por ejemplo, las autoridades llegaron a la conclusión de que correspondía reincorporar a 4 de los 122 trabajadores despedidos por intentar expulsar a un sindicato de protección en una planta ensambladora de autopartes en Coahuila. A noviembre no se había readmitido a ninguno de ellos.

Activistas de sindicatos independientes afirmaron que el requisito de que las juntas de conciliación y arbitraje aprueben previamente las huelgas; facultó a las juntas para favorecer a las compañías de su preferencia protegiéndolas de las huelgas. Como resultado, hubo pocas huelgas formales, pero fueron usuales las protestas y los paros informales. Por ejemplo, jornaleros en San Quintín, Baja California, comenzaron una huelga no autorizada el 17 de marzo, presuntamente contra la voluntad de los sindicatos de protección que representaban oficialmente a los trabajadores del campo ante los dueños de las granjas. Los jornaleros se fueron al paro y participaron en manifestaciones en demanda de mejores condiciones de trabajo y de vida durante el año. También exigían que el gobierno comenzara a realizar inspecciones laborales, los inscribiera en el seguro social nacional, construyera clínicas y asegurara el acceso a una educación digna para sus hijos.

Con la ayuda de representantes del gobierno, los activistas laborales que defendían a los jornaleros y los dueños de San Quintín llegaron a un acuerdo el 4 de junio para poner fin a tres meses de huelgas y protestas en los que hubo actos esporádicos de violencia. El acuerdo al que se llegó exigía la aplicación plena de las leyes laborales en la zona, un aumento del salario mínimo de los trabajadores en tres niveles y más servicios y supervisión del gobierno. Para noviembre, sin embargo, según informes de los activistas laborales, ni los dueños de las fincas ni el gobierno habían cumplido los términos del acuerdo y los hacendarios despedían sistemáticamente o imponían formas de represalia a los manifestantes y huelguistas involucrados, como el aumento en la carga de trabajo y maltratos por parte de supervisores y gerentes. Las compañías despidieron a los líderes de los trabajadores y a los trabajadores identificados como participantes en los paros laborales y las protestas. Además, los incluyeron en una lista negra y los excluyeron del siguiente trabajo estacional. El 7 de noviembre, un total de 23 representantes de los trabajadores agrícolas de San Quintín (de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social), acompañados de cinco representantes de la zona de Xochimilco (ubicada dentro del Distrito Federal), obtuvieron el reconocimiento oficial como sindicato nacional que les otorgó la junta de conciliación y arbitraje local del Distrito Federal.

  1. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

Si bien la ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, el gobierno no garantizó efectivamente el cumplimiento de la ley. Las penas por violaciones referidas al trabajo forzoso varían de 5 a 30 años de cárcel; en general, se consideró tales penas eran suficientes para prevenir violaciones.

Persistió el trabajo forzoso en los sectores agrícola e industrial, así como en el sector informal. Mujeres y menores fueron objeto de esclavitud doméstica. Mujeres y migrantes (incluidos hombres, mujeres y menores) fueron los más vulnerables al trabajo forzoso.

En diciembre de 2014, una serie de artículos publicados en periódicos expuso el trabajo infantil, la violencia basada en el género, la discriminación de los trabajadores indígenas, la servidumbre por deuda, la retención ilegal de los salarios de los trabajadores en una cuenta de garantía para evitar el abandono del trabajo, condiciones de vida inseguras de los trabajadores y sus familias, las jornadas diarias con salarios de miseria, la exclusión de prestaciones sociales y la exposición a plaguicidas tóxicos en los campos de productos agrícolas para exportación de Baja California. Los trabajadores en esos campos organizaron paros y manifestaciones en demanda de mejores condiciones de trabajo y de vida durante el año. Aunque el 4 de junio los trabajadores, los dueños y el gobierno llegaron a un acuerdo, que se dispone la aplicación plena de la ley laboral de la zona, un aumento en el salario mínimo y el aumento de los servicios y la supervisión del gobierno, los activistas laborales informaron que a noviembre los propietarios de las explotaciones agrícolas y el gobierno habían faltado al cumplimiento de los términos del acuerdo (véase también la sección 7.a.).

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

  1. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La Constitución prohíbe que los menores de 15 años trabajen y permite a aquellos entre 15 y 17 años de edad trabajar hasta seis horas diurnas en condiciones no peligrosas, y sólo con el consentimiento de los padres. La ley exige que los menores de 18 años tengan un certificado médico para poder trabajar. En junio, el gobierno promulgó una ley que establece que la edad mínima para trabajar en condiciones peligrosas es de 18 años. La ley cita una amplia lista de ocupaciones peligrosas e insalubres prohibidas para los menores.

El gobierno fue razonablemente eficaz en cuanto a garantizar el cumplimiento de las leyes sobre trabajo infantil en compañías grandes y medianas, en especial en fábricas dirigidas por compañías extranjeras, el sector maquilador y otros sectores bajo la autoridad federal. El cumplimiento fue inadecuado en muchas compañías pequeñas y en los sectores agrícola y de la construcción, y prácticamente inexistente en el sector informal, en donde se encontraba la mayoría de los menores que trabajaban.

Con respecto a las inspecciones a nivel federal, la Secretaría de Desarrollo Social, la PGR y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de algunos aspectos de las leyes laborales de los menores y de intervenir en caso de incumplimiento. La STPS es responsable de efectuar las inspecciones de trabajo infantil. Las penas por violar estas disposiciones varían entre 16,780 pesos (US $1,000) y 335,848 pesos (US $20,000), pero no fueron aplicadas suficientemente como para tener un efecto disuasivo.

En agosto, el gobierno del Estado de Coahuila rescató a 78 trabajadores menores, algunos de apenas ocho años, en un rancho cercano a Ramos Arizpe. El estado inculpó a cuatro acusados por trata de personas por explotación laboral en este caso, en el que también hubo 228 víctimas adultas. Las víctimas supuestamente trabajaban un mínimo de nueve horas diarias, recibían alimentos insuficientes y eran forzadas a vivir en condiciones no higiénicas.

Según la encuesta del INEGI de 2013 sobre trabajo infantil, que contiene los datos disponibles más recientes, la cantidad de menores entre 5 y 17 años que trabajan se mantuvo en 2.5 millones, o aproximadamente el 8,6% de los 29.3 millones de menores en el país. De éstos, 746.000 se encontraban entre las edades de 5 y 13 años, y 1.8 millones entre los 14 y 17 años. De los menores empleados, el 30% trabajaba en el sector agrícola en la cosecha de melón, cebolla, pepino, berenjena, chile, ejote, caña de azúcar, tabaco y tomate. Otros sectores con una importante presencia de trabajo infantil fueron los servicios (25%), las ventas minoristas (26%), la manufactura (13%) y la construcción (4%).

  1. Discriminación con respecto a empleo u ocupación

La ley prohíbe la discriminación con respecto a empleo u ocupación por motivo de “raza, nacionalidad, edad, religión, sexo, opinión política, condición social, discapacidad (o capacidad diferente), condición económica, salud, embarazo, idioma, preferencia sexual o estado civil”. La ley garantiza la protección laboral de las mujeres embarazadas.

El gobierno no aplicó estas leyes y reglamentaciones de forma eficaz. Las sanciones por violaciones a la ley son, entre otras, sanciones administrativas, como la reincorporación, el pago de salarios atrasados y las multas (cuyo cálculo frecuentemente se basa en el salario del empleado), y que en general no se consideran suficientes para desalentar las violaciones. Hubo discriminación en el empleo u ocupación contra mujeres, grupos indígenas, personas con discapacidades, personas LGBTI y trabajadores migrantes.

INMUJERES informó que el 14% de las mujeres de 15 años de edad o mayores habían tenido que someterse a una prueba de embarazo antes de ser contratadas para un empleo, pese a leyes laborales que prohíben a los empleadores solicitar tales pruebas. A las mujeres se les pagó aproximadamente el 65% de los salarios de sus homólogos masculinos. Su acceso a oportunidades profesionales usualmente estaba bloqueado por estructuras y expectativas sociales, y muchas mujeres enfrentaban violencia en el trabajo por motivo de género. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informó en 2014 que el 45% de las mujeres que trabajan en la industria maquiladora sufrieron algún tipo de abuso, en general un entorno de trabajo hostil, acoso sexual, largas horas de trabajo, bajos salarios y despidos a causa de un embarazo.

  1. Condiciones de trabajo aceptables

El 24 de septiembre, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció un único salario mínimo general de 70.10 pesos (US $4.24) por día, que entraría en vigor el 1 de octubre. La mayoría de los trabajadores del sector formal percibieron entre una y tres veces el salario mínimo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que la línea de pobreza era de 83.70 pesos (US $5.07) por día para el año. La comisión tripartita, cuyos representantes laborales representaban en gran parte a los sindicatos de protección y sus intereses, es responsable de establecer los salarios mínimos y siguió bloqueando los aumentos que hubieran mantenido el paso de la inflación.

La ley estipula seis días de ocho horas y 48 horas por semana como la semana legal de trabajo. Todo trabajo más allá de ocho horas por día es considerado como horas extras, por las que el trabajador recibe el doble del salario por hora. Después de acumular nueve horas extras en una semana, el trabajador percibe tres veces el salario por hora. La ley prohíbe que se obligue a trabajar horas extras. La ley contempla ocho días feriados pagados y, después del primer año de trabajo, una semana de vacaciones pagadas al año. La ley obliga a los empleadores a cumplir con la normativa de seguridad y salud ocupacionales, emitida conjuntamente por la STPS y el Instituto del Seguro Social. Las comisiones conjuntas de administración y trabajo dispuestas por ley establecen las normas y están a cargo de supervisar las normas del lugar de trabajo en fábricas y oficinas. Tanto los empleados como los sindicatos pueden presentar quejas directamente a los inspectores o a los funcionarios de salud y seguridad. Por ley, los trabajadores pueden retirarse de situaciones que pongan en riesgo su salud o seguridad sin que esto comprometa su empleo.

La STPS es responsable de hacer cumplir las leyes laborales y efectuar inspecciones en los lugares de trabajo. A noviembre, el número total de inspectores laborales del país era de 946. Este número era suficiente para asegurar el cumplimiento, y la STPS efectuó inspecciones frecuentes de lugares de trabajo, en las que se emplearon un cuestionario y otras acciones a fin de identificar a víctimas de explotación laboral. Las penas por infringir leyes referidas a salario, horas de trabajo o seguridad y salud ocupacionales varían entre 17,330 pesos (US $1,300) y 335,940 pesos (US $200,20), pero en general no fueron suficientes para impedir que se cometieran infracciones. Mediante su herramienta de autoevaluación DECLARALAB, a octubre, 1,073 lugares de trabajo inscritos recibieron asistencia técnica por parte de la STPS para cumplir con la normativa laboral.

Según distintas ONG de derechos laborales, los empleadores de todos los sectores a veces emplearon el método ilegal del “banco de horas” (exigir horas extras cuando la carga de trabajo es pesada y reducir las horas cuando es liviana) para evitar compensar a los trabajadores por las horas extras trabajadas. Esta práctica siguió siendo usual en el sector de la maquila, en el que los empleadores forzaban a los trabajadores a tomar licencia en momentos del ciclo cuando la producción era baja y los obligaron a trabajar, por ejemplo, durante las vacaciones de Navidad, sin la paga triple correspondiente como lo dicta la ley cuando los trabajadores optan por las horas extras durante los feriados nacionales. Además, muchas compañías evadieron el pago de impuestos y de seguridad social dando a los trabajadores empleo informal o presentando registros de nómina falsificados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2013, el último año para el cual se dispone de esos datos, el INEGI estimó que el 59% de la fuerza laboral era parte de la economía informal.

Agencias privadas de contratación y reclutadores individuales violaron los derechos de gran cantidad de trabajadores migratorios temporales que fueron contratados para trabajar fuera de México, mayoritariamente en Estados Unidos. A pesar de que la ley exige que estas agencias se registren, con frecuencia, no estaban inscritas. El registro del STPS era obsoleto y su alcance era limitado. Aunque unas cuantas firmas de contratación estaban inscritas, el registro contenía muchas empresas medianas que habían desaparecido o no existían, y pocos o ninguno de las empresas reclutadoras independientes pequeñas. Aunque el gobierno no supervisó ni controló activamente el proceso de contratación; no obstante, se reportó que fue sensible al atender reclamaciones. También hubo informes de que las agencias registradas defraudaron a los trabajadores con impunidad. Los trabajadores migrantes temporales con regularidad debieron pagar comisiones ilegales de contratación. Las agencias de reclutamiento ponían en listas de exclusión a quienes exigían que se respetaran sus derechos y los dejaban fuera de futuras oportunidades de empleo. Durante el año, la ONG Proyecto de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, o ProDESC, presentó ante el gobierno una denuncia penal colectiva por contratación fraudulenta para exigir la inspección de una agencia de reclutamiento. La inspección del gobierno dio lugar a una multa de 57,750 pesos (US $3,500).

Hubo varias quejas por condiciones de trabajo deficientes en las maquiladoras. Bajos salarios, malas relaciones laborales, largas horas de trabajo, despidos injustificados, falta de prestaciones de seguridad social, lugares de trabajo inseguros y falta de libertad de asociación fueron los reclamos más usuales. Muchas mujeres que trabajaban en esta industria padecieron alguna forma de maltrato (véase la sección 7.d.). La mayoría de las maquiladoras contrataron a empleados por medio de la tercerización (outsourcing) con pocos beneficios sociales.