México: Informe de derechos humanos 2014

RESUMEN

 

México es una república federal multipartidaria con un presidente elegido y una legislatura bicameral. En julio de 2012, los ciudadanos eligieron al presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para un mandato de seis años en elecciones libres e imparciales. En general, las autoridades mantuvieron un control eficaz sobre las fuerzas de seguridad.

Los problemas importantes relacionados con los derechos humanos incluyeron la participación policial y militar en abusos graves, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y maltrato físico. La impunidad y la corrupción siguieron siendo problemas serios, en particular a nivel estatal y local, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial. Se registraron numerosos casos de secuestro y violencia contra periodistas y otros a manos de grupos delictivos organizados, lo que limitó la libertad de expresión.

Las organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del país informaron los siguientes problemas adicionales: condiciones carcelarias deficientes; arrestos y detenciones arbitrarias; amenazas y violencia contra defensores de  derechos humanos y periodistas; maltrato a migrantes; violencia doméstica; trata de personas; maltrato a personas con discapacidades; discriminación social y económica de algunos miembros de la población indígena; amenazas a personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), y explotación laboral infantil.

La impunidad en materia de abusos de  derechos humanos persistió en todo el país, con tasas de enjuiciamiento extremadamente bajas para todos los delitos. El público no tuvo fácil acceso ni a información general sobre investigaciones del gobierno de denuncias de violaciones de los derechos humanos, ni a información sobre casos específicos.

Sección 1. Respeto a la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. La privación arbitraria o ilícita de la vida

 

Hubo numerosos informes de que el gobierno y sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, con frecuencia impunemente. Los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos y con frecuencia actuaron con impunidad y en connivencia con funcionarios corruptos estatales, locales y de seguridad.

El 30 de junio, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se enfrentaron a presuntos delincuentes en Tlatlaya, en el Estado de México. Posteriormente, grupos de la sociedad civil instaron al gobierno a investigar el tiroteo en que murieron 22 sospechosos, algunos presuntamente después de haberse rendido. Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la SEDENA iniciaron investigaciones. La PGR acusó a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides de homicidio, alteración de pruebas y abuso de autoridad. La PGR acusó a un teniente y cuatro soldados más de delitos menores.

Durante la noche del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, participó en manifestaciones que se tornaron violentas. En al menos tres oportunidades distintas, la policía local y miembros de Guerreros Unidos (una pandilla delictiva organizada) atacaron a los estudiantes. Algunos de los estudiantes escaparon, pero otros fueron detenidos. Tres de los estudiantes fueron luego hallados muertos, incluido uno cuyo rostro había sido despellejado y a quien se le habían arrancado los ojos. Durante los enfrentamientos, tres transeúntes fueron muertos por balas perdidas: un conductor de autobús, una persona de 15 años y una mujer que se encontraba en un taxi. Durante los días siguientes, algunos de los estudiantes salieron de sus escondites, pero para el 2 de octubre, un total de 43 estudiantes permanecían desaparecidos. En una declaración del 21 de octubre, el procurador general Jesús Murillo Karam anunció que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había ordenado personalmente la desaparición de los estudiantes que participaron en las manifestaciones del 26 de septiembre. Abarca, su esposa y su jefe de seguridad desaparecieron después de que el primero solicitara una licencia de su cargo el 30 de septiembre. Abarca fue expulsado de las filas de su partido político, el gobierno procedió a su desafuero y el 4 de noviembre las autoridades lo arrestaron en la Ciudad de México. Para fin de año, las autoridades habían identificado los restos de un estudiante, pero el paradero de los otros 42 seguía siendo desconocido. El gobierno continuó su investigación, inclusive con la asistencia técnica de la Organización de los Estados Americanos y otros países. Fuerzas federales enviadas a esa área de Guerrero asumieron responsabilidad por la seguridad en varios municipios. El gobernador de Guerrero renunció y un nuevo gobernador fue designado. Según funcionarios públicos, las autoridades arrestaron a docenas de policías y miembros de cárteles por cargos relacionados con los delitos en Iguala.

El 19 de octubre, Ricardo de Jesús Esparza Villegas, un estudiante universitario de 23 años en Guanajuato, murió después de ser arrestado. Los testigos afirmaron que fue golpeado por la policía municipal. La CNDH dio inicio a la investigación del caso.

El 12 de junio, la CNDH anunció que había reabierto la investigación del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido en 2010. Después de que la CNDH emitiera sus recomendaciones iniciales sobre el caso en 2013, las familias de las víctimas interpusieron un recurso de amparo contra la CNDH, mediante el que indicaron que la investigación era inadecuada y había violado sus derechos humanos. El 6 de junio, los tribunales federales rechazaron la apelación de la CNDH y ratificaron el amparo.

b. Desaparición

 

Hubo informes de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad, además de cientos de denuncias de desapariciones relacionadas con la delincuencia organizada. La mayoría ocurrieron durante operaciones de seguridad autorizadas. Si bien el código penal federal tipifica la desaparición forzada como un delito, esta no constituye un delito en varios códigos penales locales. El código penal federal y la legislación de las 16 entidades federales que clasifican a la desaparición forzada como un delito no emplean la misma definición, y las penas varían de acuerdo con la jurisdicción. Quince estados clasifican a la desaparición forzada como un delito distinto del asesinato o del secuestro.

En julio, el gobierno publicó el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. El plan describe el papel de la nueva Unidad de Personas Desaparecidas de la PGR, que se basa en la ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Dicha ley encomienda al gobierno federal crear una base de datos informativa para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública normalice y centralice información concerniente a personas extraviadas y desaparecidas. Activistas de la sociedad civil sostuvieron que la base de datos estaba desorganizada. Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que la unidad de la PGR no contaba con suficiente financiamiento y carecía de capacitación adecuada.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) brindó varias estimaciones sobre la cantidad de personas desaparecidas a lo largo del año, que variaron de 8.000 a 26.000. El 21 de agosto, la SEGOB y la PGR informaron que la versión mejorada de la base de datos nacional del gobierno había identificado a 22.322 desaparecidos; 9.790 de estas desapariciones fueron denunciadas desde la asunción de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012. Además, los funcionarios federales declararon que se denunció la desaparición de un total de 23.234 personas entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio; de estas, el gobierno localizó a 13.444. Según las autoridades, las causas de las desapariciones comprendieron la ausencia voluntaria, la migración, la muerte y la reclusión ilegal. Organizaciones de la sociedad civil presionaron al gobierno para que refinara los datos a fin de brindar más información sobre el tipo, ubicación y duración de las desapariciones, con la meta de identificar cuáles de ellas se trataban de desapariciones forzadas.

El 22 de julio, el país retiró su reserva respecto del artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, y así reconoció que los tribunales civiles tienen competencia en materia de denuncias de desaparición forzada, inclusive las que involucran a efectivos militares.

El 22 de enero, un tribunal de segunda instancia ratificó la continuación de la detención de soldados del Noveno Batallón de Infantería por cargos relacionados con la desaparición forzada de seis personas de Jilotlán de los Dolores en el Estado de Jalisco en 2010. El tribunal también ratificó la transferencia de jurisdicción de tribunales militares a civiles.

Según informes de prensa, en enero un tribunal militar acusó a 18 soldados de la desaparición forzada y asesinato de un residente de Juárez durante el despliegue del ejército en el marco de la Operación Chihuahua en 2008. El tribunal también ratificó la transferencia de jurisdicción de un tribunal militar a uno civil.

En marzo, Nuevo León lanzó el primer Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI). El grupo consta de un equipo de especialistas concentrados en la búsqueda de personas extraviadas dentro de las 72 horas posteriores al aviso de la desaparición. Funcionarios estatales conjuntamente con miembros de la organización no gubernamental (ONG) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) establecieron una serie de protocolos con aprobación internacional diseñados para identificar y buscar a desparecidos de manera oportuna. Después de 72 horas, la policía de investigaciones del estado asume responsabilidad por la búsqueda. CADHAC informó que la formación del GEBI y los nuevos protocolos de búsqueda permitieron resolver investigaciones.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

 

La ley prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y estipula que las confesiones obtenidas por medios ilegales tales como la tortura no son admisibles como pruebas en los tribunales. Asimismo, es inadmisible toda confesión hecha directamente a la policía. Para ser admisible, una confesión debe registrarse formalmente ante un procurador o juez con el reconocimiento de que se realiza de forma voluntaria y después de un examen realizado por un médico que confirme que el sospechoso no ha sido sometido a maltrato físico.

Al 31 de agosto, la CNDH había procesado 445 denuncias de trato cruel o degradante y 552 denuncias de tortura. La CNDH emitió 10 recomendaciones en casos de trato cruel y degradante y dos recomendaciones en casos de tortura.

Después de su visita al país en abril, el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez, afirmó el 2 de mayo que la tortura era un problema debido a irregularidades dentro del sistema judicial. Méndez mencionó que la tortura de los detenidos usualmente tenía lugar dentro de las horas posteriores al arresto, con frecuencia fuera de las instalaciones policiales o cárceles. Méndez no escuchó denuncias de los detenidos de tortura o maltrato dentro de la prisión. Si bien reconoció como positiva la adopción del país del Protocolo de Estambul para documentar y evaluar las denuncias de tortura, señaló que en muchos casos no se aplicaba de modo apropiado y con frecuencia ni con la rapidez debida. En septiembre, Amnistía Internacional informó que si bien habían disminuido en más del 28% de 2012 a 2013, las denuncias de tortura habían aumentado en un 600% de 2003 a 2013.

Según la ONG de derechos humanos Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), las prácticas de tortura incluyeron colgar a las personas de los pies, dedos o cuello. INSYDE también informó que los métodos de tortura variaron de una región a otra. Ciudadanos extranjeros presentaron numerosas denuncias ante comisiones estatales de derechos humanos por maltrato atroz a manos de las autoridades encargadas de los arrestos o en la cárcel.

El 8 de enero, en Ciudad Juárez, Magdalena González Avellaneda, una expolicía, se convirtió en la primera persona condenada por tortura en el Estado de Chihuahua. Las autoridades la procesaron en virtud de una nueva ley estatal y la condenaron a cuatro años de encarcelamiento, una multa de 148.000 pesos (US $11.000) y 15 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.

El 12 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte publicó la resolución de su fallo de noviembre de 2013 que dejara sin efecto la condena de Israel Arzate aduciendo que había confesado bajo tortura. La resolución ratificó que la tortura es un delito y que las autoridades tienen el deber de actuar expeditamente cuando hay acusaciones de tortura y de garantizar una investigación apropiada y oportuna diseñada para determinar la responsabilidad de quien corresponda mediante procesos penales. Aún más, la corte afirmó la regla general de exclusión de pruebas ilegales, en particular con respecto a todos los casos donde las pruebas fueron obtenidas mediante tortura.

Según un estudio publicado a fines de abril, durante 2013 se denunciaron 43 casos de tortura en el Estado de Nuevo León, de los cuales aproximadamente el 70% implicó a investigadores de la policía estatal que trabajaban para la procuraduría del estado. El autor principal del estudio, Fernando Elizondo García, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, afirmó “estos datos demuestran que el uso de la tortura como una herramienta para investigar y obtener confesiones es un procedimiento habitual de las fuerzas de seguridad del estado”.

Supuestamente hubo casos de trato cruel, inhumano y degradante en instituciones públicas de salud mental (véase la sección 6, sobre personas con discapacidades).

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Con frecuencia, el trato y las condiciones físicas en cárceles y centros de detención fueron duros y pusieron en riesgo vidas, en particular en cárceles estatales, debido a la corrupción, el hacinamiento, el maltrato de los presos, el alcoholismo y la adicción a drogas, así como a la pérdida de seguridad y control.

Condiciones físicas: Según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS, antes denominada Secretaría de Seguridad Pública), en junio había 254.641 reclusos (aproximadamente 27% por encima de la capacidad máxima) en 386 instalaciones, que consisten en 17 prisiones federales, 293 cárceles estatales y 76 cárceles municipales. Se estima que el 95% de los reclusos eran hombres. No se supo el número oficial de jóvenes reclusos en todo el país porque estos datos estaban en registros descentralizados.

Las condiciones de salud y sanitarias fueron malas, y la mayoría de las cárceles no ofrecieron atención psiquiátrica. Con frecuencia, las cárceles se encontraron dotadas de funcionarios correccionales mal capacitados, mal pagados y corruptos, y ocasionalmente las autoridades dejaron a los reclusos en confinamiento solitario indefinidamente. Los reclusos debieron sobornar a los guardias frecuentemente para obtener alimentos, medicamentos y otros artículos necesarios. Las autoridades alojaron a los detenidos en prisión preventiva con los reclusos condenados. La superpoblación carcelaria siguió amenazando la salud y la vida, en especial en el Estado de Baja California, donde el estado intentó abordar su elevada tasa de encarcelamiento (cerca de tres veces el promedio nacional) con una combinación que consistió en aumentar la capacidad de las instalaciones, conceder el beneficio de libertad condicional anticipada y transferir a presos federales a otros centros penitenciarios. La CNDH señaló la falta de acceso a una atención adecuada de la salud como un problema grave. En general, los reclusos tuvieron acceso a agua potable. La calidad y cantidad de los alimentos varió entre las distintas instalaciones, y en general las cárceles que han recibido acreditaciones internacionales presentaron mejores condiciones.

La CNDH informó que las condiciones de las cárceles de mujeres fueron peores que las observadas en las cárceles de hombres, en particular para las mujeres que vivían en la cárcel con sus hijos, debido a la falta de instalaciones habitacionales apropiadas y de atención médica especializada. Se informó que las mujeres que vivían con sus hijos en la cárcel no recibían asistencia ni alimentos adicionales. Se informó sobre el abuso físico y sexual de las detenidas. Un informe de la CNDH publicado en junio de 2013 observó que las condiciones de las cárceles de mujeres no cumplieron con normas nacionales ni internacionales de derechos humanos. Específicamente, la CNDH afirmó que las reclusas estaban inadecuadamente preparadas para su regreso a la sociedad, experimentaban tratos inhumanos, carecían de servicios de atención de la salud apropiados y recibían servicios legales y judiciales inferiores. Después de la publicación del informe de la CNDH, la Asociación Americana de Prisiones (ACA, por sus siglas en inglés) confirió la acreditación internacional a dos centros correccionales estatales de mujeres en Chihuahua. Como parte de su proceso de acreditación, la ACA evalúa la administración y gestión de las instalaciones, la capacitación del personal, la idoneidad de los servicios médicos, el saneamiento, el empleo de segregación y detención, los incidentes de violencia, el exceso de población y la provisión de servicios básicos.

En 2012, la CNDH informó que la delincuencia organizada controlaba el 60% de las cárceles. Indicó que los centros penitenciarios del Distrito Federal y de los estados de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit tenían las peores condiciones carcelarias.

Administración: Hubo mejoras en el mantenimiento de registros del sistema carcelario federal, en gran medida a causa de la transición del sistema de archivos en papel a registros electrónicos. En algunas cárceles estatales, el mantenimiento de registros siguió siendo inadecuado. Algunos estados establecieron mecanismos de justicia alternativa, que incluyen las cortes de drogas, para delincuentes no violentos.

En general, reclusos y detenidos contaron con acceso razonable a visitas y pudieron practicar su religión. Si bien reclusos y detenidos podían denunciar violaciones de los derechos humanos, el acceso a la justicia fue irregular, y en general las autoridades no divulgaron al público los resultados de las investigaciones. La CNDH cuenta con un defensor dedicado a problemas carcelarios, pero este no brinda representación legal a los presos.

Vigilancia independiente: El gobierno permitió la vigilancia independiente de las condiciones carcelarias por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos. Al 31 de agosto, la CNDH había realizado 127 visitas a cárceles, 282 visitas a centros de detención y una visita a una cárcel militar para examinar las condiciones en esos establecimientos.

Generalmente, quienes efectúan la vigilancia independiente se encuentran limitados a hacer recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones carcelarias. El sistema federal ha hecho algunas mejoras con base en estas recomendaciones.

Mejoras: El gobierno federal abrió dos cárceles nuevas en Durango y Chiapas, cada una con capacidad para 2.500 presos. En septiembre, se estaban construyendo cuatro instalaciones adicionales. La capacidad adicional alivió en cierta medida el hacinamiento en las cárceles estatales que alojan a reclusos de cárceles federales. Tanto las instalaciones federales como estatales siguieron tratando de obtener la acreditación internacional de la ACA, que requiere el cumplimiento demostrado de una serie de normas internacionales. Al 19 de agosto, ocho cárceles federales, una academia federal de capacitación correccional, ocho cárceles estatales en Chihuahua, una cárcel estatal en Baja California y una cárcel estatal en el Estado de México contaban con la acreditación de la ACA. Desde el inicio del proceso de acreditación, las cárceles de Chihuahua experimentaron una marcada disminución en muertes, huidas y motines. En 2013 hubo una sola muerte violenta en las instalaciones carcelarias de Chihuahua, en comparación con 216 muertes en 2010. Cuatro estados abrieron tribunales de tratamiento de adicción a drogas desde 2009. Estos tribunales permiten a los participantes recibir psicoterapia y tratamiento para las adicciones en lugar de cumplir una condena en una institución correccional.

d. Arrestos o detenciones arbitrarias

 

La ley prohíbe arresto y las detenciones arbitrarias, así como la facilitación o el encubrimiento de una detención ilícita. Sin embargo, al 31 de agosto la CNDH informó haber recibido 663 denuncias y emitido cuatro recomendaciones a las autoridades respecto a arrestos y detenciones arbitrarias.

Función de la policía y del aparato de seguridad

 

La policía federal, bajo la CNS, así como también la policía estatal y municipal, tiene la responsabilidad primordial de hacer cumplir las leyes y mantener el orden. La SEDENA, que supervisa al ejército y la fuerza aérea, y la Secretaría de Marina (SEMAR), que supervisa a la fuerza naval y la infantería de marina, también desempeñan un papel en la seguridad interna, en particular respecto de los grupos delictivos organizados.

La CNDH señaló que el despliegue de las fuerzas armadas para mantener el orden público nacional en la lucha contra grupos delictivos organizados condujo a un aumento en la cantidad de denuncias de abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno contra civiles, a veces con impunidad. La SEDENA, la SEMAR, la policía federal y la PGR cuentan con protocolos de seguridad en cuanto a la cadena de custodia y al uso de la fuerza. Los protocolos, diseñados para reducir el tiempo que los detenidos permanecen en custodia militar, describen procedimientos específicos para el trato de los detenidos.

En abril, el congreso modificó el código de justicia militar para forzar a las instituciones militares a transferir los casos de derechos humanos al sistema de justicia civil bajo la jurisdicción de la PGR. La nueva normativa estipula el procesamiento de personal militar en la jurisdicción civil en casos penales cuando la víctima es un civil. Si la víctima es un militar, el supuesto autor es juzgado en el sistema de justicia militar. La legislación también estipula que los defensores del tribunal militar pueden acompañar y representar a los acusados durante las audiencias de dictado de sentencia. La nueva ley establece dos años de encarcelamiento para todo miembro del sistema de justicia militar que deliberadamente oculte o destruya expedientes, objetos o instrumentos relativos al procedimiento, o productos del delito.

El 22 de mayo, el gobierno publicó un nuevo manual sobre el uso de la fuerza aplicable a los tres servicios militares. El manual contiene directrices sobre el uso legítimo de la fuerza, explica las consecuencias del uso excesivo o indebido de esta, ordena a todo el personal militar acatar las disposiciones sobre la materia, y responsabiliza a los superiores de la capacitación y las acciones de sus subordinados.

Según el sitio web de derechos humanos de la SEDENA, con base en las 115 recomendaciones de la CNDH contra la SEDENA emitidas entre abril de 2007 y mayo de 2013 (los últimos datos disponibles), un total de 103 militares fueron acusados por violaciones a derechos humanos, 38 de los cuales fueron juzgados en el sistema de justicia militar.

La CNDH informó que policías y funcionarios de inmigración y de aduanas violaron los derechos de migrantes indocumentados y no garantizaron su seguridad. El secuestro siguió siendo un serio problema para las personas de todos los niveles socioeconómicos, y hubo informes fiables de participación policial en secuestros extorsivos, con frecuencia a nivel estatal y local. En enero, el gobierno estableció una Organización Nacional Antisecuestro como parte de su estrategia nacional. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 30 de septiembre, en 2013 hubo 131.946 secuestros, pero solo 1.698 fueron denunciados a la policía.

Al 31 de agosto, la CNDH había concluido investigaciones sobre 330 denuncias y no había emitido recomendación alguna contra la SEDENA; había concluido investigaciones sobre 183 denuncias y emitido una recomendación contra la SEMAR; había concluido investigaciones sobre 312 denuncias y emitido una recomendación contra la PGR, y había concluido investigaciones sobre 303 denuncias contra la policía federal sin emitir recomendación alguna.

La Dirección General de Derechos Humanos de la SEDENA investiga al personal militar por violaciones de derechos humanos identificadas por la CNDH y tiene la tarea de promover una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la institución. La dirección no tiene facultades para garantizar que las denuncias deriven en un juicio ni para entablar una acción judicial independiente.

La CNDH siguió aumentando su capacitación de efectivos militares mediante acuerdos de capacitación con la SEMAR y la SEDENA. Al 31 de agosto, la CNDH había brindado capacitación sobre derechos humanos a 225.714 militares.

Miembros de la policía federal y estatal recibieron capacitación en derechos humanos de numerosos organismos y organizaciones, inclusive por parte de la CNDH, que informó haber capacitado a 4.798 policías al 31 de agosto. Hubo datos limitados sobre la eficacia de esa capacitación. Las academias policiales estatales exigieron cada vez más la capacitación en derechos humanos como parte de los planes de estudios, pero algunas no lo hicieron, y la capacitación en los estados no fue estandarizada.

El 12 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpuso una medida cautelar contra la Secretaría de Seguridad Pública y el director de la policía de esa ciudad, para solicitar que los efectivos policiales dejaran de emplear armas de electrochoque para controlar a la multitud en la Feria de San Marcos. En un video publicado en YouTube se observa a la policía estatal de Aguascalientes golpeando a una mujer en esa misma feria. Las autoridades intervinieron y el caso seguía abierto.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

 

La constitución permite que toda persona pueda arrestar a otra que cometa un delito en su presencia. No es necesario contar con una orden de arresto si un funcionario tiene una sospecha razonable respecto de la participación de una persona en la comisión de un delito. Existe el derecho a fianza, excepto en el caso de personas detenidas en conexión con el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada. En la mayoría de los casos, se debe hacer comparecer a los sospechosos ante un juez antes de que hayan transcurrido 48 horas desde su arresto, con pruebas suficientes para justificar la continuidad de su detención; a pesar de ello, se registraron infracciones en relación con el plazo de 48 horas. En casos que involucran a tres o más personas organizadas para cometer ciertos delitos, los sospechosos pueden ser detenidos por hasta 96 horas antes de su comparecencia ante un juez.

Solo el sistema judicial federal puede procesar casos de delincuencia organizada. En virtud de un procedimiento denominado arraigo (una forma de detención constitucionalmente aceptada, empleada durante la fase investigativa de un caso penal antes del pleno establecimiento de la causa probable), ciertos sospechosos pueden, con la venia de un juez, ser detenidos por hasta 80 días antes de la presentación de cargos formales. Muchas ONG de derechos humanos expresaron que el arraigo permite a las autoridades detener a alguien en primer lugar y luego buscar una razón para justificar la detención. Al no haber cargos formales, a las personas así detenidas se les niega representación legal y, de ser condenadas, no pueden recibir un crédito por el tiempo que ya han pasado detenidas. Los grupos de derechos humanos afirmaron que las autoridades emplearon el arraigo para obtener confesiones por medio de torturas.

En marzo, un funcionario de la PGR informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, entre 2011 y 2013, el uso de arraigo disminuyó en un 75%, lo que la PGR atribuyó al empeño de la administración por limitar el empleo de la medida a casos excepcionales. Según información proveniente de la PGR, aproximadamente 11.000 personas fueron objeto del arraigo entre 2006 y 2014, y de enero de 2013 a febrero de 2014 hubo 693 casos de arraigo.

Algunos detenidos denunciaron la falta de acceso a familiares y a abogados después de que la policía los mantuviera incomunicados por varios días e hiciera arrestos arbitrarios sin órdenes judiciales. A veces, la policía proveyó abogados a detenidos indigentes solo durante los juicios, pero no durante los arrestos o investigaciones tal como estipula la ley. Las autoridades mantuvieron a algunos detenidos bajo arresto domiciliario. El 2 de junio, las fuerzas armadas publicaron su primera doctrina conjunta sobre el uso de la fuerza, que ordena la transferencia de detenidos tan pronto como sea posible a autoridades civiles y prohíbe el uso de instalaciones militares como centros de detención o retención.

A comienzos de junio, la procuraduría del Estado de Coahuila dio inicio a la investigación de denuncias de tortura y sodomía contra un grupo de agentes policiales del estado en Saltillo. La presunta víctima afirmó que varios agentes policiales del estado ingresaron a su hogar el 9 de junio sin una orden judicial, lo arrestaron frente a su esposa y dos hijas, destruyeron bienes que se encontraban en la vivienda y robaron alrededor de 3.000 pesos (US $220) y un teléfono celular. Luego, el denunciante afirmó, los oficiales lo llevaron a un sitio desconocido, lo encerraron en una caja y lo sodomizaron al menos cuatro veces con un rifle de asalto antes de llevarlo a la estación de policía. La policía negó las acusaciones. Un examen físico de la victima por parte de un médico poco después de su llegada a la estación condujo a la investigación. Después de presentar la denuncia formal, la víctima y su esposa afirmaron haber recibido amenazas de muerte de parte de miembros del grupo policial. El vocero de la unidad expresó que había una investigación en curso, pero para agosto no se conocía ningún avance, y los policías acusados continuaban en funciones.

Arresto arbitrario: Al 31 de agosto, la CNDH informó haber recibido 187 denuncias y emitido cinco recomendaciones en casos de arrestos arbitrarios.

Detención preventiva: La ley establece los plazos dentro de los cuales un acusado debe ser juzgado. En general, las autoridades hicieron caso omiso de tales plazos dado que las cantidades de casos exceden por mucho la capacidad del sistema judicial federal, y la mayoría de los estados siguen empleando el proceso de justicia penal inquisitivo escrito. Por otro lado, los estados que implementaron las reformas constitucionales de 2008 del sistema judicial redujeron el número de delitos con prisión preventiva obligatoria y registraron tasas menores de detención preventiva. Estos estados también comenzaron a adoptar otras medidas asociadas con la reforma judicial de 2008, tales como servicios de detención preventiva, arresto domiciliario, derecho a fianza y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

e. Denegación de un juicio público imparcial

 

Si bien la constitución y la legislación consagran la independencia del poder judicial, los fallos de los tribunales fueron susceptibles a influencia indebida por parte de entidades tanto privadas como públicas, en particular a nivel estatal y local.

Procedimientos judiciales

 

El sistema jurídico civil es mixto y está en proceso de reforma. Si bien incorpora algunos aspectos de los sistemas de common law y de estilo acusatorio, deriva primordialmente de los tradicionales sistemas inquisitivos europeos basados en códigos. Las fuerzas armadas también emplean un sistema legal híbrido inquisitivo-acusatorio, pero siguen avanzando hacia un sistema acusatorio oral. En algunos estados que adoptaron el sistema acusatorio, los centros de justicia alternativa emplearon mecanismos tales como la mediación, la negociación y la justicia restaurativa para sancionar a los autores de delitos menores fuera del sistema judicial. El mayor uso de mecanismos alternativos disminuyó la carga de delitos menores de los tribunales en los estados que implementaron la reforma.

La reforma constitucional de la justicia penal de 2008 prevé la transición del país para 2016 a un sistema acusatorio con juicios orales en el que los acusados gozan de la presunción de inocencia y tienen derecho a asistir a las audiencias y a objetar las pruebas y testimonios presentados. Sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones no garantizan estos derechos, dado que no han concluido la implementación de la reforma y aún funcionan en el marco del sistema inquisitivo. En virtud del nuevo sistema acusatorio, los jueces emiten sus sentencias sin participación de un jurado.

Al 31 de agosto, un total de 26 estados habían promulgado leyes para la transición al sistema acusatorio oral y se encontraban en distintas etapas de capacitación e implementación de las reformas, en tanto que seis estados todavía estaban legislando las reformas. Cuatro estados funcionaban plenamente con el nuevo sistema oral, en tanto que 13 otros habían implementado la nueva estructura de manera parcial. En virtud del antiguo sistema, aún en uso en el gobierno federal, el Distrito Federal y 15 estados (algunos de los cuales habían aprobado las reformas, pero todavía estaban en proceso de transición al nuevo sistema), un juicio típico consiste en una serie de audiencias de recopilación de información durante las que el tribunal recibe pruebas documentales y testimonios.

La ley establece el derecho de los acusados a un abogado en todas las etapas del proceso penal. Se requiere que los abogados tengan calificaciones jurídicas para representar a un acusado. Debido a la implementación en curso de las reformas de 2008, no todos los defensores públicos estuvieron preparados y capacitados para representar adecuadamente a los acusados y, con frecuencia, el sistema de defensoría pública del estado no contó con los recursos suficientes para satisfacer la demanda. Los servicios de defensoría pública funcionaron en el poder judicial o en el ejecutivo. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la mayoría de los presuntos delincuentes no tuvieron representación sino hasta después de encontrarse bajo la autoridad judicial, situación que los hizo vulnerables a la coacción para firmar falsos testimonios antes de comparecer ante el juez.

Si bien son obligatorios por ley, con frecuencia no se ofrecieron servicios de traducción del español a las lenguas indígenas en todas las etapas del proceso penal. Algunos acusados indígenas que no hablaban español no estuvieron al tanto de la situación de sus casos, y algunos fueron condenados sin entender plenamente los documentos que debían firmar.

En los casos en que se ha implementado, la reforma judicial también establece pautas estrictas sobre el empleo de confesiones, pruebas y testimonio pericial; permite la vigilancia consensual de las llamadas telefónicas, y da a la policía más responsabilidad en el ámbito de las investigaciones. En virtud de la reforma, todas las audiencias y juicios deben ser presididos por un juez y respetar los principios de acceso público, inmediatez, careo y contrainterrogatorio a fin de promover mayor transparencia y permitir a los acusados refutar a quienes los acusan. Los acusados gozan del derecho a tener acceso a pruebas en poder del gobierno. Sin embargo, la ley permite al gobierno mantener la confidencialidad de los elementos de una investigación hasta la presentación de las pruebas ante el tribunal. La ley también consagra el derecho de apelación.

Presos y detenidos políticos

 

No hubo informes de presos o detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

 

Los ciudadanos tienen acceso a un poder judicial independiente en materia civil para solicitar reparación en casos de violaciones de derechos humanos. Para que un demandante pueda obtener una indemnización por daños y perjuicios por parte del demandado, este último debe haber sido declarado culpable en una causa penal, lo que resulta difícil de alcanzar debido a la relativamente baja cantidad de personas condenadas por abusos de los derechos humanos en el país.

Fallos de la corte regional de derechos humanos

 

El país está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En abril, el congreso aprobó reformas a su sistema de justicia militar que procuraron poner al sistema judicial en cumplimiento con cuatro fallos de la corte entre 2009 y 2011 para garantizar que los efectivos de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles sean procesados en el marco del sistema de justicia civil. 

f. La injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

 

Si bien la ley prohíbe tales prácticas y requiere el empleo de órdenes de allanamiento, al 31 de agosto la CNDH había procesado 220 denuncias de allanamientos ilegales o destrucción ilegal de propiedad privada y había emitido una recomendación.

En enero, la CNDH afirmó que la SEDENA había cumplido con su recomendación de 2013 en el caso de allanamientos sin órdenes judiciales de miembros de la comunidad indígena de Kumiai de la Huerta, Baja California, en 2012. La SEDENA determinó que las acciones constituían delitos federales, resarció a cada una de las víctimas, y proveyó atención médica y psicológica en el Hospital Militar Regional del Ciprés, en Baja California.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. La libertad de expresión y de prensa

 

La ley estipula la libertad de expresión y de prensa, y en general el gobierno respetó estos derechos. La mayoría de los diarios, canales de televisión y estaciones de radio estuvieron en manos privadas, y el gobierno tuvo una presencia mínima en la propiedad de medios de noticias. Los monopolios de los medios de información, a nivel local especialmente, limitaron la libertad de expresión.

En un informe publicado el 16 de abril, la ONG Comité para la Protección de los Periodistas señaló que el gobierno no había logrado progresos considerables para apoyar la libertad de prensa ni para hacer frente a casos no resueltos relacionados con periodistas.

El 21 de marzo, la ONG Periodistas de a Pie presentó su informe final basado en su misión de observación en Veracruz para investigar la desaparición y el asesinato del periodista local Gregorio Jiménez de la Cruz en febrero. El informe documentó la desaparición y el asesinato de Jiménez, la respuesta del estado y los retos a que se enfrentan los periodistas que trabajan en el sur de Veracruz. En su informe anual, la ONG internacional Article 19 registró 38 ataques contra periodistas que trabajaban en Veracruz en 2013.

Libertad de prensa: Los medios de comunicación independientes desarrollaron una intensa actividad y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricciones. Sin embargo, los periodistas se autocensuraron a menudo, debido a amenazas por parte de grupos delictivos, así como también a la gran influencia del gobierno dentro de los medios. Según Freedom House, hasta el 80% de los fondos de publicidad provinieron de gobiernos estatales y del gobierno federal. La ley dispone un marco legal para otorgar licencias a estaciones de radio comunitarias no gubernamentales y sin fines comerciales.

Violencia y acoso: Hubo casos de periodistas que se vieron sometidos a ataques físicos, acoso e intimidación debido a la información que brindaban. Según ONG locales, en algunos casos las autoridades de gobierno participaron en esos actos y los excusaron.

Los autores de los actos de violencia contra periodistas siguieron actuando con impunidad y hubo pocos informes de investigación, arresto o enjuiciamiento exitoso de sospechosos. La ONG internacional Freedom House, en su informe Freedom of the Press Report de 2013, caracterizó al país como un “sitio peligroso para los periodistas” y “sin libertad” para los medios debido a las amenazas y violencia que sufrieron los periodistas y la impunidad de los autores de delitos contra estos. En su informe anual de 2014, el Comité para la Protección de los Periodistas indicó que el gobierno no logró progresos importantes en cuanto a apoyar la libertad de prensa o abordar casos no resueltos de violencia contra periodistas.

Por ejemplo, en junio, Article 19 informó 222 ataques y amenazas contra miembros de los medios de enero a septiembre. Al 31 de agosto, la CNDH informó que ocho periodistas habían sido asesinados por motivos supuestamente relacionados con su trabajo. Article 19 observó que en el país se registraron 330 casos individuales de violencia contra periodistas en 2013, un marcado aumento respecto de 2012.

El 16 de abril, un periodista de Colima efectuó una denuncia por acoso ante la comisión de derechos humanos del estado contra la PGR. Agentes de la PGR supuestamente acosaron al periodista, que había estado informando sobre la construcción de una mina de oro en una comunidad indígena.

El 1 de octubre, el activista y líder de la comunidad Atilano Román Tirado fue asesinado a balazos durante su programa semanal en la radio comunitaria.

Censura o restricción del contenido: Grupos de derechos humanos informaron que hubo oportunidades en que los gobiernos estatales y locales actuaron directamente para censurar a los medios de comunicación y amenazar a periodistas. La falta de protección adecuada condujo a una considerable autocensura. Periodistas informaron haber modificado su cobertura en respuesta a la falta de protección por parte del gobierno, ataques contra sedes de medios de comunicación, cargos espurios por publicar noticias indeseables y amenazas o represalias contra sus familias, entre otros motivos. En el Estado de Quintana Roo, se informaron casos de “clonación”, la práctica de duplicar una publicación legítima, acreditada, con un diseño prácticamente idéntico, pero donde el contenido crítico del gobierno se reemplaza por elogios

El 30 de julio, la legislatura del Estado de Sinaloa aprobó una ley que prohíbe a periodistas fotografiar, grabar en video o registrar audio en las escenas de los delitos, lo que generó protestas por parte de periodistas y activistas en todo el estado. La CNDH caracterizó la ley como inconstitucional y contraria a los derechos humanos internacionalmente aceptados. El 21 de agosto, la legislatura del estado casi unánimemente derogó la ley, la cual no había sido pensada como un ataque a la libertad de prensa, según indicaron representantes del gobierno.

Leyes de difamación y seguridad nacional: Doce estados cuentan con leyes penales de difamación en virtud de las cuales los periodistas pueden ser encarcelados a nivel estatal.

Impacto no gubernamental: Grupos delictivos organizados ejercieron una grave y creciente influencia sobre medios de comunicación y periodistas, y con frecuencia amenazaron a quienes publicaban opiniones críticas de grupos delictivos. Una atmósfera generalizada de miedo llevó incluso a ciudadanos activos en el plano político a censurar sus expresiones contra la delincuencia organizada.

Actividades para ampliar la libertad de prensa

La SEGOB trabajó para fortalecer el mecanismo nacional diseñado para proteger a defensores de los derechos humanos y periodistas. La dirección de Derechos Humanos de la SEGOB aumentó su personal y mejoró la capacitación sobre el mecanismo, con lo que para septiembre se había reducido en gran medida la cantidad de casos a la espera de un fallo. Según la Oficina del Presidente, entre septiembre de 2013 y el 31 de julio, el mecanismo respondió a todas las solicitudes recibidas, entre las que se contaron las de 71 periodistas y 28 defensores de los derechos humanos. Como resultado, las autoridades implementaron 281 medidas de protección aprobadas por el consejo de administración del mecanismo para salvaguardar a periodistas y defensores de los derechos humanos.

La PGR cuenta con una unidad especial para perseguir ante la justicia los delitos contra periodistas.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a internet ni censuró el contenido en línea, y no hubo informes fidedignos de que haya vigilado comunicaciones privadas en línea sin la apropiada autoridad legal. No obstante, dos estados siguieron restringiendo el uso de las redes sociales. Una ley de Veracruz incluye el delito de perturbación del orden público y obstaculiza el uso de las redes sociales. Asimismo, el Estado de Tabasco siguió considerando ilegales las llamadas telefónicas o las publicaciones en redes sociales que pudieran provocar pánico.

Según datos publicados en septiembre, el 41% de los ciudadanos usaron internet. Freedom House, en su informe Freedom on the Net Report de 2012, categorizó a la internet del país como “parcialmente libre”.

Persistió la preocupación por el uso de la violencia por parte de las pandillas de cárteles de drogas en represalia por información publicada en internet.

Libertad académica y actos culturales

Si bien no hubo restricciones por parte del gobierno sobre la libertad académica ni los actos culturales, actores no identificados efectuaron ataques contra académicos, artistas e intelectuales.

c. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La ley estipula la libertad de reunión y asociación, y en general el gobierno respetó estos derechos. Sin embargo, hubo casos en que las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (International Religious Freedom Report) enwww.state.gov/j/drl/irf/rpt/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley consagra la libertad de circulación interna, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y en general el gobierno respetó estos derechos. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a desplazados internos, refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas que son motivo de preocupación.

Circulación en el país: En numerosas ocasiones los grupos armados limitaron la circulación de los migrantes, incluyendo secuestros y homicidios. En julio, personas armadas asaltaron a migrantes alojados en un refugio de Nogales, Sonora. Según relata la prensa, un grupo armado que incluía a 19 hombres que llevaban pasamontañas y a una mujer que parecía liderar la operación asaltaron a 20 migrantes, en su mayoría provenientes de América Central. El grupo armado vestía uniformes de la policía y empleó al menos ocho patrulleros marcados como tales. Después de aproximadamente 90 minutos, el grupo se retiró. Cuando los residentes del refugio llamaron al número de emergencias de la ciudad para pedir ayuda, el grupo armado regresó al refugio y preguntó quién había efectuado la llamada. Cuando los migrantes se negaron a responder, los intrusos armados tomaron fotografías de cada migrante y amenazaron con golpearlos o asesinarlos si alguno de ellos hablaba.

El 12 de mayo, el gobernador de Coahuila anunció la creación de una procuraduría estatal especial dedicada a perseguir ante la justicia los delitos contra migrantes. Hay una procuraduría especial similar en Chiapas. Durante el año, la ONG de apoyo a refugiados Casa Migrante documentó más de 100 casos de abuso, la mayoría de los cuales fueron atribuidos a autoridades gubernamentales.

El 7 de julio, el presidente Peña Nieto anunció una nueva estrategia que permite la libre circulación de algunos ciudadanos de América Central dentro de los cuatro estados sobre la frontera sur de México con una tarjeta biométrica. La estrategia procuró promover la migración regular, dirigir recursos del gobierno para brindar asistencia a migrantes en situaciones de emergencia y facilitar el cumplimiento de las leyes migratorias del país.

En agosto el gobierno anunció e implementó medidas para evitar que migrantes subieran al tren de carga conocido como “la bestia”, usado por miles de migrantes dispuestos a pagar a organizaciones delictivas para viajar sobre el techo del tren.

Según el Instituto Nacional de Migración (que forma parte de la SEGOB), entre enero y septiembre, 86.014 migrantes centroamericanos transitaron por el país.

Desplazados internos

En julio, la ONG internacional Refugees International informó que los cárteles de drogas habían vaciado comunidades rurales enteras en el país para hacerse de tierras y recursos naturales. La ONG estimó que cientos de miles de ciudadanos, muchos en huida de áreas de conflicto armado entre el gobierno y grupos delictivos organizados, fueron desplazados internamente.

Según informes de prensa, la comisión de derechos humanos de Sinaloa estimó que la violencia infligida por grupos delictivos organizados había desplazado a más de 25.000 personas en la región de Sierra Madre durante los últimos 12 años.

Según la CNDH, muchas de las personas que huyeron de sus comunidades estaban respondiendo a violencia relacionada con el narcotráfico. La CNDH culpó a la negligencia del gobierno por la tasa de impunidad del 98% asociada con los delitos violentos y citó esto como el factor predominante que impulsa a los desplazados internos a abandonar sus hogares. La CNDH también informó que grupos delictivos victimizaron aún más a los desplazados internos mediante el uso de instrumentos fraudulentos para transferir o vender los inmuebles abandonados por estos. La mayoría de los desplazados internos son de Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Sinaloa y Michoacán. La CNDH señaló que el gobierno solo asignó recursos mínimos para brindar asistencia a los desplazados internos.

Protección de los refugiados

Acceso a asilo: La ley contempla la concesión de asilo o de la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para dar protección a refugiados. Según la SEGOB, 1.296 personas solicitaron asilo en el país en 2013.

Sección 3. Respeto por los derechos políticos: Derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La ley garantiza el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno mediante elecciones libres e imparciales, derecho que se ejerce por medio de elecciones basadas en el sufragio universal.

Las elecciones y la participación política

El 16 de mayo, la legislatura aprobó un paquete de reformas político-electorales, que incluyen la Ley General de Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos. La legislación define las tareas del nuevo Instituto Nacional Electoral para organizar elecciones federales, estatales y locales. También describe una serie de cambios adicionales a la ley electoral, que incluyen permitir a ciudadanos que residen fuera del país votar en las elecciones e impone requisitos de transparencia más estrictos sobre los partidos políticos.

Elecciones recientes: Los observadores consideraron las elecciones presidenciales de julio de 2012 principalmente libres, imparciales y transparentes. El Instituto Federal Electoral supervisó el proceso electoral y el Tribunal Electoral Federal, después de una revisión exhaustiva de todas las irregularidades electorales, declaró los comicios válidos en agosto de 2012.

Participación de la mujer y de las minorías: El 31 de enero, la legislatura promulgó una reforma constitucional para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en las candidaturas para la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos estatales. En el momento de las reformas, las mujeres ocupaban el 37% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 33% en el Senado. En 2013 el promedio nacional de escaños ocupados por mujeres en las 31 legislaturas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue del 27%.

En las elecciones legislativas de 2012, 42 de los 128 senadores y 184 de los 500 diputados federales elegidos fueron mujeres. La Suprema Corte está conformada por 11 ministros, de los cuales dos son mujeres, y hubo tres mujeres entre los 20 cargos del gabinete. Muchas leyes estatales estipulan que no más del 70% al 80% de los candidatos pueden ser del mismo sexo, pero a nivel estatal es frecuente que los partidos políticos no cumplan con las cuotas de género establecidas.

No se establecieron cuotas para una mayor participación de grupos indígenas en el órgano legislativo, y no hubo estadísticas fiables respecto de la participación de las minorías en el gobierno. La ley dispone el derecho de los pueblos indígenas a elegir representantes para los cargos locales de acuerdo con la ley de “usos y costumbres” en lugar de con las leyes electorales estatales y federales. Las leyes de usos y costumbres emplean prácticas tradicionales para resolver conflictos, elegir funcionarios locales y recaudar impuestos sin injerencia del gobierno federal ni estatal.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales por corrupción de las autoridades, pero el gobierno no aplicó la ley de forma eficaz. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción en el gobierno. La corrupción al nivel más básico implicó el pago de sobornos a funcionarios administrativos y a las fuerzas de seguridad por servicios rutinarios o para evitar las multas. Las formas de corrupción más complejas y menos visibles incluyeron pagar de más por bienes y servicios para poner el excedente en manos de funcionarios elegidos y partidos políticos.

El 16 de junio, el INEGI publicó un estudio que estimó el total per cápita de actos de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales de cada estado en interacciones con residentes que procuraban obtener servicios del gobierno. El INEGI informó que el promedio nacional fue de 24.700 incidentes por 100.000 habitantes, y la tasa en los estados llegó hasta 44.000 por 100.000 habitantes (Chihuahua). El estudio estimó que la corrupción se encontraba presente en aproximadamente el 7.4% de las solicitudes de servicios del gobierno.

En virtud de la ley, todos los nuevos postulantes a trabajos con autoridades del orden federal (y otros cargos de confianza) deben someterse a un proceso de investigación al ingresar al servicio y posteriormente cada dos años durante sus carreras. Según la SEGOB y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, más de 336.578 policías en actividad se sometieron a la investigación inicial (el 96% de la fuerza nacional); 27 entidades estatales investigaron a entre el 91% y el 100% del personal estatal y municipal, y cinco estados investigaron a entre el 81% y el 90% de las fuerzas estatales y municipales. Sin embargo, la CNDH siguió informando que efectivos policiales, en particular a nivel estatal y local, participaron en secuestros y extorsiones, y brindaron protección a delincuentes organizados y narcotraficantes o actuaron directamente en su nombre.

Corrupción: La investigación de abusos delictivos y administrativos cometidos por la policía federal es responsabilidad de la PGR o de la Secretaría de la Función Pública (SFP), según el tipo de delito. Observadores consideraron que los organismos, en general, eran eficaces y contaban con los recursos adecuados. Sin embargo, con frecuencia las causas impulsadas por el gobierno para combatir la corrupción de gran escala no prosperaron, y por consiguiente varios procesos penales por corrupción se iniciaron y concluyeron fuera del país. Por ejemplo, en septiembre, en un proceso en un tribunal extranjero, Héctor Javier Villareal Hernández, tesorero del Estado de Coahuila de 2008 a 2011, se declaró culpable de lavado de dinero y asociación ilícita para transportar fondos robados. Por otra parte, continuó el proceso penal contra Elba Esther Gordillo, dirigente del principal sindicato docente del país, arrestada en febrero de 2013 acusada de malversar 2.000 millones de pesos (US $150 millones) de fondos sindicales. Gordillo permanecía encarcelada en noviembre en tanto que continuaba su caso.

Divulgación de información financiera: La ley dispone que todos los funcionarios federales y estatales designados o elegidos y de rango medio a alto declaren sus ingresos y bienes, así como aquellos de sus cónyuges y dependientes. La SFP verifica las declaraciones con apoyo de cada organismo. Las declaraciones son necesarias al comienzo y al final del período en el cargo, y también es necesario presentar actualizaciones anuales. Las declaraciones no se ponen a disposición del público a menos que el funcionario brinde su consentimiento; de no ser así, es la prerrogativa de la SFP supervisar las declaraciones. Se aplican sanciones penales y administrativas por abusos.

Acceso público a información: La ley garantiza el acceso del público a información del gobierno, y el gobierno concedió acceso a ciudadanos y no ciudadanos, incluso a medios de comunicación extranjeros. Las autoridades implementaron la ley con eficacia. La ley incluye excepciones a la divulgación de información sobre el gobierno, como datos que puedan poner en peligro la seguridad nacional, afectar las relaciones exteriores, perjudicar la estabilidad financiera del país, poner en peligro la vida de otras personas e informar acerca de investigaciones en curso de las autoridades del orden. La ley también limita la divulgación de información personal a terceros.

Todos los estados cuentan con leyes en cumplimiento de las reformas constitucionales de 2007 respecto del acceso a la información y tienen acuerdos formales con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública a fin de que el sistema informático de operaciones gubernamentales, Infomex, se encuentre disponible para solicitudes de información sobre los gobiernos estatales.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

Distintos grupos nacionales e internacionales que trabajan a favor de los derechos humanos en general pudieron actuar sin que el gobierno impusiera restricciones, e investigaron y publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. En cierta medida, los funcionarios gubernamentales cooperaron y se demostraron receptivos con sus opiniones, y el Presidente se reunió con organizaciones de derechos humanos tales como Amnistía Internacional y la CNDH.

Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales: Las Naciones Unidas y algunas ONG informaron sobre el constante acoso de los defensores de los derechos humanos, incluso por parte de autoridades estatales y municipales. Al 31 de agosto, la CNDH había recibido 34 denuncias de agresión contra activistas de los derechos humanos y dos solicitudes de protección. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en julio de 2013 documentó 89 agresiones contra activistas de los derechos humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, aunque reconoció que el número podía ser mayor según otras cifras independientes que presentaban 153 casos de agresión entre mayo de 2012 y mayo de 2013 (53 más que entre 2011 y 2012). En respuesta a amenazas, usualmente los defensores de los derechos humanos se vieron forzados a abandonar sus hogares y comunidades. El informe de la ONU mencionó que la impunidad en muchos de estos casos creaba un entorno que invitaba a nuevos y repetidos ataques sobre los defensores de los derechos humanos.

A fines de octubre, la CIDH dictó medidas cautelares mediante las que instó al gobierno a implementar medidas eficaces para hallar a los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 27 de septiembre (véase la sección 1.a). En noviembre, la CIDH firmó un acuerdo técnico con el gobierno para ayudarlo en su búsqueda.

Órganos de derechos humanos del gobierno: La CNDH es un organismo federal autónomo creado por el gobierno y financiado por la legislatura con el propósito de vigilar y actuar en materia de violaciones y abusos de los derechos humanos. Tiene la potestad de recurrir a las autoridades del gobierno para que impongan sanciones administrativas o inicien causas penales contra funcionarios, pero no puede imponer sanciones legales por sí misma. Cuando la autoridad pertinente acepta una recomendación de la CNDH, esta última debe hacer un seguimiento a fin de verificar la adopción de la recomendación. La CNDH envía una solicitud a la autoridad para que esta dé pruebas de su cumplimiento e incluye esta información de seguimiento en su informe anual. Cuando las autoridades no cumplen con una recomendación, la CNDH da a conocer esta información al público y puede ejercer su facultad de llevar ante el Senado a las autoridades gubernamentales que se rehúsan a aceptar o poner en práctica sus recomendaciones. Con frecuencia, organizaciones no gubernamentales e internacionales señalaron a instituciones que no cumplieron con las recomendaciones de la CNDH o que ni siquiera las aceptaron.

El 18 de agosto, el gobierno federal publicó directrices administrativas relativas al cumplimiento por parte de los organismos federales que reciben recomendaciones de la CNDH. Las medidas encomiendan a la SEGOB verificar las respuestas de los organismos a las recomendaciones de la CNDH, e incluyen plazos para el cumplimiento y actualizaciones al sistema electrónico de seguimiento gestionado por la SEGOB, que estará disponible en una versión pública.

Cada uno de los 31 estados del país y el Distrito Federal cuentan con su propia comisión de derechos humanos. Las comisiones de los estados (cuya eficacia fue variada) son autónomas respecto de los gobiernos estatales y trabajaron con la CNDH en algunas oportunidades a fin de investigar denuncias de violaciones de los derechos humanos contra autoridades estatales y locales. La CNDH puede asumir responsabilidad por casos de las comisiones estatales si recibe una denuncia de que una comisión no está investigando un caso de modo adecuado.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La ley prohíbe la discriminación por raza, género, discapacidad, idioma o condición social. Si bien hubo avances del gobierno en la aplicación de estas disposiciones, hubo problemas importantes, en particular, de violencia contra las mujeres.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley federal penaliza la violación, inclusive la violación conyugal, e impone penas de hasta 20 años de cárcel. Veintitrés estados y el Distrito Federal cuentan con leyes que penalizan la violación conyugal. Según las Naciones Unidas y unas ONG, fue inusual que las víctimas de violaciones hicieran denuncias, en parte debido a la ineficacia y la falta de apoyo de las autoridades para con ellas, el temor a la publicidad y al estigma social relacionado, el miedo a represalias, y la percepción de que era poco probable que se iniciara un proceso penal. Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que las autoridades no tomaron con seriedad las denuncias de violación, y que las víctimas siguieron siendo socialmente estigmatizadas y excluidas.

Las desapariciones forzadas y la violencia sexual siguieron siendo un problema a lo largo de la región fronteriza.

El código penal federal prohíbe la violencia doméstica y estipula sanciones que van de seis meses a cuatro años de prisión. Si bien 28 estados y el Distrito Federal tienen penas similares, con frecuencia las condenas impuestas fueron menos severas. Asimismo, la ley federal no penaliza el maltrato conyugal. Las leyes estatales y municipales sobre violencia doméstica en gran medida no cumplen con las exigencias federales y con frecuencia no se exigió su aplicación, aunque algunos estados y municipios (especialmente en el norte) estaban empezando a priorizar la capacitación relacionada con la violencia doméstica.

A menudo las víctimas de violencia doméstica de comunidades rurales e indígenas no denunciaron el abuso por temor a las represalias de sus cónyuges y al estigma y por la creencia social de que el maltrato no amerita una denuncia. No hubo estadísticas gubernamentales fiables sobre la cantidad de victimar ios procesados, condenados o castigados. Según la más reciente Encuesta Nacional sobre las Relaciones en los Hogares, realizada en 2011, el 46% de las mujeres de 15 años de edad o más han sido en algún momento de sus vidas víctimas de violencia por parte de su pareja, y la incidencia varía del 30% en Chiapas al 57% en el Estado de México.

El feminicidio (el asesinato de una mujer debido a su condición de mujer) es un delito federal con una pena de entre 40 y 60 años de cárcel. Para diciembre de 2013, los 31 estados y el Distrito Federal habían agregado el feminicidio a sus códigos penales. La ONG Observatorio Nacional del Feminicidio estimó que hubo en torno a 2.300 casos de feminicidio, de los cuales solo 572 fueron investigados como tales.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR tiene la responsabilidad de dirigir los programas gubernamentales para combatir la violencia doméstica y perseguir ante la justicia el delito federal de trata de personas con la participación de tres o menos sospechosos. La oficina contaba con 40 fiscales federales dedicados a casos federales de violencia contra las mujeres, aproximadamente 15 de los cuales se especializaron en la trata en todo el país.

El gobierno financió, al menos en parte, alrededor de 70 refugios para mujeres y sus hijos. Los refugios fueron principalmente para sobrevivientes de violencia de género, pero la PGR mantuvo un refugio gubernamental para sobrevivientes adultas de trata sexual. Según la Red Nacional de Refugios, el personal de los refugios era profesional y los refugios estaban bien equipados, pero hubo una alta rotación de personal debido a que el financiamiento del gobierno en general cubría el funcionamiento del refugio solo durante ocho meses. Organizaciones de la sociedad civil y grupos que trabajan por los derechos de las mujeres también mantuvieron numerosos refugios.

Mutilación o ablación genital femenina: La constitución prohíbe la mutilación o ablación genital femenina, y esta fue prácticamente inexistente en el país.

Acoso sexual: La ley federal del trabajo prohíbe el acoso sexual e impone multas que van de 250 a 5.000 veces el salario mínimo diario. El acoso sexual está penalizado en 15 de los 31 estados y en el Distrito Federal, y todos los estados prevén sanciones cuando el acosador ocupa un cargo de autoridad. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el organismo del gobierno federal a cargo de las políticas nacionales para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el acoso sexual en el lugar de trabajo fue un problema grave, pero las víctimas se mostraron renuentes a hacer denuncias y los casos fueron difíciles de probar.

Derechos reproductivos: Las parejas y las personas gozan del derecho a decidir la cantidad de hijos, el momento en que los tendrán y el espaciamiento de los nacimientos, y a veces cuentan con la información y los medios necesarios para hacerlo. Las parejas tienen el derecho a alcanzar el mayor nivel de salud reproductiva sin ser sometidas a discriminación alguna. Pese a la existencia de un programa nacional de planificación familiar, la falta de educación sexual integral y de acceso a anticonceptivos en hospitales públicos y zonas rurales siguió socavando el compromiso asumido por el gobierno en pos de los derechos reproductivos. En un estudio publicado en febrero de 2013 por la SEGOB, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informó que el 27% de las mujeres indígenas sometidas a procedimientos de esterilización en el sistema de salud pública no fueron consultadas por los médicos (estos solo consultaron a sus parejas). Según el Population Reference Bureau, el 66% de las mujeres casadas entre 15 y 49 años de edad emplearon un método anticonceptivo moderno. Hubo asistentes con experiencia en partos y atención posparto ampliamente disponibles, salvo en algunas zonas rurales indígenas.

En los casos de dos mujeres indígenas a las que se les denegó atención obstétrica adecuada en una clínica de Oaxaca en 2013, la CNDH emitió recomendaciones durante el año mediante las que se instruyó al gobierno estatal a indemnizar a ambas mujeres.

Discriminación: La ley estipula para la mujer los mismos derechos y obligaciones que para el hombre e “igual paga por igual trabajo realizado en igual cargo, por la misma cantidad de horas de trabajo y con iguales condiciones de eficiencia”. Según INMUJERES, las mujeres siguieron ganando entre 5% y 30% menos que los hombres por trabajo comparable, en tanto que el Foro Económico Mundial informó que las mujeres ganaban 43% menos que los hombres por trabajos comparables. Según la Encuesta Nacional sobre las Relaciones en los Hogares de 2011, el 21% de las mujeres dijo haber sufrido discriminación en el lugar de trabajo durante el año anterior; probablemente esta cifra sea inferior a la cifra real. Era más probable que las mujeres experimentaran discriminación en cuanto a salarios, horario de trabajo y prestaciones. La ley garantiza protección laboral a las mujeres embarazadas. Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida, algunos empleadores habrían infringido la ley al solicitar que las mujeres se sometieran a pruebas de embarazo en el examen médico previo a la contratación y al preguntar sobre su salud reproductiva. INMUJERES informó que el 14% de las mujeres de 15 años de edad o más habían tenido que someterse a una prueba de embarazo antes de ser contratadas para un empleo, pese a leyes laborales que prohíben a los empleadores solicitar tales pruebas. La tasa de analfabetismo de mujeres en zonas urbanas fue del 5%, comparada con el 18% en el caso de las mujeres que viven en zonas rurales. Las mujeres tuvieron menores tasas de alfabetización que los hombres en todos los estados excepto dos (Sinaloa y Sonora).

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía deriva tanto del nacimiento en el territorio del país como de los padres. Por lo general, los ciudadanos registraron a los recién nacidos ante las autoridades locales. En algunos casos, los funcionarios públicos visitaron las instituciones de salud privadas para facilitar el trámite. La falta de registro de un nacimiento podría dar lugar a la denegación de servicios públicos, como la educación o la atención de la salud. Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), The State of the World’s Children 2014 in Numbers, el 93% de los menores del país estaban inscritos, en tanto que la Child Rights Information Network (CRIN) observó que el 30% de los menores de menos de cinco años no habían sido inscritos. En los estados donde las poblaciones indígenas y rurales son muy numerosas —como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla— las tasas de registro fueron menores.

Maltrato de menores: Según datos publicados por la CNDH en abril de 2013, la cantidad de denuncias de maltrato de menores aumentaron en un 266% entre 2006 y 2012. Durante este período, la CNDH informó haber recibido 10.727 denuncias de maltrato de menores. Solo en 2012, la CNDH informó haber recibido 2.660 denuncias de maltrato de menores, comparadas con 816 en 2006.

Matrimonio forzoso y en edad temprana: La edad mínima para el matrimonio es de 14 años para las niñas y 16 para los niños con el consentimiento de los padres, y de 18 años sin este. Con el consentimiento de un juez, los menores pueden casarse incluso a edades más tempranas. Según UNICEF, el 5% de las personas se habían casado antes de los 15 años y el 23%, antes de los 18.

Explotación sexual de menores: La ley prohíbe la explotación sexual comercial de los menores, pero las ONG siguieron informando que la explotación sexual de menores, así como también el turismo sexual con menores en destinos turísticos y regiones de la frontera norte, constituyeron graves problemas.

El estupro es considerado un delito en el código penal federal. Si un adulto mantiene relaciones sexuales con un menor de entre 15 y 18 años de edad, la pena varía entre tres meses y cuatro años de cárcel. Un adulto que mantiene relaciones sexuales con un menor de 15 años de edad puede ser sancionado con entre 8 y 30 años de cárcel. Las leyes contra la corrupción de menores y la pornografía infantil se aplican a las víctimas menores de 18 años. Para los delitos de venta, distribución y promoción de pornografía a menores, la ley estipula penas de seis meses a cinco años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario. En el caso de delitos con menores en actos de exhibicionismo sexual o la producción, facilitación, reproducción, distribución, venta y compra de pornografía infantil, la ley impone entre 7 y 12 años de cárcel y una multa que varía entre 800 y 2.500 veces el salario mínimo diario.

Quienes promuevan, publiciten o faciliten el turismo sexual con menores son castigados con penas de 7 a 12 años de prisión y una multa entre 800 y 2.000 veces el salario mínimo diario. Para quienes participan del turismo sexual y cometen un acto sexual con un menor, la ley estipula una condena carcelaria de entre 12 y 16 años y una multa que varía entre 2.000 y 3.000 veces el salario mínimo diario. El delito de explotación sexual de menores conlleva una condena carcelaria de entre 8 y 15 años y una multa que varía entre 1.000 y 2.500 veces el salario mínimo diario. No es necesario que medie una denuncia para perseguir ante la justicia los delitos de turismo sexual con menores y prostitución de menores: el proceso penal se puede iniciar con base en información de fuentes anónimas.

Hubo algunas quejas acerca de la complejidad de la aplicación de las leyes. La falta de armonización legislativa entre la ley general de trata de personas y el código penal federal permitió a acusados obtener condenas menores o ser absueltos con base en el argumento de que no habían sido juzgados en el marco legal adecuado. Además, hubo diferencias en las leyes y en su aplicación entre los municipios del país, y con frecuencia no existían servicios especializados para los menores que eran víctimas de explotación sexual.

El 26 de mayo, Guadalajara adoptó el Código Nacional de Conducta para la Protección de Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual Infantil, un instrumento voluntario auto-regulatorio presentado por la Secretaría de Turismo, a través del que compañías e instituciones gubernamentales se comprometen a detectar y prevenir la prostitución infantil en el sector turístico.

Menores internados en instituciones: La ONG Disability Rights International (DRI) siguió expresando gran inquietud respecto de la violación de los derechos de los menores con discapacidades mentales y físicas en orfanatos y establecimientos de atención.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980. Para mayor información véase el informe del Departamento de Estado sobre cumplimiento entravel.state.gov/content/childabduction/english/legal/compliance.html e información específica sobre el país entravel.state.gov/content/childabduction/english/country/mexico.html.

Antisemitismo

Según el censo de 2010, la comunidad judía llegaba a aproximadamente 67.000 personas, el 90% de las cuales vivían en Ciudad de México. No hubo informes de actos antisemitas.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales en el empleo, la educación, el transporte aéreo y demás medios de transporte, el acceso a atención de la salud y la prestación de otros servicios públicos. No obstante, el gobierno no aplicó eficazmente la ley. Autoridades federales, incluidos el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, la CNDH y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, trabajaron en apoyo del país por cumplir con sus obligaciones en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Si bien la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad procura lograr el cumplimiento del país de la convención mencionada, la ONG DRI afirmó que la ley no logra establecer nuevas oportunidades de integración en la comunidad. DRI observó que en virtud de la ley la Secretaría de Salud debe promover la creación de instituciones a largo plazo para personas con discapacidades en dificultades y la Secretaría de Desarrollo Social debe establecer instituciones especializadas para atender, proteger y albergar a personas con discapacidades en situación de pobreza, abandono o marginación. Así, indicó DRI, la ley no reconoce el derecho de la persona con discapacidades a vivir en la comunidad.

Un decreto gubernamental de enero de 2013 que aborda distintas disposiciones de salud mental de la ley general de salud indica que la atención de la salud mental debe ser “provista con un enfoque en la comunidad y la rehabilitación psicosocial, así como también con un estricto respeto por los derechos humanos”. El decreto requiere que el tratamiento de salud mental incluya “la reintegración de la persona mediante el establecimiento de programas sociales y de bienestar, tales como hogares protegidos y talleres para la adecuada atención de estos pacientes”. DRI indicó que los cambios eran señales positivas de que el sistema de salud mental del gobierno estaba pasando de ser un sistema basado en instituciones a uno basado en la comunidad. Por primera vez en la legislación se incluye una disposición sobre la vigilancia independiente de los establecimientos de salud, durante la que expertos independientes verifican la situación en materia de derechos humanos de personas con discapacidades mentales y conductuales tratadas en centros de salud. DRI informó que no hubo cambios en el sistema de salud en pos de crear servicios comunitarios ni ningún esfuerzo por parte de las autoridades por hacer que expertos independientes verificaran la existencia de violaciones de los derechos humanos en instituciones psiquiátricas.

Los edificios e instalaciones públicas siguieron incumpliendo la ley que requiere acceso para personas con discapacidades. El sistema educativo proveyó educación especial para estudiantes con discapacidades en todo el país. La asistencia de los menores con discapacidades fue menor que la asistencia de los menores sin discapacidades.

Los abusos de los derechos humanos en instituciones de salud mental y centros de atención de todo el país (incluso las instituciones que tratan a menores) siguieron siendo un problema. Los maltratos a personas con discapacidades incluyeron la falta de acceso a la justicia, el uso de elementos físicos o químicos de control, abuso físico y sexual, desapariciones y la adopción ilegal de menores internados en instituciones. Con frecuencia, las personas con discapacidades que estaban institucionalizadas carecían de privacidad y ropa suficientes, y a menudo comían, dormían y se bañaban en condiciones antihigiénicas. Fueron vulnerables a maltratos por parte de miembros del personal, otros pacientes o visitas en centros donde había supervisión inadecuada. No se contó con documentación acerca de la identidad y el origen de las personas, y hubo casos de desapariciones.

En agosto, por ejemplo, los observadores mencionaron las malas condiciones de un Centro de Asistencia Social e Integración para hombres con discapacidades psicosociales en el Distrito Federal.

La Corte Suprema todavía no se había pronunciado en el caso de 2103 de Ricardo Adair, un joven de 25 años con síndrome de Asperger a quien se había declarado incapaz de tomar decisiones por sí mismo. En un informe amicus curiae (“amigo del tribunal”), DRI y otras entidades de derechos humanos instaron a la corte a reconocer el derecho de las personas con discapacidades psicosociales a tomar decisiones con respecto a su propio cuidado.

Las personas con discapacidades tienen derecho a votar y participar de cuestiones cívicas. En general, para comicios federales los centros de votación son accesibles para las personas con discapacidades y las boletas se encuentran disponibles con una plantilla braille. En Ciudad de México, según consta en informes, los centros de votación también fueron accesibles para las elecciones locales y hubo disponibilidad de plantillas braille; sin embargo, en las elecciones locales en otras partes del país, la accesibilidad de los centros de votación y la disponibilidad de boletas o plantillas braille fueron irregulares.

Pueblos indígenas

Si bien la ley reconoce los derechos indígenas, grupos indígenas siguieron informando que el marco legal del país no respetaba los derechos de propiedad de comunidades indígenas ni evitaba violaciones de esos derechos. Comunidades y ONG que representan a grupos indígenas siguieron informando que el gobierno no consultó a comunidades indígenas adecuadamente al tomar decisiones sobre la implementación de proyectos de desarrollo en sus tierras. Las consultas con comunidades indígenas sobre la explotación de la energía, minerales, madera y otros recursos naturales en tierras indígenas siguieron siendo limitadas.

La CNDH informó que las mujeres indígenas se encontraban entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Experimentaron racismo, discriminación y violencia. En general, los indígenas tuvieron acceso limitado a servicios de salud y educativos. La CNDH enfatizó que las acciones de gobiernos anteriores que procuraron mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas (a saber, programas sociales especialmente dirigidos a las mujeres) fueron insuficientes para superar la marginación histórica de las poblaciones indígenas. Al 31 de agosto, el Programa para la Promoción y Diseminación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la CNDH había realizado 412 actividades de extensión y capacitación con la participación de 25.276 personas, Entre esas actividades se contaron conferencias, capacitación de funcionarios públicos y personal penitenciario, talleres interinstitucionales y actividades de extensión en comunidades indígenas.

La investigación de la procuraduría del Estado de Oaxaca del asesinato en julio de 2013 del activista de los derechos indígenas Herón Luciano Sixto López, en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, seguía en curso a fin de año.

La ley estipula la instrucción educativa en el idioma nacional, el español, sin perjuicio de la protección y promoción de las lenguas indígenas, pero muchos menores indígenas solo hablan su lengua nativa. La falta de libros de texto y materiales educativos, así como también de docentes calificados que dominaran estas lenguas, limitaron la educación en lenguas indígenas. Según las Naciones Unidas, los padres del 25% de las niñas indígenas negaron a sus hijas la oportunidad de asistir a la escuela.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La ley prohíbe la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); sin embargo, estas informaron que el gobierno no siempre investigó ni castigó a los responsables de abusos. La discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de género fue frecuente, pese a una creciente aceptación pública de las personas LGBT.

El 1 de septiembre, Coahuila se convirtió en el primer estado después del Distrito Federal en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo posteriormente a la aprobación del congreso local de una serie de reformas al código civil del estado. Las reformas otorgan a los cónyuges del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a los cónyuges heterosexuales, inclusive el acceso a la seguridad social, a préstamos bancarios y a la adopción. Además, la reforma permite a las parejas (heterosexuales o del mismo sexo) que han cohabitado durante al menos tres años recibir las mismas prestaciones que las parejas casadas, siempre y cuando la pareja pueda comprobar su relación y no haya impedimentos legales a su matrimonio.

En junio, el Tecnológico de Monterrey (TEC), una de las universidades más prestigiosas del país, inauguró su primera asociación estudiantil LGBT. En el pasado, el TEC había prohibido la creación de tales grupos estudiantiles.

Otras formas de violencia o de discriminación social

Continuaron las denuncias de secuestros de migrantes indocumentados perpetrados por grupos delictivos para extorsionar exigiendo dinero a los parientes de los migrantes o forzarlos a cometer actos delictivos en nombre de estos grupos.

Continuó la proliferación de grupos de autodefensa—grupos de civiles armados que dicen combatir la delincuencia—durante la primera parte del año. Estos grupos se concentraron en los estados del suroeste Michoacán y Guerrero y aparecieron con mayor frecuencia en pueblos pequeños sin policía local y con graves problemas de delincuencia. Algunos grupos se autodenominaron “policía comunitaria” y otros “grupos de autodefensa”. En enero, el gobierno federal requirió que los grupos de autodefensa de Michoacán se inscribieran en la fuerza de defensa rural oficial del país, pero muchos miembros de los grupos de autodefensa no lo habían hecho para la fecha límite de inscripción en mayo. Las fuerzas de autodefensa que eligieron no participar o fueron excluidas del proceso continuaron en funcionamiento en la región, y un grupo al margen de la ley tomó el control de un pueblo cerca del puerto de Lázaro Cárdenas a fines de junio. Los grupos armados ilegales participaron en varios enfrentamientos violentos durante el año, incluido un tiroteo el 16 de diciembre que dejó un saldo de 11 muertos.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva

La ley estipula el derecho de los trabajadores a establecer sindicatos y unirse a ellos, a la negociación colectiva y a la huelga, tanto en el sector público como privado. La ley requiere un mínimo de 20 trabajadores para formar un sindicato y el reconocimiento oficial por parte del gobierno para que el sindicato pueda ser inscrito. Un sindicato establecido de acuerdo con sus propios estatutos puede convocar a una huelga y realizar negociaciones colectivas. Para que una huelga sea considerada legal, el sindicato debe presentar un “aviso de huelga” ante las autoridades laborales pertinentes. La ley prohíbe al empleador intervenir en cuestiones sindicales o tener injerencia en las actividades del sindicato, lo que incluye represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. La ley permite la reincorporación de trabajadores si la junta de trabajo determina que el despido fue injusto y el trabajador solicita su reincorporación.

Si bien se permite la coexistencia de varios sindicatos en un mismo lugar de trabajo, la ley establece reglas respecto de qué sindicato tiene prioridad y limita la negociación colectiva al sindicato que cuente con el “liderazgo” o la “propiedad” sobre el acuerdo de negociación colectiva. En general, las autoridades conceden el “liderazgo” o la “propiedad” al sindicato con la mayor cantidad de trabajadores. Las autoridades pueden llamar a votación a fin de verificar la cantidad de miembros de un sindicato. El hecho de que solo un sindicato tenga reconocimiento legal para negociar en nombre de todos los trabajadores en efecto excluye a todos los sindicatos excepto uno e impide que haya negociaciones de peso cuando dicho sindicato es controlado por la compañía. No es obligatorio que el sindicato consulte con los trabajadores o cuente con su apoyo para firmar un primer contrato colectivo con el empleador. La ley estipula que los votos internos para la elección de dirigentes sindicales se emitan en forma secreta, ya sea directa o indirectamente.

El gobierno no fue consecuente a la hora de proteger los derechos de los trabajadores. Por no garantizar en general el cumplimiento de las leyes laborales y de otra índole, el gobierno dejó a los trabajadores sin demasiados recursos ante las violaciones de la libertad de asociación, malas condiciones laborales y otros problemas. Por ley, las penas por infringir las leyes de libertad de asociación y negociación colectiva varían entre 16.160 pesos (US $1.205) y 161.604 pesos (US $12.050). Tales penas fueron rara vez aplicadas y fueron insuficientes para impedir que se cometieran violaciones de estas leyes. Los procedimientos administrativos y judiciales se vieron sujetos a prolongadas demoras y apelaciones. A fin de reducir la cantidad de casos pendientes y el tiempo necesario para dictar un fallo, algunos estados empezaron a implementar juicios orales en sus juntas de trabajo.

El proceso de reconocimiento oficial de los sindicatos por parte del gobierno estuvo politizado, y en algunas ocasiones el gobierno empleó el proceso para recompensar a aliados políticos o castigar a opositores. Según organizadores sindicales, con frecuencia las juntas de trabajo del gobierno rechazaron solicitudes de inscripción de nuevas secciones de sindicatos independientes y de nuevos sindicatos por tecnicismos. Además, activistas de sindicatos independientes afirmaron que dado que el gobierno debe aprobar previamente las huelgas, las autoridades tienen la facultad de proteger de estas a las compañías de su preferencia. Como resultado, hubo pocas huelgas formales, pero fueron usuales las protestas y los paros informales.

Por ejemplo, en una compañía de Reynosa, en Tamaulipas, alrededor de 120 trabajadores presentaron el aviso de huelga al enterarse de la venta de su lugar de trabajo a otra compañía por temor a perder antigüedad y derechos adquiridos. La junta de trabajo local denegó su solicitud de huelga e informó a los trabajadores que —sin su conocimiento— ya se había alcanzado un acuerdo de negociación colectiva. En julio, 400 trabajadores de la fábrica hicieron huelga sin autorización. Sin embargo, la venta prosiguió y se dijo a los trabajadores que efectuaron la huelga que podían regresar a sus trabajos sin perder antigüedad o aceptar un pago final y el despido.

Los sindicatos de protección (es decir, los controlados por la compañía) fueron un problema en todos los sectores, y muchos observadores indicaron que las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores eran determinadas por estos sindicatos no representativos. Los “acuerdos de protección” con aprobación oficial —acuerdos formales en virtud de los cuales la compañía crea un sindicato que no es representativo a cambio de paz laboral y otras concesiones— fueron usuales en todos los sectores y con frecuencia impidieron que los trabajadores pudieran ejercer plenamente sus derechos laborales tal como los define la ley. Usualmente estos contratos fueron elaborados por las compañías antes de la contratación de los trabajadores, y sin ninguna intervención directa de estos. En general, los acuerdos de negociación colectiva resultado de contratos de protección no brindaron a los trabajadores beneficios más allá del mínimo legal y obstaculizaron los derechos de sindicatos independientes de llevar adelante una negociación colectiva efectiva y legítima en nombre de los trabajadores.

Por ejemplo, según consta en informes, los trabajadores en varias plantas del Estado de Coahuila se pusieron en contacto con el sindicato independiente Los Mineros y expresaron su deseo de afiliarse. Sin embargo, en cada uno de estos casos, las compañías habían firmado acuerdos colectivos con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la mayor confederación de sindicatos, sin el conocimiento o la ratificación de los trabajadores. Si bien la mayoría de los trabajadores en cada planta completó tarjetas de afiliación para unirse a Los Mineros, la junta de trabajo de Coahuila se negó a fijar una fecha para elecciones por los derechos de negociación y a brindar copias de los acuerdos de negociación colectiva vigentes entre las compañías y la CTM.

Según varias ONG y sindicatos, muchos trabajadores siguieron siendo sometidos a intimidación durante las elecciones por los derechos de negociación por parte de otros trabajadores, dirigentes sindicales, personas violentas contratadas por la compañía, o empleadores que favorecían a un sindicato en particular. Algunos empleadores procuraron influir en las elecciones por los derechos de negociación valiéndose de matones para que amenazaran a los empleados o de seudoempleados añadidos al registro del sindicato controlado por la compañía para aumentar sus números. Por ejemplo, una huelga en una fábrica de Monclova, en Coahuila, condujo a una solicitud de votación por los derechos de negociación colectiva. La huelga original (motivada por la bonificación anual de participación en las ganancias y el despido de cuatro trabajadores que habían afirmado que la bonificación era menor a lo que debía ser conforme a la ley) se realizó al comienzo del año y contó con la participación de aproximadamente 800 trabajadores. Los trabajadores estuvieron de acuerdo en regresar a sus puestos con varias condiciones, entre las que se incluía la realización de la votación por los derechos de negociación. El 21 de abril, alrededor de 100 personas supuestamente afiliadas a la CTM atacaron a trabajadores y organizadores sindicales. El 25 de abril, la compañía firmó un acuerdo con los trabajadores para reincorporar a los cuatro trabajadores, pagarles el monto acordado de participación anual en las ganancias, y respetar el derecho de los trabajadores a realizar una elección por los derechos de negociación. A fin de año la fecha de la votación aún no había sido fijada.

Cada vez fueron más usuales otras prácticas de intimidación y manipulación, tales como dar un preaviso muy limitado antes de una votación y permitir el voto de la gerencia o de personas no empleadas por la compañía. Una ONG local informó a principios de septiembre que los trabajadores habían comenzado una interrupción informal del trabajo en una fábrica de Torreón. El 16 de septiembre, mientras los trabajadores se dirigían a la junta de trabajo local para presentar formalmente la solicitud de ejercicio de su derecho a huelga, otro automóvil colisionó con su vehículo en lo que pareció ser un choque intencional para intimidar a los organizadores sindicales y evitar que presentaran la solicitud de huelga. Sin embargo, después de su interrupción informal del trabajo, los trabajadores recibieron una remuneración apropiada por las horas extras de trabajo y la comida servida en la fábrica mejoró.

Pese a un fallo de la corte suprema que declara la ilegalidad del voto de viva voz, la práctica siguió empleándose. No es obligatorio que los trabajadores elijan a los dirigentes sindicales de modo directo y, en la mayoría de los casos, según expertos en relaciones industriales y empleados que han experimentado el proceso, los trabajadores que estaban formando un sindicato no sabían si ya había un sindicato inscrito ante el gobierno. Los organizadores sindicales de varios sectores denunciaron la manifiesta y usualmente hostil participación del gobierno cuando se procuró crear sindicatos independientes que no fueran controlados por el empleador.

Hubo trabajadores que fueron excluidos de sindicatos con inscripción oficial por intentar organizar a sus colegas en sindicatos separados e independientes. La “cláusula de exclusión” brinda a los sindicatos con inscripción oficial el derecho de impedir la creación de un sindicato auténtico que compita con ellos exigiendo que el empleador solo contrate a trabajadores afiliados a su sindicato, si bien el empleador ya no tiene la facultad de despedir a un trabajador por haber renunciado al sindicato o haber sido expulsado de este. Pese a esto, hubo despidos de trabajadores por sus afinidades sindicales. Por ejemplo, en junio en una fábrica en Matamoros, Tamaulipas, 300 trabajadores interrumpieron su trabajo para exigir que la compañía les permitiera dejar el sindicato creado por el empleador y unirse a Los Mineros. La respuesta de la compañía consistió en despedir al total de los trabajadores y efectuar denuncias penales contra los dirigentes sindicales.

b. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

Si bien la ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, el gobierno no garantizó efectivamente el cumplimiento de la ley. Las penas por violaciones referidas al trabajo forzoso varían de 5 a 30 años de cárcel; en general, tales penas fueron consideradas como suficientes.

Persistió el trabajo forzoso en los sectores agrícola e industrial, así como en el sector informal. Mujeres y menores fueron objeto de esclavitud doméstica. Los migrantes (hombres, mujeres y niños) fueron los más vulnerables al trabajo forzoso.

Después de un informe en los medios nacionales a principios de junio sobre las condiciones de trabajo forzoso en los campos de Baja California Sur, varias instituciones (que incluyeron al Senado y la legislatura del estado de Baja California Sur) exigieron que el gobierno realizara una investigación. Según los informes, los trabajadores explotados incluían a hombres, mujeres y menores contratados con engaños y retenidos contra su voluntad. Algunos de los trabajadores que lograron escapar dijeron que las autoridades no habían actuado en absoluto para abordar la situación, pese a las denuncias formales presentadas por ellos. Se solicitó que autoridades federales y estatales, la CNDH, la comisión local de derechos humanos y la Comisión Permanente sobre Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas investigaran los presuntos abusos.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (Trafficking in Persons Report) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

En junio, el gobierno promulgó una reforma constitucional que prohíbe el trabajo de menores de 15 años. La constitución permite a aquellos entre 15 y 17 años de edad trabajar hasta seis horas diurnas en condiciones no peligrosas, y solo con el consentimiento de los padres. La ley incluye una amplia lista de ocupaciones peligrosas e insalubres prohibidas para los menores.

Según fuentes que incluyen a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno fue razonablemente eficaz en cuanto a garantizar el cumplimiento de estas leyes en compañías grandes y medianas, en especial en fábricas dirigidas por compañías estadounidenses, el sector maquilador y otros sectores bajo la jurisdicción federal. El cumplimiento fue inadecuado en muchas compañías pequeñas y en el sector agrícola y de la construcción, y prácticamente inexistente en el sector informal en donde se encontraba la mayoría de los menores que trabajaban.

Las divisiones complejas y la falta de coordinación entre la jurisdicción federal y estatal siguieron complicando el proceso de inspección laboral. A nivel federal, la Secretaría de Desarrollo Social, la PGR y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de algunos aspectos de las leyes laborales de los menores y de intervenir en caso de incumplimiento. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es responsable de efectuar las inspecciones de trabajo infantil. En pos de fortalecer la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, así como también entre las distintas entidades gubernamentales, un decreto presidencial de junio de 2013 creó la Comisión Intersecretarial para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida. Durante el año, hubo cierto progreso en materia de inspecciones laborales, que incluyeron el desarrollo y adopción de un protocolo de inspección laboral sobre el trabajo infantil y la protección de adolescentes trabajadores de edad permitida, y la capacitación en línea de inspectores. Entre otras actividades, la comisión supervisó el establecimiento del protocolo, la planificación y el desarrollo de foros sobre trabajo infantil y trabajadores adolescentes de edad permitida, y la creación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Trabajadores Adolescentes de Edad Permitida. Los estados de México y Veracruz también cuentan con comisiones interinstitucionales.

Las penas por violar estas disposiciones varían entre 16.783 pesos (US $1.250) y 335.848 pesos (US $25.060), pero no fueron aplicadas suficientemente como para tener un efecto disuasivo.

En febrero, el gobierno del Estado de Jalisco rescató a 27 menores de entre 5 y 14 años que estaban trabajando en una plantación de fresas por 20 pesos (US $1.50) por día en el sudeste de Jalisco.

El gobierno federal, el gobierno de Veracruz y la industria de la caña de azúcar siguieron trabajando para abordar el trabajo infantil en la industria agrícola del estado, como parte del acuerdo de cooperación firmado con la OIT en 2012. El Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil y el Sistema de Medición de la Productividad y Progreso trabajaron con los productores de caña de azúcar para elaborar programas de responsabilidad social empresarial a fin de mejorar la seguridad, el bienestar y el futuro de los hijos y las familias de quienes talan la caña.

En agosto el gobierno, en colaboración con MTV Latinoamérica, la OIT, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Viacom International, la Fundación Telefónica y Altos Hornos de México, lanzó la campaña “México sin trabajo infantil”, con el objetivo de concientizar sobre esta cuestión. La campaña se lanzó en el marco de los premios MTV Millennial Awards. La STPS continuó su certificación “Compañía Agrícola Libre de Trabajo Infantil” para reconocer a aquellas compañías que se oponen al trabajo infantil, promover la protección de los menores que trabajan y alentar la educación de los hijos de los trabajadores.

Según la encuesta del INEGI sobre trabajo infantil, la cantidad de menores entre 5 y 17 años que trabajan se mantuvo en 2,5 millones, o aproximadamente el 8,6% de los 29,3 millones de menores en el país. De estos, 746.000 se encontraban entre las edades de 5 y 13 años, y 1,8 millones entre las edades de 14 y 17. De los menores empleados, el 30% trabajaba en el sector agrícola en la cosecha de melón, cebolla, caña de azúcar, tabaco y tomate. Otros sectores con una importante presencia de trabajo infantil fueron los servicios (25%), las ventas minoristas (26%), la manufactura (13%) y la construcción (4%).

La CTM informó que 60.000 menores entre 7 y 12 años de edad trabajaban en Coahuila. Para verificar las condiciones del trabajo infantil, Coahuila se apoyó en organizaciones gubernamentales, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la STPS y la Comisión Interinstitucional para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil. Además, algunas organizaciones privadas desempeñaron un papel crucial en la verificación del trabajo infantil, ya que funcionaron como recurso en Coahuila para llegar a menores en situaciones de vulnerabilidad que eran forzados a trabajar por sus padres o quienes los tenían a su cargo. Según el Hogar de Niños de Saltillo, la mayoría de los menores que trabajaban provenían de hogares en situaciones de “precariedad” que requerían que ellos ganaran gran parte de los ingresos de la familia, con lo que sacrificaban su escolaridad en el intento de ganar un magro salario.

d. Discriminación con respecto a empleo u ocupación

La ley prohíbe la discriminación con respecto a empleo u ocupación motivada por etnia, sexo, edad, discapacidad, salud, condición social y migratoria, religión, opinión, orientación sexual, o clase social. El gobierno garantizó de modo efectivo el cumplimiento de estas leyes y reglamentos. Sin embargo, hubo discriminación en el empleo u ocupación de mujeres, grupos indígenas, personas con discapacidades, personas LGBT y trabajadores migrantes (véase también la sección 6).

e. Condiciones de trabajo aceptables

A partir del 1 de enero, el salario mínimo se fijó en 67,29 pesos (US $5,00) por día para la zona geográfica A, y en 63,77 pesos (US $4,75) por día para la zona geográfica B. La zona A comprende todas las grandes ciudades y puntos de entrada, mientras que la zona B cubre a todos los municipios restantes. La mayoría de los trabajadores del sector formal percibieron entre una y tres veces el salario mínimo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó la línea de pobreza en 83,70 pesos (US $6,25) por día para el año.

La ley estipula seis días de ocho horas y 48 horas por semana como la semana legal de trabajo. Todo trabajo más allá de ocho horas por día es considerado como horas extras, por las que el trabajador recibe el doble del salario por hora. Después de acumular nueve horas extras en una semana, el trabajador percibe tres veces el salario por hora. La ley prohíbe que se obligue a trabajar horas extraordinarias. La ley contempla ocho días feriados pagados y, después del primer año de trabajo, una semana de vacaciones pagadas al año. La ley obliga a los empleadores a cumplir con la normativa de seguridad y salud ocupacional, emitida conjuntamente por la STPS y el Instituto del Seguro Social. Las comisiones conjuntas de administración y trabajo dispuestas por ley establecen las normas y están a cargo de supervisar las normas del lugar de trabajo en fábricas y oficinas. Tanto los empleados como los sindicatos pueden presentar quejas directamente a los inspectores o a los funcionarios de salud y seguridad. Por ley, los trabajadores pueden retirarse de situaciones que pongan en riesgo su salud o seguridad sin que esto comprometa su empleo.

La STPS es responsable de garantizar las leyes laborales y efectuar inspecciones en los lugares de trabajo. A principios de año, se autorizó a la STPS a contratar 20 inspectores adicionales (en comparación con los 179 contratados en 2013), lo que llevó el número total de inspectores laborales del país a 946. La STPS efectuó inspecciones frecuentes de lugares de trabajo, en las que se emplearon un cuestionario y otras acciones a fin de identificar a víctimas de explotación laboral. Entre enero y julio realizó 83.457 inspecciones de 63.191 lugares de trabajo, lo que incluyó la verificación de industrias identificadas como sectores con una elevada incidencia de trabajo infantil (agricultura, minas de carbón y construcción). En el primer trimestre, el gobierno inspeccionó 323 minas, 253 de las cuales eran minas de carbón. Las penas por infringir leyes referidas a salario, horas de trabajo o seguridad y salud ocupacional varían entre 17.332 pesos (US $1.290) y 335.941 pesos (US $25.070) y fueron suficientes para impedir que se cometieran infracciones.

En abril de 2013 la STPS creó “DECLARALAB”, una herramienta de autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de los niveles de seguridad actuales en lugares de trabajo inscritos. Durante el año, 23 de esos lugares de trabajo recibieron asistencia técnica por parte de la STPS para cumplir con la normativa laboral. Durante el primer trimestre, solo se inscribieron 478 lugares de trabajo.

Según distintas ONG de derechos laborales, los empleadores de todos los sectores a veces emplearon el método ilegal del “banco de horas” (exigir horas extras cuando la carga de trabajo es pesada y reducir las horas cuando es liviana) para evitar compensar a los trabajadores por las horas extras trabajadas. Además, muchas compañías evadieron el pago de impuestos y seguridad social dando a los trabajadores empleo informal. El INEGI estimó que el 59% de la fuerza laboral era parte de la economía informal.

Según un profesor del El Colegio de la Frontera Norte y la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, los empleadores agrícolas de los estados del noroeste Sinaloa, Baja California y Sonora sometieron a mujeres indígenas a graves violaciones de los derechos laborales. La Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez denunció que los trabajadores de Sinaloa vivían en espacios pequeños y sin ventilación y no contaban con servicios médicos ni de emergencia. Señaló que el día típico de trabajo comenzaba a las 4 de la mañana, y que las mujeres en especial sufrían maltratos, violencia y falta de acceso a atención médica. Los empleadores solo daban a los trabajadores pausas de 15 minutos para almorzar y no les proveían alimento ni protección contra el calor ni los insectos. Los trabajadores afirmaron que los salarios no iban más allá de 79,70 pesos (US $5,95) por día por más de ocho horas de trabajo, y las inspecciones de las tierras agrícolas por parte de las autoridades federales no conllevaron sanciones suficientes para evitar las violaciones de los derechos laborales de los trabajadores.

Agencias privadas de contratación y contratantes individuales violaron los derechos de gran cantidad de trabajadores migratorios temporales que fueron contratados para trabajar en el extranjero, mayoritariamente en Estados Unidos. Con frecuencia, estas agencias no se encontraban inscritas y el gobierno no logró verificar ni controlar el proceso de contratación. A menudo, los trabajadores migratorios temporales debieron pagar comisiones ilegales de contratación. Quienes exigían que se respetaran sus derechos eran incluidos en listas de exclusión y quedaban fuera de futuras oportunidades de empleo. La Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Temporales Sinaloenses, formada en octubre de 2013, representó el primer paso en la organización colectiva de los trabajadores migratorios temporales. La coalición y la ONG Proyecto de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (ProDESC) emprendieron varias acciones (inclusive la presentación de una denuncia penal colectiva por contratación fraudulenta) en defensa de los derechos de los trabajadores migratorios temporales.

Hubo varias quejas de condiciones de trabajo deficientes en las maquiladoras. Bajos salarios, malas relaciones laborales, largas horas de trabajo, despidos injustificados, falta de prestaciones de la seguridad social, lugares de trabajo inseguros y la falta de libertad de asociación fueron los reclamos más usuales. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informó que el 45% de las mujeres que trabajan en la industria maquiladora sufrieron algún tipo de violencia, en general un entorno de trabajo hostil, acoso sexual, largas horas de trabajo, bajos salarios y despidos a causa de embarazo. La mayoría de las maquilas contrataron a empleados por medio de la tercerización, con pocos beneficios sociales.

La industria minera siguió registrando accidentes relacionados con la seguridad. El 6 de agosto, hubo un derrame de 10 millones de galones de desperdicios del proceso minero de la cuenca de contención de una mina en Sonora. La CNDH investigó el accidente industrial y sus repercusiones sobre la población local.